La censura en el Ecuador

            Publicado en diario Expreso el viernes 11 de septiembre de 2026.

La libertad de expresión en el Ecuador ha sufrido un grave deterioro durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. Este grave deterioro ha sido detectado por varios organismos internacionales que se dedican a monitorear el estado de la democracia en el mundo (la libertad de expresión es un componente básico de un Estado democrático). 

El Varieties of Democracy Institute (V-Dem) en su “Reporte sobre la democracia” del 2026 detectó la reversión del proceso de democratización y advirtió: “Los deterioros de los últimos años han llevado al Ecuador a la lista de potencial autocratización”. Para la organización Freedom House, el Ecuador pasó de ser un “país libre” a “parcialmente libre” y en libertad de prensa su calificación es un preocupante 2/4. En el caso de Reporteros Sin Fronteras (RSF) su informe sobre el Ecuador afirma que “el periodismo se desenvuelve en un clima de inseguridad, autocensura y hostilidad crecientes” y destaca que esta situación “expone la inacción de las autoridades para proteger a la prensa y su impulso a restringirla”. En otras partes del mundo no se llaman a engaño acerca de la deriva autoritaria del Estado ecuatoriano y sus restricciones a la libertad de expresión. 

Los casos recientes de Roberto Aguilar de diario Expreso, Gisella Bayona de radio FM Mundo y Fabricio Vela del canal de televisión RTU han puesto en evidencia la creciente presión del Estado para silenciar a sus críticos. Son unos casos notorios, pero apenas son un síntoma de lo que pasa: en el primer semestre de este año 2026, la organización Periodistas Sin Cadenas registró 79 ataques a la libertad de expresión cometidos por actores estatales, lo que representa un aumento del 75.6% de casos en comparación al mismo semestre del año pasado. 

Las posibilidades que tiene el gobierno de Noboa para restringir la libertad de expresión, bajo el auspicio de su falta de escrúpulos, son variadas: abuso del poder y presiones para alinear a los medios de comunicación incómodos y separar a los periodistas críticos, campañas de desprestigio impulsadas por granjas de troles, descalificaciones por funcionarios públicos, bloqueo de información y falta de transparencia, compras de medios de comunicación sospechosas para cualquiera menos para los órganos de control y periodistas en nómina que en otro momento de la historia criticaron las restricciones a la libertad de expresión.  

Por acumulación e intensidad, está clara la apuesta del gobierno: ha optado por el camino de la censura. Desde su lógica diminuta y dañada, toda crítica es ataque y toda verdad es la oficial.

Estas vulneraciones al derecho a la libertad de expresión no son extrañas a las prácticas de gobiernos anteriores. Pero una diferencia fundamental entre este momento de la historia y cualquier otro es el viraje de una buena parte del periodismo, otrora crítico (con discursos, perfomance, filmes), que hoy guarda silencio o ensaya alguna torpe defensa de los abusos que ocurren. Más unos mercenarios que periodistas, sus principios estuvieron siempre en venta (algunas veces para vociferar, otras para callar). Y sea por cobardía o por venalidad, el resultado es el mismo: allanarle el camino a la censura en el Ecuador. 

Enemigo de la libertad

            Publicado en diario Expreso el viernes 21 de agosto de 2026.

El Padre de la Patria ecuatoriana, José Joaquín Olmedo, escribió acerca de la importancia de las elecciones: “Una representación nacional imperfecta no es sino un instrumento más para la tiranía. La primera condición, para que un gobierno representativo marche, es que las elecciones sean libres. […] La corrupción y los vicios en las elecciones son los mayores enemigos de la libertad”. 

Olmedo sabía de esto, en la teoría y en la práctica: él fue el primer Jefe Político de un jirón independiente del Reino de España en el territorio actual del Ecuador y la primera máxima autoridad de gobierno elegida de manera representativa, a través de la votación de un Colegio Electoral compuesto por 57 diputados que se reunió en esta ciudad. Su gobierno administró el vasto territorio de la Provincia Libre de Guayaquil (toda la Costa, menos Esmeraldas) entre noviembre de 1820 y julio de 1822. 

De acuerdo con nuestro Padre de la Patria las elecciones deben ser libres, pero la realidad en el Ecuador del 2026 es contraria a este deber ser. De hecho, la realidad del Ecuador es similar a la realidad venezolana del 2024, como ha sido descrita en el informe de la Comisión Interamericana titulado “Venezuela: Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral”, en el apartado “Persecución política en el período preelectoral”. 

Los abusos que registra este informe que ocurrieron en Venezuela el 2024, en particular, los obstáculos para la inscripción de las candidaturas opositoras y las detenciones arbitrarias y amedrentamientos a las personas opositoras o percibidas como tales, son abusos que se están observando en estas elecciones ecuatorianas del 2026.

Es notorio que existe un trato discriminatorio para la inscripción de las candidaturas en este período preelectoral. Mientras al movimiento del gobierno no se le pone jamás una traba, la situación es muy diferente para los movimientos y partidos de oposición, a los que se ha llegado a inhabilitar con informes “reservados” de la Fiscalía, vía una interpretación grotesca de un artículo del Código de la Democracia hecha por un juez electoral, para ningunear las garantías del debido proceso a los afectados. En este campo, ni la Venezuela de Maduro se atrevió a tanto. 

Todavía más notorio ha sido el uso instrumental de la Fiscalía General del Estado (un órgano que debería ser independiente pero que está sometido de manera obscena a los deseos de la Función Ejecutiva) para la persecución de los opositores, sea en este período preelectoral o fuera de él. Si un caso involucra al gobierno, la Fiscalía es cuidadosa de no incomodarlo; si involucra a algún opositor al gobierno, la Fiscalía asume como una misión encomendada su encarcelamiento y la máxima sanción. En los procesos que involucran al gobierno, la Fiscalía se demora y pasa silbando, mientras que en los otros se acelera y tiene un timing increíble para hacer lo conveniente para el gobierno. Es una gran discípula de la Fiscalía venezolana, con la que comparte los últimos puestos en el ranquin del World Justice Project. 

El presidente Noboa ha dicho (en esto, al menos, no miente) que es un pésimo enemigo. Y si algo ha demostrado es serlo, también de la libertad. 

El informe del 2024

            Publicado en diario Expreso el viernes 31 de julio de 2026.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2024 ilustra claramente un escenario de uso de las instituciones del Estado para beneficio del poder oficial que “tuvo como objetivo impedir la participación política de la oposición, lo que constituyó una violación a su derecho a la igualdad de oportunidades para postularse y hacer campaña sin restricciones arbitrarias y discriminaciones” (Párr. 3). 

En sus páginas, se describe el uso de las instituciones del Estado que se pusieron a disposición para cumplir el reprobable objetivo y que incurrieron en decretar las inhabilitaciones administrativas de personas opositoras, imponer obstáculos para la inscripción de candidaturas opositoras y ejecutar detenciones arbitrarias y amedrentamientos a las personas opositoras o percibidas como tales. 

Este informe de la CIDH del año 2024 describe, por ejemplo, las inhabilitaciones de origen administrativo para impedir la participación de opositores y recordó que el estándar internacional es que “ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución” porque ese tipo de sanciones “sólo puede ser impuesta mediante condena por juez competente, en el marco de un proceso penal” (Párr. 21). En el Ecuador, hoy, el estándar es mucho más bajo que una condena penal. 

En ese informe del año 2024 se criticó el trato desigual en la inscripción de las principales candidaturas opositoras al régimen y las oficialistas, lo que en palabras de la CIDH “sugiere un trato discriminatorio en el acceso a la función pública y una afectación arbitraria a la oferta electoral” (Párr. 23). También criticó el uso de detenciones arbitrarias y amedrentamientos a personas opositoras o percibidas como tales, en una represión que “no sólo estuvo dirigida contra personas opositoras, sino también contra defensores de derechos humanos y periodistas” (Párr. 30) y cuya ejecución incluyó “omisión de procedimientos judiciales, el secretismo en torno a la situación de personas detenidas y la intimidación a sus familiares”, todo lo cual demostró, en palabras de la CIDH, “un carácter deliberado, planificado y coordinador de distintas instituciones” que “socavan los principios básicos del Estado de Derecho y la democracia” (Párr. 36-37).

Y eso es precisamente lo que ocurre en el Ecuador: se trata de manera desigual y se impone obstáculos a la participación de los partidos de oposición, y se ha llegado a encarcelar y amedrentar a los opositores, en un ambiente marcado por el miedo y la incertidumbre. Es claro que se está instrumentalizando a órganos del Estado (principal, pero no exclusivamente, a los órganos de justicia y electorales) para marcar la cancha electoral a favor del partido del gobierno. Es inobjetable que las reprobables prácticas descritas en el informe de la CIDH del 2024 están ocurriendo en el Ecuador del 2026.

El título del informe de la CIDH del año 2024 es “Venezuela. Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral” y describe en detalle las etapas de la persecución y la represión política sufridas en ese país. Tal parece, alguien les está calcando su receta. 

Virreinatos despedazados

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de julio de 2026.

En la medalla que en 1825 entregó el Congreso de Colombia a Bolívar se puede leer la siguiente inscripción: “A Simón Bolívar, Libertador de Colombia y del Perú”. Estos son los dos grandes territorios de su gesta libertaria: los dos virreinatos españoles (Nueva Granada y el Perú) en el Sur de América, que él hubiera querido reunir en una federación con la capital en Guayaquil o Quito, según confesó en carta a Antonio José de Sucre, del 12 de mayo de 1826. 

Pero como el propio Simón Bolívar lo advirtió en otra carta, escrita al final de sus días (el 9 de noviembre de 1830) y dirigida a Juan José Flores, en tanto gobernante del Ecuador: “la América es ingobernable para nosotros” (para “nosotros” los criollos burgueses, quiso decir el Libertador). Y, por ser ingobernable, profetizaba Bolívar, América iba a quedar en manos de “tiranuelos de todos los colores y razas”. Como una consecuencia de esta ingobernabilidad, no se tardó en trizar el sueño bolivariano de reunir a los dos virreinatos en una sola masa republicana, en seis países independientes: Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

En rigor, Bolívar detuvo un proceso que estaba ocurriendo desde 1803 en el territorio americano de España, por una orden real: el desprendimiento del Sur del Virreinato de la Nueva Granada para convertirse en el Norte del Virreinato del Perú. En las elecciones de 1809 para integrar la Junta Suprema Central, se votó en circunscripciones distintas: Quito vinculada a Santafé y Guayaquil, a Lima. Por esos días, la designación de las autoridades para Guayaquil y Cuenca (no así para Quito) empezó a decidirse en Lima.

Pero la independencia revirtió este proceso de agregación al Perú. De las tres capitales de provincia, Guayaquil se independizó por su propia cuenta el 9 de octubre de 1820, pero no fue así con Cuenca y Quito, que fueron ganadas por la fuerza para la causa republicana en 1822. Ellas se agregaron sin chistar a la causa de Colombia, porque le debían su independencia de los españoles. Pero a la provincia de Guayaquil, que quiso decidir su propio destino en un Colegio Electoral pues ella misma se había libertado sin deber nada a Colombia o Perú, el llamado El Libertador (o, para esta ocasión: El Opresor) lo impidió, ocupando la ciudad acompañado de 1.300 soldados y cesando en sus funciones a una Junta Superior de Gobierno elegida por los representantes de 27 pueblos de la provincia para asumir, en su reemplazo, el gobierno unipersonal y anexar por decreto la provincia de Guayaquil a su proyecto colombiano. 

Por la fuerza, Bolívar integró a todo lo que él comprendía que era el Virreinato de la Nueva Granada en su República de Colombia, a partir de 1822. Su integración de territorios se rompió de forma definitiva menos de ocho años después, en 1830, cuando de su gigante República de Colombia sólo quedó el Distrito del Centro. Demostrando la ingobernabilidad del territorio, los otros dos distritos se separaron para conformar, el Distrito del Norte, Venezuela, y el Distrito del Sur, el Ecuador. Con una mayor pena que gloria. En el caso ecuatoriano al menos, muchísima pena.

El sueño de Bolívar fue unir Virreinatos. La realidad se los terminó despedazando.  

Del poema a la Constitución

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de julio de 2025.

En 1825, el guayaquileño José Joaquín Olmedo escribió un poema que exaltaba como héroe a un Simón Bolívar guerrero, con recomendaciones para el Simón Bolívar político. Tras el triunfo en Ayacucho (diciembre de 1824) menguó el Bolívar de la guerra y emergió el grave momento de administrar el fruto de sus tantos años de lucha por separar a los españoles del gobierno del Sur de América. 

El poema de Olmedo se llamó “La victoria de Junín. Canto a Bolívar” y se escribió en diálogo con su héroe. Olmedo le hizo saber a su héroe que los dominios de la poesía le eran ajenos: “¿Qué, le ha parecido a usted que, porque ha sido dictador dos o tres veces de los pueblos, puede igualmente dictar leyes a las Musas? No, señor.”

La principal crítica de Bolívar al poema de Olmedo fue su uso del inca Huayna-Cápac; según él, un inca, “a la verdad, no sabría cantar más que yaravís”. Para Olmedo, en cambio, la aparición en el cielo de un inca que habita en el empíreo (en “las regiones de luz y verdad”) era un recurso útil para hacer un juicio profundo y de largo alcance, que engloba el pasado de la conquista y que se proyecta a un futuro sin los vencidos.  

Al inca Huayna-Cápac, Simón Bolívar lo criticó por considerarlo “un poco hablador y embrollón” y porque parecería que él “es el asunto del poema: él es el genio, él la sabiduría, él es el héroe en fin”. También le debe haber incomodado algunas recomendaciones del inca para el gobierno de los nuevos países, en especial, las que contrariaban su ideal centralista: “Será perpetua, ¡oh pueblos! esta gloria / y vuestra libertad incontrastable / contra el poder y liga detestable / de todos los tiranos conjurados / si en lazo federal, de polo a polo / en la guerra y la paz vivís unidos; / vuestra fuerza es la unión. Unión, ¡oh pueblos! / para ser libres y jamás vencidos.” (vv. 707-714)

Esta idea de un “lazo federal” inscrita en el poema la pudo convertir Olmedo en propuesta constitucional. Cinco años después, en 1830, Olmedo integró el Congreso Constituyente de Riobamba, fue parte de su Comisión de Redacción y escribió de su puño y letra el texto de la Constitución, que fue aprobado el 11 de septiembre. En sus artículos iniciales, la primera Constitución ecuatoriana le proponía a otros Estados sudamericanos que se acuerde la unión de una confederación que lleve por nombre República de Colombia: la concreción del “lazo federal” de unión “para vivir libres y jamás vencidos”.  

Los primeros artículos de la Constitución ecuatoriana de 1830 proponían una reunión “con igual representación” de un Colegio de Plenipotenciarios de todos los Estados, “cuyo objeto sea establecer el Gobierno general de la Nación y sus atribuciones, y fijar por una ley fundamental los límites, mutuas obligaciones, derechos y relaciones nacionales de todos los Estados de la unión” (Art. 3). 

Ninguno de los Estados a los que el Ecuador dirigió su propuesta (Colombia y Venezuela) hizo caso a esta idea de unión y confederación. La siguiente Constitución ecuatoriana, aprobada en Ambato el 13 de agosto de 1835, se olvidó del tema y nunca se ha vuelto a ensayar. Quedó como una rareza: la inspiración de un poeta convertida en prosa constitucional, que no funcionó. 

Olmedo y su récord constitucional

            Publicado en diario Expreso el viernes 26 de junio de 2025.

El guayaquileño José Joaquín Olmedo (1780-1847) participó en un total de seis asambleas constitucionales, en cuatro Estados, en dos continentes. Estos cuatro Estados fueron, en orden cronológico: España, Guayaquil, Perú y Ecuador. A excepción del efímero Estado de Guayaquil (1820-1822), que el propio Olmedo presidió como cabeza de la Junta de Gobierno designada por el Colegio Electoral que se reunió en esta ciudad entre el 8 y el 11 de noviembre de 1820, los otros tres Estados que José Joaquín Olmedo contribuyó a forjar siguen en funciones.  

Este hecho extraordinario de participar de la constitución de tantos Estados fue posible por los cambios en la administración de la provincia de Guayaquil durante la vida de Olmedo. En 1810, la provincia era española y el Cabildo de Guayaquil (por 10 de 11 votos) designó a Olmedo como su representante en las Cortes de Cádiz, donde fue parte de la redacción de la Constitución que se aprobó en marzo de 1812. 

En 1820, la provincia de Guayaquil declaró su independencia de España y un Colegio Electoral, compuesto por 57 representantes de 27 pueblos, designó a Olmedo como la máxima autoridad del Ejecutivo (la cabeza de un triunvirato compuesto, además, por Francisco María Roca y Rafael María Ximena) y aprobó una Constitución (denominada “Reglamento Provisorio de Gobierno”) que, es fama, la escribió el propio José Joaquín Olmedo. 

Después de un período de pertenencia a Colombia (1822-1830) por la ocupación militar de Guayaquil en julio de 1822 y la anexión de la provincia a Colombia hecha por el Libertador (o en este caso, debo decir: el Opresor) Simón Bolívar, la antigua provincia española de Guayaquil (ahora denominada Departamento de Guayaquil) pasó a integrar el Estado del Ecuador. Olmedo fue uno de los cuatro representantes por Guayaquil (los otros tres: Francisco de Marcos, Vicente Ramón Roca y León de Febres-Cordero) que participaron en el Congreso Constituyente que se reunió en Riobamba entre agosto y septiembre de 1830 para aprobar la Constitución que originó el Estado del Ecuador. Olmedo fue parte de su comisión de redacción y está documentado que redactó esta Constitución de su puño y letra.   

El caso de su participación en la redacción de la primera Constitución del Perú, aprobada en noviembre de 1823, fue diferente. Tras la ocupación de Guayaquil por las tropas de Bolívar, Olmedo salió al exilio en Lima. Estando allí, fue invitado a formar parte del Congreso Constituyente reunido en dicha ciudad, como un reconocimiento a su enorme valía y a su experiencia previa como diputado en España y gobernante en Guayaquil. Fue nombrado diputado por el Departamento de Puno, territorio que todavía estaba en manos de los españoles, e integró la comisión que redactó las bases de la primera Constitución peruana. 

Además del Congreso Constituyente de Riobamba en 1830, Olmedo participó en otros dos procesos constitucionales del Ecuador: en Ambato, en 1835, y en Cuenca, en 1845. Pero el hecho sin paralelo en la historia de la humanidad (e irrepetible, dadas las circunstancias) fue su participación en la redacción de las constituciones que forjaron cuatro Estados, en dos continentes: todo un testimonio de su genialidad. 

La independencia retrógrada

            Publicado en diario Expreso el viernes 19 de junio de 2026.

El proceso de independencia americana de España (1810-1826) significó una ruptura con la administración del territorio desde un reino europeo establecido por la fuerza en América unos trescientos años atrás y la consiguiente emergencia de unos atribulados Estados en el continente (España conservó la posesión de dos islas: Cuba y Puerto Rico, que perdió en 1898). El gran legado de estas guerras por la independencia fue el autogobierno de dieciocho territorios, con más pena que gloria. 

Porque rara vez este autogobierno se ejerció para el beneficio de los habitantes del territorio. Sus beneficiarios fueron los que predijo Bolívar, un “pequeño género humano”. En el caso del Estado del Ecuador establecido en 1830, el gobierno del territorio por los descendientes de los conquistadores (unos adinerados blanco-mestizos) significó una libertad más perfecta de ellos para oprimir a los otros habitantes del territorio en el marco de un gobierno racial heredado de los tiempos de los españoles. 

Simón Bolívar, en la célebre Carta de Jamaica publicada en Kingston en 1815, lo tenía muy claro. La independencia del reino de España se la iba a hacer por y para un “pequeño género humano”, que él definió como una “especie media entre los legítimos propietarios y los usurpadores”, es decir, ni indígena ni española. Así, ellos eran distintos a los españoles por el nacimiento, mientras que eran distintos a los indígenas por los derechos, que ellos tenían por su herencia española pero que los indígenas no tenían por un efecto de la conquista. Su mensaje: la independencia se la iba a hacer contra los españoles, pero no en beneficio de las mayorías. 

El Estado del Ecuador que inició su maltrecha andadura en 1830 no varió el gobierno racial, sino para peor. Los esclavos siguieron siendo esclavos, pero la relación entre los nuevos gobernantes criollos con los indígenas se hizo más opresiva. La primera Constitución ecuatoriana, que entró en vigor en septiembre de 1830, los trataba a los indígenas como unos interdictos. En su artículo 68 encargaba a “los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable”. 

Tras la independencia, el “pequeño género humano” en su versión Ecuador ensayó varios mecanismos para sujetar a la población indígena a la producción de la hacienda, en una situación abominable conocida como “concertaje” (abolido recién en 1918). Para peor, a la población indígena le cobraban un tributo por el hecho de ser indígena: durante largos años, este tributo financió una buena parte del funcionamiento de un Estado diseñado para oprimir a quienes lo pagaban. Un Estado administrado por aquel “pequeño género humano” por el que tanto luchó Bolívar. 

En su libro ‘América latina: la construcción del orden’, Waldo Ansaldi y Verónica Giordano concluyen acerca del proceso de independencia americana del Reino de España: “En síntesis, independencia política sin emancipación social”. Para el caso del Ecuador, se podría decir que nos fue peor: la independencia política significó una mayor y más perfecta opresión sobre los maltratados desde los tiempos de la conquista. 

Almagro, el fundador

            Publicado en diario Expreso el viernes 12 de junio de 2026.

Diego de Almagro (neé Montenegro, en un lugar de la Mancha de donde él tomó su apellido) era tuerto y analfabeto cuando en una quincena de agosto de 1534 fundó una ciudad y una villa. Con un parche en su rostro para cubrir la cuenca vacía de su ojo derecho, perdido en 1525 por una lanceada en la lucha contra los indígenas de Punta Quemado, Almagro le pidió a un escribano que firme en su nombre el acta de fundación de la ciudad de Santiago (firmó Blas de Atienza) y el acta de fundación de la villa de San Francisco (firmó Juan de Espinoza), ambas en la provincia de Quito. 

Diego de Almagro es un héroe desconocido: en 1534 él fundó una ciudad y una villa que, en el curso de los años, se convirtieron en las dos ciudades más pobladas e importantes de la República del Ecuador, un territorio independiente del reino para el que Almagro tanto luchó desde su llegada a América en 1514, tanto, que le había costado un ojo de su cara (se atribuye a su cuenca vacía el origen de la coloquial frase). 

Diego de Almagro no recibe de las ciudades de Guayaquil y Quito un justo homenaje. Ellas prefieren recordar a Orellana y a Benalcázar, conquistadores españoles que participaron en el traslado de las poblaciones a nuevos asentamientos, más convenientes para su desarrollo. Esto ocurre a pesar de que Almagro se preocupó de dejar inequívoca evidencia de que él fue su fundador. 

Cuando Almagro y su hueste tomaron rumbo al sur para encontrarse con Francisco Pizarro, jefe de la conquista del Perú, Almagro hizo que en San Miguel, el 12 de octubre de 1534, varios soldados dejen una constancia inequívoca de su rol de fundador. En sus probanzas, ante la pregunta: “si saben, que en la dicha provincia de Quito… Y en muy buenas comarcas, según se requiere, dejé fundados dos pueblos: la ciudad de Santiago de Quito y la villa de San Francisco…”, once soldados confirmaron la afirmación de Almagro. El 22 de enero de 1535, sus dos fundaciones fueron aprobadas por el jefe de la conquista, Francisco Pizarro.

Diego de Almagro conocía la imprevisibilidad y los vaivenes de la conquista, por lo que fue precavido y en ambas actas de fundación que firmaron en su nombre, consignó que la ciudad que él fundó el 15 de agosto y la villa que él fundó el 28 de agosto puedan mudarse a otros lugares, como en efecto ocurrió. La villa de San Francisco marchó en seguida al norte, a ubicarse en el sitio donde ahora está, mismo que estaba prefigurado en el acta del 28 de agosto (como el traslado fue en el ámbito de la misma provincia, conservó el “de Quito”). El traslado a su nuevo asentamiento lo hizo Benalcázar, lo que está en el origen de la confusión de atribuirle a él una fundación que nunca hubiera podido hacer, porque no tenía autorización para ello. Él únicamente podía trasladar lo fundado, y eso fue lo que hizo. 

La ciudad de Santiago de Quito se trasladó muchas veces (una de ellas, por Orellana) hasta encontrar su destino en 1547 frente a un río grande, en la cima de un cerro. Por salir del ámbito de la provincia de Quito, la ciudad perdió este topónimo y asumió otro. Quedó como Santiago de Guayaquil. 

Guayaquil y Quito comparten un mismo fundador: el tuerto, analfabeto y olvidado Diego de Almagro.

Por el miedo

            Publicado en diario Expreso el viernes 29 de mayo de 2026.

Dijo el verdadero Padre de la Patria ecuatoriana, José Joaquín Olmedo: “Los hombres hábiles ambicionan convencer, los hombres mediocres o sin talento no aspiran sino mandar”.

Es decir, se puede gobernar por la razón, o se puede gobernar por la fuerza. Si se escoge este segundo camino, es claro que no se trata de inspirar confianza. Se trata de inspirar miedo. Se trata de ser temido para que obedezcan, o mejor dicho, para que se sometan.

Eso ha ocurrido en el Ecuador de los últimos años. Se ha instalado el miedo. Primero, por la inseguridad que campea en el territorio, aún después de 28 meses de la declaratoria por el gobierno de Noboa de un conflicto armado interno y una guerra contra el crimen organizado (mucho ruido, pocas nueces; mucho blablá, casi nula efectividad). Segundo, por el modus operandi del gobierno de Noboa, por cómo se decidió desde la cabeza que se aspira a mandar en el Ecuador.

Su modus operandi es claro: se ha orientado a instalar el miedo. Por el control y el uso instrumental de la Fiscalía General del Estado para perseguir a sus rivales políticos; por el control y el uso instrumental del sistema electoral para la eliminación de las organizaciones políticas opositoras; por el ataque a GRANASA, casa editorial de los diarios Expreso y Extra; por la destrucción sistemática de la autonomía de los gobiernos seccionales para reestablecer antiguos controles centralistas; por el uso continuo (sin mayor efectividad) de los toques de queda y el discurso beligerante de ministros de pocas luces; por la expulsión de extranjeros (A. Santiago y F. Casado) a través de informes reservados; por la entrada por la ventana a la Prefectura del Guayas; por la falta de escrúpulos que exhiben (con altas dosis de desparpajo y sinvergüencería) los órganos subordinados al gobierno central para satisfacer los intereses de la Presidencia de la República (son sus mascotas: la Contraloría General del Estado, el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Compañías, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura, sumo y sigo); por la acumulación desmedida del poder en uno que quisiera gobernar sin oposición, por sí mismo (es decir: un autócrata), por la impredecibilidad del comportamiento presidencial y por la saña con la que desde el Poder Ejecutivo se trata a quienes percibe como sus enemigos… Por todos estos antecedentes, es claro que se aspira a mandar por el miedo. Se trata de eso.

Por iguales o menores cosas antes se alzaba la voz; pero muchos de los valientes empresarios y activistas de otra época, hoy son destacados cobardes de esta etapa de mansedumbre. Tienen miedo: el Ejecutivo lo logró, les decretó un silencio que ellos han interiorizado.

Los “hombres mediocres o sin talento”, que decía Olmedo, suelen ser unos improvisados, sin capacidad de guiar a una comunidad en un claro curso de acción. Con razón, un consultor político (L. Lasso) dijo que el gobierno actual es un “gobierno de novatos”. Sus novatadas traslucen la segunda parte de la sentencia del Padre de la Patria, que abre esta columna de opinión. 

Es un gobierno de novatos que aspiran a mandar por el miedo. Simplemente, porque no sabrían hacer otra cosa.

Borrero, condenado

            Publicado en diario Expreso el viernes 1 de mayo de 2026.

Hubo un hombre que sostuvo con ardor una Constitución, cueste lo que cueste. No cualquier Constitución: una de las más populares/impopulares de la historia del Ecuador. Popular por su aprobación en referéndum con el 96.36%. Impopular por sus consecuencias: su afán de orden teológico coartaba libertades y el resultado de esta opresión fue el asesinato de su creador. 

La “Carta Negra” (así pasó a la historia) duró un período de gobierno entre 1869 y 1875, año de la muerte de su creador. El hombre que lo reemplazó, tras las elecciones en 1875, fue el cuencano Antonio Borrero. Él sostuvo con ardor la Constitución de 1869. 

Borrero llegó a Presidente en una de las dos elecciones que, hasta la creación en 1945 de un órgano electoral independiente (o debo decir: “independiente”), ha sido reputada como honesta. (Antes de 1945 las elecciones las organizaba el gobierno y se podrán imaginar cómo nos iba: casi invariablemente ganaba el organizador. Después de 1945, sigue pasando.) Esta elección fue la inmediata tras el asesinato de García Moreno, creador de la Constitución de 1869, que obligaba al ecuatoriano a ser católico para gozar de sus derechos como ciudadano. 

Los liberales detestaban esta Constitución, con razón. Y habían apoyado a Borrero porque él se había manifestado en contra de la Constitución (la había llamado “monstruosa”). Pero cuando ganó, Borrero se hizo el loco y decidió que iba a seguir gobernando con la Constitución de 1869. 

Los liberales le imputaron el ser inconsecuente. Él temía, tal vez, que su poder iba a pasar a otras manos si organizaba una asamblea constitucional. El quería terminar su período, gobernar hasta 1881.

El cuencano Borrero no podía saberlo, pero el poder iba a pasar a otras manos si no organizaba una asamblea constitucional. El cabildo de Guayaquil, presidido por el alcalde José Vélez (el mismo de la calle del centro), apoyó el levantamiento del Comandante General de la Plaza de Guayaquil, el general quiteño Ignacio de Veintemilla, nombrado por el propio Borrero. 

Empezó una guerra por el poder: los revolucionarios comandados por Veintemilla en lucha contra el ejército del gobierno. Esto se llamó “revolución septembrina”, por la fecha en que el cabildo de Guayaquil declaró Jefe Supremo a Veintemilla, el 8 de septiembre de 1876. Su motivación: la consideración de Borrero como inconsecuente a los principios liberales y la necesidad de convocar a una asamblea constitucional para reemplazar la “Carta Negra”. 

El Jefe Supremo Veintemilla, frente a la asamblea guayaquileña que lo había nombrado como tal, prometió “reorganizar la República bajo los verdaderos principios de la causa liberal”. Luego desvarió.

Pero en aquel entonces se trabó una guerra. Después de triunfar en las batallas de Galte y Los Molinos, Veintemilla entró en Quito a fines de diciembre para ocupar la Presidencia. Se había consumado un golpe de Estado y Borrero terminó su gobierno en un año y monedas. 

Pobre Borrero: si convocaba la asamblea se perdía, por no convocarla se perdió. Este hombre estaba condenado: con la asamblea o sin ella, su suerte era caer.

Tras consumarse el golpe de Estado, Borrero fue encarcelado y, posteriormente, fue desterrado al Perú. 

Daniel, el travieso

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de abril de 2026.

¿Cómo nos ven, los que estudian el estado de la democracia en el mundo, sin bandería política alguna? El grupo sueco de expertos Variaties of Democracy (V-Dem) ha publicado su décimo “Reporte sobre la Democracia”, edición del 2026. V-Dem había reportado un proceso de democratización en el Ecuador, pero en esta edición del 2026 advirtió que ese proceso concluyó el 2022. 

Desde el 2023 (año en que Daniel Noboa asumió el Poder Ejecutivo) el Ecuador empezó a caminar en la dirección contraria: “En Ecuador, la democratización de los últimos años está siendo revertida, transformando de forma gradual la vuelta en U en una potencial vuelta de campana. El Ecuador enfrenta un período de creciente violencia asociada con el crimen organizado, a lo que el gobierno ha respondido con puño de hierro (…) Los deterioros de los últimos años han llevado al Ecuador a la lista de potencial autocratización” (p. 28).

En el caso ecuatoriano, este proceso de convertir a su gobernante en un autócrata se basa en el uso político del sistema de justicia penal, en especial, su brazo “investigativo”, la Fiscalía. Un influyente periodista de los Estados Unidos, Tucker Carlson, decía que no podías permitir que un país se gobierne a través de la Fiscalía, pues en ese momento te conviertes en “freaking Ecuador”.

Ecuador como un freak institucional: por supuesto que sí, juzgando por el resultado que este país registra en el índice del Estado de Derecho que publica anualmente el World Justice Project. Este reporte analiza ocho indicadores para elaborar su índice, uno de ellos se titula “justicia criminal”. Spoiler: somos lo peor de lo peor. Y hemos descendido cinco puntos en este indicador, de forma sostenida, desde el 2022. Es decir, estamos cada vez peor.

En el indicador “justicia criminal” del World Justice Project, el Ecuador marca un mísero 0.30/1.00. Uno de los subindicadores que conforman este indicador es el típico trabajo de una Fiscalía: “El sistema de investigación criminal es efectivo”. A esto le corresponde un 0.18/1.00 y el puesto 141 entre los 143 países analizados en el informe. Somos de los tres peores, en este tétrico club de deficientes institucionales. Otro de sus integrantes (el 143) es Venezuela. (Es curioso: llegamos a ser como Venezuela, por la vía de la derecha). 

Conviene matizar en materia de efectividad: hay una Fiscalía no efectiva, casi inmóvil, y una Fiscalía “híper-efectiva” y muy veloz. Si el caso involucra al gobierno central, la Fiscalía se arrastra con dificultad. Pero si involucra a un opositor del gobierno central, esa misma Fiscalía corre, vuela y se acelera. 

Es tan cantado esto, que constituye una implícita renuncia a los principios que debería animar la conducta de esta institución, de acuerdo con sus normas: los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. Este doblez en su accionar convierte a estos principios en pura ficción. Lo peor: convierte a la Fiscalía en el principal instrumento para este proceso de autocratización, advertido por expertos internacionales, que viene ocurriendo durante el gobierno de Daniel Noboa.

El título del artículo es un guiño a la serie infantil de caricaturas Daniel, el travieso. Ahora, tiene un twist aterrador.

Ocurre ante nuestros ojos

            Publicado en diario Expreso el viernes 10 de abril de 2026.

En este siglo XXI, no es la primera vez que el máximo órgano de justicia constitucional es atacado por otro poder del Estado. El 2004, cuando este órgano todavía se llamaba Tribunal Constitucional, fue atacado por el Congreso Nacional, que lo descabezó con una resolución aprobada por 57 congresistas. Como el asunto no se reparó en el derecho interno, años después la Corte Interamericana resolvió el Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos vs. Ecuador) y ordenó costosas reparaciones económicas a favor de los jueces destituidos. 

El 2018, la Corte Constitucional fue atacada por un órgano sancionador efímero (el llamado “Consejo Transitorio”). Con una resolución aprobada por cinco personas se descabezó a la Corte Constitucional, en un proceso viciado por la falta de competencia e imparcialidad, y por la violación de los principios de irretroactividad y legalidad. 

En el derecho del Ecuador no se puede conocer de estas violaciones porque la actual Corte Constitucional blindó la actuación del Consejo Transitorio. Nuevamente, esto se resolverá en el derecho internacional y ya hay procesos en curso. 

En el presente: desde el año pasado, el ataque a la Corte Constitucional proviene desde la Presidencia de la República. El presidente ha encabezado una marcha de sus “seguidores” en contra de la Corte Constitucional. Por esos días, se dispuso la exhibición de las fotografías de los jueces, para que el pueblo sepa quiénes son los enemigos del momento.

Este ataque actual lo juzgo más peligroso que los anteriores. En los dos casos anteriores, se descabezó la Corte Constitucional para su reemplazo por otra, es decir, se cambió a sus autoridades. Pero ahora el objetivo que parece tener la Presidencia de la República es la eliminación de la Corte Constitucional. Es decir, eliminar al último obstáculo para que desde la Presidencia se pueda gobernar sin contrapeso alguno. Esto se conoce como una autocracia, es decir, “un grado máximo de absolutismo” sin un freno eficaz “por fuerzas intragubernativas” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, “Diccionario de la Política”).

Entonces, el ataque actual es muy peligroso pues su pretensión es conseguir la acumulación definitiva y total del poder en la Presidencia de la República. Se la quiere extirpar a la Corte Constitucional porque es la última institución que podría poner un freno a las pretensiones abusivas de derechos de las personas y violatorias de la autonomía municipal, que las ha convertido en normativa una Asamblea Nacional rastrera y servil.  

Según el informe 2024 del Latinobarómetro, el Ecuador es el país de América latina y el Caribe cuyo más alto porcentaje de habitantes (el 54%) está de acuerdo con que “el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas”. El verdadero problema es que tras tanta acumulación del poder, estando en el gobierno desde noviembre de 2023 y en guerra contra el crimen organizado desde enero de 2024, después de decenas de estados de excepción, de toques de queda y de abusos sin cuento, se siga sin “resolver los problemas”.  

Lo que sí tenemos: el desarrollo de un grado máximo de absolutismo, ocurriendo ante nuestros ojos.

La vuelta de campana

Variaties of Democracy Institute (“V-Dem”), con sede en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, publicó la edición 2026 de su “Reporte sobre la Democracia”. Este reporte es su décima edición; en ediciones anteriores, V-Dem había reportado que en el Ecuador se había vivido un proceso de democratización, pero en esta última edición del 2026, V-Dem advirtió que ese camino a la democratización concluyó el 2022. 

Desde el año en que Daniel Noboa asumió la Presidencia de la República (2023), el Ecuador ha dado una vuelta de campana, rumbo a la autocratización, como se indica nítido en el reporte 2026 de los suecos: “En Ecuador, la democratización de los últimos años está siendo revertida, transformando de forma gradual la vuelta en U en una potencial vuelta de campana. El Ecuador enfrenta un período de creciente violencia asociada con el crimen organizado, a lo que el gobierno ha respondido con puño de hierro (…) Los deterioros de los últimos años han llevado al Ecuador a la lista de potencial autocratización” (p. 28).

El proyecto centralizador

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de abril de 2026.

Juan José Flores fue el primer presidente del Ecuador. En su tercer mandato presidencial, designado por una asamblea constitucional servil a él, debió gobernar entre 1843 y 1851. Aquella asamblea aprobó la Constitución de 1843 y sometió a los municipios a un órgano extraño (un “concejo provincial”), dependiente del gobierno central. 

Eso duró poco. En marzo de 1845, una revolución originada en Guayaquil, capitaneada por José Joaquín Olmedo, logró la expulsión del presidente Flores y su camarilla. Se derogó la Constitución de 1843 y se acabó este sometimiento a los municipios.

Mucha agua corrió desde entonces bajo el puente del subdesarrollo. Por décadas, el gobierno central tuvo demasiada injerencia en la gestión de los municipios y en la aprobación de sus ordenanzas, pero eso cambió con la entrada en vigor del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) el 2010. Desde entonces, los municipios obtuvieron la garantía de su autonomía política, administrativa y financiera para la gestión de su territorio y la aprobación de sus ordenanzas.  

Hasta ahora. Con el gobierno de Noboa regresó un proyecto centralizador del Estado. De manera similar a 1843, el gobierno central somete a los municipios a controles exagerados y los coloca al servicio de los deseos y desvaríos de la Presidencia de la República. 

La ley reformatoria del COOTAD, aprobada el 20 de febrero por la Asamblea Nacional y diseñada para restar recursos a los municipios, impone gravosos controles del Ministerio de Economía y Finanzas sobre su gasto. So pena de pérdida económica, ellos sólo pueden gastar en ciertos ítems del Clasificador Presupuestario elaborado por ese ministerio, que se refiere a obras físicas e inversiones a largo plazo. Es la pérdida de la autonomía financiera. 

Este lunes se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS) para introducir la desnaturalización de un órgano de control (la Superintendencia de Ordenamiento Territorial) y la potestad de la Presidencia de la República para determinar el desarrollo urbano de los municipios vía la figura del Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. Desde un escritorio en Quito se determinará el crecimiento de territorios que no se conoce. Es la pérdida de las autonomías política y administrativa. 

En la ley reformatoria a la LOOTUGS es claro que su enfoque principal es la preeminencia del interés particular por sobre el interés general (evidente por la eliminación del “carácter público” del derecho a edificar y por la redacción tan atropellada de los “derechos adquiridos”). 

Es fácil anticipar que la reforma no busca el desarrollo integral de los territorios del Ecuador. Cui bono? (¿quién gana?), se preguntaba en los pasillos de Roma. La preeminencia del interés particular debería dar una respuesta elocuente a esta pregunta hasta para el más despistado.   

Este proyecto centralizador y perverso del Estado únicamente puede ser detenido por la Corte Constitucional, cuando conozca de esta colección de desvaríos y vulneraciones de derechos que son la esencia de las leyes aprobadas por una servil, rastrera Asamblea Nacional. 

La base (endeble) del autoritarismo

Es sencillo atribuir a las autoridades la responsabilidad por el déficit democrático del Estado. Pero eso es tramposo: la responsabilidad la tenemos los ecuatorianos. Los políticos son un reflejo de nuestras miserias como sociedad*.

En el informe 2024 del Latinobarómetro, los ecuatorianos somos la población de América latina y el Caribe con el más alto porcentaje de habitantes (un 54%) que concuerda con la siguiente afirmación: “está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas”. 

Por eso, el presidente ha podido decir que, si llega el caso, él saca de la cárcel a un ministro que se haya saltado la Ley. Este artículo de María Sol Borja lo explica claramente, y a él los remito: “Yo te saco de la cárcel”.

El presidente Daniel Noboa puede ostentar su autoritarismo y el pueblo ecuatoriano, dada su gran vocación autoritaria** se lo puede soportar, o incluso, celebrar. Por ello, el presidente Noboa es el hombre del momento. Aunque no vocaliza mucho su autoritarismo (difícil, muy toscamente, puede hilvanar oraciones con sentido), él lo encarna a la perfección. 

Pero los momentos cambian. Y la justificación de que un presidente pueda saltarse las leyes (para sacar a sus amiguitos de la cárcel, o para cualquier otra cosa) depende de esto: “resolver los problemas”. Van casi dos años y medio de gobierno de Noboa, y sólo un oligofrénico o un lobotomizado podría decir que en este gobierno se han resuelto los problemas: todos los números indican lo contrario. Y, siendo una pandilla de aniñados bobos, no hay visos de que ello el gobierno lo pueda variar.  

Así, la base del autoritarismo es el pueblo ecuatoriano y su gran vocación autoritaria. Pero esa base es endeble y depende de algo que el gobierno no está en capacidad de darle al pueblo. Y es por eso, porque el gobierno no podría cambiar, que tal vez se cambie al gobierno. Amanecerá, después de esta noche oscura y un pueblo hastiado, y veremos.

*

* En el primer artículo que publiqué en un medio de comunicación masiva, éste fue justo mi argumento, v. “A nosotros, los culpables”. Este déficit democrático del Estado nos acompaña desde el inicio de la República del Ecuador. Su primer presidente, Vicente Rocafuerte, lo advirtió claramente, v. “Edificio en ruinas”.

** Para una mirada sobre la proverbial vocación autoritaria del pueblo ecuatoriano, v. “La vocación autoritaria”.

Animales rastreros

El Ecuador es uno de los 143 países analizados en el “Índice del Estado de Derecho” que realiza el World Justice Project. En su edición 2025, los dos indicadores en los que este pobre país marca peor son los sospechosos de siempre: la ausencia de corrupción y la justicia criminal. 

Y la justicia criminal es lo peor de lo peor. En el índice del Estado de Derecho, el resultado promedio del Ecuador es 0.46/1.00, pero en justicia criminal marca un mísero 0.30/1.00, que es el indicador más bajo del Ecuador entre los ocho indicadores analizados por el World Justice Project a fin de comprender la situación del Estado de Derecho en un país. 

Hay dos subindicadores de este indicador que lo sitúan al Ecuador entre los tres países peor calificados del mundo. Al subindicador “El sistema de investigación criminal es efectivo” le corresponde el magro resultado de 0.18/1.00 y el puesto 141 entre los 143 países analizados. El otro subindicador, “El sistema penitenciario es efectivo en reducir la conducta criminal”, tiene todavía un resultado peor: 0.12/100 y el puesto 141 entre los 143 países analizados. Así, en rigor, a la pregunta, ¿en tu país, la persecución y sanción penal son efectivas?, la respuesta de un ecuatoriano debe ser: “No, de ninguna manera, es uno de los peores del mundo. Somos peores que Sudán o Haití”.

Nota bene: Esos subindicadores se relacionan directamente con la gestión de la Fiscalía General del Estado (por la “efectividad” de la investigación criminal) y de la mayordomía de los GDO, el SNAI (por la “efectividad” del control penitenciario). Ellos son los animales más rastreros de nuestro circo político.  

Una Asamblea servil

            Publicado en diario Expreso el viernes 27 de marzo de 2026.

Este 4 de marzo el Ministerio de Infraestructura y Transporte remitió a la Asamblea Nacional un paquete de reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS). Para ser más preciso, remitió un paquete de reformas que consiste en notorias inconstitucionalidades y en una burla al proceso de debate de una ley.

Empecemos por esto último: el debate de estas reformas empezó con la unificación de varios proyectos de ley el 23 de abril de 2025 por una comisión de la Asamblea Nacional, que aprobó el informe para primer debate el 17 de octubre. Después, se realizaron varias sesiones de la comisión para la mejora y discusión del proyecto de ley. Pero a último momento, el 4 de marzo de 2026, el citado Ministerio presentó un paquete de treinta y siete artículos, cuatro disposiciones generales y cuatro transitorias. 

Estas nuevas normas jamás fueron conocidas ni debatidas, pero fueron aprobadas por los seis asambleístas de ADN en el informe para segundo debate de la comisión, para su aprobación por el Pleno de la Asamblea Nacional.   

En cuanto a las notorias inconstitucionalidades: se vulneran las competencias exclusivas de los municipios para planificar el desarrollo cantonal y ejercer el control sobre el uso y gestión del suelo (Art. 264 numerales 1 y 2), el derecho a la seguridad jurídica (Art. 82) y el principio de proporcionalidad de las sanciones (Art. 76 numeral 6). Pero la madre de las vulneraciones es la trituración del artículo 213 de la Constitución por la desnaturalización de un órgano de control: la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT), creada en mayo de 2016. 

Desde que en 1927 se creó la primera superintendencia, y por siete constituciones incluida la actual, las superintendencias han sido órganos de control, es decir, órganos que pueden dictar normas técnicas y verificar que estas normas se cumplan. Pero las reformas que tan servilmente incorporó y aprobó la comisión desnaturalizan a la SOT para convertirla en una autoridad administrativa que dicta autorizaciones y que dispone medidas en reemplazo de los municipios, que juzga el cumplimiento de normas en reemplazo de los jueces y que incrementa el número de infracciones y el monto a pagar por algunas de ellas hasta el 3% “de la asignación presupuestaria anual del GAD”, además de constituir “causal de revocatoria del mandato”. Es decir, una barrabasada tras otra.  

Uno de los varios objetivos perversos de estas reformas a la LOOTUGS es evadir el control de los municipios para facilitar la expansión de las zonas urbanas vía un procedimiento especial aprobado desde la Presidencia de la República. Así, en un apretado resumen de esta bancarrota institucional: son unas reformas sin debate (en el Pleno tampoco se las va a debatir en serio, pues también es un servil su Presidente) que introducen unas inconstitucionalidades a gusto y placer del Ejecutivo.

La última precisión que hago es acerca del uso del adjetivo en el título de este artículo. La segunda acepción de “servil” en el diccionario de la RAE es: “Que de modo rastrero se somete totalmente a la autoridad de alguien”. Para esta Asamblea y su Presidente, éste es el adjetivo que les corresponde.

Viaje al viejo Ecuador

            Publicado en diario Expreso el viernes 13 de marzo de 2026.

La Asamblea Nacional aprobó este 20 de febrero la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización para la Eficiencia y Sostenibilidad del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Esta Ley es pura palabrería devota del centralismo y un regreso al viejo Ecuador. 

Esta Ley reformatoria al COOTAD impone una condición (la “regla de asignación mínima prioritaria”) para la transferencia de los recursos del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales y municipales. El COOTAD dispone que la transferencia de los recursos a los GAD debe hacerse “sin condiciones” (disposición que consta en su artículo 5) pero la Ley reformatoria impone la condición, en una abierta burla a la Ley que reforma. 

La condición que se impone es que los GAD provinciales (24) y municipales (223) cumplan con llenar un anexo cada vez que aprueben un presupuesto, o una reforma a él. Ese anexo le impone a los GAD que se olviden de su propia planificación (por ende, de su autonomía) porque requiere que su actividad se enmarque, so pena de reducción drástica de los recursos a recibir, en unos cuantos ítems específicos del “Clasificador Presupuestario” que elabora el Ministerio de Economía y Finanzas.

Datos importantes: el gobierno central no cumple (ni ha cumplido desde que hay registro) con la regla que le impone a los GAD y varios de los ítems que les ordena a ellos no se los exige a sí mismo. Esta Ley, como aplicación de otra: la del embudo.

Y lo más grave: estos ítems específicos del “Clasificador Presupuestario” de un ministerio excluyen a obras y servicios que realizan los GAD y que conducen a la satisfacción de sus fines y funciones de acuerdo con el COOTAD. Se afecta todo lo que no es obra de cemento: proyectos y programas deportivos, culturales y sociales, prestaciones de salud y educación, atención a personas de la tercera edad y a la niñez y adolescencia. Pero dijeron que era para que los GAD no gasten “en fiestas”, pues una Ley mala requería una mentira que la sostenga.

Todo esto que refiero: una Ley que condiciona recursos, un ministerio que controla, anexos e informes periódicos a llenar a satisfacción de una oficina en Quito… Todo esto apesta a kikuyo. Y realmente, constituye un viaje de regreso a un pasado que se creía superado, a una Ley de Régimen Municipal adoptada en los años setenta que disponía que el Ministerio de Economía debía dar un dictamen para que un Municipio apruebe su presupuesto. Esto se extinguió hace décadas, con la entrada en vigor de la Constitución y el COOTAD. Pero esta Ley, kikuya de corazón, ha resucitado los controles del centralismo.

Esta Ley reformatoria al COOTAD nos muestra la mayor de las paradojas: que el “nuevo Ecuador” nos conduce derechito al viejo Ecuador, a un Ecuador donde el gobierno central tenía una gran injerencia en la gestión de los municipios. Y eso no es bueno: la ineficacia, el despilfarro y la corrupción del nivel de gobierno nacional es legendario.

Al menos, sea dicho en favor del gobierno actual, siendo él mismo el testimonio, reputar algo como nuevo no significa que sea mejor. Puede ser, como viene siendo, todo lo contrario.  

Los presidentes muertos

            Publicado en diario Expreso el viernes 27 de febrero de 2026.

Un total de cuatro presidentes de la República del Ecuador han muerto durante el ejercicio de la presidencia y cada uno murió por una causa distinta: un asesinato, la muerte natural, un (probable) suicidio, un (supuesto) accidente de aviación.

El primero fue el líder conservador Gabriel García Moreno (nacido en Guayaquil en 1821, muerto en Quito en 1875). Fue elegido presidente de la República por sendas asambleas constitucionales para el ejercicio de sus dos períodos de gobierno (1861-1865 y 1869-1875). Casi al término de su segundo período, en mayo de 1875, García Moreno compitió para la reelección. 

En aquellos tiempos, las elecciones las organizaba el propio gobierno y su resultado era muy previsible (ganaba invariablemente el candidato auspiciado por el gobierno). La elección de 1875 fue la única que García Moreno ganó por votación popular (con el 99.1% de los votos, aunque en aquel entonces eligió únicamente el 2.27% de la población). Iba a empezar este nuevo período de gobierno el 10 de agosto de 1875 pero cuatro días antes, el 6 de agosto, García Moreno fue asesinado, a tiros y machetazos, a los pies del Palacio de Gobierno. 

El segundo presidente que murió mientras ejercía el cargo fue el liberal Emilio Estrada Carmona (nacido en Quito en 1855 y muerto en Guayaquil en 1911). Estrada fue elegido por el voto popular en enero de 1911 (también arrasó: triunfó con el 93.95% de los votos). Tomó posesión de su cargo el 1 de septiembre de ese mismo año. Estrada debió gobernar hasta el 1 de septiembre de 1915, pero un infarto interrumpió el ejercicio de su cargo el 21 de diciembre de 1911, con apenas 111 días en funciones.

Un natural de Quito, Aurelio Mosquera Narváez, nacido en 1883, fue el tercero en fallecer siendo el Presidente de la República. Mosquera fue elegido Presidente por el Congreso Nacional el 2 de diciembre de 1938, tras la renuncia del cuencano Manuel María Borrero. Es fama que el Presidente Mosquera se suicidó con la ingesta de grandes dosis de Nembutal y por una pena de amor (o por la pura vergüenza de que su mujer le haya puesto los cuernos). Murió en Quito, la fría madrugada del 17 de noviembre de 1939.

El último de esta lista fúnebre fue el guayaquileño Jaime Roldós Aguilera, nacido en 1940. Roldós fue el primer presidente tras la vuelta a la democracia en 1979, después de casi diez años de dictadura. Él participó por el partido populista por excelencia, la Concentración de Fuerzas Populares (CFP). 

Fue un presidente elegido por la voluntad popular, en la primera ocasión que en el Ecuador la elección se realizó a dos vueltas. La primera vuelta se llevó a término el 16 de julio de 1978 y la segunda vuelta, que fue demorada por la dictadura para favorecer al candidato opositor, se realizó casi un año después, el 29 de abril de 1979. No sirvió de nada: Jaime Roldós obtuvo el 68.49% de los votos, frente al 31.51% que obtuvo Sixto Durán-Ballén. Una paliza nunca superada.

Roldós tomó posesión del cargo de presidente el 10 de agosto de 1979 y murió menos de dos años después, cuando el avión oficial en el que viajaba a Zapotillo se estrelló contra el cerro Huayrapungo. Este (supuesto) accidente de aviación ocurrió el 24 de mayo de 1981.

Guayaquil fue la vanguardia

            Publicado en diario Expreso el viernes 6 de febrero de 2026.

En Guayaquil se forjó la patria el 9 de octubre de 1820 y desde Guayaquil se recuperó la patria a partir del 6 de marzo de 1845. El Ecuador demoró un cuarto de siglo entre ser un gobierno independiente de los españoles en 1820 y un gobierno ecuatoriano por sus autoridades en 1845. 

El 6 de marzo de 1845 estalló en Guayaquil la revolución “marcista” (insisto: revolución merecedora de un mejor nombre, como “nacional” o “patriota”). Al día siguiente, una congregación de “los padres de familia y los demás vecinos de la ciudad” legitimó a un Gobierno Provisorio presidido por José Joaquín Olmedo, acompañado de Vicente Ramón Roca y Diego Noboa (futuros Presidentes del Ecuador), cuyo propósito principal fue reemplazar el gobierno del militar venezolano Juan José Flores. 

Cumplido este propósito, el Gobierno Provisorio publicó el 6 de julio de 1845 un “Manifiesto del Gobierno Provisorio del Ecuador sobre las causas de la presente transformación a los pueblos americanos” para justificar a “todos los pueblos americanos y a las naciones con quienes tenemos relaciones políticas los motivos poderosos que nos han impelido a desconocer la autoridad ilegal que nos regía y a preparar una regeneración que nos restituya la nacionalidad tan indecorosamente usurpada”. En 1845 era un punto de honor la justificación razonada del cambio de régimen. 

Este texto poseedor de belleza literaria y profundidad jurídica resaltó el rol principal de Guayaquil en la recuperación de la nacionalidad ecuatoriana. Primero, por destacar que la revolución del 6 de marzo de 1845 fue “no la resolución precipitada de algunos patriotas exaltados e impacientes del yugo, no el clamor de una facción amiga de trastornos ni la sedición de los malos contra las leyes; no; es el voto, es el sentimiento unánime y general de los Ecuatorianos de toda clase y condición, que conmueve a toda la República […] hasta hacer inevitable la revolución”.

Segundo, porque Guayaquil fue el punto de partida para que se produzca lo inevitable. El 6 de marzo, “la juventud de Guayaquil acaudillada por un esforzado capitán (N. del A.: Antonio Elizalde), y sostenida por jefes y militares animosos, reconquistó la libertad de la Patria con una audacia igual a su fortuna”. 

Y dados estos antecedentes, se debe reconocer a la Guayaquil que originó la revolución como la auténtica vanguardia ecuatoriana. En palabras del Manifiesto: “El voto de esta provincia no ha sido el voto de la minoría de la nación; ha sido el voto de un pueblo que tuvo la fortuna de ser el primero que anunciaba en alta voz el voto nacional. […] La población de Guayaquil es cierto que es la minoría de la República; pero era una minoría encargada del sagrado depósito de la voluntad general”. 

Y desde Guayaquil cundió la señal para cambiar el régimen opresor: “La voz de Guayaquil dio la señal; y esta voz se difundió de un extremo al otro de la República, con más velocidad que el eco de nuestras montañas”.

En el proceso de ser un Ecuador para los ecuatorianos, Guayaquil estuvo al principio en 1820 y al final en 1845, año en el que se sustituyó a una “Administración ilegal y extraña” para tener “un Gobierno propio y una representación verdaderamente ecuatoriana”.