Leer el Acta del 10 de agosto

En su primera línea, el Acta del 10 de agosto de 1809 afirma que unos “diputados del pueblo”, invocando “las presentes críticas circunstancias de la nación” (debe entenderse que se trata de la nación española, atacada por los franceses) declaran la cesación de funciones de los “magistrados actuales de esta capital y sus provincias”. Esto significa que ocurrió un efectivo golpe de Estado en el territorio de la Gobernación de Quito.

Porque, acto seguido, el Acta describe que son electores de seis barrios de la capital quienes han nombrado a los integrantes de la Junta Suprema que se instituye ese día en reemplazo de aquellos “magistrados actuales” que fueron cesados en funciones. Intervienen treinta y cinco electores (que son los firmantes de esta Acta) para nombrar a siete representantes. Cuatro de los siete son parte de la nobleza (marquesados de Selva Alegre, Solanda, Villa Orellana y Miraflores). La Junta nombra a uno de estos nobles (Selva Alegre, AKA Merry Jungle) como su Presidente, con el título de “Alteza Serenísima” y un sueldo de seis mil pesos (un escándalo de sueldo). Con razón, decía John Horace Parry que la revolución de Quito fue obra de magnates.

El Acta dice que se procurará atraer a representantes de las provincias de “Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá, que ahora dependen de los Virreinatos de Lima y Santa Fe”, para conformar la Junta Suprema. Así, Quito se propuso como una alternativa para la administración de estos amplios territorios, con ella a la cabeza. Es notable la ausencia de Cuenca en su planteamiento, pero entendible porque Quito siempre miró al Norte, hasta que la obligaron a mirar al Sur después de la derrota de 1832.

Dice el Acta claramente que la Junta Suprema se instituye para gobernar “interinamente a nombre y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor don Fernando Séptimo, y mientras su Magestad recupere la Península o viniere a imperar en América”. La Junta tiene el tratamiento de “Magestad” por representar a la voluntad real y debe prestar un “juramento solemne de obediencia y fidelidad al Rey en la catedral inmediatamente y lo hará prestar a todos los cuerpos constituidos así eclesiásticos como seculares”. La Junta es una celosa defensora del Reino, que se compromete a sostener “la pureza de la religión, los derechos del Rey y los de la Patria”, que no es otra que España.

La Junta también es una guerrera que se compromete a hacer una “guerra mortal a todos sus enemigos, principalmente franceses, valiéndose de cuantos medios y arbitrios honestos le sugiriesen el valor y la prudencia para lograr el triunfo”. Y en seguida se propone organizar una “falange compuesta de tres batallones de infantería”, porque se necesitaba “una fuerza militar competente para mantener el Reino”. Con España en el corazón.

Pero con un ojo en el botín. A continuación, en el Acta se nombra a varios funcionarios, con títulos rimbombantes y jugosos sueldos. La siguiente tabla describe todos los nombramientos de autoridades para una Junta Suprema con título de “Magestad” y para un Senado con título de “Alteza” y para otros cargos, con los títulos y sueldos constantes en el Acta:

Tabla de nombramientos, títulos y sueldos otorgados a los varones constantes en el Acta del 10 de agosto

Varones	Nombramiento	Título	Sueldo anual
Marqués de Selva Alegre	Presidente de la Junta Suprema Elegido por el barrio del Centro	Alteza serenísima	6.000 pesos
Marqués de Solanda	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio del Centro	Excelencia	2.000 pesos
Manuel Zambrano	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio de San Sebastián	Excelencia	2.000 pesos
Marqués de Villa Orellana	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio de San Roque	Excelencia	2.000 pesos
Manuel Larrea	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio de San Blas	Excelencia	2.000 pesos
Marqués de Miraflores	Miembro de la Junta Suprema Elegido por el barrio de Santa Bárbara	Excelencia	2.000 pesos
Manuel Matheu	Miembro de la Junta Suprema  Elegido por el barrio de San Marcos	Excelencia	2.000 pesos
Juan de Dios Morales	Miembro de la Junta Suprema Ministro de Negocios Extranjeros y de la Guerra	Excelencia	2.000 pesos
Manuel Quiroga	Miembro de la Junta Suprema Ministro de Gracia y Justicia	Excelencia	2.000 pesos
Juan de Larrea	Miembro de la Junta Suprema Ministro de Hacienda	Excelencia	2.000 pesos
Vicente Álvarez	Miembro de la Junta Suprema Secretario particular	Señoría	1.000 pesos
Juan Salinas	Jefe de la Falange con rango de coronel	NS/NC	NS/NC
Juan Pablo Arenas	Auditor de guerra, con honores de teniente coronel	Señoría	1.500 pesos
José Javier Ascázubi	Gobernador de la Sala de lo Civil del Senado	Usía Ilustrísima	2.000 pesos
Pedro Jacinto Escobar	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
José Salvador	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Ignacio Tenorio	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Bernardo León	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Mariano Merizalde	Fiscal de la Sala de lo Civil	NS/NC	NS/NC
Felipe Fuertes Amar	Regente de la Sala de lo Criminal	Señoría	2.000 pesos
Luis Quijano	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
José del Corral	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Víctor de San Miguel	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Salvador Murgueitio	Ministro del Senado	Señoría	1.500 pesos
Francisco Javier de Salazar	Fiscal de la Sala de lo Criminal del Senado	NS/NC	NS/NC
Tomás Arechaga	Protector General de Indios	Señoría	1.500 pesos
Antonio Solano de la Sala	Alguacil Mayor	Conserva su tratamiento anterior	Conserva su sueldo anterior

Al final, el Acta se pone represiva y amenaza con dos sanciones. La primera: si uno de los sujetos nombrados por el Acta decide renunciar a su encargo “sin justa y legítima causa”, se podrá admitir su renuncia pero quedará “excluido para siempre de todo empleo público”. La segunda: si alguno disputare la legitimidad de la Junta Suprema, “tendrá toda la libertad, bajo la salvaguardia de las leyes, de presentar por escrito sus fundamentos y una vez que se declaren fútiles, ratificada que sea la autoridad que le es conferida, se le intimará a prestar obediencia, lo que no haciendo se lo tendrá y tratará como reo de Estado”. Tiene toda la libertad, pero sólo para hacer caso (?).

Después de esta emergencia de un gobierno represivo si se desafía sus decisiones o se disputa su legitimidad, el Acta cierra con la firma de los treinta y cinco electores de los barrios. 

En total, en el Acta del 10 de agosto de 1809 se expidieron un total de 27 cargos, a los que correspondieron 23 títulos (una Alteza Serenísima, una Usía Ilustrísima, nueve Excelencias y doce Señorías) y se les asignaron un monto total de 44.000 pesos en calidad de sueldos. Y si hemos de creer al historiador ibarreño Ayala Mora, su actuación como revolucionarios estuvo teñida por la corrupción: “Los protagonistas del proceso fueron poderosos latifundistas, para cuyo manejo político la burocracia española era un impedimento. Una vez instalados en el mando, suprimieron las contribuciones de los blancos, manteniendo las de los indios, e hicieron desaparecer la constancia de las cuantiosas deudas que habían contraído con la Corona por compra de tierras. Los notables criollos fueron los usufructuarios de la libertad” (Ayala Mora, Enrique, ‘Resumen de historia del Ecuador’, Corporación Editora Nacional, Quito, 2008 [Tercera edición]). Según Ayala Mora no fue tanto una revolución de magnates como decía Parry, como de magnates y pillos.

En cualquier caso, una lectura atenta del Acta del 10 de agosto de 1809 evidencia un gusto por los fastos de la monarquía y una idealización del rol de Quito como defensora de un reino europeo. Este documento dice todo lo contrario de aquello en lo que se ha convertido de manera oficial a este acontecimiento, porque de independencia del Reino de España, no hay nada.

Olmedo y su récord constitucional

            Publicado en diario Expreso el viernes 26 de junio de 2025.

El guayaquileño José Joaquín Olmedo (1780-1847) participó en un total de seis asambleas constitucionales, en cuatro Estados, en dos continentes. Estos cuatro Estados fueron, en orden cronológico: España, Guayaquil, Perú y Ecuador. A excepción del efímero Estado de Guayaquil (1820-1822), que el propio Olmedo presidió como cabeza de la Junta de Gobierno designada por el Colegio Electoral que se reunió en esta ciudad entre el 8 y el 11 de noviembre de 1820, los otros tres Estados que José Joaquín Olmedo contribuyó a forjar siguen en funciones.  

Este hecho extraordinario de participar de la constitución de tantos Estados fue posible por los cambios en la administración de la provincia de Guayaquil durante la vida de Olmedo. En 1810, la provincia era española y el Cabildo de Guayaquil (por 10 de 11 votos) designó a Olmedo como su representante en las Cortes de Cádiz, donde fue parte de la redacción de la Constitución que se aprobó en marzo de 1812. 

En 1820, la provincia de Guayaquil declaró su independencia de España y un Colegio Electoral, compuesto por 57 representantes de 27 pueblos, designó a Olmedo como la máxima autoridad del Ejecutivo (la cabeza de un triunvirato compuesto, además, por Francisco María Roca y Rafael María Ximena) y aprobó una Constitución (denominada “Reglamento Provisorio de Gobierno”) que, es fama, la escribió el propio José Joaquín Olmedo. 

Después de un período de pertenencia a Colombia (1822-1830) por la ocupación militar de Guayaquil en julio de 1822 y la anexión de la provincia a Colombia hecha por el Libertador (o en este caso, debo decir: el Opresor) Simón Bolívar, la antigua provincia española de Guayaquil (ahora denominada Departamento de Guayaquil) pasó a integrar el Estado del Ecuador. Olmedo fue uno de los cuatro representantes por Guayaquil (los otros tres: Francisco de Marcos, Vicente Ramón Roca y León de Febres-Cordero) que participaron en el Congreso Constituyente que se reunió en Riobamba entre agosto y septiembre de 1830 para aprobar la Constitución que originó el Estado del Ecuador. Olmedo fue parte de su comisión de redacción y está documentado que redactó esta Constitución de su puño y letra.   

El caso de su participación en la redacción de la primera Constitución del Perú, aprobada en noviembre de 1823, fue diferente. Tras la ocupación de Guayaquil por las tropas de Bolívar, Olmedo salió al exilio en Lima. Estando allí, fue invitado a formar parte del Congreso Constituyente reunido en dicha ciudad, como un reconocimiento a su enorme valía y a su experiencia previa como diputado en España y gobernante en Guayaquil. Fue nombrado diputado por el Departamento de Puno, territorio que todavía estaba en manos de los españoles, e integró la comisión que redactó las bases de la primera Constitución peruana. 

Además del Congreso Constituyente de Riobamba en 1830, Olmedo participó en otros dos procesos constitucionales del Ecuador: en Ambato, en 1835, y en Cuenca, en 1845. Pero el hecho sin paralelo en la historia de la humanidad (e irrepetible, dadas las circunstancias) fue su participación en la redacción de las constituciones que forjaron cuatro Estados, en dos continentes: todo un testimonio de su genialidad. 

La independencia retrógrada

            Publicado en diario Expreso el viernes 19 de junio de 2026.

El proceso de independencia americana de España (1810-1826) significó una ruptura con la administración del territorio desde un reino europeo establecido por la fuerza en América unos trescientos años atrás y la consiguiente emergencia de unos atribulados Estados en el continente (España conservó la posesión de dos islas: Cuba y Puerto Rico, que perdió en 1898). El gran legado de estas guerras por la independencia fue el autogobierno de dieciocho territorios, con más pena que gloria. 

Porque rara vez este autogobierno se ejerció para el beneficio de los habitantes del territorio. Sus beneficiarios fueron los que predijo Bolívar, un “pequeño género humano”. En el caso del Estado del Ecuador establecido en 1830, el gobierno del territorio por los descendientes de los conquistadores (unos adinerados blanco-mestizos) significó una libertad más perfecta de ellos para oprimir a los otros habitantes del territorio en el marco de un gobierno racial heredado de los tiempos de los españoles. 

Simón Bolívar, en la célebre Carta de Jamaica publicada en Kingston en 1815, lo tenía muy claro. La independencia del reino de España se la iba a hacer por y para un “pequeño género humano”, que él definió como una “especie media entre los legítimos propietarios y los usurpadores”, es decir, ni indígena ni española. Así, ellos eran distintos a los españoles por el nacimiento, mientras que eran distintos a los indígenas por los derechos, que ellos tenían por su herencia española pero que los indígenas no tenían por un efecto de la conquista. Su mensaje: la independencia se la iba a hacer contra los españoles, pero no en beneficio de las mayorías. 

El Estado del Ecuador que inició su maltrecha andadura en 1830 no varió el gobierno racial, sino para peor. Los esclavos siguieron siendo esclavos, pero la relación entre los nuevos gobernantes criollos con los indígenas se hizo más opresiva. La primera Constitución ecuatoriana, que entró en vigor en septiembre de 1830, los trataba a los indígenas como unos interdictos. En su artículo 68 encargaba a “los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable”. 

Tras la independencia, el “pequeño género humano” en su versión Ecuador ensayó varios mecanismos para sujetar a la población indígena a la producción de la hacienda, en una situación abominable conocida como “concertaje” (abolido recién en 1918). Para peor, a la población indígena le cobraban un tributo por el hecho de ser indígena: durante largos años, este tributo financió una buena parte del funcionamiento de un Estado diseñado para oprimir a quienes lo pagaban. Un Estado administrado por aquel “pequeño género humano” por el que tanto luchó Bolívar. 

En su libro ‘América latina: la construcción del orden’, Waldo Ansaldi y Verónica Giordano concluyen acerca del proceso de independencia americana del Reino de España: “En síntesis, independencia política sin emancipación social”. Para el caso del Ecuador, se podría decir que nos fue peor: la independencia política significó una mayor y más perfecta opresión sobre los maltratados desde los tiempos de la conquista. 

Hijos de la violencia

            Publicado en diario Expreso el viernes 9 de enero de 2026.

El proceso de la independencia americana de España es también el de su militarización. Los años de la guerra por la independencia y los posteriores a ella fueron, casi invariablemente, años de gobiernos militares. En especial durante la guerra por la independencia, esos fueron tiempos violentos, con la vida en vilo. 

El primer jirón del actual Estado del Ecuador en independizarse de España fue la ciudad de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820. Entre 1820 y 1822, la provincia de Guayaquil tuvo un gobierno civil. Pero desde 1822 hasta 1830 en que, en conjunto con las provincias de Quito y Cuenca, fueron agregadas a la República de Colombia para conformar el Distrito del Sur, aquel distrito fue gobernado como una dependencia militar. 

Simón Bolívar, en una carta de diciembre de 1830 en la que autorizó a Juan José Flores para que administre el novísimo Estado del Ecuador, consideraba a los ecuatorianos como sometidos a los otros: “Desde aquí estoy oyendo a esos ciudadanos que todavía son colonos y pupilos de los forasteros: unos son venezolanos, otros granadinos, otros ingleses, otros peruanos, y quién sabe de qué otras tierras los habrá también”. Y Bolívar le advirtió a Flores: “Esté V. cierto, mi querido General, que V. y esos Jefes del Norte van a ser echados de ese país”.

Desde 1830 que se fundó un Estado del Ecuador “confederado” a la República de Colombia, hasta 1845 que ocurrió la revolución marcista en Guayaquil (con un atenuado paréntesis civilista durante el gobierno de Rocafuerte), el estamento militar, compuesto principalmente por extranjeros, gobernó y se aprovechó de este pobre país. Hasta que se cumplió la profecía de Bolívar y fueron echados. 

Entre 1822 y 1845, es evidente que la militarización de la sociedad ecuatoriana contribuyó, como en el resto de países de América latina, “a definir culturas políticas impregnadas de violencia, pocas veces mutadas en culturas de negociación”, según la caracterización de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano en el libro “América latina. La construcción del orden”. 

El Estado del Ecuador, contrario a ese tópico bobalicón de “la isla de paz”, tiene una cultura política muy violenta, donde siempre los otros son vistos no como cooperantes sino como contradictores (i.e., no ha mutado a una “cultura de negociación”). Y esta realidad ha atravesado la política ecuatoriana desde sus albores hasta la actualidad, en algunos ratos, con graves picos de violencia.

En los últimos años, por una acelerada y profunda desinstitucionalización del Estado so pretexto de una vendetta política, esta violencia ha registrado un grave pico que se ha traducido en un ambiente de polarización extrema y en el máximo registrado de homicidios por cada 100.000 habitantes en la historia reciente del país (que convirtió al Ecuador el año 2025 en el sexto país más violento del mundo). 

Como en tiempos de la independencia, hoy se viven tiempos violentos, con la vida en vilo. Pero sucede que ahora no luchamos contra España y por la independencia; luchamos contra el narco y por la supervivencia.   

Tantos años han pasado desde que se fundó el Ecuador, para caer en lo mismo (o se podría argumentar: todavía peor). Este pobre país es un loop triste. 

No fue El Libertador

            Publicado en diario Expreso el viernes 7 de noviembre de 2025.

En octubre de 1820, Santiago de Guayaquil fue la primera ciudad del territorio del actual Ecuador en independizarse del Reino de España. La ciudad, capital de una extensa provincia y cabeza de una gobernación española, se independizó por sí misma, en una sola jornada y su gesta libertaria encendió en toda la provincia la llama de la libertad. La provincia nunca dejó de ser un territorio independiente hasta su anexión en julio de 1822 a otra entidad republicana (Colombia) por Simón Bolívar.  

Una vez que se independizó el territorio de la provincia, los representantes de veintisiete de sus pueblos (Baba, Babahoyo, Balao, Canoa, Caracol, Colonche, Chanduy, Charapotó, Chone, Chongón, Daule, El Estero, El Morro, Guayaquil, Jipijapa, Machala, Montecristi, Palenque, Pichota, Pimocha, Puná, Punta de Santa Elena, Puebloviejo, Samborondón, Santa Lucía, Ventanas y Yaguachi) se reunieron en Guayaquil para decidir su destino. 

Entre el miércoles 8 y el sábado 11 de noviembre de 1820, un total de cincuenta y siete representantes decidieron el régimen político para la administración del territorio. Optaron por un régimen republicano, materializado en el artículo 1 del reglamento aprobado el 11 de noviembre como un gobierno “electivo” y presidido por una Junta de Gobierno compuesta por hijos de Guayaquil, con José Joaquín Olmedo a la cabeza. La representación de la provincia decidió en noviembre de 1820 el tránsito de la soberanía divina a la soberanía popular, como le corresponde a una república. 

El artículo 2 del reglamento del 11 de noviembre declaró a la provincia “en entera libertad para unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han de formar en la América del Sur”. Para cumplir este propósito, la Junta de Gobierno había decretado el 19 de junio de 1822: “Por ningún pretexto existirá en el territorio de la Provincia fuerza alguna armada de los Estados amigos, al abrirse las sesiones del Colegio Electoral; ni en la bahía permanecerá buque alguno de guerra, amigo o neutral, aunque esté simplemente armado”. Para la junta era importante que los representantes se puedan reunir en libertad.

Guayaquil no debió su independencia a las fuerzas de Bolívar en octubre de 1820 y el gobierno de la provincia deseaba elegir su destino de forma libre y razonada en julio de 1822. Para decidir “en entera libertad”, el Colegio Electoral había sido convocado para el 28 de julio. Pero Bolívar tenía otros planes para Guayaquil y no contemplaban su libertad sino su anexión.

De manera contraria a la ley del suelo, Bolívar invadió con una fuerza armada el territorio de Guayaquil el 11 de julio de 1822 y ordenó el cese de la administración de la Junta de Gobierno el 13 de julio, asumiendo para sí la administración de la provincia, a la que en seguida procedió a anexar a la República de Colombia de la que él era presidente.

Cuando holló el suelo de los guayaquileños, Bolívar también holló sus derechos. Aquí no libertó, pues ocurrió lo contrario: aquí Bolívar ocupó y coartó la libertad de decisión de una comunidad republicana y autogobernada desde octubre de 1820. 

Simón Bolívar fue el Libertador en muchas partes (incluso en Cuenca y Quito), pero no lo fue en Guayaquil. 

Historia de dos amigos guayaquileños

            Publicado en diario Expreso el viernes 19 de septiembre de 2025.

José Joaquín Olmedo y Vicente Rocafuerte fueron guayaquileños y contemporáneos, nacido el primero en 1780 y el segundo en 1783. Fueron ilustrados y fueron amigos, que participaron en la lucha por la independencia de los territorios americanos del Reino de España y que terminaron por fundar, en 1835, la República del Ecuador. 

Hasta llegar a este momento de fundación de la República del Ecuador, Olmedo y Rocafuerte tuvieron unas trayectorias similares: ambos integraron las Cortes de Cádiz en el Reino de España (Rocafuerte únicamente por un breve período en 1814, mientras que Olmedo fue parte de las Cortes entre 1811 y 1814, año de su disolución por decisión del rey Fernando VII), ambos formaron parte del Cabildo de Guayaquil, ambos viajaron por varios países de América y de Europa, y ambos fueron representantes en Europa de un nuevo Estado americano (Rocafuerte de México, Olmedo del Perú). 

Las trayectorias de Olmedo y Rocafuerte también tienen sus diferencias. Entre 1819 y 1833, años en los que Rocafuerte vivió en el exterior, Olmedo tuvo una agitada vida en su territorio natal. En 1820, fue elegido el primer jefe civil del Guayaquil independiente y republicano. Olmedo gobernó la Provincia Libre de Guayaquil como presidente de una Junta Superior de Gobierno entre 1820 y 1822, hasta la ocupación militar de la provincia comandada por el general Simón Bolívar en julio de 1822. 

Como presidente de la Junta Superior de Gobierno, Olmedo procuró la independencia de los demás territorios que pertenecieron a la Audiencia de Quito. Tras la batalla del Pichincha, la Junta presidida por Olmedo publicó el 9 de junio de 1822 una proclama, en la que se leía: “Cuando nos propusimos ser libres, no podíamos dejar gemir en la opresión a los pueblos que nos rodeaban”. Y en esta proclama se reconoció que los esfuerzos de Guayaquil habían sido coronados por el éxito: “Guayaquileños: Quito es ya libre: vuestros votos están cumplidos”. 

Años después, en 1830, Olmedo participó como diputado en el Congreso Constituyente que reunió a veinte adinerados varones en Riobamba con el propósito de fundar un Estado con el disparatado nombre de “Estado del Ecuador en la República de Colombia”. Olmedo fue parte de la comisión que redactó la Constitución y fue nombrado su primer Vicepresidente, cargo al que renunció el año siguiente. 

En 1833 volvió Rocafuerte a Guayaquil. Por aquel entonces, Olmedo estaba dedicado a sus asuntos privados, pero no lo estaría por mucho tiempo. La vorágine de los acontecimientos del trienio 1833-1835 desembocó en una guerra civil que parió una república. 

Rocafuerte fue el Jefe Supremo triunfante en la guerra civil, tras la victoria de su ejército en la batalla de Miñarica. Convocó a una convención nacional, que fue presidida por Olmedo. Esta convención, reunida en Ambato, aprobó la Constitución que originó la República del Ecuador y que lo designó a Vicente Rocafuerte como su primer Presidente Constitucional. El Ejecútese de Rocafuerte a esta Constitución que Olmedo contribuyó a redactar con su guía y pluma, fue dado el 13 de agosto de 1835. Ese día nació la República del Ecuador.  

Fue un largo viaje de dos amigos en la vida pública, hasta concretar una república.

Los desgajos a la Provincia de Guayaquil

            Publicado el viernes 13 de junio en diario Expreso.

La Provincia de Guayaquil, durante los muchos años en que fue parte del Reino de España, fue un territorio de alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados. Después de que en julio de 1822 se anexionó (por la fuerza) la Provincia de Guayaquil a la República de Colombia, esta antigua provincia española se transformó en un departamento colombiano. Tras haberse expedido el 25 de junio de 1824 por el Congreso de Colombia la Ley de División Territorial de la República de Colombia, la que fue una provincia de 50.000 kilómetros cuadrados sufrió su primer desgajo. El departamento de Guayaquil, que fue uno de los doce departamentos colombianos, se lo dividió en dos provincias: Guayaquil y Manabí. Con los departamentos de Azuay y Quito, estos tres departamentos conformaron el Distrito del Sur de Colombia.  

Esta Ley colombiana de 1824, a su vez, subdividió a la Provincia de Guayaquil en seis cantones: Guayaquil (su capital), Daule, Babahoyo, Baba, la Punta de Santa Elena y Machala. Esto que había resuelto Colombia en 1824 se mantuvo cuando el Distrito del Sur se separó de Colombia para crear el Estado del Ecuador en 1830. Se mantuvieron los departamentos (de hecho, según el artículo 1 de la Constitución de 1830, el Estado del Ecuador no era otra cosa que la reunión de los departamentos de Azuay, Guayas y Quito) y no se realizó ninguna alteración a los límites establecidos en la ley colombiana de 1824. Es así que Ecuador surgió a la vida jurídica con siete provincias: Guayaquil y Manabí (en la región Costa), e Imbabura, Quito, Chimborazo, Azuay y Loja (en la región Sierra).

El siguiente desgajo sufrido por la Provincia de Guayaquil ocurrió en 1861 durante el primer gobierno del guayaquileño Gabriel García Moreno cuando se creó una nueva provincia llamada originalmente “Ríos” (con el tiempo, “Los Ríos”; una parte de esta provincia se la segregaría en 1884 para la creación de la provincia de Bolívar). García Moreno también fue el responsable de cambiar el histórico nombre de “Provincia de Guayaquil”, pues desde la Lei sobre División Territorial que se dictó a inicios de su primer gobierno, en mayo de 1861, se la empezó a llamar “Provincia del Guayas”.

Durante el gobierno presidencial de otro guayaquileño, José María Caamaño, se procedió al siguiente desgajo de la provincia en la Ley sobre División Territorial de 1884. La provincia de El Oro emergió del territorio de la provincia del Guayas, al menos en su franja costera. Y de esta manera, a fines del siglo XIX, quedó configurada la división de la Costa en cinco provincias (Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, más Esmeraldas, que siempre se mantuvo fuera de la órbita de la Provincia de Guayaquil). Esta división territorial de la Costa persistió por más de un siglo (123 años).  

El siguiente desgajo a la provincia del Guayas ocurrió en el 2007, durante el gobierno de otro presidente guayaquileño, Rafael Correa, cuando de ella se desprendió a la Provincia de Santa Elena. Así, de los seis cantones originales con los que empezó la provincia en 1830, Santa Elena fue el tercero que se provincializó. Y es de notar que todos ellos se provincializaron en períodos de Presidentes guayaquileños: García Moreno, Caamaño y Correa.

El invierno de Campoverano

La canciller Gabriela Sommerfeld no atina una. Ella organizó una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Cuenca (la vigésimo novena) y pensó que iba a tener una asistencia pobre, de apenas 11 jefes de Estado y de Gobierno. Esto ya estaba mal, porque se proyectaba la más baja asistencia a una cumbre iberoamericana desde su creación el año 1991. 

Pero fue mucho peor. No vino es nadie. Apenas un tocayo de ese garito llamado Andorra y el decorativo rey español. Pero de América, nadie. Total ninguneo. Sommerfeld quedó para la risa.

Pero ahí sigue ella, gestionando (¿gestionando?) las relaciones diplomáticas, con su look de villana de caricatura. Y su sordera.

Hablemos de inutilidad, Sommerfeld. Mejor tómate un Aerogal rumbo al olvido.

La primera Constitución y los indígenas

            Publicado en diario Expreso el viernes 14 de marzo de 2025.

Una explotación intensa y sistemática a los indígenas: esto fue lo que produjo la primera Constitución que rigió en el territorio del Estado ecuatoriano.

En 1830, la primera Constitución que se aprobó en Riobamba el 11 de septiembre por veinte varones adinerados (ningún indígena, por supuesto) decía en su artículo 11 que era un derecho de los ecuatorianos la “igualdad ante la ley”, pero en su artículo 68 establecía una clara desigualdad: “Este Congreso Constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable”. 

Este trato diferenciado que la norma fundamental estableció para los indígenas, en el marco de una supuesta igualdad, los situaba aparte de la naciente “ecuatorianidad” que postulaba la Constitución de 1830 (pues en la república siguen siendo percibidos por la élite política como los conquistados del territorio). Por eso la Constitución de 1830 consideró a los indígenas en situación de capitis deminutio y nombró como su tutor y su padre natural a “curas párrocos” de ese pilar fundamental de la conquista y la dominación española: la iglesia católica. 

La primera Constitución estableció que en el Estado del Ecuador había un único ministerio, que lo ocupó el lojano José Félix Valdivieso Valdivieso, el primer ecuatoriano (un natural del territorio de la Audiencia de Quito) que fue designado para el ejercicio de un cargo público en la Función Ejecutiva (tras el Presidente y el Secretario General, cargos ambos ocupados por venezolanos). Valdivieso era hijo de una Valdivieso Valdivieso, y estaba casado con otra Valdivieso. Según un registro de la época, era el propietario de 34 haciendas, repartidas a lo largo del callejón interandino. (Endogamia y grandes fortunas: una fórmula socorrida en la élite de la Sierra ecuatoriana.)

El primer informe del ministro Valdivieso listó cuatro fuentes de riqueza para el Ecuador que nació en 1830: los productos agrícolas, la minería, la industria y, de manera singular, a los indígenas.

Es decir, los indígenas eran ecuatorianos, pero a efectos de sostener la administración pública del Estado. Ese mismo Estado que los colocaba bajo el control de los curas católicos, les cobraba a los indígenas un tributo (la llamada “contribución especial de indígenas”) de tres pesos y cuatro reales, que se debía pagar en junio y diciembre de cada año por el solo hecho de ser indígena. Esta “contribución especial” subsistió hasta el año 1857.  

El ministro Valdivieso firmó una circular el 18 de noviembre de 1831, por la que obligaba a los indígenas “a cumplir religiosamente con las calidades del concierto”, es decir, a cumplir con el trabajo forzado en las haciendas. El naciente Ecuador organizaba su territorio para la mayor explotación de uno de sus recursos.

Así, la creación del Ecuador en 1830 avanzó hacia una explotación más intensa y sistemática de los pueblos sometidos por la conquista del siglo XVI, a mayor beneficio de un Estado que en 1830 excitaba el “ministerio de caridad” de los curas a favor de esta “clase inocente, abyecta y miserable”.

Esto es nacer con las pesadas losas del pasado encima.