Panamá Papers (visión de El Roto)

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Donde dice España, decid Ecuador. E imagínense a su empresario favorito en ese traje y con ese cinismo (1). El Roto la tiene clara.

 

Tomado de diario El País (España), edición del 14 de abril de 2016.

 

(1) En un cable de la Embajada de los Estados Unidos de América en Ecuador que filtró Wikileaks, elaborado por Douglas Griffiths (cónsul general en Guayaquil entre los años 2006 y 2009) y relativo a los grupos de poder económico en el Ecuador, su autor describió las prácticas de dichos grupos (Griffiths se refirió específicamente a los grupos Noboa (de Álvaro e de Isabel), Wong, Egas, Isaías, Eljuri, Wright, Czarniski, Bakker, Villamar, Ortiz, Villaseca, Quezada, Rivadeneira, Quirola y Dassum). En opinión de Griffiths, “la mayoría de ellos no son transparentes”, su naturaleza concentrada “ha creado un ambiente político y económico que favorece la protección de intereses creados” y su estructura “es usualmente opaca”. En definitiva, “los negocios ecuatorianos usualmente sub-reportan ingresos, bienes y ganancias”, v. Wikileaks, ‘Ecuador’s leading family business groups’, Quito, 8 de agosto de 2008.

Morales y la no discriminación

En el libro Derecho de Admisión. La igualdad y el principio de no-discriminación como reglas de interpretación para su ejercicio razonable, de autoría del argentino Pablo Slonimsqui, éste define el derecho de admisión como “la facultad que tienen tanto el Estado como los particulares para limitar o restringir el acceso o la permanencia de las personas a un determinado lugar, servicio, prestación, actividad o status jurídico”. Esta facultad de limitar o restringir el derecho de admisión encuentra lógicos límites, nos explica Slonimsqui, porque para que dicha limitación o restricción se la considere legítima “deberá cumplirse un estándar probatorio más elevado que el de la mera racionalidad, acreditando que el mismo es estrictamente necesario para el cumplimiento de un fin legítimo”.

Con este antecedente, la decisión que adoptó el directorio de Barcelona Sporting Club de limitar al periodista Carlos Víctor Morales su derecho de acceso al lugar de trabajo debe considerársela ilegítima y, en consecuencia, inconstitucional. Debe considerársela así, porque no se observa la poderosa racionalidad que fundamenta esta decisión (porque a ese estándar no asciende el que Morales haya hecho “continuos comentarios sin base y ofensivos a directivos y jugadores del club”) así como tampoco se observa que la decisión sea estrictamente necesaria, ni mucho menos, que la decisión cumpla un fin legítimo. Sobre esto último, porque es evidente que no puede considerarse como cumplidora de un fin legítimo a una decisión cuyo propósito más notorio es lesionar los derechos de Carlos Víctor Morales a expresarse y a trabajar.

El caso de Morales es interesante porque favorece la necesaria discusión sobre la obligación de respetar los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Mucho se ha dicho sobre el que Barcelona es una institución privada que goza de la facultad, de acuerdo con sus propios estatutos, de tomar este tipo de decisiones y que no cabe objetarle nada al club si decide ejercer esta facultad. Esta idea de que no cabe formular objeción alguna es, sin embargo, falsa. Lo es, porque el respeto a los derechos fundamentales (un respeto que se traduce, en esencia, en la prohibición de discriminación) vincula también a “las personas privadas en sus relaciones con los demás individuos (efecto frente a terceros o Drittwirkung de los derechos fundamentales), en virtud de la configuración de la Constitución como norma suprema del ordenamiento”.

El directorio del Barcelona goza de la facultad de tomar un amplísimo elenco de decisiones administrativas, pero ese amplísimo elenco encuentra límites en la prohibición constitucional de discriminación. En el caso concreto, la decisión del club de concederle a Carlos Víctor Morales un trato diferenciado que carece de justificación en términos de racionalidad, necesidad y persecución de un fin legítimo convierten a esta decisión en un acto de discriminación y, en consecuencia, violatorio de la Constitución. Tiene Morales el derecho de reclamar al club la reparación económica y simbólica por el daño padecido; Barcelona Sporting Club, la posibilidad de reflexionar sobre sus actos.

Imagen: Tal parece que algo similar al ámbito eclesiástico sucede en los clubes deportivos.

El rol del Estado

Pertenece al liberalismo clásico una idea que se la ha repetido (usualmente, sin reconocimiento de su origen doctrinal) en el debate sobre la ley de comunicación: la idea de que solamente el Estado, mediante su monopolio del uso legítimo de la fuerza, puede atacar los derechos de las personas. Replicaré esa idea, en esencia, con tres argumentos:

1) No es cierto que solamente el Estado puede atacar los derechos de las personas porque las empresas también pueden hacerlo. Las empresas son entidades (a pesar de la profunda aversión de los liberales clásicos a la planificación) de elaborada jerarquía y planificación que pueden oprimir los derechos fundamentales de las personas mediante la imposición de la voluntad del empresario a sus trabajadores, los procesos de contratación discriminadores, las políticas de “movilidad laboral”, etc. La pobre excusa de que tales situaciones suceden por el “libre acuerdo entre las partes” solo sirve para esconder, la mayoría de las veces, la profunda asimetría de ese supuesto acuerdo y para revelarnos el escaso concepto de libertad que los liberales clásicos postulan.

2) No es cierto que solamente la presencia del Estado puede atacar los derechos de las personas porque también su ausencia puede resultar injusta y opresiva. Los liberales clásicos se preocupan de los daños directos a sus derechos, en particular, de los patrimoniales (por ejemplo, el que una persona robe a otra o que el Estado la expropie sin justa causa) pero se despreocupan de la situación de desventaja social en la que se encuentran muchas personas de la sociedad (en sociedades latinoamericanas, la mayoría) que no tienen acceso a educación, salud, alimentación adecuada o vivienda digna. Desde finales del siglo XIX en que se origina el llamado Estado social de derecho (a despecho de los liberales clásicos y, en particular, exitoso en Europa occidental) se ha advertido que la ausencia del Estado es la que permite esas injusticias y se ha procurado su intervención para paliarlas.

3) No es cierto que la presencia del Estado siempre ataque los derechos de las personas; los propios liberales clásicos le reconocen al Estado un papel de garante y protector del derecho de propiedad, mediante un sistema penal y de policía funcional a ese propósito. En realidad, los liberales clásicos no rechazan la presencia de un Estado fuertemente activo per se, sino la presencia de un Estado fuertemente activo en el área económica, lo que equivale a sancionar como justa la distribución asociada al mercado (como crítica, v. el punto anterior).

Finalmente, para el ámbito específico de la discusión del proyecto de Ley de Comunicación, la idea de que solamente el Estado podría violar el derecho a la libertad de expresión no se sostiene (ni conceptualmente, como arriba referido) ni desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 13.3 establece que no se puede "restringir el derecho de expresión" mediante "el abuso de controles […] particulares", lo que implica, necesariamente y de acuerdo con ese instrumento internacional, la intervención estatal para impedir que ese abuso de los particulares suceda.

Sobre los partidos políticos

Hoy, diario Expreso publicó esta nota sobre los partidos políticos y su posible reposicionamiento en este 2010, en la que, en breve recuadro y en conjunto con Gaitán Villavicencio, opinamos al respecto. NB que PSP apela al cinismo y a la desmemoria ciudadana y que el PSC "cri cri / cri cri", ja.

Testamento 2009 del Alcalde Nebó

Como abrebocas, la amiga Carolina Viola sobre los llamados “informales”, acá. Como plato fuerte, el brother X. Andrade, con este texto alla testamento, buenérrimo:

“Cuando se divide a la población entre ciudadanos de primera y de segunda clase, se discrimina a los desprotegidos. Cuando se crean fronteras y se privatizan espacios que fueron públicos, se excluye a los diferentes. Cuando se le cede el control del espacio a fundaciones privadas, se neutralizan las formas de apropiación espontánea de las colectividades. Cuando los guardianes solamente advierten y castigan, se odia y cesa el diálogo con los habitantes. Cuando se trata a los vendedores informales como delincuentes, se penaliza el derecho al trabajo y se estigmatiza a millares de familias. Cuando se reprime salvajemente en lugar de reconocer a colectivos sociales, se tapa el sol con un dedo. Cuando se es más ciego que el que no quiere ver, se ignora, salvo a los aduladores. Cuando se dispone que las calles sean campos de batalla, se reprime a los indefensos. Cuando se cree que hay una sola forma de “guayaquileñidad”, se odia a quienes piensan diferente. Cuando se califica a los adversarios políticos de retardados, se anula el debate político. Cuando se condena a un amplio margen de la población a vivir en basurales, se margina a los más pobres. Cuando se hace de la pobreza un espectáculo mediático mediante teletones en lugar de construir una ciudad democrática, se lucra. Cuando se construye una ciudad de fronteras y ciudadelas amuralladas, se divide. Cuando se trata a la administración local como un negocio de grupos corporativos, se reparte. Cuando se contamina a la ciudad con un sistema de buses caducos, se detesta al peatón y a los usuarios. Cuando se gobierna la ciudad bajo la lógica del beneficio a corto plazo, se repudia a futuras generaciones. Cuando se siembran palmeras y se autoriza la construcción masiva de ciudadelas sin un solo árbol, se condena a la ecología. Cuando se manipula la historia y se la suplanta por panfletos y monumentos patricios, se rechaza el pensamiento y el derecho a la memoria. Cuando se mantienen bandas policiales disfrazadas de civiles pagadas con fondos públicos, se alimenta el terror. Cuando se maltrata a discapacitados y se los trata como delincuentes, se es cobarde. Cuando se restringen sustantivamente los derechos de las minorías sexuales, se discrimina. Cuando todo esto ocurre y, además, se tiene la noción de odio en la punta de la lengua, Alcalde, nos aproximamos al balance de su gestión durante este año”.

En la viñeta, El Roto (feliz individuo que desconoce la existencia del bigotón fenicio-franquista de estos pagos) ilustra los más caros deseos del Androide Nebó en relación con los que no se sientan a su mesa y tienen que padecer los rigores de su pretoriana.

Merry X-mas

La rola ganadora del X-mas number 1 campaign (on Fachobuc y la BBC, con apoyo de Pol Macca)

Maletín de sorpresas

De un tiempo a esta parte, leer a Emilio Palacio es apercibirse de la bajeza a la que puede conducir el amalgamar sílabas. Refutar el resultado de esa amalgama es inútil porque equivale a persuadir a un sujeto que está convencido que es Napoleón, que no es Napoleón: a personas de esta laya no se las refuta, se las ignora. Si publican (como es el caso) debe leérselos desde la compasión que provoca la comicidad involuntaria.

La única excepción para esta lectura es cuando el frenesí de su amalgama termina por demostrar lo contrario de lo que enuncia. Por ejemplo, en el artículo El maletín que publicó hoy, en el que narra la historia de dos vecinos (¡tiempo de parábolas, oh, hermanos!) sobre quienes concluye que el acuerdo de las bancadas legislativas sobre la ley de comunicación no les interesa “porque hay problemas muchísimo más importantes en los que deberían [los legisladores] estar ocupados” (todo esto acompañado de mucho blablá, ñam ñam, invenciones absurdas e ironía barata, of course) resulta muy curiosa semejante conclusión porque precisamente el proyecto de ley de comunicación ha sido el motivo de más grande preocupación para el diario en el que EP escribe, al punto de tener una sección especial de comedia llamada El Poder Ciudadano: con semejante conclusión EP nos demuestra, sin querer queriendo, que la auténtica razón por la cual el medio de comunicación privado para el que él escribe se preocupa tanto de criticar el proyecto de ley de comunicación no es porque esa crítica la haga en beneficio de los ciudadanos (porque a ellos les interesan otras cosas) sino que esa crítica la realiza en defensa de la continuidad de la venta de esa “‘mercancía’ cuya producción se vincula a la propiedad del medio de información y a las inserciones publicitarias”, con lo cual, como sostiene Ferrajoli, se trata de “bienes patrimoniales, en vez de derechos fundamentales”, o sea, en pocas palabras, esa crítica al proyecto de ley de comunicación se la realiza para defender su negocio, no para defender un principio, el de la libertad de expresión, cuyo contenido claramente desconocen (de ahí el tratamiento que le han dispensado). Que nos quieran vender su interés particular como interés colectivo no es sino una práctica falaz que, a estas alturas, no debería sorprendernos.

Por supuesto, no fue esto lo que quiso demostrar EP (lo que haya querido demostrar resulta irrelevante) pero es lo que, a su despecho, su biliosa redacción termina por demostrarnos.

Privados de derechos

El poder de los medios de comunicación privados (en adelante, MCP) merece regulación para evitar sus posibles abusos que violan nuestra libertad de expresión. Esta primera frase sostiene todo lo contrario de lo que, usualmente y de manera irresponsable, se sostiene en los MCP. Esos sostienen que la única entidad que puede violar el derecho a la libertad de expresión es el Estado, que la mejor regulación en esta materia es la que no existe y que la libertad de expresión se la protege cuando se protege su derecho (el de los MCP) de expresarse. Todo eso es falso.

Empecemos por definir la libertad de expresión. Para los MCP, la libertad de expresión se reduce a su derecho de expresar la información que consideren pertinente y su opinión. Este concepto de libertad de expresión es diminuto y sesgado. Para refutarlo, nadie mejor que esa entidad que los propios MCP invocan, a ratos, en su auxilio: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la misma Opinión Consultiva OC/5 tantas veces citada para criticar (con razón) la exigibilidad de título para ejercer el periodismo, la Corte estableció que la libertad de expresión tiene una dimensión social que implica “un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”. Este “derecho colectivo” no se satisface cuando solamente las leyes del mercado regulan la libertad de expresión porque, para decirlo con palabras de Luigi Ferrajoli, en esa circunstancia “el pensamiento, la opinión, la información, se convierten en ‘mercancías’ cuya producción se vincula a la propiedad del medio de información y a las inserciones publicitarias: por lo tanto son bienes patrimoniales, en vez de derechos fundamentales”. Ferrajoli denomina a este hecho, “la confusión conceptual entre libertad de información y propiedad privada de los medios de información”.

Esta “confusión conceptual” provoca distorsiones en la información que recibimos (distorsiones que padecemos a diario) y viola, en consecuencia, la dimensión social de nuestro derecho a la libertad de expresión. El remedio está, como dijera (paradójicamente) Luis A. de Bonald, “en las Leyes”, esto es, en la adecuada regulación legal: una regulación que proteja la dimensión social de la libertad de expresión. Las garantías que debe contener esta adecuada regulación incluye la prohibición de monopolios y oligopolios, la distribución equitativa del espacio radioeléctrico, la creación de medios públicos y comunitarios, la protección a la libertad y la independencia de los periodistas (reserva de fuente, cláusula de conciencia), la promoción de mecanismos de autorregulación, el establecimiento del defensor del público y de mecanismos de rectificación o respuesta. Que los MCP no discutan estos temas es consecuencia de su “confusión conceptual”, precisamente.

En consecuencia, los MCP suelen violar nuestra libertad de expresión y la regulación legal es necesaria para evitarlo y para proteger la dimensión social de nuestro derecho a la libertad de expresión: protección que, sobra decirlo, nos beneficia a todos y no solamente a unos cuantos que la distorsionan porque no la entienden.

Refutación de críticas

La Comisión de la Verdad, desde que se la propuso, ha recibido numerosas críticas. La primera de ellas la formuló el difunto Febres-Cordero, quien sostuvo que constituirla violaba la Constitución porque suponía un juzgamiento por un tribunal de excepción. Febres-Cordero se equivocaba, porque el propósito de una comisión de la verdad no es el ejercicio de funciones judiciales ni reemplazar a los tribunales porque, en palabras de Priscilla Hayner, el mandato de estas instituciones es distinto y más amplio, y consiste en analizar “un patrón de acontecimientos, incluidas las causas y consecuencias de la violencia política [lo que] les permite ir mucho más lejos en sus investigaciones y conclusiones de lo que generalmente es posible en cualquier juicio de perpetradores individuales”. Una segunda crítica ha sido la supuesta falta de imparcialidad de los miembros de la Comisión de la Verdad. En realidad, lo importante es que los integrantes de la Comisión de la Verdad sean personas de “reconocida competencia en el campo de los derechos humanos y de intachable condición moral” (así lo establece el artículo 7 del decreto ejecutivo que crea la Comisión de la Verdad) y ese es precisamente el caso de los cuatro miembros que la conforman (Julio César Trujillo, Alberto Luna Tobar, Elsie Monge y Pedro Restrepo). En adición, habría que señalar que la calificación de falta de imparcialidad de los miembros de la comisión ab initio es absurda porque esa calificación podría hacerse de manera fundamentada solamente en la medida en que su informe refleje, eventualmente, esa falta de imparcialidad y el informe no se lo conoce todavía. Una tercera crítica ha sido la justificación de los actos de terrorismo de Estado que presuntamente se cometieron en el período presidencial de Febres-Cordero porque si no habría sido por esos actos no se habría erradicado el terrorismo. Al respecto, conviene precisar que en un sistema democrático el acto legítimo de combatir al terrorismo debe hacérselo dentro del marco legal vigente porque como declaró con guasa George Bernard Shaw, “ciertamente no está bien que los caníbales se coman a los misioneros, pero sí que es mucho peor que los misioneros se coman a los caníbales”. Combatir el terrorismo mediante la violación sistemática de derechos humanos es reprochable y merece sanción.

Finalmente, en días recientes se ha presentado una última crítica referida solicitud de inmunidad de los miembros de la Comisión de la Verdad, la que supuestamente no procede. Habría que recordarles a quienes esto sostienen, que dicha solicitud de inmunidad se encuadra en los presupuestos que en el derecho internacional se han desarrollado para las comisiones de la verdad. En particular, el informe de Naciones Unidas “La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos” elaborado en 1996 por Louis Joinet establece que “los miembros de la Comisión deben estar investidos de inmunidad a efectos de no poder ser perseguidos por delitos de difamación”, lo que resulta, a su vez, consistente con la práctica de otras comisiones alrededor del mundo. Son, en total, cuatro críticas que no se sostienen.

Un aporte para escapar de la normalidad discursiva

Un aporte de El Telégrafo para pensar el proyecto de Ley de Comunicación, acá (v. Pág. 10-11), piola.

No podría decirse más claro...

… pero sí más alto, para tratar de que tanto zopenco que se cree estas gansadas espabile su seso. Lucrecia Maldonado, ayer en El Telégrafo, clarísima, léase con atención. Lucrecia Maldonado es mucho, mucho de ella, por acá.

Imagen: … o de la incontinencia verbal del Presidente, blablá, etc.

¿Nos representan?

Esa es la pregunta que se formula, afilado again, Héctor Chiriboga en su columna firma ancla de diario El Telégrafo. Y no, los medios de comunicación de la llamada prensa “libre e independiente” (¿será comicidad involuntaria o simple cinismo?) no nos representan (1). Uno podría discutir numerosos ejemplos de esa falta de representación (Héctor ensaya uno en su artículo) pero lo que me interesa, en esta entrada, es referirme a esa falta de representación de manera conceptual. El problema de representación de la llamada prensa “libre e independiente” se debe a que esa auto-denominación es excesiva (como si esos medios pudieran ser libres e independientes de las presiones comerciales y de los intereses –políticos y económicos- a los que la propia corporación mediática está vinculada –acá, un informe para volear sobre el tema) como excesivo resulta que esos medios sostengan que defienden la libertad de expresión de los ciudadanos. La razón para considerarlo excesivo es evidente: esos medios identifican su derecho a expresar su “representación de hechos, colectivos, individuos” (como lo afirma Héctor) como el derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos (el guatdefacómetro está alto). Si fueran honestos, esos medios dirían que defienden su libertad de prensa, en específico, su voluntad de crear una “representación de hechos, colectivos, individuos” funcional a la oposición que realizan al Gobierno de turno. Eso nada más. Pero esa honestidad es mucho pedirles (2): lo suyo es vendernos el discursito tramposo de la libertad de expresión (concepto que, claramente, no entienden).

P.S.- Gustavo Abad también escribe sobre el proyecto de ley de comunicación y lo hace bien, acá (mucho Gustavo Abad en su bitácora de Internet, por acá).

(1) Valga precisar que, por su propia naturaleza de rentabilidad económica, los medios de comunicación privados no tienen interés de representar los intereses de muchos colectivos o individuos de la sociedad y privilegian, en cambio, las voces de otros colectivos o individuos (con los que usualmente tienen vínculos económicos o políticos) en sus agendas informativas. Es obvio, además, que un escenario del 100% de representación de las voces de una sociedad en los medios de comunicación es imposible, lo que no impide pensar en diseños institucionales que se encaminen a satisfacer ese ideal de representación (ideal que no se agota en la representación, sino que supone, además, el debate público, robusto y crítico) para lo cual los medios de comunicación públicos y comunitarios son herramientas útiles.

(2) No hay nada que reprochar en que un medio de comunicación asuma una postura X: lo reprochable es que la pretenda vender como lo que no es, como en este caso.

Fybeca / Chiriboga

Diario El Universo, en su recién estrenada sección de comedia El Poder Ciudadano, se vanagloria de su tratamiento de la información en el caso Fybeca; Héctor Chiriboga, afiladito en su columna de hoy en diario El Telégrafo, les demuestra que su gloria es vana chapuza. Héctor la tiene clarísima y la emboca de volea: mucho Chiriboga, por acá.

Separación de poderes...

…o la implacable lógica del B/N, por Gabriela Calderón de Burgos. Es casi conmovedor el análisis que realiza GCdeB en este artículo sobre la situación política de Honduras. Para GCde B no tiene ninguna importancia que el golpe de Estado de Honduras haya provocado miles de detenciones arbitrarias, decenas de heridos, muerte de personas, cierre de medios de comunicación y agresiones a periodistas; no lo tiene tampoco el generalizado repudio internacional que el golpe de Estado ha provocado. Tampoco lo tiene el que esas desavenencias entre el Ejecutivo y el Legislativo podrían leerse como tensiones o rupturas entre los golpistas, ni el que la realidad hondureña haya contrariado de atroz manera su propia convicción (expresada en esta entrevista, min. 1:19 al 1:33 y 5:42 al 5:49) de que el estado de sitio en Honduras duraría solamente tres días y terminaría el sábado 4 de julio. GCdeB analiza la situación política de Honduras con conmovedora complacencia, con la mejor de todas las miradas posibles: “todavía hay independencia de poderes” nos dice, y es casi un guiño. La fe de GCdeB en el golpe de Estado hondureño es la expresión de fe del carbonero neoliberal.

Terminado el análisis sobre Honduras, continúa lo previsible: en comparación con ese “acto democrático” hondureño, el Gobierno ecuatoriano es blablablá. El procedimiento, entonces, es elemental: lo que allá es blanco, acá es negro, ausencia de matices, la chispa de la vida. GCdeB, Inc. J

Complemento imperfecto a "El complemento perfecto" (la seguimos...)

El amigo Juan Carlos Pérez García escribió un último comentario en una entrada de hace algunos días que se tituló El complemento perfecto y que se refería a una carta de Karina León que publicó el diario El Universo. En cinco puntos y en sintonía con lo dicho sobre liberalismo igualitario en la entrada inmediata anterior, replico lo dicho por el amigo JCPG en su comentario:

1) Lo primero que diría sobre el comentario de JCPG es que concuerdo en algunos puntos. Concuerdo, primero, en que el hombre es egoísta y busca su propio interés. Coincido en que ese egoísmo puede ser virtuoso, así como también en que ese egoísmo puede movilizar la economía. Asimismo, concuerdo en que a las empresas suelen interesarle sus clientes,empleados, acreedores y accionistas.

2) Sobre este último punto (sobre quiénes les interesan a las empresas), me permito introducir un matiz. Hay empresas a quienes sólo les interesan esas personas y hay empresas que asumen también su responsabilidad social. Porque es evidente que las empresas tienen responsabilidad social, aunque no quieran admitirla. La tienen en relación con los consumidores, con el ambiente, con la prohibición de monopolios y oligopolios, por ejemplo. O sea, las empresas no pueden engañar a los consumidores con falsa publicidad, ni pueden no hacerse responsables de las deficiencias de los productos que venden o de los servicios que prestan, ni pueden estos productos o servicios contaminar el ambiente ni tampoco pueden distorsionar el mercado en beneficio de unos pocos o de un solo (oligopolio o monopolio). Es que es evidente que si en una sociedad no existe ninguna regulación para el comportamiento de las empresas, a éstas lo más probable es que les importe un carajo engañar a los consumidores, responsabilizarse de los daños que ocasionan, contaminar el ambiente, o distorsionar el mercado para beneficiarse de una cancha marcada a su favor. Es, entonces, precisamente esta alta probabilidad (que se fundamenta en el egoísmo tan humano al que JCPG ha hecho referencia) y la necesidad de proteger el interés de todos los demás individuos de una sociedad a no ser engañados, a tener posibilidades de reclamos por daños sufridos, a no vivir en ambiente contaminado, a tener acceso a la más amplia y de mejor calidad gama de bienes y servicios que ofrezca el mercado, la que justifica (en principio) una serie de regulaciones al libre mercado.

3) Ahora, entrémosle al tema de las maquilas y vamos por partes. Primero, es erróneo mirar el asunto como una “relación contractual libre”. Ese es todo el núcleo de la crítica que formulé al artículo de Gabriela Calderón de varios meses atrás y que muy bien lo refleja El Roto en su viñeta de la entrada anterior (acá, algunas de El Roto). Es erróneo mirarlo así, por dos razones fundamentales. La primera de esas razones, por el concepto “libre” inserto en esa frase, porque ese concepto de libertad es miserable: o te sometes a estas reglas que yo impongo (que trabajen menores de edad, que trabajen por 12 ó más horas, que trabajen en condiciones laborales miserables, que trabajen por un sueldo de centavos de dólar la hora) o te mueres de hambre: no es difícil convenir que esa libertad se reduce a nada. Es evidente que solamente es libre de imponer las normas uno de los miembros de la “relación contractual libre”, que puede desechar al otro a placer, mientras que a la otra parte sólo le resta someterse a esas normas. Llamar a eso libertad es decir que un tipo encadenado a un poste que puede mover los deditos se mantiene libre, es reducir la libertad a un concepto vacío de contenido. Ahora, la segunda y más importante razón: si se plantea esta “relación contractual libre” en términos de acción racional, es evidente que la mayoría de las personas escogerían el contrato que lo somete a esas condiciones atroces a no tener ningún trabajo: es la diferencia que existe entre ganar una miseria y no ganar nada. Pero lo que yo sostengo no es analizar la relación contractual en sí misma, sino el concepto de sociedad que valida ese tipo de “relaciones contractuales libres”. Porque la relación contractual entre A (empleador) y B (empleado) no sucede en el vacío, ni está impedida de cualquier análisis que desde afuera puede hacerse de la misma. En ese sentido, yo opongo al concepto de Estado liberal de derecho (que es el que valida una “relación contractual libre” en el sentido que antes apuntado) un concepto de Estado social de derecho, que garantice ciertos mínimos a todos sus habitantes, precisamente para que esas “relaciones contractuales libres” de evidente explotación (porque ganar una miseria o morirse de hambre es una condición de atroz explotación, y no es la única opción posible si salimos del dogma libertario –el que, curiosa paradoja, de tanto defender la libertad a ultranza termina por vaciarla de contenido) no puedan tener cabida, ni permitan la “buena conciencia” de repartir migajas.

4) Estoy en profundo desacuerdo con el mecanismo que JCPG sugiere para medir el desarrollo de un país. El crecimiento económico es una variable importante, pero no es ni la única, ni la más importante. Las cifras macroeconómicas maquillan desigualdades, injusticias, distorsiones. De hecho, la medición del desarrollo de los países se la hace con relación al índice de desarrollo humano, que abarca parámetros de vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. Una medición que (no cabe duda) es mucho más adecuada que las solas cifras macroeconómicas.

5) Finalmente, rechazo todos esos “sustitutos del cuco” tan caros a la derecha biempensante (esto es, la que nunca piensa en nada y hace permanentes loops de lugares comunes como sustituto penoso del pensamiento). Que el Estado planificador fracasa (se tiene el caso del MITI –hoy METI- en Japón, para empezar a volear), que la redistribución de la riqueza no funciona (se tiene el caso de las socialdemocracias europeas). Se puede replicar que eso es en otro contexto cultural, que no se puede comparar, etc. A lo que puede contrarreplicarse, a su vez, que el contexto cultural es diferente porque en esos países la captura del Estado por grupos de poder es mucho menor o nula, porque existe una cultura de transparencia en las acciones, porque existe un reconocimiento del otro como parte de una idea común de país o nación. El contexto cultural es diferente pero no es insalvable: nada impide el desarrollo en las sociedades de América latina y en la ecuatoriana en particular eliminar, poco a poco, esos grupos de poder que se aprovechan del Estado en su beneficio (grupos de poder, precisamente, tan vinculados a esos empresarios egoístas a los que JCPG ha hecho referencia); nada impide desarrollar, con mecanismos institucionales e incentivos adecuados, una cultura de transparencia y de responsabilidad; nada impide, que sobre la base de una mayor participación de los ciudadanos y de una idea común de sociedad surja un concepto de país que supere esa fractura social que heredamos de tiempos coloniales y que nos impide reconocernos como iguales en cosas tan sencillas como en el trato social (donde la discriminación al diferente, sea cholo, negro, mujer, homosexual, etc. es común y afloran los complejos chupamedias e idiotas hacia personas que ostentan riqueza o aspecto extranjero –esto es una vergüenza, pero es muy real y hay un cerro de idiotas que se comportan de esta manera). No es sencillo superar esas taras, ya lo creo que no es nada sencillo. Pero me parece muy evidente que es mucho mejor intentar superarlas que perpetuarlas con la explotación laboral que tira migajas y que ampara esa discriminación, de lo que, precisamente, la carta de Karina León que motivó la entrada anterior es un ejemplo ideal. Un ejemplo ideal de lo que no debería existir en una sociedad y de lo que toda persona que se tome en serio los reclamos de un mínimo de democracia (el respeto a la libertad –pero de verdad, no de esa libertad de morondanga entre elegir ser miserable o cadáver - y de un mínimo de igualdad real) debería estar a la contra y desde su modesta trinchera, contribuir a superarlo (si es que se considera mínimamente demócrata).

P.S.: Una última cosa, que se me olvidaba en relación con esos sustitutos del cuco de cierta derecha, en el que figura de manera señera el citar a la Unión Soviética o a Cuba para criticar a los proyectos socialdemócratas (que podríamos llamar también de liberalismo igualitario). Sobra decir que esos países no son ejemplos del modelo que propone la socialdemocracia y someterlo a comparación solamente revela ignorancia o mala fe, simplemente quedarse en los márgenes haciendo el tonto sin ponerse a pensar los matices y complejidades que el pensamiento político supone.

P.S. (2).- Para pensar esos matices y complejidades en relación con el liberalismo igualitario el amigo Gustavo ofrece un artículo de Pettit (Republican Political Theory, acá) y mucho Philip Pettit, acá. (¡Gracias Gustavo!) Salud y República.

Dos sobre el poder y la libertad de expresión (+ El roto)

Hay quienes piensan y sobrevuelan rasante la estupidez (en ocasiones, cuando se ponen muy pendejos, se introducen de lleno en ella) que la independencia de los medios es sólo con relación al poder del Gobierno. Como vacuna ante esa estupidez, Lizardo Herrera en El Telégrafo del domingo y Xavier Zavala Egas (mi tocayo es lo más) en el Expreso del día de hoy. Salúuuuu.

El complemento perfecto

La postura liberal que le critiqué a Gabriela Calderón en esta antigua entrada encontró su complemento perfecto en esta carta que remitió Karina León a diario El Universo y que este medio de comunicación publicó ayer viernes.

A juzgar por el contenido de su carta, no sólo que la situación de precariedad de su empleada (el ganar menos del mínimo vital) no le provoca ningún remordimiento a K. sino que esta señora espera que su empleada le agradezca por permitirle alimentarse dos veces al día, observar TV y escuchar radio (¡pero qué generosa, K.! (1) Por cierto que a K. le parece mala cosa que si despide a su empleada ésta podría denunciarla -¿qué se habrá creído esta muchachita insolente?, pensara K., al amparo de su alma caritativa y su colosal desprendimiento). Lo dicho: el complemento perfecto para el cinismo y el desprecio por los otros que promueve el liberalismo alla Calderón es la “buena conciencia” de quienes lo practican, esa servil sonrisa de agradecimiento que esperan de todos quienes reciben su paga, cualquiera que ésta sea y que para mayor inri suele ser, del pastel, sus migajas.

(1) Por cierto que la empleada de K. la pasa mucho mejor (diríase, la pasa “bomba”) en comparación con los trabajadores de las maquilas que en el mundo existen. Pero es que K. no es una corporación transnacional, porque si lo fuera…

A los payasitos locales

Para aminorar el mal sabor del artículo de EAG (v. entrada anterior) les cuelgo este artículo de opinión del amigo Xavier Zavala Egas (acá) dedicado, de mi parte, a los payasitos locales. ¡Ah, y una viñeta de El Roto, salud y república!

Honduras

La seguridad del capital, valga precisarlo.