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Caso Suárez Rosero vs. Ecuador

23 de diciembre de 2022

            Publicado el 23 de diciembre de 2022 en diario Expreso.

Fue en los agrestes años noventa cuando empezó el largo historial de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado del Ecuador por violaciones a los derechos humanos. El Estado recibió su primera condena en el caso Suárez Rosero, un proceso totalmente noventero: los hechos (la detención arbitraria de Suárez Rosero y el inicio de un proceso penal abusivo por encubrimiento de tráfico de drogas) ocurrieron en 1992, la denuncia de estos hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue en 1994, la elevación del caso por la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana en 1995 y la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana en 1997. 

La temática del caso Suárez Rosero es también muy noventera. Los noventas fueron la peor época (la más tosca en los conceptos, la más grosera en los procedimientos) de la represión estatal auspiciada por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas  aprobada en septiembre de 1990. 

El caso Suárez Rosero resulta ilustrativo de la época. Por una denuncia anónima sobre una supuesta quema de droga en Zámbiza (Quito) hecha por personas que habían llegado en un vehículo “Trooper”, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Rafael Iván Suárez Rosero la madrugada del 23 de junio de 1992 mientras conducía un vehículo “Trooper” por las calles de Quito. Podría tratarse de una confusión, pero Suárez Rosero ya estaba jodido.

A Suárez Rosero lo apresaron sin una orden de detención en su contra y sin que exista delito flagrante. Lo condujeron a una celda en un cuartel de policía, de cinco por tres metros, compartida con otros dieciséis presos, húmeda y poco ventilada, asquerosa. Suárez Rosero no pudo comunicarse ni con sus familiares ni con sus abogados, pues desde el día de su detención hasta el 28 de julio de 1992 se lo mantuvo incomunicado. Durante los días que estuvo incomunicado, según su testimonio en la audiencia ante la Corte Interamericana, fue torturado. Nunca se supo el nombre del denunciante “anónimo” que lo condujo a este infierno.

Por su incomunicación, Suárez Rosero fue desprovisto de las garantías judiciales básicas. Por tratarse de un caso de narcotráfico, los recursos judiciales que intentó no fueron efectivos, e invariablemente fueron lentos. El recurso de hábeas corpus demoró 14 meses (cuando la legislación hablaba de horas) hasta su denegación. El proceso penal demoró más de cuatro años (tres años, ocho meses y seis días permaneció Suárez Rosero en prisión) para desembocar en una sentencia de condena a dos años de prisión. 

El caso Suárez Rosero ilustra a un Estado kafkiano y marcó el inicio del largo historial de condenas contra el Estado del Ecuador por violaciones a los derechos humanos. En Suárez Rosero la Corte lo condenó por violar los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. 

Como violador serial de derechos humanos, el Estado tiene un récord lamentable: desde Suárez Rosero en noviembre de 1997 hasta este final del 2022 (25 años y contando, un cuarto de siglo), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha absuelto al Estado del Ecuador en un chulla caso y lo ha condenado en treinta y tres.

Geografía e institucionalidad

24 de junio de 2022

 

Publicado el 24 de junio de 2022 en diario Expreso.

 

En el siglo XVI la Corona de Castilla especializó sus dominios americanos en actividades productivas, según las posibilidades de su geografía. En América del Sur, por ejemplo, mientras que en los territorios de los actuales Perú y Bolivia se desarrollaron numerosos enclaves mineros, el territorio que ahora es el Ecuador se especializó en la producción agraria para el consumo interno y en la producción de tejidos para el mercado andino. La economía minera requirió mantener la producción de la hoja de coca para sus explotados indígenas, mientras que la economía agraria y obrajera no. Por esta diferencia, Perú y Bolivia (en conjunto con Colombia) han sido los mayores productores de cocaína del mundo, mientras que el pequeño Ecuador era un actor marginal del negocio del narcotráfico.

 

Hasta que lo metieron al baile, en los años noventa. Aquí entra en juego la institucionalidad del Estado. Y también el rol de los Estados Unidos de América, a cuyas instancias el Ecuador en septiembre de 1990, durante el gobierno del Presidente Rodrigo Borja, adoptó una ley de drogas (la Ley 108). El resultado de la aplicación de esta ley violatoria de las garantías judiciales fue el hacinamiento en las cárceles y la creación de un sistema corrupto, pues como lo explicó la experta Sandra Edwards, para obtener los fondos que el gobierno de los Estados Unidos asignaba al Ecuador por combatir el narcotráfico, ‘Ecuador debía comprometerse con el juego de los números: más personas en la cárcel y más acusados por delitos relacionados con drogas. […] A cambio de continuar recibiendo la asistencia económica, su trabajo consistiría en detener a tantas personas como fuera posible bajo la Ley 108’. Así, la institucionalidad se pervirtió: casos como Tibi, Chaparro Álvarez y otro y Herrera Espinoza y otros, resueltos por la Corte Interamericana en contra del Ecuador, son un testimonio de ello.

 

La institucionalidad del Ecuador siempre ha sido débil y su población usualmente ha desconfiado de ella (no es culpable, el Estado siempre decepciona). Pero en estos últimos cinco años ha ocurrido, so pretexto de una vendetta política, el persistente debilitamiento de la institucionalidad por la eliminación de instituciones, el despido de empleados y la disminución de presupuestos. Y, concomitante a este debilitamiento de la institucionalidad (que quiere decir: de la capacidad de control del Estado), el golpe brutal, asesino, de otro agente externo: los cárteles de México. Y de grupos criminales de Colombia, Albania, Italia, Brasil, etc., al punto que según la publicación Insight Crime, al Ecuador se lo conoce como las ‘Naciones Unidas’ del crimen organizado. Así, de casi no pintar nada a ser un hub internacional: en treinta y pocos años, descendimos a los infiernos.

 

A día de hoy, el Ecuador tiene una geografía favorable al negocio del narcotráfico: una enorme línea costera, muchos puertos. Y tiene una economía dolarizada, una prohibición de extraditar y una institucionalidad muy permeable a los incentivos del crimen organizado, además de una Fuerza Pública que no está en capacidad de resistir el embate de los cárteles. Es un país en caída libre.

 

Los tiempos cambiaron, desde los años noventa. Y no cambiaron para bien.

Las 23 condenas de la Corte IDH al Estado ecuatoriano

21 de septiembre de 2020

 

[continúa…]

 

El récord del Estado del Ecuador es que en 23 años, que se cumplirán este noviembre de 2020, el Ecuador ha recibido 23 sentencias condenatorias desde su primera, en el ya lejano caso Suárez Rosero. Su escalofriante récord es a razón de una sentencia por año.

 

A efectos de la presentación de este récord nefasto, a las 23 sentencias en contra del Estado del Ecuador las divido en dos grupos: el que involucra a la Fuerza Pública como el principal agente de las violaciones cometidas y el que no. Por ‘Fuerza Pública’, se entiende a la Policía y las Fuerzas Armadas.

 

En el primer grupo hay 14 casos. Seis de ellos están referidos a las violaciones de derechos derivadas de las detenciones hechas por la Policía, durante los años noventa, para procesos penales por narcotráfico: Suárez Rosero (1997), Tibi (2004), Acosta Calderón (2005), Chaparro Álvarez y otro (2007), Herrera Espinoza y otro (2016) y Montesinos Mejía (2020). La explicación de este fenómeno está en la adopción el año 1991 de una nueva ley sobre drogas (la ‘Ley 108’), derivada ‘de los dictados de los tratados internacionales sobre control de drogas y de los nuevos flujos de fondos ofrecidos por el Gobierno estadounidense para programas de control de drogas’. Esto, porque para recibir estos fondos,

 

‘Ecuador debía comprometerse con el juego de los números: más personas en la cárcel y más acusados por delitos relacionados con drogas. La policía ecuatoriana asumió el acuerdo como una misión encomendada. A cambio de continuar recibiendo la asistencia económica, su trabajo consistiría en detener a tantas personas como fuera posible bajo la Ley 108’ (Edwards, Sandra G., ‘La legislación de drogas de Ecuador y su impacto sobre la población penal en el país’, p. 52).

 

Los seis casos ante la Corte IDH son consecuencia de esta política perversa. A esto se sumaba un sistema de justicia, en el que ‘quienes son acusados por delitos de drogas son culpables incluso antes de que se lleven a cabo las audiencias (en contraste con personas acusadas por otros delitos de reclusión como el asesinato)’, y en estas acusaciones, ‘la prisión preventiva se aplicaba casi automáticamente y el acusado podía estar detenido indefinidamente’ (Edwards, Sandra G., ‘La legislación…’, pp. 54-55). Tales eran las exigencias de la perversión del sistema y su denominador común fueron las violaciones a la libertad personal (Art. 7 CADH) y a las garantías judiciales (Art. 8 CADH), principalmente, en perjuicio de extranjeros*.

 

En este grupo que involucra a la Fuerza Pública como el principal agente de la violación de derechos, otros seis casos se refieren a la privación del derecho a la vida de las víctimas: la ejecución extrajudicial por miembros de la Infantería de Marina de una activista por los derechos humanos (Benavides Cevallos, 1998), la ejecución extrajudicial por efectivos del Ejército de tres civiles en el marco de un estado de excepción (Zambrano Vélez y otros, 2007), la muerte en custodia policial del sospechoso de un asalto (Vera Vera y otra, 2011), el homicidio de un adolescente en situación de calle por un policía (García Ibarra y otros, 2015), la muerte de un policía en una riña con otros policías, todos ebrios, en un destacamento policial (Valencia Hinojosa y otra, 2016) y la desaparición forzada de un civil peruano durante el conflicto armado con el Perú (Vásquez Durand y otros, 2017)**.

 

Para llegar a los catorce casos que componen este grupo, se suman otros que involucran a la Fuerza Pública, pero en sus desvaríos procesales. Un caso es sobre el desacato de un órgano militar al cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que ordenaba que se lo reintegre a un coronel a las Fuerzas Armadas (Mejía Idrovo, 2011) y el otro es sobre la separación de un teniente, tras un proceso disciplinario interno, por la supuesta comisión de actos sexuales homosexuales dentro de las instalaciones militares (Flor Freire, 2016).

 

Así, en este breve repaso, el récord de nuestra Fuerza Pública en las sentencias de la Corte IDH lo tiene todo: desde un sistema de corrupción institucionalizada que abusa de personas vulnerables a una ‘justicia’ militar discriminatoria, pasando por casos de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales a ‘subversivos’ y pobres, entre muchas otras brutalidades. Así, nuestra Fuerza Pública lo tiene todo… pero todo mal.

 

Ahora, en el grupo de los casos que no involucran a la Fuerza Pública tenemos a los restantes nueve, que muestran el amplio espectro de la malicia y la deficiencia estatales. Dentro de estos, dos casos tienen como temática principal la vulneración del derecho a la propiedad (Art. 21 CADH), pero son muy distintos entre sí. Uno, es el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayakyu (2012), que trata sobre la vulneración de la dimensión colectiva de dicho derecho debido a la autorización del Estado del Ecuador a una empresa petrolera privada para que explote un territorio perteneciente a un pueblo indígena de la Amazonía ecuatoriana (en este caso, también participó nuestra Fuerza Pública, pero en el rol secundario y ruin de guarura de la empresa privada).

 

El otro es el caso Salvador Chiriboga que trata, por contraste con Sarayaku, sobre la vulneración de la dimensión individual del derecho a la propiedad. Este caso es acerca de un proceso de expropiación iniciado por el Municipio de Quito para apropiarse del predio que se convertiría en el Parque Metropolitano de la ciudad (Salvador Chiriboga, 2008). Este es, por cierto, el caso cuya condena ha demandado la más alta erogación económica del Estado ecuatoriano a unas víctimas: en la sentencia sobre reparaciones, la Corte IDH determinó un pago total de 28’140.757,80 dólares por concepto de justa indemnización e intereses.

 

Otros dos casos se refieren a los abusos cometidos por un órgano político a la independencia judicial. Ambos casos tratan de la actuación del Congreso Nacional durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando a fines del año 2004 dicho órgano destituyó a ocho jueces del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros, 2013) y a 27 jueces de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros, 2013). Estos casos comparten unas mismas violaciones: a las garantías judiciales (Art. 8 CADH), a la protección judicial (Art. 25 CADH) y a los derechos políticos (Art. 23 CADH), y resultan, también, muy actuales, puesto que la actuación del dictatorial Consejo Transitorio del demencial doctor J. C. Trujillo en la destitución de la Corte Constitucional es una clara violación de estos mismos derechos (sobre la vida loca del doctor Trujillo y sus boys, v. ‘Nuestra ‘Corte Canguro’’ y ‘El Estado borracho (o contra la estupidización)’).

 

Otro caso, sentenciado este año, se refiere a un inveterado vicio de nuestro sistema penal, cual es el uso abusivo de la prisión preventiva (Carranza Alarcón, 2020). Otros tres casos, por su parte, se refieren a temas de salud. Dos son casos de mala práctica médica (Albán Cornejo y otros, 2007, y Suárez Peralta, 2013) y otro es relativo a un contagio de VIH ocurrido en un banco de sangre de la Cruz Roja (González Lluy y otros, 2015).

 

El último de estos nueve casos es la más reciente condena que la Corte Interamericana ha dictado en contra del Estado ecuatoriano y que es un caso pionero en la jurisprudencia de la Corte IDH, porque ‘es el primero que trata la Corte sobre violencia sexual contra una niña específicamente en el ámbito educativo’ (Guzmán Albarracín y otras, 2020, Párr. 106)

 

Sobre este caso Guzmán Albarracín y otras se hablará en detalle en una siguiente entrada.

 

* Los casos Suárez Rosero y Montesinos Mejía no involucran a extranjeros. Los otros casos involucran a un francés (Tibi), a un colombiano (Acosta Calderón), a un chileno (Chaparro Álvarez) y a colombianos (Herrera Espinoza y Luis Alfonso Jaramillo) y españoles (Eusebio Revelles y Emmanuel Cano), estos cuatro últimos en el caso Herrera Espinoza y otros (aunque de la víctima Cano, no se sabe a ciencia cierta si era español o francés, v. ‘La odisea de Revelles’). Esta preferencia está dada por el carácter más vulnerable de un extranjero: cosas de un sistema perverso.

** No son, por supuesto, estos seis casos los únicos en los que la Corte IDH ha considerado que el Estado del Ecuador ha violado el derecho a la vida de las víctimas. Esta consideración también la ha hecho en otros cuatro casos: en uno por mala práctica médica (Albán Cornejo y otros), en otro por unos explosivos diseminados en el territorio de un pueblo indígena (Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku), en otro por el contagio del VIH a una niña de tres años sucedida en un banco de sangre de la Cruz Roja (González Lluy y otros) y en otro más por la violencia sexual ocurrida en una institución educativa estatal que condujo al suicidio de una adolescente (Guzmán Albarracín y otras). 

 

[continuará…]

El diario Extra contra la legalización de las drogas

9 de diciembre de 2019


El año 1996 en el Ecuador se organizó el festival ‘Todas las voces, todas’, en el que participó el rosarino Rodolfo ‘Fito’ Páez, quien por esos días defendió (de puro sentido común) la legalización de las drogas: “Sí, yo creo que hay que legalizarla (droga) definitivamente. No hay dudas al respecto. Cuando se abre el juego ya no estás deseando algo porque no está prohibido”. Y enseguida añadió, muy sesentaiochista él: “prohibido prohibir”.

Diario Extra, Junio 13 de 1996. Amo que toda esta discusión sobre legalizar las drogas se haga sobre el pelo de Piero... porque Piero es droga. Y la 'tropifarra' (v. parte superior derecha) también.

Lo asombroso en esta nota de 1996 sobre esta muestra de sentido común del rosarino Páez es el comentario que se mandó el redactor del diario Extra en la nota, hecho con un moralismo conmovedoramente imbécil: “Sin embargo, nos pareció disparatada, absurda y desatinada su declaración de que la droga debería ser legalizada.” (¡?)

En este tema de legalizar las drogas, seguimos comportándonos como idiotas, pero es que antes lo éramos todavía más.

Guayaquil y las drogas

21 de agosto de 2018


El diario El Universo informó ayer sobre el combate del Municipio al consumo de drogas en Guayaquil. La primera noticia es sobre la legislación que el Municipio ha adoptado para su combate: una ordenanza del 2 de mayo del 2017 por la que dispuso la prohibición del consumo “de sustancias estupefacientes y sicotrópicas en lugares y eventos públicos, tales como parques, centros comerciales, edificios públicos, salas de cine, salas de teatro, eventos deportivos”. El título de la noticia es ya decidor: “Ordenanza contra drogas, una ‘mera declaración’ en Guayaquil”, e incluye unas declaraciones graciosísimas del alcalde Nebot: según dice él, esta ordenanza contribuye “a la condena de quien consume drogas en sectores públicos” pero que la sanción le corresponde al gobierno. Y que si no llega la tal sanción, “nos vamos a quedar en la mera declaración” (?). Es decir, la medida que ha adoptado el Municipio es ineficaz, meramente declarativa, pero la culpa siempre será de otro. Un capítulo más en ese abultado libro “¿Cómo vender humo?”, de autoría de Jaime Nebot.

La segunda noticia es sobre las políticas públicas que el Municipio ha adoptado para combatir las drogas. En el 2017, sus gastos se descomponen así: USD 58.790 para un contratista llamado Diego Pazmiño, USD 8.499 para la Fundación Acción en Desarrollo Social “para charlas a padres y docentes” y USD 40.000 para una contratista llamada Cinthia García, “delegada de la Universidad de Guayaquil (2017), para shows y charlas preventivas, como el que se realizó el mes pasado en la ciudadela FAE y que contó con la presencia de la candidata a la Alcaldía, Cynthia Viteri”.

El de Diego Pazmiño es el caso más grave (además del monto más abultado). Pazmiño tiene dos problemas: 1) Ser el hermano “de un empleado de Comunicación del Municipio de Guayaquil”; 2) Hacer una campaña que se llama “Drogas, ¿por qué no?”, que suena más a incentivo para consumirlas. (Pero el primero es el realmente grave.)

Y en general, ¿qué tan efectivas han resultado estas medidas para el combate a las drogas en Guayaquil? A juzgar por las noticias de todos los días, su efecto ha sido nulo. En realidad, las medidas parecen resultar mucho más útiles como plataforma política para la candidata Viteri y, dato no menor, como mecanismo para repartir el billete a los que están en el ajo.

Por legislación y por políticas públicas, el combate del Municipio al consumo las drogas es ineficaz, una total farsa: debes estar muy drogado para creértelo.

Diálogo cannábico entre Mahuad y Hurtado

9 de junio de 2018


I. Seguridad

- “Mind if I do a J?”

La pregunta de Jamil era retórica. Nadie le discute su capacidad para armar los porros: es la tecnología alemana hecha manualidades. “Mi lado Witt”, decía a veces, “a J is for Jamil”, decía en otras. Esta vez usó un blunt sabor babana split y extra-large, el muy goloso. Además, era retórica porque Hurtado no entiende inglés.

- “Si tu habilidad para introducir la marihuana en un receptáculo para su consumo hubiera sido equivalente a tu capacidad para gobernar el país”, apuntó un Osvaldo Hurtado a quien le estaba empezando a patear un happy brownie que se había comido de postre al almuerzo, “este país sería distinto”.
- “Pero si yo habría salvado al país, no hubiera podido ser nunca de la DP, pues Osvaldito. Una cosa es incompatible con la otra. Simplemente no fuimos ese partido.”
- “¿Qué dices, ve?”
- “Te digo que una tarde de lluvia en Harvard, ni me preguntes cómo, terminé viendo The Big Lebowski. Y no sé cómo explicarlo, pero simplemente la película caló en mí a un punto que… it really tied the room together, ¿cachas? A partir de entonces, veo mi paso por la DP de una manera distinta, no como datos, justificaciones o argumentos, pero como una cuestión de sensibilidades. Es decir, siento (acentuó esta palabra) que si prometimos gobernar a favor de la gente, le fallamos de manera horrible.”*
- … [Osvaldo estaba en un unicornio. Brownie kicked in]
- “¡Osvaldo!”
- “¿Ah?” [Osvaldo se descolgó gentilmente de su unicornio]
- “¿Cómo llegaste a la marihuana?”
- “Una vez, por error, me comí un happy brownie en una primera comunión y dije: ‘se me quitó lo idiota, ¿qué pasó?’. Ahí supe: ‘Estuviste drogado’, me dijeron, ‘y muy feliz’. Desde entonces tengo afición por los happy brownies. Porque, bueno, cumplen lo que prometen. Dicen happy y te ponen happy.”
- “Entonces nosotros como partido fuimos menos que un happy brownie.”
- “Objetivamente hablando, si la DP fue una droga, fuimos un Valium.”

Hurtado esperó haber sido gracioso. Pero ni drogado le pasó.

- “En materia de drogas, Osvaldito”, lo reconvino Mahuad, “más que un Valium, fuimos activos represores. Durante mi gobierno estaba en vigor la represiva Ley 108, que metió a decenas de miles de personas a la cárcel con graves violaciones a su derecho al debido proceso y un abuso sistemático de la prisión preventiva.”
- “Lo recuerdo. Esa ley fue adoptada durante el gobierno de Borja, en 1990. Desde ahí se dispararon todos los abusos, judiciales y policiales.”
- “El problema real eran los incentivos para cometer esos abusos. Con el paso del tiempo, se convirtió en beneficioso para los cuerpos de seguridad y de justicia la captura de un mayor número de personas por temas de drogas. El Estado llegó incluso a firmar un convenio con los Estados Unidos para financiar a la Policía Nacional, a condición de que se incremente el número de personas detenidas y la cantidad de droga incautada. Así, el incentivo ya no era hacer justicia, era sumar presos. Esto, lógicamente, terminó por provocar la perversión del sistema y el hacinamiento en las cárceles, pero ninguna solución real, porque los que ganaron, ganan y siempre ganarán en estos sistemas represivos son los que comercian las drogas en el mercado negro, pues la prohibición eleva de una manera artificial los precios. Este sistema termina por perjudicar a los débiles que no pueden enfrentar este sistema represivo y por beneficiar a los poderosos en las sombras, que pueden corromper el sistema a su favor. Todo este desastre, lleno de violencia y de corrupción, auspiciado a nombre de la seguridad.”
- “Y esos abusos en nombre de la seguridad hoy le cuestan al Estado millones de dólares en sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”.
- “A mí, Osvaldo, realmente me produce más angustia la situación de los presos. Es escalofriante la cantidad de gente que durante tu gobierno y el mío estuvieron en la cárcel por años, por tener en sus manos menos de la mitad de la marihuana que yo me he fumado esta tarde escuchando el Mediterráneo de Serrat.”
- “Chucha. Piensa, Jamil: ¿Cómo una estrategia de comunicación puede cambiar las ideas de una sociedad sobre la marihuana?”
- “¿Te lo digo en una palabra?”
- “Dale.”
- “Pérate…”

Mahuad se aplicó unos segundos a concluir el porro y hacerle unos retoques. El resultado, magnífico, calificaba para artesanía cannábica.

- “Ahora sí”, dijo Mahuad, sosteniendo el magnífico porro entre los dedos de su mano derecha. “Esa palabra es: Seguridad.”
- “Pero si en nombre de…”
- “Por seguridad”, interrumpió Mahuad a Hurtado, “se debe debatir un marco legal que favorezca un negocio, en vez de estigmatizar a sus clientes, a partir de hacer notar que este negocio es lucrativo, que aquí hay billete en serio. Esto no es ciencia ficción, Osvaldito, hay modelos exitosos. En Colorado, el primer estado de los Estados Unidos en legalizar el consumo recreativo de la marihuana, es decir, en darle seguridad jurídica a su tráfico y a su consumo, la medida ha sido exitosa en términos económicos y sociales. El resultado en cuatro años de experiencia de legalizar la marihuana en Colorado es un mercado de 4.5 mil millones de dólares que genera más de 200 millones anuales en impuestos y la creación de miles de nuevos empleos. Además, en Colorado, el consumo de marihuana ha disminuido en los adolescentes.”
- “Asombroso.”
- “Más asombroso aún: ¿Sabes cuál fue la clave de la campaña para llegar a legalizar la marihuana en Colorado, Oswaldo? Por increíble que te parezca, promocionar que la marihuana es una sustancia más segura que el alcohol. Marijuana is safer. ¿Puedes creerlo? Ganaron apelando a la seguridad. No apelaron a la libertad de drogarse, apelaron a la seguridad. Y tenían razón, porque la marihuana es mucho más segura: está demostrado que la marihuana es 114 veces menos peligrosa que el alcohol. Ahora tú y yo sabemos eso por experiencia, que lo peor que nos puede pasar es una siesta demasiado larga. Pero el alcohol sí que te pone muy bruto. ¿Te acuerdas de esa vez que tomamos 101 botellas de Zhumir en una Convención de la DP en Pimampiro?”
- “Lo recuerdo. Se rompieron como cuatro vajillas, hubo veintidós contusos y siete carros estrellados contra el portal, incluido un Trooper que luego terminó en la piscina. El pelado Rivera vomitó en cuatro maceteros y un mesero. La delegación de Cotopaxi usó de orinal a un representante de El Oro. La cosa se descontroló.”
- “Fue un desastre. Realmente el consumo de alcohol sí es un problema social y de salud en todas partes, no se diga en este país. Pero por otra parte, la legalización de la marihuana en Colorado, ahora en California, que por sí misma es una economía más grande que todo el Reino Unido, en nuestro sudamericano Uruguay, es evidencia de que esto es una tendencia que crece y que es irreversible. Lo que se necesita es que cambiemos de chip mental, con información y debate, para entender que la prohibición de la marihuana es un costo muy alto a pagar por no obtener nada a cambio, como no sea violencia, miedo e inseguridad, así como para entender que su legalización es una gran oportunidad para construir una sociedad más segura y más productiva, menos prejuiciada y más creativa. Y es la propia sociedad, los que defendemos el libre mercado y los emprendedores, los que debemos exigir este cambio en el enfoque de la seguridad y pasar de una seguridad represiva e ineficaz, a una seguridad jurídica para el emprendimiento y el consumo, e incluso a una mayor seguridad asociada al menor consumo de alcohol reemplazado por otra sustancia recreativa, menos dañina. Mucho menos dañina.”
- “Puta, brillante.”
- “People forget the brain is the biggest erogenous zone.”
- “¿Qué?”
- “Jackie Treehorn.”
- “¡Ah!”

Obviamente, Hurtado no tenía idea de quién era Jackie Treehorn.

- “¿Qué piensas, Osvaldito? ¿Crees que una estrategia así funcionaría?”.
- “Creo que apunta a un objetivo idóneo para abrir una conversación en una sociedad conservadora como la nuestra: la seguridad. Es en nombre de la seguridad que cometimos tantos errores en el pasado, es por la seguridad por la que debemos enmendar las políticas sobre la marihuana de cara al futuro. Por la seguridad de emprender, de cuidar de uno, de consumir en libertad. Porque si seguimos insistiendo en políticas represivas, costosas e inútiles, que únicamente han fracasado, ¿qué chucha, somos masoquistas? Es un buen momento para pensar por fuera de la caja… creo que tus argumentos me hubieran persuadido aunque yo no hubiera consumido jamás marihuana. Porque… es de puro sentido común, ¿no? Pero claro, eso es fácil decirlo ahora que estoy drogado… ¿Y?”

Este último “¿Y?” incluía un gesto con la jeta que aludía a la pieza de artesanía cannábica que Mahuad ostentaba en su mano derecha.

- “Es de banana split”, dijo orgulloso.
- “Solo una caladita, que más temprano me comí un brownie.”

Osvaldo Hurtado aspiró como si de menospreciar a Correa se tratara, y casi se rompe los pulmones.

- “Solo una caladita, qué hijopu…”, y se desató un torrente de risas entre ambos. Mahuad había fumado la tarde escuchando a Serrat y a Hurtado le pegó ahora sí el brownie como un zurdazo de Jimmy Izquierdo. Cualquiera que haya estado en circunstancias como esas (a mí me pasó una vez en el Bolocentro), sabe que uno simplemente no para de reírse hasta el dolor de panza, y que sigue.

Y así estaban, agarrándose las barrigas, partidos de la risa, los dos presidentes que la DP le dio al Ecuador.

*

P.S.- Esta versión alternativa de la DP drogada me gusta 795.684 veces más que su versión original. Que es, tristemente, la verdadera.

* Sobre The Big Lebowski y el sentido zen de la vida, v. ‘The Dude and the Zen Master’. Los enlaces asociados a las palabras del expresidente Mahuad constantes en este escrito conducen a elementos para sostener (a efectos de que este sea informado y razonable) un debate acerca de la legalización del uso recreativo de una… planta.