Catorce días de furia

            Publicado en diario Expreso el viernes 07 de julio de 2023.

Fueron catorce días de furia, entre el 25 de noviembre y el 8 de diciembre del 2004. Catorce días que costaron 13.021.144,90 millones de dólares, pagados a un total de treinta y seis autoridades destituidas en aquellos días de harta demencia estatal.

Quien ordenó el pago fue un órgano del derecho internacional porque a la harta demencia del Estado le da por pensar que las estupideces, absurdos y abusos que comete son jugadas magistrales que exige el momento. Este órgano (la Corte Interamericana de Derechos Humanos) es uno que el Estado del Ecuador le ha reconocido (en un rapto de lucidez y de autoflagelación) la competencia para conocer las violaciones a los derechos humanos que se cometan en su territorio. Y allí entran estos catorce días de furia, vía tres casos resueltos por la Corte Interamericana.  

El primero de ellos (Quintana Coello y otros) fue resuelto el 23 de agosto de 2013 y trató sobre la destitución de veintisiete jueces de la Corte Suprema de Justicia; el segundo (Camba Campos y otros) fue resuelto el 28 de agosto de 2013 y trató sobre la destitución de ocho vocales del Tribunal Constitucional; el tercer caso (Aguinaga Aillón) fue resuelto el 30 de enero de 2023 y trató sobre la destitución de un juez del Tribunal Supremo Electoral. En todos ellos, el denominador común fue la violación de los derechos al debido proceso y a la protección judicial.

Ocurrió que esos días finales del 2004 el Congreso Nacional (así se llamaba entonces la hoy Asamblea Nacional) tenía un gran plan político y no iba a permitir que nadie le impida su concreción. El gobierno de la época, presidido por Lucio Gutiérrez, para salvarse de un inminente juicio político pactó con el PRE, cuyo líder máximo (el exPresidente Abdalá Bucaram) se encontraba exiliado en Panamá. El gran plan político era el retorno de Bucaram, que ocurrió el 2 de abril de 2005. Unos días después, los militares le retiraron su apoyo al Presidente Gutiérrez. Cayó el 20 de abril. El gran plan le explotó en la cara. 

La parte de que nadie le iba a impedir al Congreso Nacional la concreción de su gran plan es la que lo convirtió a este órgano del Estado en el furioso agente de las violaciones a los derechos humanos de las treinta y seis autoridades que destituyó. El 25 de noviembre de 2004, el Congreso destituyó en una sola resolución (No. R-25-160) a los vocales del Tribunal Constitucional y a los jueces del Tribunal Supremo Electoral. Acto seguido, nombró a sus reemplazos. El nuevo Tribunal Constitucional dictó una resolución por la cual impidió que se presenten recursos contra la Resolución No. R-25-160, blindando así lo actuado por el Congreso Nacional. 

Unos días después, el 8 de diciembre de 2004, el Congreso destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombró a sus reemplazos (la recordada “Pichicorte”), que iban a allanar el camino judicial (vía anulación de juicios) para el retorno de Bucaram. 

Parecía una jugada magistral y resultó una furiosa estupidez. En el foro internacional, el Estado del Ecuador es un hazmerreír.  

La harta demencia del Estado cuesta millones. Y vuelve cada cierto tiempo (es recurrente) para tropezar con esta misma piedra de los abusos sin cuento.