Discusión de fondo

Dos observaciones sobre la disputa entre trabajadores informales y Municipio local:

1) La afirmación de las autoridades del Municipio local de que son ellos la única institución que otorga permisos para marchar es mentirosa. El Reglamento Orgánico Funcional del Régimen Seccional Dependiente del Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades establece en su artículo 11, numeral 12, la atribución del Intendente General de Policía para “autorizar y controlar las marchas y movilizaciones gremiales, religiosas y culturales”. El Municipio local también puede otorgar permisos: los artículos 105 y 107 de la Ordenanza de Uso del Espacio y Vía Pública le conceden amplísima discrecionalidad para hacerlo; dicha discrecionalidad, por cierto, conoce de arbitrariedades y discriminación (véase mi columna, “El derecho de reunión”, del 18 de agosto de 2007).

2) La criminalización que las autoridades del Municipio local hacen de la postura de los vendedores informales (acusarlos de “vándalos” que “insultan y pretenden tomarse las calles”, de “politiqueros” y de traer “de vuelta el caos”) es útil para justificar que el Alcalde Nebot sostenga este patético concepto de diálogo de “yo digo y si quieren, ustedes escuchan” y para que subalternos del Municipio reciban la propuesta de los trabajadores informales solo para que Nebot, en esa vena autoritaria que parece nunca abandonarlo, declare que “todo lo que venga de ellos va al archivo”. (Esta criminalización no es rara como respuesta a críticas y protestas, recuérdese el caso de quienes protestaron contra la Metrovía; véase, entre otras, mi columna “El derecho a la protesta”, del 19 de agosto del 2006). Pero para quienes se resistan a participar de los prejuicios sobre los trabajadores informales les transcribo su propuesta, tal como la consignó La Calle de Guayaquil (uno de esos diarios de notoria impronta pro-Municipal que se obtienen gratis en la Metrovía): “que se cree una comisión de evaluación y diseño de nuevas ordenanzas que estaría conformada por un delegado del Municipio, un delegado del Gobernador, un delegado de los mercados, un delegado de los comerciantes ambulantes y un delegado de los comercios tradicionales, así como definir las zonas de trabajo, los productos que se puedan vender, otorgar permisos de funcionamiento para los vendedores, la entrega de un carné de funcionamiento y creación de un programa de capacitación con temas como atención al cliente, manejo de negocios y tributación”. Una propuesta razonable, ¿o no? En efecto, nada en esta propuesta merece que no sea escuchada o su directa remisión al archivo y el olvido. En consecuencia, la actitud del Municipio local no merece aplauso sino reproche, porque nos evidencia su pueril autoritarismo.

Ni yo, ni nadie sensato, puede discutirle al Alcalde Nebot el que tanto él, como Febres-Cordero, han superado las miserias de la administración roldosista y han construido una importante obra pública. Pero esos méritos no pueden obnubilar un merecido juicio crítico sobre el modelo de administración de la ciudad, un modelo que desconoce derechos individuales y que no fomenta ni permite el autogobierno colectivo (¿a quiénes de los ciudadanos escucha, a quiénes consulta?), que se niega a dialogar con aquellos a quienes excluye, que pretende la imposición de modelos de ciudadanía a toletazos o silbatazos (¿hay alguien tan torpe que pueda pensar que la ciudadanía puede crearse mediante la represión?), que criminaliza los discursos disidentes, que se resiste a cualquier posibilidad de autocrítica de sus rasgos autoritarios, que desconoce la sensata práctica del diálogo plural y la inclusión social que todo sociedad democrática merece. No permanezcamos en los márgenes y, con un mínimo de esfuerzo y buena voluntad, hagamos una discusión de fondo sobre la ciudad, como corresponde en una sociedad civilizada y democrática.