A Guayaquil, en el bicentenario de su independencia
“Guayaquil, una ciudad de 100.000 personas
y un millón y medio de extras”
1. La ciudad distinta
En el desarrollo urbano del
Ecuador, Guayaquil ha sido la ciudad distinta. Desde un lejano 1992 ha sido
administrada por la misma organización política, el Partido Social Cristiano
(PSC), con un dominio férreo de su territorio sin paralelo en otra ciudad grande
del país. Este largo dominio de casi 30 años, en la ciudad más poblada del
Ecuador, también tiene la particularidad de que las autoridades del PSC han postulado
su crecimiento urbano como un modelo “exitoso” de desarrollo. Y en el Ecuador, mucha
gente se ha comido el cuento del “éxito” de Guayaquil.
Pero Guayaquil tiene un
asentamiento humano llamado Monte Sinaí y por su existencia se desbarata el supuesto
“éxito” que el PSC ha querido vincular al desarrollo urbano que ha impuesto en la
ciudad. Monte Sinaí es uno de los tantos sectores paupérrimos y olvidados que
están ubicados en la periferia de Guayaquil (sus “cinturones de miseria” o “suburbios”,
en la jerga local), sobre los que un alcalde del PSC declaró en una sesión del
Concejo Cantonal en Octubre del 2010, lo siguiente:
“Yo he tomado la decisión de que aquí no
vamos a legalizar un terreno ni vamos a poner una volqueta de cascajo ni un
metro cuadrado de asfalto ni un metro de tubería de alcantarillado de agua
potable más allá de lo que he expresado en el límite oeste, el límite de Flor
de Bastión y el límite de la Sergio Toral”.
Más allá de estos límites están
Monte Sinaí y muchas otras poblaciones, todas carenciadas, que suman alrededor
de 200.000 habitantes. Los límites marcados por la Alcaldía son Flor de Bastión
y Sergio Toral porque son “los últimos
asentamientos consolidados”, según dijo el Alcalde. Su modelo de “éxito” no
incluye a los sectores “no consolidados” de Guayaquil.
La razón de su exclusión es
económica y la explicó el Alcalde del PSC: “no
cabe que la ciudad, es decir los ciudadanos, tengan que seguir extendiendo la
obra pública a un costo extremadamente caro, no solamente porque las obras
cuestan sino porque no se recuperan”. Y entonces, precisó:
“… si la densidad debe ser de cien para
optimizar el costo de la obra, si ahí hay una densidad de 33%, de 20%, de 25%
de la real, entonces la obra por beneficiar a menos gente acaba costando tres
veces, cuatro veces, cinco veces más de lo que tiene que costar para que se
beneficien 4 ó 5 sinvergüenzas que trafican con la gente pobre…”
Así, en la visión de
“éxito” de la Alcaldía de Guayaquil, como estos sectores periféricos son fruto
de una ocupación ilegal del territorio (“invasiones”, en la jerga local) y
tienen una baja densidad poblacional, ellos no merecen la provisión de los servicios
básicos que la Alcaldía otorga al resto de la ciudad (a sus “ciudadanos”). Todos
estos pobres del oeste (que suman alrededor del 10% de la población de Guayaquil)
son primero estafados por los traficantes de tierra (“porque les cobran y caro por pedazos de tierra”, según dijo el
Alcalde), para luego ser abandonados a su triste suerte por la administración
de su ciudad. En Monte Sinaí y otras zonas pobres y periféricas de Guayaquil, es
tras cuernos, palos.
La alternativa para estos pobres
del oeste a quienes se excluyó de la provisión de servicios básicos era, según dijo
el Alcalde, que el pobre “vaya compre una
vivienda, vaya compre un terreno urbanizado del Gobierno, vaya compre un
terreno en un lote o en una casa urbanizada por el Municipio”. Así, si un pobre
de Monte Sinaí no podía comprar en el mercado formal de vivienda, si no podía
librarse de la maldición de los traficantes de tierra, estaba atrapado y era
por su culpa. Culpable por ser pobre.
En el modelo del PSC, el
“éxito” de su Alcaldía ha consistido en desentenderse de la pobreza de los
habitantes de la ciudad que administra. Su actuación es una clara omisión,
declarada con énfasis por el Alcalde: la negación de los servicios básicos.
En rigor, el desarrollo
urbano experimentado en Guayaquil no es muy diferente al ocurrido en otras
ciudades de América latina. Lo que la distingue a Guayaquil del resto de
ciudades latinoamericanas es que su administración desde los años noventa ha
logrado, de cara al resto del Ecuador, que su muy excluyente modelo de desarrollo
urbano sea visto como una referencia y sea considerado un “éxito”.
2. Una ciudad igual a otras
Ese mismo 2010 de las
declaraciones del Alcalde del PSC recogidas en acta, el Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) publicó el informe
‘Estado de las ciudades de América latina
y el Caribe’, uno de cuyos capítulos se tituló ‘Desarrollo social. La pobreza urbana y las condiciones de vivienda’.
Informe ‘Estado de las ciudades de América latina y el Caribe’, v. pp.
115-138
En dicho capítulo, al
inicio se lee lo siguiente: “En América
latina el acceso a la vivienda de calidad, concebida según los atributos de la
vivienda adecuada, está restringido para una proporción importante de la
población, la cual se encuentra marginada del mercado habitacional comercial
debido principalmente a las limitaciones de la demanda”, es decir, por su
pobreza.
Frente a esta situación de
pobreza el Estado debería jugar un rol compensatorio, pero el informe de ONU-Habitat
es elocuente en señalar las deficiencias del Estado en la región: “la función compensatoria del Estado vía el
efecto redistributivo del gasto social en vivienda, en la forma de subsidios
directos e indirectos a la demanda, históricamente ha adolecido de limitaciones
de suficiencia de recursos y problemas en la focalización”. En el caso de Guayaquil,
como se ha visto, para su Alcaldía existe el “vaya compre” que le indica el Alcalde a sus pobres. En el acta de
Octubre de 2010 que se citó, constan los claros límites de su función: “voy a hacer una campaña de comunicación para
decirle al hombre pobre, vaya compre una vivienda…”.
Por supuesto, una campaña
de comunicación para los pobres (si la hizo) no resolvió nada. En su informe
del 2010, ONU-Hábitat recomendó la adopción de unas políticas integrales: “viabilizar el acceso de los hogares a
viviendas adecuadas, mediante la integración de programas de mercado para los
grupos sociales con capacidad de pago autónoma, y programas institucionales de
vivienda dirigidos hacia la población con ingresos insuficientes, con
aplicación de subsidios que complementen su capacidad económica”. ONU-Hábitat
sugirió lo contrario de lo hecho en Guayaquil, que fue abandonar a los pobres a
su suerte. Pero como evidencia su informe, esto que ocurre en Guayaquil es
parte de un patrón de conducta en las ciudades latinoamericanas, salvo escasas excepciones.
El informe de ONU-Habitat explica
que la no existencia “de un programa
habitacional institucional público dirigido hacia la población que no cuenta
con la capacidad económica suficiente para participar en el mercado de vivienda”,
es decir, uno dirigido a esos pobres a quienes la Alcaldía de Guayaquil ninguneó,
“constituye una ruptura definitiva con la
posibilidad de atender las necesidades habitacionales de los hogares de bajos
ingresos”. Esta “ruptura” somete a la política de vivienda a la pura lógica
del mercado y produce el total abandono de una política apoyada en una
concepción de derechos.
Esto, a pesar de que en
varios países de la región, el acceso a la vivienda es considerado un derecho
(en el Ecuador, el artículo 30 de su Constitución declara que toda persona tiene derecho a “una vivienda adecuada y digna, con
independencia de su situación social y económica”). Pero este es un derecho,
como tantos en el Ecuador y en otros muchos países de la región, que rara vez
se cumple para sus ciudadanos pobres.
En Guayaquil, la realidad
contradice a la Constitución del Ecuador porque la provisión de vivienda está
atada a la situación económica de las personas y no resulta, de ninguna manera,
independiente de ella, como se lo fabula en el discurso del derecho. El mercado
requiere de unos consumidores con capacidad de pago y los que no pueden pagar
lo que el mercado pide, quedan por fuera de él.
Como la Alcaldía de
Guayaquil también abandona a los que no pueden pagar (únicamente les ofrece una
“campaña de información” y parece una broma cruel), en la ciudad ocurre lo que
el informe de ONU-Hábitat considera “condiciones
que contribuyen a la creación de la pobreza y a su realimentación, algunas de
las cuales hacen parte del concepto que las define como trampas de pobreza”.
Estas “trampas de pobreza”
en Guayaquil son una consecuencia de su crecimiento urbano, porque el interés
de su Alcaldía, desde los años noventa, ha estado en procurar un modelo de
desarrollo que favorece los intereses ($$$) del sector de la construcción, no en
satisfacer las “necesidades habitacionales” de su población pobre, esos cientos
de miles de personas que viven en los suburbios “no consolidados” de la ciudad.
Sus “invasores”.
Ellos son los extras de su
desarrollo.
3. La ciudad “exitosa”
En Guayaquil, los extras
de su desarrollo urbano reciben un trato diferente al que recibe el resto de los
habitantes de la misma ciudad. Está visto, dado que su principal atributo es la
pobreza, que a ellos se les niega hasta los servicios básicos mientras habiten en
“sectores no consolidados”, como Monte Sinaí y sus sectores aledaños más allá
de Flor de Bastión y Sergio Toral, límites que indicó el Alcalde en la sesión
del Concejo Cantonal el 2010.
Este trato diferente se
evidencia en un informe acerca de las inundaciones en Guayaquil, solicitado por
la Alcaldía y elaborado el 2013 por unos expertos internacionales de la
Corporación Andina de Fomento (CAF). En dicho documento se identificaron los
dos tipos de desarrollo que ocurren en Guayaquil: un “crecimiento ordenado”
para sus sectores consolidados, pero también…
“… un fuerte proceso de ocupación irregular en áreas de
expansión donde no necesariamente se siguen las normas de ocupación del suelo
establecidas en ordenanzas municipales. Paradójicamente, como en otras ciudades
de la región, la expansión de la ciudad irregular ocurre en forma cuasi
organizada, generalmente por emprendedores que invaden propiedades privadas
—con o sin acuerdo del propietario de la tierra— y con ello activan un mercado
sumergido de la tierra urbana que se inicia con la ocupación ilegal de lotes
sin servicios básicos de aguas, alcantarillado y drenaje”.
Informe ‘La inundación de Guayaquil en Marzo 2013’, v. pp. 12-13 (‘Desarrollo urbano’), pp. 24-25 (‘Desarrollo urbano y su
impacto en el drenaje’) y p. 31 (‘Recomendaciones para mejorar la gestión de
las inundaciones en Guayaquil’)
De esta carencia de servicios básicos, conforme pasan los años y los
asentamientos humanos se van consolidando, la Alcaldía va proveyéndolos de servicios
básicos, aunque siempre de manera escalonada, demorada y costosa: “Se observa que el abastecimiento de agua es
el primer servicio que se atiende, seguido de alcantarillado sanitario y,
finalmente, siguiendo un enfoque tradicional ligado a la instalación
exclusivamente de obras de conducción, se atiende el drenaje pluvial”.
Este informe de la CAF advirtió que la ocupación urbana de Guayaquil “ha privilegiado la densidad en términos de
áreas impermeables, con lotes pequeños para las viviendas, aceras y accesos
estrechos, limitadas áreas verdes, y en general un clara tendencia hacia la
impermeabilización del suelo urbano”. Una de las consecuencias de este tipo
de ocupación es “aumenta[r] notablemente
la temperatura en la ciudad” y ello explica el calor insoportable que se
vive en Guayaquil. Otra consecuencia, es que esta impermeabilización del suelo
resulta muy costosa, frente a una estrategia de “áreas verdes, pavimentos permeables, reservorios y otras medidas que
ayudan a integrar la gestión del drenaje pluvial, el alcantarillado sanitario y
la recolección y disposición de residuos sólidos”. Una estrategia para la que
se resalta que “Guayaquil ofrece
condiciones inmejorables”, por lo que ella podría “convertirse en un líder regional que promueve los principios que
califican a una ciudad verde, además de inclusiva y sustentable”.
Según el informe de los expertos de la CAF, la estrategia de impermeabilización
del suelo que ha escogido la Alcaldía “puede
llegar a aumentar en seis (6) veces los costos” y sus efectos “no son sustentables” en el largo plazo.
Guayaquil tiene unas “condiciones inmejorables” para ser una ciudad mejor y a
un menor costo, pero decidió crecer con limitadas áreas verdes, de forma
excluyente y con un desarrollo no sustentable, además de exageradamente
costoso.
Este crecimiento urbano decidido por la Alcaldía se comprende por su
sumisión a las fuerzas del mercado. Los dos tipos de crecimiento urbano (uno
para “ciudadanos”, otro para “invasores”) y su estrategia de impermeabilización
y los altos costos a ella asociados, cobran sentido cuando se entiende la
oportunidad de negocio en que las administraciones del PSC convirtieron a la
obra pública de la ciudad, desde los años noventa, para favorecer a las
empresas vinculadas al sector de la construcción. Guayaquil podría ser una
ciudad muy diferente, pero para las autoridades del PSC y para cierto sector
económico asociado a ese partido, nunca fue conveniente que lo sea. Mejor era
hacer una mancha gris.
Con un crecimiento urbano
así, ganan algunos cercanos al poder, pero perdemos la gran mayoría de los
guayaquileños. Una ciudad más calurosa, mucho más traficada por ser una
alargada mancha gris. Una ciudad en la que unos sectores son tratados mejor que
otros, en función de su situación económica. Una ciudad así hecha, tan
desigual, cuando la golpeó la pandemia del COVID-19 en marzo y abril de este
2020 aciago, quedó expuesta a muertos en las calles, a cadáveres que se
perdieron en los hospitales, a una podrida corrupción para buscarlos y nunca
hallarlos. Por días, la pandemia hizo y deshizo en Guayaquil, se ensañó con
ella. Su actual Alcaldesa, Cynthia Viteri, utilizó una metáfora bélica para
explicar lo ocurrido “Este
pueblo pacífico recibió una bomba desde el aire, como Hiroshima”.
La metáfora es equivocada,
porque la caída de una bomba sugiere un episodio singular y lo ocurrido en
Guayaquil se explica por el modelo impuesto por el PSC durante casi 30 años
(más sobre esto en “Guayaquil
y el modelo que tocó fin”). Pero también porque en Guayaquil la pandemia afectó
a unos mucho más que a otros. Si se vive hacinado y con necesidades básicas insatisfechas,
como le ocurre a cientos de miles de personas que viven en los sectores no
consolidados de Guayaquil (a sus extras), la pandemia golpea con mucha más
fuerza. Así, es lógico y también cruel, que en una ciudad que fue devastada por
la pandemia, Monte Sinaí haya sido “la zona
con más contagios de COVID-19 en Guayaquil”.
Tomando en cuenta el
desarrollo urbano de Guayaquil y los años de negación de los servicios básicos
a los que se ha condenado a la población de Monte Sinaí, se comprende que a la
parte más golpeada de una ciudad devastada se la haya atendido durante la
crisis, con la provisión gratuita de agua por tanqueros y con la promesa de
construir… un
cementerio.
Pero, bien pensado, un
cementerio es el lógico corolario del modelo de desarrollo impuesto por el PSC
para los habitantes de Monte Sinaí, porque para su administración la vida de
los extras del desarrollo urbano de Guayaquil jamás les ha importado demasiado.
Siempre les importó otra cosa, el favorecer a unos pocos, con la ciudad como
oportunidad de negocio. Y el maquillaje de este hecho es lo que se conoce como su
“éxito”, y es lo que muchas otras ciudades del Ecuador le envidian.
Pero este supuesto “éxito” de Guayaquil no existe,
y es Monte Sinaí un símbolo diáfano de que realmente jamás existió.
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