Rodrigo Duterte: El socialcristiano que pudo ser

El socialcristianismo es una enfermedad social (1). Quien la padece no razona ni legislación ni políticas públicas: las acepta si son favorables al socialcristianismo, las rechaza si se oponen al socialcristianismo. Tiene temas preferidos, eso sí. El de la seguridad, el primero, invariablemente dentro de la lógica de la “mano dura” (2). La “mano dura” socialcristiana trasciende el período socialcristiano en la Alcaldía (established 1992) y se afinca en el período de gobierno de León Febres-Cordero, por ejemplo, con la implementación de los escuadrones volantes (3).

En Filipinas, Rodrigo Duterte es un político “conocido por sus frecuentes declaraciones de carácter violento y machistas”. Rodrigo Duterte es el socialcristianismo en sí mismo: él ha sido el alcalde de la misma ciudad (Davao, millón y medio de habitantes) por más de 22 años y logró pasarla “de ser de las más peligrosas del mundo a una de las más seguras”. Un informe de Human Rights Watch denunció a los 'escuadrones de la muerte' que han matado a 1.000 supuestos criminales desde 1990”. En las propias palabras de Duterte: "Somos la novena ciudad más segura del mundo. ¿Cómo creéis que lo he hecho? (…) Les maté a todos (los criminales)" (4).

Rodrigo Duterte es uno de los candidatos con mayores posibilidades de acceder a la Presidencia de Filipinas, un país en el que este 9 de mayo están habilitados para votar más de 54 millones de personas. Al candidato Duterte le granjea simpatías en el electorado su opinión de que “matando a cinco criminales por semana” se acabarían los problemas de seguridad de Filipinas (5).

El socialcristianismo vive por ti, Filipinas.

(1) ‘El socialcristianismo, enfermedad social (test para su detección)’, Xavier Flores Aguirre, 22 de agosto de 2011.

(2) In good old times, desde la trinchera socialcristiana se exigía la pena de muerte. Después bajaron su demanda a la exigencia de la cadena perpetua, que fue uno de sus puntales en la campaña a la Asamblea Constituyente (saldo: 5 asambleístas de 130). El candidato perdedor Juan Fabara fue quien personificó esta demanda por una mayor seguridad, v. ‘Misioneros y caníbales’, Xavier Flores Aguirre, 15 de septiembre de 2007.

(3) Informe de la Comisión de la Verdad, Resumen Ejecutivo (2010), pp. 229-230.  

(4) ‘Un candidato a la Presidencia de Filipinas sobre la violación de una misionera: “Era tan guapa… El alcalde debió haber sido el primero’, Diario ABC, 18 de abril de 2016.

(5) ‘Comienza en Filipinas la campaña electoral para los comicios presidenciales’, Agencia EFE, 9 de febrero de 2016.

Refutación de críticas

La Comisión de la Verdad, desde que se la propuso, ha recibido numerosas críticas. La primera de ellas la formuló el difunto Febres-Cordero, quien sostuvo que constituirla violaba la Constitución porque suponía un juzgamiento por un tribunal de excepción. Febres-Cordero se equivocaba, porque el propósito de una comisión de la verdad no es el ejercicio de funciones judiciales ni reemplazar a los tribunales porque, en palabras de Priscilla Hayner, el mandato de estas instituciones es distinto y más amplio, y consiste en analizar “un patrón de acontecimientos, incluidas las causas y consecuencias de la violencia política [lo que] les permite ir mucho más lejos en sus investigaciones y conclusiones de lo que generalmente es posible en cualquier juicio de perpetradores individuales”. Una segunda crítica ha sido la supuesta falta de imparcialidad de los miembros de la Comisión de la Verdad. En realidad, lo importante es que los integrantes de la Comisión de la Verdad sean personas de “reconocida competencia en el campo de los derechos humanos y de intachable condición moral” (así lo establece el artículo 7 del decreto ejecutivo que crea la Comisión de la Verdad) y ese es precisamente el caso de los cuatro miembros que la conforman (Julio César Trujillo, Alberto Luna Tobar, Elsie Monge y Pedro Restrepo). En adición, habría que señalar que la calificación de falta de imparcialidad de los miembros de la comisión ab initio es absurda porque esa calificación podría hacerse de manera fundamentada solamente en la medida en que su informe refleje, eventualmente, esa falta de imparcialidad y el informe no se lo conoce todavía. Una tercera crítica ha sido la justificación de los actos de terrorismo de Estado que presuntamente se cometieron en el período presidencial de Febres-Cordero porque si no habría sido por esos actos no se habría erradicado el terrorismo. Al respecto, conviene precisar que en un sistema democrático el acto legítimo de combatir al terrorismo debe hacérselo dentro del marco legal vigente porque como declaró con guasa George Bernard Shaw, “ciertamente no está bien que los caníbales se coman a los misioneros, pero sí que es mucho peor que los misioneros se coman a los caníbales”. Combatir el terrorismo mediante la violación sistemática de derechos humanos es reprochable y merece sanción.

Finalmente, en días recientes se ha presentado una última crítica referida solicitud de inmunidad de los miembros de la Comisión de la Verdad, la que supuestamente no procede. Habría que recordarles a quienes esto sostienen, que dicha solicitud de inmunidad se encuadra en los presupuestos que en el derecho internacional se han desarrollado para las comisiones de la verdad. En particular, el informe de Naciones Unidas “La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos” elaborado en 1996 por Louis Joinet establece que “los miembros de la Comisión deben estar investidos de inmunidad a efectos de no poder ser perseguidos por delitos de difamación”, lo que resulta, a su vez, consistente con la práctica de otras comisiones alrededor del mundo. Son, en total, cuatro críticas que no se sostienen.

Ladridos a la sombra de un león

Que yo, nocturno de trabajos, lecturas o bares, me despierte antes de las nueve de la mañana es muy improbable. Sé que este detalle de mi biografía me obliga a perdérmelo a Carlos Vera, que es como perderse el mero epicentro de los terremotos políticos de este país o las lecciones de la madre abnegada que les prepara las loncheras a los niños de la política local. Pero lo siento, no puedo evitarlo: casi nunca duermo antes de las 02:00 AM, sea que esté frente a un monitor con un alegato o un informe, en mi hamaca o en mi cama con un libro por trabajo o por placer, o en ronda de bares.

Pero el jueves fue un día especial para mis horarios matutinos: me desperté antes de las 07h00 AM porque empecé a dictar clases de “Justicia Social” en la Universidad Católica y el horario es de 08h00 a 10h00. En pie circa 07h00, duchazo y pedaleo desde mi casa hasta la UCSG. Pero antes de pedalear entré a despedirme de mi abuela, que sí mira el programa de Vera. De repente, escuché esa ruidosa ruindad vocinglera: Carlos Vera entrevistaba al conocido ex presentador de noticias deportivas Alfonso Pocho Harb, quien ensayaba una defensa de las acusaciones que la Comisión de la Verdad le imputa a León Febres-Cordero. Me retrasó un tanto escucharle sus sandeces, pero no pude evitarlo.

León Febres-Cordero es un sujeto que sugiere muchos predicados pero ninguno podrá desconocerle su inteligencia para leer los acontecimientos políticos. Lo prueba, entre otras cosas, el que haya sabido retirarse a tiempo al ostracismo y el que hoy, que la Comisión de la Verdad lo pone en la picota porque investiga los actos de terrorismo de Estado que se cometieron en su período de Gobierno, él mismo no se defienda de esas acusaciones, si no que mande (permítaseme la metáfora animal) este león a sus perros para que ladren en su defensa. Pocho Harb es uno de sus perros más conspicuos y escandalosos. Ese jueves que entré al cuarto de mi abuela Harb ladraba con particular fiereza y estulticia.

Pero abandonemos un rato la metáfora animal e intentemos pensar en Pocho como una persona que emite criterios. Yo criticaré los que pretendió emitir ese mañana de jueves. Al efecto, conseguí la grabación de su entrevista, transcribo la mayor parte de sus 5:10 minutos e intercalo mis comentarios.

Harb: “Mire, yo lo que le digo a esa Comisión de la Verdad, más allá de John Maldonado, ¿por qué no se investigan cosas que pasaron también y que fueron absolutamente graves y que por supuesto no levantan los brazos? Por ejemplo, en el tema de Taura […]

Comentario: 
Ummm, ¿“Pasaron también”? Pocho no empieza con pie derecho su entrevista. No sólo comete el revelador gazapo de decir “también” sino que equivoca el argumento porque referir que la Comisión de la Verdad debe investigar los hechos de Taura nada predica en relación con todos los otros casos (un total de 427) que investiga la Comisión de la Verdad.

Vera: [Interrumpe] “Dos errores no hacen un acierto, eso no borra el hecho de que hubo tortura y torturadores en el Gobierno de León Febres-Cordero”.
Harb: “¿quién ha acusado a alguien de haber ordenado la tortura? No se atrevieron a decirlo porque saben que al momento que lo hagan y que no lo puedan probar, porque no lo van a poder probar”
Vera: [Interrumpe y cita las acusaciones de Acosta y de Juan Cuvi, quien inculpó a Jaime Nebot en estos hechos]
Harb: “Todos ellos fueron guerrilleros y todos ellos originaron el mal en el pasado. Y la prueba de la conexión política que hay entre esta Comisión de la Verdad y el Gobierno del Presidente Correa es que ni bien terminó de abrir la boca la señora Monge, y salió el Ministro de Defensa a decir hemos vivido momentos desgarradores en el pasado identificados con el Gobierno socialcristiano […] Sí señor Ponce vivimos momentos desgarradores en el pasado […] Aquí está la lista de todos los asaltos a los bancos, a los cuarteles militares, a las personas, secuestros y muertes”.
Vera: [Interrumpe] “¿Y qué, los guerrilleros por ser guerrilleros no tienen derechos humanos?”.  
Harb: “Claro que tienen derechos humanos”.

Comentario: 
No me extenderé, en este momento, en argumentar el por qué la sociedad civil de este país no reclamó (como sí se hizo en otras países de la región, en particular en Chile y Argentina) por estas violaciones a los derechos humanos originadas en actos de terrorismo de Estado. En todo caso, esa inercia no sucedió porque esos hechos no podrían probarse, como señala Harb. Destacaré un par de razones no menores de esa inercia: la desconfianza en un sistema judicial politizado que serví, en particular, a los intereses del partido político de León Febres-Cordero y el temor a las represalias que podría producirles a los demandantes el inicio de esas causas. Precisamente la existencia de un Informe de la Comisión de la Verdad tiene el propósito de servir como un fundamento sólido para eludir esos obstáculos e iniciar las acciones penales contra los autores, cómplices y encubridores de estos crímenes de lesa humanidad.

Luego Harb quiere extenderse en un tópico: “ellos fueron guerrilleros y originaron el mal”. Pero Vera lo ataja para hacerlo admitir que el hecho de que esas personas que fueron torturadas o ejecutadas extrajudicialmente hayan sido guerrilleros no implica que el Estado no tenía la obligación de respetarles sus derechos humanos. En este punto, es justo admitir que Harb evoluciona la criminal doctrina de Febres-Cordero, para quien “Los derechos humanos son absolutamente respetables en este país, para quienes viven dentro de la ley” (frase dicha en su condición de Presidente de la República, unos días después del desenlace del secuestro de Nahím Isaías). Esa frase, en limpio, significa que para Febres-Cordero, todos quienes viven fuera de la ley (delincuentes o guerrilleros, etc.) carecen de derechos humanos. Esta diferencia entre Febres-Cordero y Harb (pues ahora ni tan siquiera el perro de sus recados defiende la postura que él sostuvo en su período de gobierno) debe entenderse como una razón adicional (en la medida en que hoy no existe duda para nadie que entienda un concepto mínimo de democracia que los derechos humanos les corresponden a todas las personas por el sólo hecho de serlo y que el Estado tiene la obligación de respetarlos en todos los casos) para justificar las investigaciones de la Comisión de la Verdad.

Entremos a analizar las justificaciones prácticas que esgrime Harb:

Harb: “[…] y voy a demostrar que sí se aplicaron los derechos humanos. En este mismo excelente reportaje de Carlos Jijón […] así se trataba, Carlos, a los subversivos después del combate, cuando salían heridos se los llevaba a un hospital, no a torturarlos”
Vera: [Interrumpe y afirma que antes les quebraban las piernas como sucedió en el caso de Juan Carlos Acosta]
Harb: “Perdóneme, aquí está una foto, lo de Acosta nadie lo ha comprobado, aquí está la foto de que se iban a un hospital a recibir tratamiento médico, como aquí está la foto, de este grupo de montonera Patria Libre que secuestró al señor Echeverría, presentados a la prensa, sin ningún signo de tortura. […]

Comentario: 
Este argumento de Harb es digno de un escolar cuya capacidad de razonamiento deriva de la comprensión del Nacho lee. Harb quiere probarnos que un total de 427 casos bajo investigación por la Comisión de la Verdad carecen de sentido porque los derechos humanos “sí se aplicaron” en razón de dos fotografías que publicó un artículo de Vistazo de 1985. No insistiré: este “argumento” es muy tonto y muy absurdo. Y cuando Vera lo interrumpe y le recuerda el caso de Juan Carlos Acosta todo lo que Harb atina a decir es “lo de Acosta nadie lo ha comprobado” (ummm, ¡precisamente para eso existe la Comisión de la Verdad, gil!). En conclusión, para Harb lo que no está en las fotos “nadie lo ha comprobado” y las fotos demuestran “que sí se aplicaron los derechos humanos”. Este sujeto es patético.

Harb continúa:

Harb: “… Ahora, que eventual o excepcionalmente, algún militar o algún policía, totalmente a espaldas del Gobierno haya cometido un acto de estos lamentables, por supuesto que tiene que ser condenado, o, ya fueron condenados, por ejemplo en el caso de los Restrepo, todos los policías que estuvieron involucrados fueron procesados y condenados penalmente y hasta el señor Restrepo recibió una indemnización”.

Comentario:
La referencia de Pocho de que esos actos “ya fueron condenados” con cita de un solo caso es falaz y torpe. Lo es todavía más, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (entidad a la que él hace referencia, acaso sin saberlo, cuando menciona la indemnización que recibió Pedro Restrepo) desbarata su afirmación en el Informe No 99/00 del Caso Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy cuando reconoce que “el proceso judicial interno estuvo caracterizado por demoras injustificadas, tecnicismos a ultranza, ineficiencia y denegación de justicia”. ¿Pochojusticia?

Continúa el diálogo:

Vera: [Interrumpe] “Faltan los autores intelectuales de ese crimen”.
Harb: “¿Y quiénes son los autores intelectuales?”
Vera: “Eso es lo que hay que investigar”.
Harb: ¿Y por qué se lo tiene que meter la culpa a Febres-Cordero”.
Vera: “Porque fue en ese período de Gobierno”
Harb: ¿Y, qué tiene que ver eso?,
Vera: “El Estado responde de lo que hacen sus fuerzas policiales”
Harb: “A ver perdóneme una cosa, si mañana un policía mata en un cabaret a un ciudadano usted no tiene por qué meterle la culpa al policía [sic], pues”
Vera: “Ni esa es una muerte cualquiera, ni ese era un estado de represión cualquiera, ni la Policía se tomaba atribuciones así sin consultar al Ministro de Gobierno o al Presidente de la República”
Harb: “Pero usted tampoco puede confirmar que eso ocurría así, porque también esas mazmorras, esos centros de tortura, usted no puede decir que se los construyeron en la época de Febres-Cordero, recuerde que veníamos de una dictadura militar algunos años atrás.

Comentario: 
El ejemplo de Harb (en el que comete un nuevo gazapo porque dice “policía”en vez de decir “Presidente”) no rebate el que en el gobierno de Febres-Cordero haya sido política de Estado el combate al terrorismo (que la derecha aliada a los socialcristianos no suele esconder sino admirar). Harb pretende salirse por la tangente con este argumento absurdo de que “esas mazmorras, esos centros de tortura” (nótese que reconoce su existencia) no pude decirse “que se los construyeron en la época de Febres-Cordero”. El detalle de quien construyó esas mazmorras y centros de tortura es indiferente para efectos de acusar a aquellos que (con independencia del período en que lo hayan hecho) las utilizaron. Harb formula un argumento tan torpe que nunca rebate que se hayan podido utilizar en la época de Febres-Cordero esas mazmorras y centros de tortura: solamente afirma su sospecha de que en ese período no se construyeron. 

Pobre Harb. Sus palabras son llenas de insondable nada, que diría Borges. Ladridos a la sombra de un león. 

Comisión de la Verdad

De casi tres decenas de Comisiones de la Verdad que desde 1974 se han constituido en cuatro continentes puede deducirse su perfil: 1) el Estado las crea de manera oficial; 2) su objetivo es la investigación de un patrón de abusos que sucedieron en el pasado; 3) su funcionamiento es temporal y oscila entre seis meses y dos años; 4) el resultado de su investigación se compila en un completo informe público. Se podría precisar, con palabras del filósofo Thomas Nagel, que el propósito de una Comisión de la Verdad es conocer y reconocer: Conocer en detalle los hechos que investiga para, con base en tal conocimiento, propiciar el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la comisión de esos hechos y la sanción a los responsables de los mismos. Yo recordé esta distinción en un comentario que publiqué en abril del 2006 que intitulé, precisamente “Conocer, reconocer”, donde argumenté que los mecanismos para que en el país se realice esa distinción eran posibles (comisiones de la verdad y órganos de la justicia nacional e internacional) y que concluí con estas palabras: “Solo hace falta la voluntad de los actores políticos. Acaso alguna vez despierte este país inmóvil”.

Y despertó. El Gobierno creó mediante decreto ejecutivo una Comisión de la Verdad (CV) cuyo objetivo es investigar “las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988, y otros casos especiales”, con lo cual también resucitó a León Febres-Cordero, quien argumentó, entre otras cosas, que la existencia de esta CV es inconstitucional porque viola el artículo 24 numeral 11 de la Constitución que imposibilita el juzgamiento “por tribunales de excepción o por comisiones especiales”. Febres-Cordero se equivoca: ese numeral se refiere a órganos que ejercen funciones judiciales (Zavala Baquerizo, Jorge, El Debido Proceso Penal, Pág. 39) y las comisiones de la verdad, en palabras de Priscilla B. Hayner, “no deben equipararse a órganos judiciales ni deben considerarse sustitutos de los tribunales” porque su mandato es otro, más amplio, y consiste en analizar “un patrón de acontecimientos, incluidas las causas y consecuencias de la violencia política [lo que] les permite ir mucho más lejos en sus investigaciones y conclusiones de lo que generalmente es posible en cualquier juicio de perpetradores individuales”.

Ese patrón de acontecimientos involucra, por lo pronto, 327 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, además de otros casos que se alleguen al conocimiento de la CV. En el contexto de esta investigación, la CV seguramente lidiará con mentiras, negativas y engaños, como también con recuerdos dolorosos de las víctimas y sus familiares; pero no deberá nunca apartarse del inequívoco propósito, en palabras de Hayner, de “establecer un registro exacto del pasado de un país, esclarecer sucesos inciertos, y levantar la cubierta de silencio y negación de un período de la historia”, porque como afirmó lúcidamente Michael Ignatieff, “el pasado es un argumento y la función de las comisiones de la verdad, como la función de los historiadores honestos, es simplemente purificar dicho argumento, reducir el espectro permisible de mentiras” y porque no existe posibilidad de futuro, léase bien, sin una crítica profunda de los hechos y los valores que se impusieron en el pasado. La CV es solo un primer paso en este necesario proceso de discusión crítica que, sin duda, nos involucra a todos, pésele a quien le pese.