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La leyenda de Pochorromo

21 de agosto de 2019


Los otros días, Alfonso “Pocho” Harb publicó un video que se volvió viral, en el que un policía pateaba en el piso a un delincuente. Lo que hizo “Pocho” Harb fue proponer en Twitter una especie de “test de Litmus” acerca de la posición de las personas frente a la delincuencia. En esta versión del test, si una persona cuestionaba la actuación del policía, era pro-delincuencial. Si estaba a favor de lo que hizo el chapa, estaba bien, pues entendía que patear en el piso a otro es “humano, demasiado humano” (?).


El detalle es que este test de Litmus propuesto por el “Pocho” Harb atacaba directamente a las autoridades de gobierno encargadas de la seguridad en el país, pues ellas son las obligadas de hacer respetar la ley y, por supuesto, patear a un detenido es una infracción al procedimiento (por “muy humano” que parezca), por lo que la acción del policía ameritaba una sanción. Pero este desgobierno ya está tan demacrado y en el piso como para que, además, los trolls de la derecha lo empiecen a etiquetar de pro-delincuencial. (Otrosí: era un flanco fácil para que crezca el discurso penal populista del PSC).

Frente a este desafío no tan inocente de “Pocho”, ¿qué es lo que hizo la Romo, ese cromo del progresismo vuelto mierda por este devastador desgobierno? Pues cuenta la leyenda que ponerse la capa de “Pochorromo”, un anti-héroe mitad Romo, mitad “Pocho”, de talante represivo y anti-liberal. En su forma, “Pochorromo” ha perdido su parte izquierda por un accidente ideológico, pero sus deformaciones de derecha se han visto fortalecidas con su añadido “Pocho” y ahora actúan con un potente ánimo represor desde el Ministerio de Gobierno. Dios, que la otra vez miró nomás el holocausto de Quito y le valió pija (algo así dice nuestro himno), que esta vez intervenga y nos salve.

Pero Dios no existe, y Pochorromo tampoco… ¿O sí?

La derecha y la libertad de expresión

17 de diciembre de 2015


Hace exactos diez años y un día, el 16 de diciembre de 2005, escribí un artículo de opinión que se publicó en el diario El universo bajo el título “Lo que no quieren oír” (1). Ése fue el primer artículo que escribí sobre el derecho a la libertad de expresión durante mi período como columnista de ese diario (mayo de 2005-octubre de 2008).

Mi artículo criticó la aprobación en el Congreso Nacional de una Ley Reformatoria al Código Penal que impulsó el legislador socialcristiano (felizmente, ya fuera del foro legislativo y de la política activa) Alfonso ‘Pocho’ Harb (2). La propuesta de ley era un adefesio jurídico propio de las limitaciones de Harb y su partido, resistido por la AEDEP y por otros gremios de periodistas, pero que de todas maneras se aprobó en el Congreso Nacional (3).  

Al momento de escribir el artículo, el Congreso Nacional había aprobado el proyecto de ley y se aguardaba el veto del Presidente de la República, Alfredo Palacio. Para el legislador León Febres-Cordero, si el Presidente decidía vetar la ley era porque “le ha dado gusto a la prensa”, a cuyos miembros atribuyó el creerse “dueños del país”. Febres-Cordero no dudó en descargar su artillería pesada contra los periodistas, a quienes acusó de “irrumpir en la privacidad de los ciudadanos”, de la comisión de ilegalidades y de “omnipotentes”:
 
“Deben sentirse ustedes felices de que se ha ratificado el derecho de ustedes a violar la privacidad de los seres humanos, mañana ustedes abrirán los correos. Si ya hay un veto total no hay acción posible, ha triunfado una vez más la omnipotencia de la prensa” (4).
El mismo día que Febres-Cordero realizó estas acusaciones, el Presidente Palacio había decidido el veto total a la ley. Cuando el diputado Harb conoció la noticia, atribuyó esa decisión a que “Palacio una vez más ha sido influenciado por las presiones, en este caso de los medios de comunicación” (5).  

Así, para la derecha, representada en los políticos del PSC, la prensa era considerada un enemigo, omnipotente y abusivo. Pero hay todavía despistados que creen que los políticos de derecha son defensores de la libertad de expresión, cuando su récord los delata. Es, en el mejor de los casos, un asunto de mala memoria.

(1) Lo que no quieren oír, Xavier Flores Aguirre. El título proviene de una frase de George Orwell, quien escribió en el prólogo a su libro Rebelión en la granja que si la libertad de expresión significaba algo, era “el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír”. El eje de la crítica al adefesio jurídico que propuso Harb consta en el segundo párrafo: “Su redacción es confusa e imprecisa: no define qué es ‘información protegida’, el eje mismo de su propósito; tampoco limita la responsabilidad de las personas que participan en los hechos; peor aún, no se contenta con sancionar ‘los pinchazos a las comunicaciones telefónicas’ pues también se aplica a ‘otros sistemas o formas de comunicación’; de manera inaudita y casi diríase cómica, permite la publicación de la información cuando exista ‘orden judicial de las partes’ (¡?). En una ley penal, todas esas imprecisiones de redacción son inexcusables: contrarían los elementales principios de la certeza de la ley y de la lógica”.
(2) El texto de la reforma se puede consultar en: ¿En qué consiste la reforma polémica del Diputado Harb?, ecuadorinmediato.com, 17 de diciembre de 2005.
(3) El Congreso Nacional aprobó este proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal en una sesión del Pleno que presidió (por encargo) la diputada socialcristiana Cynthia Viteri, el miércoles 30 de noviembre de 2005.
(4) ‘Si se veta la Ley habrá triunfado una vez más la omnipotencia de la prensa’, Diario El universo, 29 de diciembre de 2005. Un inventario de los insultos de Febres-Cordero a sus adversarios políticos puede verse en: A la buena memoria, Xavier Flores Aguirre, 21 de mayo de 2009.
(5) Régimen vetó ley que sanciona el espionaje telefónico, Diario El universo, 30 de diciembre de 2005.

Monigote ridículo (Vanegas)

20 de marzo de 2009

Volvía de comerme un siempre delicioso ceviche de concha (séame permitido decirlo en clave de albur) en un sitio de sabedores en la ciudadela Alborotada y pedaleaba de vuelta a casa cuando en una populosa intersección encontré que me se avecinaba este monigote de cuatro metros que representa al inefable Fiscal Vanegas. La foto muestra al monigote; lo que no permite es escuchar la terrible música estilo mexicano que este adefesio despedía, de ensordecedor sonido y calidad misérrima. Al pasar este ridículo a mi lado, escuché que un peatón dijo: “A ese hijueputa han de quemarlo este fin de año”. Yo me conformo con que no lo elijan Prefecto.

P.S.- La capacidad de ridículo de Vanegas es titánica pero, al menos en este punto, no es original: para eligirse diputado de la entonces todavía no amputada provincia de Guayitas El Mapa (2002) Pocho Harb utilizó para promocionarse unos monigotes verdes que representaban a La Mole (A.K.A. Hulk). Todo un programa de trabajo (que Pocho, para nuestra desgracia, se esmeró en cumplir a cabalidad).

Ladridos a la sombra de un león

13 de septiembre de 2008

Que yo, nocturno de trabajos, lecturas o bares, me despierte antes de las nueve de la mañana es muy improbable. Sé que este detalle de mi biografía me obliga a perdérmelo a Carlos Vera, que es como perderse el mero epicentro de los terremotos políticos de este país o las lecciones de la madre abnegada que les prepara las loncheras a los niños de la política local. Pero lo siento, no puedo evitarlo: casi nunca duermo antes de las 02:00 AM, sea que esté frente a un monitor con un alegato o un informe, en mi hamaca o en mi cama con un libro por trabajo o por placer, o en ronda de bares.

Pero el jueves fue un día especial para mis horarios matutinos: me desperté antes de las 07h00 AM porque empecé a dictar clases de “Justicia Social” en la Universidad Católica y el horario es de 08h00 a 10h00. En pie circa 07h00, duchazo y pedaleo desde mi casa hasta la UCSG. Pero antes de pedalear entré a despedirme de mi abuela, que sí mira el programa de Vera. De repente, escuché esa ruidosa ruindad vocinglera: Carlos Vera entrevistaba al conocido ex presentador de noticias deportivas Alfonso Pocho Harb, quien ensayaba una defensa de las acusaciones que la Comisión de la Verdad le imputa a León Febres-Cordero. Me retrasó un tanto escucharle sus sandeces, pero no pude evitarlo.

León Febres-Cordero es un sujeto que sugiere muchos predicados pero ninguno podrá desconocerle su inteligencia para leer los acontecimientos políticos. Lo prueba, entre otras cosas, el que haya sabido retirarse a tiempo al ostracismo y el que hoy, que la Comisión de la Verdad lo pone en la picota porque investiga los actos de terrorismo de Estado que se cometieron en su período de Gobierno, él mismo no se defienda de esas acusaciones, si no que mande (permítaseme la metáfora animal) este león a sus perros para que ladren en su defensa. Pocho Harb es uno de sus perros más conspicuos y escandalosos. Ese jueves que entré al cuarto de mi abuela Harb ladraba con particular fiereza y estulticia.

Pero abandonemos un rato la metáfora animal e intentemos pensar en Pocho como una persona que emite criterios. Yo criticaré los que pretendió emitir ese mañana de jueves. Al efecto, conseguí la grabación de su entrevista, transcribo la mayor parte de sus 5:10 minutos e intercalo mis comentarios.

Harb: “Mire, yo lo que le digo a esa Comisión de la Verdad, más allá de John Maldonado, ¿por qué no se investigan cosas que pasaron también y que fueron absolutamente graves y que por supuesto no levantan los brazos? Por ejemplo, en el tema de Taura […]

Comentario: 

Ummm, ¿“Pasaron también”? Pocho no empieza con pie derecho su entrevista. No sólo comete el revelador gazapo de decir “también” sino que equivoca el argumento porque referir que la Comisión de la Verdad debe investigar los hechos de Taura nada predica en relación con todos los otros casos (un total de 427) que investiga la Comisión de la Verdad.

Vera: [Interrumpe] “Dos errores no hacen un acierto, eso no borra el hecho de que hubo tortura y torturadores en el Gobierno de León Febres-Cordero”.
Harb: “¿quién ha acusado a alguien de haber ordenado la tortura? No se atrevieron a decirlo porque saben que al momento que lo hagan y que no lo puedan probar, porque no lo van a poder probar”
Vera: [Interrumpe y cita las acusaciones de Acosta y de Juan Cuvi, quien inculpó a Jaime Nebot en estos hechos]
Harb: “Todos ellos fueron guerrilleros y todos ellos originaron el mal en el pasado. Y la prueba de la conexión política que hay entre esta Comisión de la Verdad y el Gobierno del Presidente Correa es que ni bien terminó de abrir la boca la señora Monge, y salió el Ministro de Defensa a decir hemos vivido momentos desgarradores en el pasado identificados con el Gobierno socialcristiano […] Sí señor Ponce vivimos momentos desgarradores en el pasado […] Aquí está la lista de todos los asaltos a los bancos, a los cuarteles militares, a las personas, secuestros y muertes”.
Vera: [Interrumpe] “¿Y qué, los guerrilleros por ser guerrilleros no tienen derechos humanos?”.  

Harb: “Claro que tienen derechos humanos”.

Comentario: 

No me extenderé, en este momento, en argumentar el por qué la sociedad civil de este país no reclamó (como sí se hizo en otras países de la región, en particular en Chile y Argentina) por estas violaciones a los derechos humanos originadas en actos de terrorismo de Estado. En todo caso, esa inercia no sucedió porque esos hechos no podrían probarse, como señala Harb. Destacaré un par de razones no menores de esa inercia: la desconfianza en un sistema judicial politizado que serví, en particular, a los intereses del partido político de León Febres-Cordero y el temor a las represalias que podría producirles a los demandantes el inicio de esas causas. Precisamente la existencia de un Informe de la Comisión de la Verdad tiene el propósito de servir como un fundamento sólido para eludir esos obstáculos e iniciar las acciones penales contra los autores, cómplices y encubridores de estos crímenes de lesa humanidad.

Luego Harb quiere extenderse en un tópico: “ellos fueron guerrilleros y originaron el mal”. Pero Vera lo ataja para hacerlo admitir que el hecho de que esas personas que fueron torturadas o ejecutadas extrajudicialmente hayan sido guerrilleros no implica que el Estado no tenía la obligación de respetarles sus derechos humanos. En este punto, es justo admitir que Harb evoluciona la criminal doctrina de Febres-Cordero, para quien “Los derechos humanos son absolutamente respetables en este país, para quienes viven dentro de la ley” (frase dicha en su condición de Presidente de la República, unos días después del desenlace del secuestro de Nahím Isaías). Esa frase, en limpio, significa que para Febres-Cordero, todos quienes viven fuera de la ley (delincuentes o guerrilleros, etc.) carecen de derechos humanos. Esta diferencia entre Febres-Cordero y Harb (pues ahora ni tan siquiera el perro de sus recados defiende la postura que él sostuvo en su período de gobierno) debe entenderse como una razón adicional (en la medida en que hoy no existe duda para nadie que entienda un concepto mínimo de democracia que los derechos humanos les corresponden a todas las personas por el sólo hecho de serlo y que el Estado tiene la obligación de respetarlos en todos los casos) para justificar las investigaciones de la Comisión de la Verdad.

Entremos a analizar las justificaciones prácticas que esgrime Harb:

Harb: “[…] y voy a demostrar que sí se aplicaron los derechos humanos. En este mismo excelente reportaje de Carlos Jijón […] así se trataba, Carlos, a los subversivos después del combate, cuando salían heridos se los llevaba a un hospital, no a torturarlos”
Vera: [Interrumpe y afirma que antes les quebraban las piernas como sucedió en el caso de Juan Carlos Acosta]
Harb: “Perdóneme, aquí está una foto, lo de Acosta nadie lo ha comprobado, aquí está la foto de que se iban a un hospital a recibir tratamiento médico, como aquí está la foto, de este grupo de montonera Patria Libre que secuestró al señor Echeverría, presentados a la prensa, sin ningún signo de tortura. […]

Comentario: 

Este argumento de Harb es digno de un escolar cuya capacidad de razonamiento deriva de la comprensión del Nacho lee. Harb quiere probarnos que un total de 427 casos bajo investigación por la Comisión de la Verdad carecen de sentido porque los derechos humanos “sí se aplicaron” en razón de dos fotografías que publicó un artículo de Vistazo de 1985. No insistiré: este “argumento” es muy tonto y muy absurdo. Y cuando Vera lo interrumpe y le recuerda el caso de Juan Carlos Acosta todo lo que Harb atina a decir es “lo de Acosta nadie lo ha comprobado” (ummm, ¡precisamente para eso existe la Comisión de la Verdad, gil!). En conclusión, para Harb lo que no está en las fotos “nadie lo ha comprobado” y las fotos demuestran “que sí se aplicaron los derechos humanos”. Este sujeto es patético.

Harb continúa:

Harb: “… Ahora, que eventual o excepcionalmente, algún militar o algún policía, totalmente a espaldas del Gobierno haya cometido un acto de estos lamentables, por supuesto que tiene que ser condenado, o, ya fueron condenados, por ejemplo en el caso de los Restrepo, todos los policías que estuvieron involucrados fueron procesados y condenados penalmente y hasta el señor Restrepo recibió una indemnización”.

Comentario:
La referencia de Pocho de que esos actos “ya fueron condenados” con cita de un solo caso es falaz y torpe. Lo es todavía más, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (entidad a la que él hace referencia, acaso sin saberlo, cuando menciona la indemnización que recibió Pedro Restrepo) desbarata su afirmación en el Informe No 99/00 del Caso Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy cuando reconoce que “el proceso judicial interno estuvo caracterizado por demoras injustificadas, tecnicismos a ultranza, ineficiencia y denegación de justicia”. ¿Pochojusticia?

Continúa el diálogo:

Vera: [Interrumpe] “Faltan los autores intelectuales de ese crimen”.
Harb: “¿Y quiénes son los autores intelectuales?”
Vera: “Eso es lo que hay que investigar”.
Harb: ¿Y por qué se lo tiene que meter la culpa a Febres-Cordero”.
Vera: “Porque fue en ese período de Gobierno”
Harb: ¿Y, qué tiene que ver eso?,
Vera: “El Estado responde de lo que hacen sus fuerzas policiales”
Harb: “A ver perdóneme una cosa, si mañana un policía mata en un cabaret a un ciudadano usted no tiene por qué meterle la culpa al policía [sic], pues”
Vera: “Ni esa es una muerte cualquiera, ni ese era un estado de represión cualquiera, ni la Policía se tomaba atribuciones así sin consultar al Ministro de Gobierno o al Presidente de la República”
Harb: “Pero usted tampoco puede confirmar que eso ocurría así, porque también esas mazmorras, esos centros de tortura, usted no puede decir que se los construyeron en la época de Febres-Cordero, recuerde que veníamos de una dictadura militar algunos años atrás.

Comentario: 

El ejemplo de Harb (en el que comete un nuevo gazapo porque dice “policía”en vez de decir “Presidente”) no rebate el que en el gobierno de Febres-Cordero haya sido política de Estado el combate al terrorismo (que la derecha aliada a los socialcristianos no suele esconder sino admirar). Harb pretende salirse por la tangente con este argumento absurdo de que “esas mazmorras, esos centros de tortura” (nótese que reconoce su existencia) no pude decirse “que se los construyeron en la época de Febres-Cordero”. El detalle de quien construyó esas mazmorras y centros de tortura es indiferente para efectos de acusar a aquellos que (con independencia del período en que lo hayan hecho) las utilizaron. Harb formula un argumento tan torpe que nunca rebate que se hayan podido utilizar en la época de Febres-Cordero esas mazmorras y centros de tortura: solamente afirma su sospecha de que en ese período no se construyeron. 

Pobre Harb. Sus palabras son llenas de insondable nada, que diría Borges. Ladridos a la sombra de un león. 

Postal de Alemania

3 de junio de 2006


Publicado en diario El universo el 6 de marzo de 2006.

Artículo 132 de la Constitución: "El Congreso Nacional [...] sesionará en forma ordinaria y permanente, con dos recesos al año, de un mes cada uno". La indefinición en los meses de realización de los recesos permite que el Consejo Administrativo de la Legislatura determine la fecha de los mismos a discreción. El Congreso Nacional gozaba, entonces, de la inobjetable facultad de emitir una escueta comunicación que nos informe que su receso legislativo lo realizaría este mes de junio, en razón de la obvia atención que concita tanto en los diputados como en la ciudadanía la celebración del XVIII Mundial de Fútbol en Alemania.

Pero tanta honestidad es extraña a sus procedimientos. La desprestigiada institución (2% de credibilidad) ante la posibilidad cierta de disponer de su receso en junio, publicó el 19 de mayo en la sección 'Noticias' de su ciberpágina (www.congreso.gov.ec) un texto que tituló 'Congreso no sesionará en junio'. La noticia nos refiere, con no exento cinismo, que los diputados no pueden sino "acatar" (ese es el término empleado) el receso legislativo "haya o no haya Mundial de Fútbol" y que el hecho de que este "tenga lugar el mismo mes que se realiza el Mundial de Fútbol, es una simple coincidencia". Quisiera uno suponer que una declaración de tan mala índole no podría nadie tomársela en serio.

Pero no. Tiene ese adefesio tanta seriedad que incluso varios diputados lo defienden, dicho sea de paso, con pésimos argumentos. Por ejemplo, Wilfrido Lucero, presidente del Congreso Nacional, quien no tiene empacho alguno en mentirnos. En una entrevista que sostuvo el 24 de mayo con Andrés Carrión, Lucero declaró que "todos los años anteriores el Congreso tomó recesos en el mes de junio, de tal manera que esta no es la primera vez que esto ocurre". Esta afirmación es falsa. El propio Secretario General del Congreso Nacional, John Argudo Pesántez, lo reconoce así en un texto que consta publicado el 18 de mayo en esa misma sección 'Noticias', donde afirma que el receso legislativo "que normalmente se realiza en los meses de julio y diciembre se adoptaría [en junio] debido al Mundial de Fútbol [porque sino] no habría la asistencia de los legisladores a las sesiones y se perderían dos meses de trabajo legislativo". A mayor abundamiento, el receso legislativo del 2005 se inició el 15 julio, el del 2004 el 2 de agosto, el del 2003 el 15 de julio. Para hallar un receso legislativo en el mes de junio debemos retroceder (ahora sí, qué coincidencia) al año 2002 con ocasión del Mundial de Fútbol de Corea-Japón.

Esta actitud falaz no es, sin embargo, tan lamentable como aquella que exhibió el ex presentador de noticias deportivas Alfonso Harb, quien sobre su viaje a Alemania se expidió, entre otros, con los siguientes bochornosos términos: "Me voy haya o no haya receso y por aquello no tengo que darle explicaciones a nadie". Es penoso tener que recordarle a Harb que carece de razón. El artículo 135 de la Constitución señala que "los diputados [...] serán responsables políticamente ante la sociedad"; el artículo 120, que el ejercicio de una función pública "constituye un servicio a la colectividad" y el artículo 97 numeral 13 reitera lo inmediato anterior y le añade el deber de "rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad". Aún cuando en franco desafío a la Constitución considere Harb que está en su absoluto derecho, debería tener la extraña decencia, en su caso, de ahorrarnos el triste espectáculo de su abierta zafiedad.

Por cierto, Harb no estará solo en Alemania. Otros tres diputados, entre ellos, el presidente Lucero, también apoyarán a nuestra selección. Como los demás miembros del Congreso Nacional no corren con la misma suerte y se quedarán trabajando (es un decir) en las Comisiones Legislativas, sería un hermoso gesto de parte de los viajeros que les hicieran llegar una postal de Alemania. Les sugiero el siguiente texto: "Compañeros, nos encantó Alemania. Aquí nos quedamos". Si es así, honorables, buen viaje.

Lo que no quieren oír

16 de diciembre de 2005


Publicado en diario El universo el 16 de diciembre de 2005.

*

La aprobación en el Congreso Nacional de un proyecto de ley que sanciona la publicación, sin consentimiento de las partes, de información que se transmita por los servicios de telecomunicaciones y otras formas de comunicación desató una polémica que involucra a medios de comunicación, órganos gremiales, miembros de la sociedad civil y diputados. Su impulsor, el ex presentador de programas deportivos Alfonso Harb, confesó ante la prensa sus intenciones: “Combatir a quienes hacen los pinchazos a las comunicaciones telefónicas para grabar las conversaciones personales”. Y apostilló: “Eso no es bueno”.

Pero la ley aprobada es, sin duda, mucho peor. Su redacción es confusa e imprecisa: no define qué es “información protegida”, el eje mismo de su propósito; tampoco limita la responsabilidad de las personas que participan en los hechos; peor aún, no se contenta con sancionar “los pinchazos a las comunicaciones telefónicas” pues también se aplica a “otros sistemas o formas de comunicación”; de manera inaudita y casi diríase cómica, permite la publicación de la información cuando exista “orden judicial de las partes” (¡?). En una ley penal, todas esas imprecisiones de redacción son inexcusables: contrarían los elementales principios de la certeza de la ley y de la lógica. Sus consecuencias serían el otorgamiento a los jueces de una discrecionalidad que, quién lo duda, será útil a oscuros intereses políticos.

Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) se opone a esta amenaza a sus derechos constitucionales: en un reciente comunicado de prensa, enfatizó con razón que la ley de marras viola los artículos 23 num. 9 y 10 y 81 de la Constitución y recordó también que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, orgánica y especial, “norma el libre acceso a la información en manos del sector público y consagra los únicos casos de excepción a tal derecho constitucional”. A buen entendedor, pocas palabras.

La ley aprobada, sin embargo, no se limita solo a esas claras violaciones de la legislación nacional; desconoce también, con olímpico desdén, las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de libertad de expresión. En breve, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que adoptó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa sin equívoco que “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. Este criterio tiene sustento en vasta jurisprudencia de la propia Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véanse, por ejemplo, los casos Herrera Ulloa c. Costa Rica y Ricardo Canese c. Paraguay). Solo resta, entonces, que el Presidente vete totalmente esta ley. Porque en definitiva la libertad de expresión, como acuñó George Orwell, “si significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír”.