Lo había pensado como respuesta en la caja de comentarios pero dada la calidad del comentario de Manolo Sarmiento y la posibilidad de explorar otras aristas en materia de restricciones indirectas a la libertad de expresión, opto por convertir esta respuesta en entrada. Mantengo el estilo en segunda persona y reitero mi aprecio por el comentarista.
Manolo:
Muchas gracias por intervenir en este debate y gracias por hacerlo con esa altura. No creo que el análisis sea tan simple como preguntarse “si la eliminación del privilegio […] restringe la libertad de expresión” y analizarlo con el escaso marco de referencia “de que la medida pondría a estas personas en una situación jurídica distinta a la que tenían antes” lo que en este caso provoca el “encarecer” el ejercicio del derecho a la comunicación. Creo que el análisis (lo anticipé en la entrada) admite otras ideas, algunas de las cuales procedo a desarrollar.
En principio, es importante conocer cuáles son las facultades del Estado en materia tributaria. En realidad, esas facultades son amplias, de conformidad con el Código Tributario, Título II, Capítulo V De las exenciones, en específico, el artículo 34. Así, la regulación del Estado en esta materia concretada en la anulación de un privilegio tributario, en atención a las facultades que establece el Código de la materia, no es ilegal. Por supuesto, el que el origen de un acto sea legal no implica que sus consecuencias no puedan considerarse abusivas y constituir una violación a la libertad de expresión. Para analizar si esta anulación del privilegio tributario puede considerársela violatoria a la libertad de expresión (en los términos del artículo 13.3 CADH) el acto que se reputa violatorio debe ser “abusivo” y estar encaminado “a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. En el caso concreto, para considerarse que el acto de regulación estatal en materia tributaria se encuadra en esos presupuestos, es necesario que la persona que le impute al Estado la violación del derecho a la libertad de expresión pruebe, más allá de toda duda razonable, que el mantener ese privilegio tributario de tarifa 0% de IVA es necesario para ejercer su derecho a la libertad de expresión, de manera tal que pueda demostrar que la falta de ese privilegio tributario se conduce a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. No he escuchado a ninguna de las personas que han imputado la violación del derecho a la libertad de expresión a partir de ese acto estatal ningún dato empírico que sustente esta hipótesis de la necesidad del privilegio tributario, ni tampoco siquiera les he escuchado ningún argumento que intente postularlo (¿será acaso mucho pedirles algo distinto a la automática asunción de la condición de víctimas, tan funcional a su discurso?). En consecuencia, me parece evidente que en función de las facultades reguladoras que el Estado tiene en la materia y en el que no se ha probado, en ningún momento, la necesidad del privilegio tributario para ejercer el derecho a la libertad de expresión (que, por supuesto, no se prueba con la simple alegación de que se está “en una situación distinta a la que tenían antes” y que el pago de ese impuesto encarece el producto) es forzoso concluir que el acto estatal no viola el derecho a la libertad de expresión, en los términos del artículo 13.3 CADH.
Coda: El argumento expuesto puede incorporársele matices y precisiones (tanto en ideas como en datos empíricos) que lo aclaren y profundicen, acaso (por supuesto) que lo desmientan. Podríamos continuar el debate si te apetece. Lo que sí, te rogaré que no introduzcas tus percepciones sobre los personajes que intervienen en este debate en un análisis jurídico: es poco menos que irrelevante el que los políticos afines al régimen estén exultantes o el que los periodistas que se sienten afectados estén tristones para efectos de formular un análisis jurídico (no rebajemos el debate a esta miseria que, de acuerdo con el artículo de Jaime Rumbea, puede decirse que propone buena parte de la prensa nacional). Un grande abrazo.
