Publicado en diario El universo el 21 de octubre de
2006.
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Hacia finales del mes de marzo, como parte del grupo
de jóvenes profesionales que participó del Diploma de Postítulo en Derechos
Humanos y Procesos de Democratización, visité Villa Grimaldi. Luego de
intensas jornadas de debates académicos, muchos de ellos estimulantes, otros un
tanto abstrusos, pero todos ellos realizados en la comodidad burguesa de un
aula de la Universidad de Chile, recibimos quienes participamos de ese
Diplomado, la mañana del 31 de marzo del 2006, un poderoso baño de cruda realidad.
Puede que quienes lean esta página no alcancen a
entender la naturaleza de la cruda realidad a la que hago referencia. Pero para
quienes visitamos Villa Grimaldi y para quienes tuvimos la ocasión de escuchar
los testimonios de la brutal represión que Villa Grimaldi significó en el
demencial período de los primeros años de gobierno del dictador Pinochet,
precisamente de boca de quienes lo vivieron en carne propia, ya es distinto:
entendimos, de un solo certero golpe, la frase de Emil Cioran que decía que
solo se podía entender la masacre que es la historia a través de las biografías
de quienes la vivieron. Juro que se siente una profunda incomodidad de ser ante
el testimonio de lo Innombrable.
Villa Grimaldi fue el centro de detención y tortura más
importante de la Dirección de Inteligencia Nacional, el órgano más
representativo de la represión en la dictadura chilena. En éste, como en tantos
otros lugares a lo largo de la geografía chilena, la represión se caracterizó
por la práctica masiva y sistemática de fusilamientos y ejecuciones sumarias,
torturas (incluida la violación sexual, principalmente de mujeres), privaciones
arbitrarias de la libertad en recintos al margen del escrutinio de la ley y
desapariciones forzadas; todos estos actos fueron cometidos por agentes del
Estado, asistidos en ocasiones por civiles. Información en particular sobre
Villa Grimaldi y, en general, sobre este período oscuro de la historia chilena
puede encontrarse en: http://www.memoriaviva.com/Centros/00Metropolitana/villa_grimaldi.htm
En relación con estos hechos, en fecha tan reciente
como el 26 de septiembre del 2006, en el contexto del Caso
Almonacid Arellano c. Chile que resolvió la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, este alto tribunal sostuvo que el asesinato, en las
circunstancias de la represión de la dictadura chilena, constituye un crimen de
lesa humanidad “cuya prohibición es una norma de ius cogens [esto es, como una
norma que la comunidad internacional reconoce que no admite en ningún caso
acuerdo en contrario] y [cuya] penalización es obligatoria conforme al derecho
internacional general”. Yo, que me declaro vitalista a carta cabal, suscribo
como propia la frase de Joaquín Sabina que dice que “hay que condenar todas las
muertes, incluida la natural”. Y con mayor razón creo que esta condena debe
existir en los casos en que la responsabilidad de la muerte de una persona le
corresponde al Estado.
La condena, en estos casos de lo que merece llamarse
sin ambages “terrorismo de Estado”, debe tener un carácter principalmente
penal. En este sentido, los atroces hechos de la dictadura del criminal
Pinochet y las brutalidades innombrables de la dictadura argentina han merecido
condenas tanto de tribunales internacionales como de sus propios tribunales,
mismos que han sentenciado a los autores o cómplices de estos hechos. Ecuador,
en este rubro, todavía tiene una asignatura pendiente. Durante el gobierno de
León Febres-Cordero el Estado ejecutó una política criminal de represión que,
salvando las dimensiones, merece, sin atisbo de duda alguna, el mismo reproche:
nuestra más firme condena moral y la consecución de la condena penal, sea esta
en sede nacional o extranjera. Porque son estas, y no otras, las necesarias
demandas en aras de concretar, de una vez por todas, la cesación de la
impunidad, la construcción de la institucionalidad e identidad desde la
discusión crítica de nuestra historia reciente y, por qué no admitirlo, en aras
de que finalmente se haga justicia.
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