Sargento Veneno

Sargento Veneno es un brutal personaje de Miércoles y estiércoles, novela escrita por Diego Cornejo Menacho. Otros personajes, de calaña semejante, son el Coronel Gaviño, la Subteniente Miñaca, el Agente Chocolate, el Ingeniero, y otros miembros del bestiario. La novela está dedicada in memóriam a Carlos Santiago y Pedro Andrés, a quienes la opinión pública conoce como los hermanos Restrepo. Miércoles y estiércoles, en esencia, nos cuenta la historia de su trágica desaparición desde la “lógica” de los policías que la ejecutaron y desde la descripción del contexto político que validó sus atroces actos.

La novela contiene (lo advierte el autor al inicio) “episodios de la ‘realidad objetiva’ a los que esta ficción se parece deliberada pero alegóricamente” y narra una historia de “abusos, inquina y muertes, pero también de coraje y humanidad”. Coraje y humanidad, porque el caso de los hermanos Restrepo partió en dos la defensa de los derechos humanos en el Ecuador: fue la primera ocasión que la sociedad civil se reunió (lo hicieron los miércoles, de allí la primera parte del título) para protestar por la desaparición de los hermanos Restrepo y los abusos de poder que se cometieron en el período presidencial de León Febres-Cordero (los estiércoles de la segunda parte del título). Abusos, inquina y muertes que intentaron cubrirse con “mentiras del tamaño de sus miserias” (la frase consta en el libro) y un fuero policial correspondiente al tamaño de sus infamias. El discurso guerrero del combate a la delincuencia (o al terrorismo, en tiempos actuales), la torpe consigna del “mandar y cumplir”, la supuesta defensa del honor (de la Policía o de la Patria), que Cornejo nos describe con escabroso detalle, son las falacias que permiten que el combate a los “malos” se lo haga con la ejecución de actos más atroces y criminales que los que aquellos ejecutarían, con consecuencias tales como la desaparición de los hermanos Restrepo o los actos que justificaron la condena del Estado ecuatoriano en el reciente Caso Zambrano y otros que sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 4 de julio de 2007.

El Caso Restrepo es el primer caso que visibiliza esas falacias, el primero que obtiene una victoria (aunque ante la desaparición de hijos, toda victoria es pírrica): el Estado ecuatoriano admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su culpabilidad por la desaparición de los hermanos Restrepo en el Informe No 99/00 y se obligó a “asumir medidas reparadoras”. Una sociedad democrática y que sepa defender el Estado de Derecho habría aprendido la lección. Sin embargo, los aliados de la “mano dura”, del “todo vale” y del “mandar y cumplir” no lo entienden: para ellos la crítica que el filósofo Giorgio Agamben formula del combate al terrorismo (“vivimos en una época en que se puede matar a otra persona sin cometer homicidio”) es una manda.

En realidad, su pensamiento podría coincidir con la descripción que en Miércoles y estiércoles Cornejo hace del Sargento Veneno: “bizarro, duro, un perdonavidas de pocas palabras, que realizaba el trabajo sucio sin chistar”. O sea, todo lo contrario de un demócrata, e incluso, de una persona racional. No es en vano que sea el Sargento Veneno quien tortura y participa en la desaparición de los hermanos Restrepo. No en vano escojo su nombre (para que se sepa la ponzoña) como título de esta columna.

Cortesía a 'Pajarito'

-->

"'Le decían 'Pajarito'. Ejerció autoridad de gobierno en Argentina; investido de ella, ejecutó actos que no toleran el olvido. Hacía tiempo que se quedaba en casa, donde lo visitaban poco: solo salía para visitar a su médico. Tal era su rutina, incluso el día de su cumpleaños 80. Ese día, empero, un amigo extranjero, solícito, se aprestó a extraerlo de esa huraña atmósfera. Lo recogió en su vehículo para trasladarlo a la sede deportiva de Argentinos Juniors, club de sus amores, donde en su mocedad Pajarito fungió de arquero de tercera división. Allí, unos amigos le organizaron una fiesta que no omitió los placeres del licor y del baile a cargo de odaliscas turcas. El solícito amigo, al poco tiempo, regresó a su país: nunca más volvieron a verse. Pajarito falleció de un ataque cardiaco la mañana del 21 de junio del 2005. Su amigo, ahora, acaso rememore con nostalgia esa noche que compartieron, sin saber que sería la última".

Redactada en esos términos, esta historia nos induce a pensar en un mero acto de cortesía; los hechos que la complementan, sin embargo, la convierten en la perpetración de un hecho ilícito de responsabilidad de un diplomático ecuatoriano. El tal Pajarito no era sino Carlos Guillermo Suárez Mason, ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército entre 1976 y 1979 a cargo de 73 centros clandestinos de detención, prófugo de la justicia en 1984, antisemita confeso y corrupto en el manejo de bienes públicos, condenado a cadena perpetua in absentia en Italia, solicitado en extradición por Alemania y España y acusado en Argentina en diferentes procesos de más de 200 secuestros, 30 homicidios y de la apropiación de hijos de desaparecidos; estos oprobiosos antecedentes lo mantenían en arresto domiciliario desde 1999. 

El diplomático era el teniente coronel (r) Germánico Molina Alulema, embajador del Ecuador en Argentina nombrado por el gobierno de Lucio Gutiérrez a pesar de su paupérrimo currículo (jefe de Tránsito en Carchi, jefe de Interpol en Tungurahua y redactor del texto El manual del conductor) y de la oposición inicial de la Cancillería argentina. El 23 de enero del 2004, Molina, en su Audi de placas CD 0027, trasladó a Pajarito a una fiesta por su octogésimo cumpleaños; esta cortesía quebrantó las normas argentinas de arresto domiciliario. El Canciller de ese país lo llamó a pedirle explicaciones; Molina le reconoció el hecho, que calificó como “familiar” hacia el “distinguido” (¡?); un poco apenado y confuso, admitió que no se apercibió de su gravedad y que no pensó que llegaría a conocerse; le contó, incluso, detalles de la fiesta (el Canciller no podía creerlo) como la danza del vientre que ejecutaron las odaliscas. Para evitar una crisis diplomática, Ecuador retiró a Molina de inmediato.

El bochornoso acto de Molina violó el artículo 41.1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el artículo 310 del Código Penal ecuatoriano, que establece una sanción de un año de prisión a quienes procuran la evasión de un detenido. El 4 de febrero del 2004, la Fiscalía inició las investigaciones; este último 29 de diciembre, Jaime Velasco, presidente de la Corte Suprema, llamó a juicio a Molina y ordenó su prisión preventiva. La Suprema tiene la responsabilidad de llevar este proceso hasta su fin; un final que prescinda de los licores y las odaliscas que una madrugada de enero del 2004 fueron parte de este reprochable hecho que, no cobijo duda alguna, merece la sanción que establece la ley. Si así sucede, Molina, para ese entonces, acaso rememore con nostalgia esa noche que compartió con Pajarito sin saber que sería el preámbulo de otras trescientas sesenta y cinco que, por culpa de su cortesía, tenga que pasar en prisión. Que así sea.

Desapariciones LFC

Publicado en diario El universo el 30 de diciembre de 2006.

*

Rubén Blades compuso una canción que versa sobre este doloroso tema de una manera conmovedora. Una a una, su canción desgrana historias mínimas, de personas que pierden a su esposo, hermana, hijo o madre y que en pocas palabras traduce la angustia de quienes no pueden comprender por qué. La hipotética biografía de Altagracia o de Clara Quiñónez nos enfrenta, si tenemos un ápice de sensibilidad, con la frase de Cioran de que la historia no es sino una masacre y con el horrendo testimonio de lo inefable. La canción de Blades se llama Desapariciones y su mejor versión, para mi gusto, la cantan Los Fabulosos Cadillacs.

Blades escribió esta canción en 1984; pensaba, es probable, en los desaparecidos del Cono Sur. Pero su canción, por desgracia y porque como dijera Borges, la historia de un hombre es la cifra de la historia de todos los hombres, puede referirse a los que con posterioridad a esa fecha fueron desaparecidos en otros ámbitos: digamos, en Perú, en Guatemala o en El Salvador. También en Ecuador. El mismo año que Blades compuso su canción, inició su gobierno León Febres-Cordero (LFC); en el libro de Mariana Neira intitulado ¿Dónde están? Los Desaparecidos en el Ecuador se describe con no escasa minucia los actos de terrorismo de Estado que se ejecutaron en su periodo presidencial.

Desde ese entonces LFC se irguió como la figura política más importante de esta penosa democracia. Acumuló mucho poder y tengo la convicción de que no contribuyó con este al bien común: la miseria de institucionalidad que padecemos es tributaria de su época de dominio. Las recientes elecciones son la prueba de su desgaste y su fracaso; él lo sabe. Cuarto él, líder del PSC, por debajo de una animadora de TV; quinta su candidata, con la votación más baja de la historia de su partido en las últimas dos décadas. Nadie duda, ni sus acérrimos partidarios, que vive el término de su carrera política: somos los espectadores de su despedida. La nueva derecha, o lo que pueda merecer el calificativo de nueva, tiene la obligación de darle la espalda a este caudillo. Ellos lo saben. Tengo la certeza de que la única razón de peso para la diputación de LFC es la inmunidad parlamentaria que esta condición le otorga. Nada más.

Es así, porque a pesar de las nulas acciones iniciadas para investigar estos hechos que constató en su libro Mariana Neira, y que para cualquier persona consciente constituyen no otra cosa que actos de terrorismo de Estado, nada obsta a que se inicien las causas judiciales, en principio, en sede local, y si estas no fueran efectivas, en sede internacional, para conocer la verdad sobre estos hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y juzgarlos en consecuencia, sancionando con el rigor de la ley a los responsables de los mismos. Sería una suerte de salutación judicial que detenga la despedida impune.

Es curioso: el disco doble de quienes supieron cantar mejor Desapariciones, Los Fabulosos Cadillacs, y que por cierto significó su despedida de la música, lleva en el título una invocación a sus iniciales: "Hola LFC" y "Chau LFC", se llamó. Yo no sé de coincidencias. Pero sí sé que la sociedad civil tiene el derecho de iniciar los procesos conducentes a conocer la verdad sobre los hechos criminales de su periodo de gobierno, en aras de cesar la impunidad, de reconstruir nuestra institucionalidad y nuestra identidad a partir de la discusión crítica de nuestra historia reciente y de que finalmente se haga justicia. Que sea esta una reflexión para el año venidero, son mis sinceros deseos para usted y su familia.

Muerto malo

Publicado en diario El universo el 16 de diciembre de 2006.

*

Los seres humanos tenemos el hábito de decirnos mentiras piadosas para tornar más llevaderas las cargas de la realidad. Una de esas muchas mentiras es la clásica frase "no hay novia fea, ni muerto malo" cuya condición falaz es, por supuesto, muy evidente. Que las novias feas existen es cuestión de darse una vuelta por las oficinas del Registro Civil y acreditarlo con los propios ojos; y sobre que los muertos malos existen tenemos un notorio ejemplo reciente: el domingo 10 de diciembre falleció en Santiago de Chile el dictador Augusto Pinochet.

En enero de 1978, el policía italiano Eugenio D'Alberto recibió una condena porque profirió a sus superiores una "ofensa imperdonable": osó llamarlos "Pinochet". El juez de la causa entendió que semejante mención suponía una "calificación injuriosa" porque implicaba no otra cosa que el ejercicio del mando con "métodos de naturaleza autoritaria y represiva". Las cifras oficiales lo confirman: 3.197 personas muertas o desaparecidas y aproximadamente 30.000 sometidas a torturas a consecuencia de actos represivos de agentes estatales. Así, la asociación de términos que hizo el juez italiano es casi impecable. Le faltó solo añadir a su dictamen la precisión de la palabra "criminal".

A despecho de su vileza, todavía algunos insensatos insisten en defender a Pinochet. Conozco bien sus argumentos; pueden sin pérdida reducirse a dos. El primero supone que las víctimas de la represión que encabezó este dictador fueron necesarias para vencer al enemigo comunista. Este argumento es insostenible. El Informe Rettig probó con suficiencia la existencia de desapariciones, ejecuciones, torturas, usos indebidos de la fuerza y abusos de poder que carecieron de justificación alguna en el contexto de la situación de contienda política. Tales excesos no eran en absoluto necesarios; su ejecución constituyó, para cualquier individuo con un mínimo de conciencia ética, no otra cosa que la puesta en práctica de un execrable terrorismo de Estado.

El segundo de los argumentos le atribuye a la dictadura de Pinochet el desarrollo económico de Chile. Este argumento es vergonzoso y equivocado. Lo primero, porque este cálculo de costo/beneficio es inaceptable cuando el costo para desarrollar la economía lo pagan con sus vidas miles de personas; si alguno llega a consentirlo sin rubor, funde usted la sospecha cierta de que se halla frente a un nazi o un idiota. Lo segundo, porque la estabilidad de la economía chilena se relaciona tanto con las sólidas instituciones y el acendrado respeto a la legalidad que se forjan a lo largo de su historia y desde su independencia de España (en los tiempos de Diego Portales y que constituyen una excepción para la región) como con méritos del modelo económico que, como bien declaró el Ministro de Hacienda chileno con ocasión de la muerte del dictador, no se pueden atribuir en exclusiva a la dictadura de Pinochet. Lo que en materia económica sí puede atribuirse solo a su dictadura es su inmensa fortuna personal, que este infame formó a partir de actos de corrupción y de fraude tributario. Es decir, que además de criminal, Pinochet también fue un vulgar ladrón. Escoja usted su manera de despreciarlo. Yo le recomiendo ambas.

Pinochet murió y no recibió los funerales de Estado que no merecía, porque no los merecen quienes usurpan el poder. Sus simpatizantes acudieron a su velación a despedirse de su cadáver; sus víctimas, familiares de las víctimas y detractores de su dictadura salieron a las calles para festejar con champán su deceso. Sé muy bien dónde yo habría estado: copa de champán en mano, celebrando la muerte de este triste apellido que se asocia con el crimen y el terror y festejando el tránsito a los infiernos de este, sin duda alguna, muerto malo.

Villa Grimaldi

Publicado en diario El universo el 21 de octubre de 2006.

*

Hacia finales del mes de marzo, como parte del grupo de jóvenes profesionales que participó del Diploma de Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, visité Villa Grimaldi. Luego de intensas jornadas de debates académicos, muchos de ellos estimulantes, otros un tanto abstrusos, pero todos ellos realizados en la comodidad burguesa de un aula de la Universidad de Chile, recibimos quienes participamos de ese Diplomado, la mañana del 31 de marzo del 2006, un poderoso baño de cruda realidad.

Puede que quienes lean esta página no alcancen a entender la naturaleza de la cruda realidad a la que hago referencia. Pero para quienes visitamos Villa Grimaldi y para quienes tuvimos la ocasión de escuchar los testimonios de la brutal represión que Villa Grimaldi significó en el demencial período de los primeros años de gobierno del dictador Pinochet, precisamente de boca de quienes lo vivieron en carne propia, ya es distinto: entendimos, de un solo certero golpe, la frase de Emil Cioran que decía que solo se podía entender la masacre que es la historia a través de las biografías de quienes la vivieron. Juro que se siente una profunda incomodidad de ser ante el testimonio de lo Innombrable.

Villa Grimaldi fue el centro de detención y tortura más importante de la Dirección de Inteligencia Nacional, el órgano más representativo de la represión en la dictadura chilena. En éste, como en tantos otros lugares a lo largo de la geografía chilena, la represión se caracterizó por la práctica masiva y sistemática de fusilamientos y ejecuciones sumarias, torturas (incluida la violación sexual, principalmente de mujeres), privaciones arbitrarias de la libertad en recintos al margen del escrutinio de la ley y desapariciones forzadas; todos estos actos fueron cometidos por agentes del Estado, asistidos en ocasiones por civiles. Información en particular sobre Villa Grimaldi y, en general, sobre este período oscuro de la historia chilena puede encontrarse en: http://www.memoriaviva.com/Centros/00Metropolitana/villa_grimaldi.htm

En relación con estos hechos, en fecha tan reciente como el 26 de septiembre del 2006, en el contexto del Caso Almonacid Arellano c. Chile que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este alto tribunal sostuvo que el asesinato, en las circunstancias de la represión de la dictadura chilena, constituye un crimen de lesa humanidad “cuya prohibición es una norma de ius cogens [esto es, como una norma que la comunidad internacional reconoce que no admite en ningún caso acuerdo en contrario] y [cuya] penalización es obligatoria conforme al derecho internacional general”. Yo, que me declaro vitalista a carta cabal, suscribo como propia la frase de Joaquín Sabina que dice que “hay que condenar todas las muertes, incluida la natural”. Y con mayor razón creo que esta condena debe existir en los casos en que la responsabilidad de la muerte de una persona le corresponde al Estado.

La condena, en estos casos de lo que merece llamarse sin ambages “terrorismo de Estado”, debe tener un carácter principalmente penal. En este sentido, los atroces hechos de la dictadura del criminal Pinochet y las brutalidades innombrables de la dictadura argentina han merecido condenas tanto de tribunales internacionales como de sus propios tribunales, mismos que han sentenciado a los autores o cómplices de estos hechos. Ecuador, en este rubro, todavía tiene una asignatura pendiente. Durante el gobierno de León Febres-Cordero el Estado ejecutó una política criminal de represión que, salvando las dimensiones, merece, sin atisbo de duda alguna, el mismo reproche: nuestra más firme condena moral y la consecución de la condena penal, sea esta en sede nacional o extranjera. Porque son estas, y no otras, las necesarias demandas en aras de concretar, de una vez por todas, la cesación de la impunidad, la construcción de la institucionalidad e identidad desde la discusión crítica de nuestra historia reciente y, por qué no admitirlo, en aras de que finalmente se haga justicia.