En 1997, a raíz de las protestas por tres ejecuciones extrajudiciales y con la presencia del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se constituyó en Guayaquil el Comité de Familiares de Víctimas de la Fuerza Pública, al que se lo define como “un organismo de vigilancia y presión ciudadana sobre los procesos judiciales que se encuentran a órdenes de jueces de las Cortes Policiales y Ordinarias y cuyos agentes acusados se encuentran en libertad o prófugos, sin que exista voluntad institucional para esclarecer dichos hechos y sancionar a los responsables. Es un espacio de movilización social por los Derechos Humanos contra la impunidad”. Hoy, su actividad principal es el plantón que todos los martes, de 09h00 a 12h00 y desde hace seis años, realiza frente al Palacio de Justicia.
Esta definición del Comité de Familiares la ofrece el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en el libro que publicó el 10 de diciembre de 2009 titulado “Voces contra el olvido”, en el que se relata 16 testimonios de familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos acaecidas en Guayaquil “quienes no se han quedado con los brazos cruzados frente a la injusticia sino que han desafiado al poder criminal y mafioso […] Sus voces vehementes y persistentes no callan frente al legalismo, al procedimiento, a lo prudente. Son voces que se agitan por aquello elemental, llamado dignidad”, expresa Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, a manera de breve prólogo. Los 16 testimonios, valga reseñarlo, pertenecen casi todos a mujeres que reclaman justicia por la muerte (por desaparición forzada, por ejecución extrajudicial, por tortura o por negligencia médica) de un familiar. Los nombres de quienes testimonian en este valioso documento contra el olvido son Fanny García Franco, Miguel Félix García García, María Hurtado Villa, Marco Zambrano, Cecilia Mendoza Arreaga, Marta Jacqueline Delgado Galarza, Ogarita Celva Silva León, Patricia Cárdenas Pesantez, María Dolores Guerra, Dolores Vélez Parra, Dolores Briones Soriano, Pilar de las Mercedes Peñafiel, Mireya Vélez Falcones, Susana Rodríguez Villamar, Bella Inés Vásquez Sánchez, Miriam Sánchez Vergara.
“Los casos que aquí se exponen”, escribe Walter Mendoza Yépez, abogado del Comité Permanente, “representan visiblemente una resistencia a lo que no debe ser, a una sociedad a ratos perversa, a una justicia enredada en compromisos de toda naturaleza, en fin, a un sistema que parece haber inventado una nueva forma de movimiento en inacción”. Una resistencia que se revela en 145 páginas ilustradas que incluyen un poema al final, de autoría de Hugo Salazar Tamariz, en el que éste se pregunta “¿de dónde habrá salido este ser único en el planeta que puede volverse loco, reír, creer en dioses, opinar, discutir, reclamar durante siglos, discurrir, reunirse y repetirse a cada instancia?”. Acaso haya salido de aquella hermosa certeza borgiana de que “solo una cosa no hay / es el olvido”.
2 comentarios:
Existe una receta para invocar el olvido... se llama "Regeneración Urbana"!
Debo decir que hace algunos años conocí muy de cerca los casos de Susana Rodríguez Villamar y de Bella Inés Vásquez Sánchez, y -con toda honestidad- no tienen ninguna relación con víctimas de la Fuerza Pública, o con agentes acusados que se encuentren en libertad o prófugos. Los convivientes de las citadas ciudadanas, que eran pescadores y se ganaban la vida trabajando en un pequeño barco pesquero, fallecieron en alta mar, asesinados por un aparente ataque de "piratas" en el golfo de Guayaquil. Ahora bien, ellas demandaron indemnización por accidente de trabajo, y perdieron los procesos laborales por cuestiones de legitimación activa. Y es después de perder en todas las instancias, que a alguien se le ocurrió etiquetar el caso como desaparición forzada de personas y violación a los DDHH. Por supuesto, no hay ningún proceso en este sentido, sencillamente porque la acusación -nunca formalizada- de estas ciudadanas, es que el dueño del barco mandó a matar a sus propios empleados, disparate tan grave como carente del más mínimo indicio. Pues bien, creo, (y esto es bastante obvio) que no todos los carteles fijados afuera de la Corte tienen necesariamente un sustento razonable (no digamos "legal"); y creo, asimismo, que es bastante extraño que un grupo de ciudadanos se la pase 6 años gritando, cada día miércoles del calendario, "queremos justicia", y que por otra parte no hagan absolutamente NADA por encausar esas reclamaciones ante los órganos jurisdiccionales (en orden a obtener una declaración de culpabilidad del agente o una indemnización de perjuicios como reparación integral por las muertes supuestamente causadas). La victimización injustificada, que existe, y que también puede ser vehículo de utilizaciones a terceros de buena fe, me indigna tanto como una violación efectiva de DDHH. ¿Cómo saber cuándo estamos en uno u otro caso? No tengo una respuesta concluyente, pero una buena pista es conocer que las víctimas intenten acceder a la justicia y no se limiten a gritar por gritar. Saludos
Publicar un comentario