Ese 8%

            Publicado en diario Expreso el viernes 4 de agosto de 2023.

Uno podría clasificar la historia política del Ecuador como una sucesión de momentos en que el poder se concentró alrededor de una persona (García Moreno, Alfaro, Correa, etc.) y de momentos en que el poder está atomizado, disperso en distintos grupos de la sociedad que jalan agua para su propio molino. El actual es uno de estos últimos momentos, que ahora registra una singularidad.

Aceptemos la premisa de que el Estado ecuatoriano es como un borracho en permanente recuperación, un chuchaqui sin fin. Nunca ha servido para satisfacer a las grandes masas, a las que incluso despreció y abusó en leyes y políticas públicas (en especial, pero no únicamente, durante el siglo XIX) pues la naturaleza del Estado había sido estar capturado por las élites, a las que la burocracia y la policía le resultaban funcionales a sus fines. La burocracia, para pagar lo menos al Estado y recibir lo más de él; la policía, para mantener el status quo cuando fuera necesario (el ejército como la herramienta de última ratio).

En estos últimos años, ocurrió la singularidad que autoriza a hablar en pasado de la captura del Estado por las “élites”. Este nuevo momento de atomización del poder en el Ecuador ha sido aprovechado por grupos criminales que se dedican a un lucrativo negocio y que han convertido al Ecuador en una autopista para la salida de drogas al mercado europeo. Ellos son los que están ocupando los vacíos del poder que se destruyó a combazos desde una silla de ruedas. 

Desde aquella última vez que un liderazgo carismático concentró el poder (Rafael Correa, 2017), éste se ha atomizado y, con ello, se afectó gravemente el control estatal del narcotráfico: se eliminaron instituciones, se disminuyeron presupuestos, se despidió personal. Como un botón de muestra de este desastre, mírese la constante disminución del presupuesto de las cárceles que denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su “informe sobre los derechos humanos en el Ecuador” publicado el 2002: “el presupuesto para el sistema penitenciario era de 153 millones de dólares en 2017, de 131 millones de dólares en 2018, de 90 millones de dólares en 2019, de 88 millones de dólares en 2020, y de 54 millones de dólares en 2021”. Y esta merma ocurría mientras aumentaba el número de presos.

Una aplicación del poder es la capacidad para modificar la conducta de otro. En ocasiones, modificarla para que no se haga algo que se debería hacer. Y el Estado del Ecuador es incapaz de instalar escáneres en los puertos, de reinstalar un radar en el cerro, de comprar chalecos antibalas… De controlar el que debería ser el típico espacio de control del Estado, sus cárceles. Por contraste, las cárceles del Ecuador son funcionales a las bandas que se dedican al negocio del narcotráfico, las que desde allí operan. Las cárceles como hub para un negocio ilegal. 

¿La cereza del pastel? La presencia de un policía en la declaración de prensa de uno de los cabecillas de las bandas: ello habla a gritos de quién está ahora al mando.

¿Cree Ud. que la ejecución del 8% del presupuesto por el Ministerio del Interior en lo que va de este año es pura ineficacia? Piense de nuevo. Es una exhibición de los nuevos amos del poder.