Sofía Espín pudo estar
presa y pasar así todo el año 2019. (Por suerte, escapó a tiempo de la
estupidez y malicia estatal.) Presa por nada, por los posibles dichos
interesados de una tercera persona.
Sofía Espín fue una asambleísta
elegida el 19 de febrero de 2017 por votación popular, por la provincia del
Guayas y por Alianza País. Debió ejercer su cargo entre el 14 de mayo de 2017 y
el 14 de mayo de 2021, pero su ejercicio fue interrumpido el 13 de noviembre de
2018 por una resolución de la Asamblea Nacional, que la destituyó.
Destituir a un asambleísta
(de cualquier partido o movimiento) es un acto muy grave, según los estándares
internacionales de derechos humanos. El estándar de protección es mucho menor
con las autoridades que son designadas por otras autoridades, pero cuando se
trata de las decisiones del pueblo soberano, como el caso de un asambleísta, sea
para bien o para mal, estas decisiones merecen mucho respeto. Se supone que el
sistema democrático se erige sobre estas decisiones del mandante.
Por ello, el estándar de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expuesto en el caso de la
destitución de una autoridad de elección popular por un órgano administrativo
ocurrida en Colombia, el Caso Petro c. Colombia (2017), es que
existe un derecho a completar el mandato de un cargo de elección popular, por
lo que “las restricciones a dicho derecho deben estar encaminadas a proteger
bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente
y bajo un escrutinio riguroso” (Párr. 117). Es decir, si se aplican las
restricciones, estas deben cumplir un objeto (la protección de un bien valioso)
y un procedimiento (un análisis muy exhaustivo).
Entonces, ¿qué había hecho
Sofía Espín para que la Asamblea Nacional la destituya? Pues acompañar a una
abogada, Yadira Cadena, en su visita a una testigo protegida en una cárcel de
Quito. Algo que no traería ninguna cola, salvo por un detalle: el juicio era
contra Correa y la testigo protegida lo tenía que acusar a Correa. A raíz de
esta visita, que ocurrió el 24 de septiembre de 2018, el 28 de ese mes ya
tenían ambas iniciadas una indagación fiscal en su contra, en tiempos de la
Fiscalía de doña Ruth Palacios… ¡Con qué celeridad responde la política cuando
quieres arruinarle su plan! Te mandan entonces a la Ley, en su versión de aplicación
punitiva y desproporcionada del derecho.
La testigo protegida era la
policía Jéssica Falcón, que se supone que escuchó las ofertas de la abogada
Cadena, acompañada por Espín, de hacer tales y tales cosas. Luego, ella le dijo
a su abogado, Diego Chimbo, que ellas le habían ofrecido tales y tales cosas.
En un mundo normal, ella habría escuchado lo que fuere y decía “no, no me interesa.” Pero en este país
de pacotilla, Falcón terminó la entrevista y le cuenta a su abogado, Diego
Chimbo, que Cadena y Espín le dijeron X y Y, y entonces el abogado Chimbo hace
una rueda de prensa y dice que se ha cometido un delito porque a su clienta,
Cadena y Espín le dijeron X y Y en la cárcel, siendo la única evidencia de que
a Falcón le dijeron X y Y, la versión de Falcón de que esto fue así (?).
Esto es muy imbécil, y
permítanme darle una relación lógica. Es mucho más probable que, más allá de lo
que se haya dicho en la entrevista (irrelevante),
los abogados de Falcón hayan visto una oportunidad en contubernio con
autoridades del Estado, tanto para proteger a su testigo (Falcón) como para
atacar a quienes pudieran intentar desestabilizarla (en este caso, Espín y
Cadena). Y urdieron un plan de dórica simpleza. Le dijeron a Falcón “tú dices
que esto fue lo que ellas te dijeron, nosotros nos encargamos del resto”.
Falcón cumplió sus deberes, dijo lo que tenía que decir contra Espín y contra
Correa, y salió libre unas semanas después. Y con lo que ella dijo que ellas le
habían dicho en la mañana del 24 de septiembre, se montó este sainete que ha
involucrado a dos de los más importantes órganos del Estado (¡qué pobres que
somos!).
Por un ella dice que ella dijo se dictó una
orden de prisión preventiva en contra de Espín y se la destituyó de su cargo
como asambleísta. Pero con el transcurso del tiempo, el sainete, en su parte
judicial, no ha podido sostenerse. Ayer nomás, 5 de diciembre, la Fiscalía
General del Estado envió al Juez de la causa un dictamen abstentivo a
favor de Sofía Espín y de Yadira Cadena. Esto quiere decir que se confirmó el
estado de inocencia de Espín y de Cadena, y se confirmó que el Estado nunca
tuvo real evidencia en su contra.
El de Sofía Espín y Yadira Cadena es uno
de los procesos penales que se cae, como se caerán muchos otros de espurio
origen político y de similar debilidad, aunque no creo que ninguno pueda ser
más endeble que éste: después de todo, ¿qué puede ser más débil que ordenar prisión por un ella dice que ella
dijo?
Y es de tomar en cuenta
que la actual Fiscal General del Estado, Diana Salazar, le entró a su
antecesora Ruth Palacios como Terry Butcher le quiso entrar a Maradona
cuando el gol del Mundial del ’86 pero falló: con saña conmovedora. Dice ella, en el boletín de la institución, que en el caso que su antecesora inició contra Sofía Espín y Yadira Cadena “no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por
lo cual persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios
de objetividad y mínima intervención penal.” En castellano básico: “Quien
estuvo antes la cagó, seguir con esto sería un grave abuso.”
Del sainete montado, en el
campo penal, hicieron un mea culpa.
Pero en el campo legislativo la gente sí que es necia. Cuando se inició el
proceso en el órgano legislativo en contra de Sofía Espín, la justificación que
ofreció la entonces Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas,
para el inicio de la persecución en su contra fue que “[n]o se permitirá que ningún
asambleísta interfiera en la administración de justicia”, y que “[s]i alguien
incurre en hechos de esta naturaleza, tenga la total seguridad de que se
aplicarán las sanciones al amparo de los artículos 163 y 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.”
Y así ocurrió. Estas
declaraciones de la Presidenta Cabezas fueron del 29 de septiembre. El 3 de
octubre, el asambleísta Esteban Bernal presentó una acusación en contra de su
colega Sofía Espín ante el Consejo de Administración Legislativa (que lo
presidía Cabezas) por la supuesta violación del artículo 163.1 de la Ley. Se
calificó la denuncia de Bernal el mismo día que la presentó. El 10 de octubre
el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la creación de un órgano (la Comisión
Ocasional Multipartidista de Investigación) para realizar un informe sobre lo que
había hecho Sofía Espín en su visita a la cárcel del 24 de septiembre.
Sobre estas comisiones
adefesiosas se ha expedido la Corte Interamericana en un caso que sentenció
contra El Salvador, Colindres Schonenberg
(2019), en el que la Corte IDH ya analizó la creación de una comisión
especial en la Asamblea Nacional para la destitución de una autoridad pública.
En esa ocasión, la Corte IDH condenó al Estado de El Salvador por la violación del
artículo 8 de la Convención Americana, debido a que “[l]a
inexistencia de un procedimiento previamente establecido impidió que el señor
Colindres Schonenberg conociera cuál era el procedimiento al que iba a ser
sometido y en qué momentos podría defenderse” (Párr. 90).
El caso de Sofía Espín es
similar a este de Colindres en El Salvador, pues el procedimiento en la Ley Orgánica de la Función Legislativa aplicado
a Espín, establecido en el artículo 164, es escueto y establece únicamente, en
su tercer inciso, las siguientes características para este órgano: 1) debe componerse de un “máximo” de
tres asambleístas; 2) debe emitir un
informe en diez días; 3) debe emitir
ese informe garantizando que “el o la asambleísta haya ejercido su derecho a la
defensa durante la investigación, salvo que el o la asambleísta no se presente
en el plazo de tres días”.
Así, el derecho al debido
proceso para los asambleístas está visto como tan poca cosa, que es renunciable
por el acusado y es potestativo para el acusador. No se regula lo que debe
entenderse por “debido proceso” en este procedimiento tan arbitrario, pues eso queda
a gusto de la Comisión. La Corte IDH, en Colindres Schonenberg (2019), condenó al Estado salvadoreño por no garantizar en
la Ley el derecho al debido proceso, lo que la Corte consideró que era “una
violación del artículo 2 de la Convención y afectó la seguridad jurídica y los
derechos de la presunta víctima al momento de determinarse su destitución”
(Párr. 98).
La Comisión nombrada por
el Pleno se compuso de tres asambleístas y presentó su informe el 20 de octubre
de 2018. Como era previsible, la Comisión actuó sin apego al debido proceso: no
le garantizó a Espín un juicio imparcial, ni su derecho a una decisión motivada
(pues únicamente tomó para resolver las partes convenientes para la condena a
Espín), ni su derecho a ser informada de la acusación, ni su derecho a contar
con el tiempo y los medios adecuados para defensa, ni su derecho a contar con
testigos propios.
La Asamblea Nacional se
disponía a votar este informe de la Comisión el 8 de noviembre, pero como ese
día no se reunieron los votos suficientes para la destitución de Espín, se
decidió aplazar la votación con el argumento más Judas de la historia
legislativa reciente: para condenarla bien, le iban a dar a Espín más tiempo
para que ella se defienda (?). Para hacer
esto, hay que tener la cara de un moái. (Y María José Carrión la
tiene.)
Entonces la Asamblea
Nacional se reunió el 13 de noviembre de 2018, ya ajustadas las tuercas de la
loca maquinaria estatal, y ese día, 94 de sus 137 integrantes votaron por la
destitución de una asambleísta. Cabezas se había comprometido a aplicar el
artículo 163 contra Espín, e iba a triunfar Cabezas en su empresa, aunque para
ello tenga que desbaratar el derecho. (Esto es lo que es la política, cuando
está en manos de irresponsables.)
Porque fue eso lo que hizo
la Asamblea Nacional, a fin de sancionar a Sofía Espín con su destitución: trató
a la visita de Sofía Espín a la cárcel como el desempeño de una “función privada
[…] incompatible con su cargo”, a fin de poder aplicarle el artículo 163.1 de
la Ley Orgánica de la Función Legislativa y destituirla.
Así, ya por no respetar,
en la Asamblea Nacional no se respetó ni el significado literal de las palabras
(aquí uno debe preguntarse, ¿se puede caer más bajo?). Cuando la Ley Orgánica de la Función Legislativa
utiliza el verbo “desempeñar” en el artículo 163.1, lo utiliza en la voz primera del diccionario de
la Real Academia Española, esto es, “ejercer las obligaciones inherentes a profesión,
cargo u oficio”, acciones que suponen un ejercicio sostenido en el tiempo, no
una única acción que se ejecutó en una mañana, por espacio de diez minutos. Es
claro que lo que busca la norma es evitar que un asambleísta desempeñe una
actividad paralela a su cargo que le pueda restar tiempo para su ejercicio. Con
esta interpretación cobra pleno sentido la excepción que se establece al final
del artículo 163.1: “excepto la docencia universitaria siempre
que su horario lo permita”.
Casi no se puede imaginar uno
algo más idiota que confundir un acto singular con un acto continuado en el
tiempo debido a la simple malinterpretación de un verbo. Ni tampoco nada más alejado
de la guía de conducta que debió tener la Asamblea Nacional en el caso de la
destitución de un asambleísta, que era “proteger bienes jurídicos
fundamentales” y analizar las pruebas “cuidadosamente y bajo un escrutinio
riguroso”. A esto la obligaba el estándar interamericano que estableció la
Comisión IDH en el Caso Petro (2017)… pero la Asamblea Nacional ignoró los estándares internacionales y
actuó con el firme propósito de destituirla a Sofía Espín, aún torciendo el significado
literal de las palabras, sin asomo de rigor o de vergüenza, adecuando un resultado
a su total conveniencia.
Y así las cosas, uno
pensaría que la Asamblea Nacional, en vista de que el proceso penal se probó un
adefesio montado por la Fiscal Ruth Palacios sin base ética y en claro abuso
del derecho (no soy yo quien lo dice, es Diana Salazar), tendría un momento de
autocrítica. Pero esto sería desconocer la soberbia del legislador ecuatoriano.
El Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, no mostró ni un asomo de
auto-crítica: actuó con la soberbia de quien piensa que sus decisiones son todas
“políticas”, como si ese adjetivo constituyera una licencia para la
total irresponsabilidad de sus actos. (Este es, tal parece, nuestro estándar.)
Y la destitución de Espín de su cargo
de asambleísta fue un acto de suma irresponsabilidad de estos políticos sin ideales,
ni criterio, ni capacidad de autocrítica, que tendrá que pagarlo finalmente el
Estado (es decir, todos nosotros, con nuestros impuestos: ¡qué comodidad la de
estos irresponsables, socializando los gastos que ocasiona su ceguera y su
estupidez!). Espín tiene ya presentada una petición (hago un disclaimer: soy su abogado en ella) que
está en conocimiento de la Comisión IDH como P-359-19. Es un caso que a la Comisión IDH le debería interesar y
mucho, porque revela la forma tan poco seria con que en el Ecuador se trata al
sistema democrático. Para la Comisión IDH, en el citado Caso Petro c. Colombia (2017), una decisión como la destitución que
efectuó la Asamblea Nacional el 13 de noviembre de 2018…
“… puede
afectar no solamente a la persona en cuestión sino también la libre expresión
de la voluntad de los electores a través del sufragio universal. De esta manera,
una restricción arbitraria de los derechos políticos que impacte en el derecho
de una persona a ser elegida popularmente y a completar su mandato, no afecta únicamente los derechos políticos
de la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la dimensión
colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir
significativamente en el juego democrático.”
Es difícil fallar en un
reclamo ante el Sistema Interamericano, si únicamente se debe seguir sus claros
precedentes (y se tiene un Estado tan papayero). Es cuestión de tiempo.
