El relato extraviado

            Publicado en diario Expreso el viernes 13 de septiembre de 2024.

En el Ecuador, como en otros Estados que surgieron en América en el siglo XIX, se forjó un relato histórico para contribuir a desarrollar la incipiente nacionalidad.  

A diferencia de otros Estados, en el caso ecuatoriano este relato fue deficiente. Una parte de esta deficiencia se podría explicar por el origen del relato histórico escogido, que está basado en dos errores de bulto.

La historiografía oficial (Academia Nacional de Historia mediante) quiere que el origen del relato histórico ecuatoriano empiece con un primer grito de independencia ocurrido en Quito el 10 de agosto de 1809.

El primer error de ese relato histórico es tomar la parte por el todo. Lo que ocurrió en 1809 fue una acción quiteña emprendida contra los territorios que conformaron, años después, el Estado del Ecuador. En 1809, la Junta de Gobierno que se instituyó en Quito quiso imponer su primacía a las autoridades de las provincias vecinas de Cuenca y Guayaquil. Su reacción (también la de Popayán) fue rechazar de manera rotunda la propuesta quiteña, guerrearla y volverla un pronto fracaso.  

Es decir, lo ocurrido en 1809 es realmente la acción de una parte (Quito) que motivó la reacción violenta de las dos otras partes (Guayaquil y Cuenca) que conformaron el Estado del Ecuador en 1830. No sirve como una celebración para todo el Ecuador (a mayor inri, en 1809 el Estado del Ecuador no existía ni como idea).

Pero el hecho de que Quito no haya podido persuadir a nadie, no la arredra a Quito: ella supone que los otros territorios se equivocaron en no hacerle caso a su llamado a la independencia. De su rotundo fracaso en persuadir a otros, Quito hace un timbre de orgullo. 

Y este es el segundo error, porque no hay tal llamado a la independencia. En rigor, se trata de la conocida falacia post hoc ergo propter hoc, que consiste en atribuirle a un hecho posterior ser la consecuencia de uno que ocurrió antes. En este caso, consiste en atribuir el hecho de la independencia a un hecho que nunca la buscó.

Con tantos estudios sobre el tema publicados desde los años noventa (de François-Xavier Guerra, de Manuel Chust, de Antonio Annino, de Federica Morelli, entre muchos otros), hoy es incontrovertible que lo ocurrido en Quito en 1809 no fue un movimiento independentista. Lo que se buscó en aquel entonces fue romper la sujeción de Quito al Virreinato de Santafé y empezar a administrar de manera autónoma su territorio, pero siempre formando parte del Reino de España.   

Como Quito había sufrido unas considerables mermas de su territorio en los años previos a 1809, su objetivo fue reconstituir (y administrar por cuenta propia) esos territorios perdidos. Sea dicho con palabras de Federica Morelli: “El principal objetivo de la junta quiteña de 1809 no fue, por lo tanto, la independencia de España sino la reconstitución de un territorio que había sufrido una desarticulación mucho antes de la crisis de 1808”.

Así, lo que cuenta la historiografía oficial (Academia Nacional de Historia mediante) no es una historia, es un extravío.

Y ya tomándose los hechos en serio, la historia de la independencia de los territorios que conformaron en 1830 el Estado del Ecuador empezó en Guayaquil el 9 de octubre de 1820. 

Los muros

            Publicado en diario Expreso el viernes 6 de septiembre de 2024.

La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América, aprobada el 15 de diciembre de 1791 y vigente todavía casi 233 años después, dice lo siguiente: “El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente”.

Thomas Jefferson, el autor de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América del reino de la Gran Bretaña y el tercer presidente de la primera república americana, escribió en carta fechada el 1 de enero de 1802 (mientras era el presidente, durante su primer período) dirigida a una asociación de bautistas (variante de la confesión protestante) de la ciudad de Danbury, una frase que se ha convertido en la más célebre caracterización de la primera enmienda aprobada a la Constitución. En dicho documento del año 1802, Jefferson escribió que, tras la aprobación de la primera enmienda a la Constitución por el Congreso el año 1791, se había erigido “un muro de separación entre la iglesia y el Estado”.

Desde 1791 se aplica en los Estados Unidos de América este “muro de separación” que significa una clara protección del Estado a la diversidad de religiones y un contundente rechazo a la adopción por el Estado de una religión oficial. Por contraste, en 1869 en la República del Ecuador (casi 80 años después de la primera enmienda estadounidense) se erigió un muro, con un propósito totalmente opuesto.

En 1869, la República del Ecuador adoptó su séptima Constitución. El gobernante de ese entonces (elevado al poder por un golpe de Estado de enero de ese año), Gabriel García Moreno, explicó en un mensaje dirigido a los diputados a la Convención Nacional los objetos principales de la Constitución que ellos estaban redactando: 

“el primero poner en armonía nuestras instituciones políticas con nuestras creencias religiosas; y el segundo, investir a la autoridad pública de la fuerza suficiente para resistir a los embates de la anarquía (...). Entre el pueblo arrodillado al pie del altar del Dios verdadero y los enemigos de la Religión que profesamos, es necesario levantar un muro de defensa, y esto es lo que me he propuesto y lo que creo esencial en las reformas que contiene el Proyecto de Constitución”.

Este “muro de defensa” de García Moreno tomó forma en el artículo 9 de la Constitución, que obligó al Estado ecuatoriano a proteger la religión católica “con los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones canónicas”, y en su artículo 10, que llegaba al extremo de supeditar la condición de ciudadano a la profesión de la fe católica. Por supuesto, a la religión oficial del Estado ecuatoriano, los “poderes políticos” estaban obligados a hacerla respetar “con exclusión de cualquier otra”. Esta Constitución pasó a la historia con el remoquete de “Carta Negra”.

El muro de Thomas Jefferson sigue en pie, 222 años después de formulado. El muro que erigió García Moreno en 1869, no duró ni diez años. En 1878, una nueva Constitución lo derrumbó (en sus extremos, pues la religión católica seguía siendo la oficial del Estado). 

Un muro en pie, el otro caído. El resultado es un testimonio del triunfo de las luces y de la civilización.