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Buscando un buque inglés

16 de enero de 2026

            Publicado en diario Expreso el viernes 16 de enero de 2026.

“El enemigo de mi enemigo es mi amigo” es un famoso proverbio árabe. Inglaterra era una poderosa enemiga de Francia y dado que Francia era enemiga de Quito, entonces Inglaterra pasó a ser una (potencial) amiga del Quito insurgente de 1809. 

Porque este Quito insurgente de 1809 no hizo su revolución contra el Reino de España, como se sostiene en el manido discurso patriotero. De manera formal, la revolución de Quito fue hecha contra la ocupación del territorio peninsular español por las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte, a quien el revolucionario Rodríguez de Quiroga caracterizó en su célebre proclama del 16 de agosto como “el sanguinario tirano de Europa”, e instó a que él “pase los mares, si fuese capaz de tanto: aquí le espera un pueblo lleno de religión, de valor y de energía”.

Pero, en realidad, la revolución de Quito de 1809 se llevó a término para romper con siglos de subordinación administrativa, ora al Virreinato de Lima, ora al Virreinato de Santa Fe. En palabras de la historiadora Federica Morelli, con la excusa del combate a los franceses, esta revolución fue la oportunidad “de constituir un gobierno autónomo tanto de la madre patria como de los dos virreyes”.

Ahora, para sostener su revolución, los quiteños necesitaban de armas. Y aquí entra en escena Inglaterra. En un momento de desesperación, cuando la revolución parecía venirse abajo en septiembre de 1809, el marqués de Selva Alegre, Presidente de la Junta de Gobierno de Quito, dirigió una carta al “capitán de cualquier buque inglés”.  

En esta carta, el marqués explicaba la razón de ser de la Junta de Gobierno por él presidida: “Enemigos eternos del infame devastador de la Europa, Bonaparte, hemos resuelto resistir hasta la muerte á su tiranía, como lo ha hecho la gloriosa e incomparable nación inglesa. En su virtud el pueblo de este Reino ha separado del mando de él a los españoles que lo regían, sospechados de secuaces declarados de aquel monstruo, y ha creado una Junta Suprema Gubernativa”. Y es en tal virtud que el citado marqués le pide al hipotético inglés “armas y municiones de guerra que necesitamos, principalmente fusiles y sables. Sírvase usted traernos a cualquiera de los puertos de Atacames o Tola, dos mil fusiles, con sus bayonetas y dos mil sables de munición, pues serán satisfechos a los precios corrientes”.

La revolución de Quito fue guerreada por todas las provincias vecinas a Quito (esto es, Popayán, Cuenca y Guayaquil). En este caso concreto, fueron las tropas de Popayán las que impidieron que el enviado de la Junta de Quito llegue siquiera a buscar los buques de bandera inglesa, pues los puertos habían sido tomados cuatro días antes de la redacción de la carta suscrita por el marqués de Selva Alegre. 

Desde las montañas de los Andes a un buque en el Pacífico: era éste un camino muy difícil de recorrer para “un gobierno frágil, inestable y acosado por la guerra”, como caracterizó Daniel Gutiérrez Ardila al Quito insurgente en su artículo “Revolución y diplomacia: el caso de la primera Junta de Quito (1809)”.

Tras este fracaso y otros más, en Quito, los revolucionarios se resignaron a la derrota y el 24 de octubre devolvieron el poder a los españoles. 

El pacto quiteño de 1812

10 de octubre de 2025

            Publicado en diario Expreso el viernes 10 de octubre de 2025.

Aprobado en febrero de 1812, el “Pacto solemne de sociedad y unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito” es un documento que reafirma la voluntad de autonomía del territorio de Quito frente a los otros territorios americanos que eran parte del reino de España. La aprobación de este pacto fue la cumbre jurídica del período de lucha por la autonomía de Quito, abierto en agosto de 1809 y concluido en diciembre de 1812 con el fusilamiento de los últimos patriotas. 

El pacto quiteño no se originó en el ejercicio de un poder constituyente elegido para el propósito específico de su redacción, porque fue aprobado por un congreso que se había establecido desde 1810. Tampoco se debatió su redacción, pues ella fue obra de una sola persona, el sacerdote Miguel Antonio Rodríguez. Ni pretendió este pacto, como sí lo quiso la junta quiteña de agosto de 1809, atribuirse una representación que abarque más allá de los límites tradicionales de la provincia de Quito.

Sobre este tema de la representación, la historiadora Federica Morelli pregunta: “¿Qué derecho tenía la Asamblea de Quito de representar a las demás ciudades de la Audiencia? Entre otros motivos, allí estaban los motivos del fracaso de la primera Junta quiteña y la guerra con las ciudades de Cuenca y Guayaquil”. El mérito del pacto quiteño de 1812 fue entender los límites que se traspasaron en 1809 y circunscribirse a la sierra centro-norte. 

El fin perseguido por el pacto quiteño era la independencia, “en cuanto a su administración y economía interior”, pero siempre dentro del reino de España. La independencia era frente a otros territorios americanos, en especial, frente al Perú y la Nueva Granada. 

Por eso, el artículo 2 del pacto podía disponer: “El Estado de Quito es, y será independiente de otro Estado y Gobierno en cuanto a su administración y economía interior”, sin que ello contradiga su vínculo con el reino de España, declarado en su artículo 5: “En prueba de su antiguo amor, y fidelidad constante a las personas de sus pasados Reyes; protesta este Estado que reconoce y reconoce por su Monarca al señor don Fernando Séptimo”.

El pacto quiteño de 1812 fue una cumbre jurídica del período de lucha por la autonomía de Quito carcomida por la hostilidad en el congreso, que derivó a que el pacto lo haya aprobado únicamente el marqués de Selva Alegre y sus partidarios. En este ambiente de desunión, el pacto nació muerto y nunca se aplicó. 

Se debió esperar ocho años, hasta noviembre de 1820, para que se apruebe un nuevo documento que declare el autogobierno de un territorio de la Audiencia de Quito. En claro contraste con el pacto de 1812, en 1820 la aprobación del reglamento guayaquileño la hizo un Colegio Electoral de 57 representantes reunido en Guayaquil y su aprobación tuvo una inmediata aplicación en el territorio de la provincia (hasta su ocupación militar por un ejército comandado por el general Simón Bolívar en julio de 1822). 

La diferencia principal entre los documentos de 1812 y 1820: el fin del pacto de 1812 era regular una independencia administrativa en el seno del reino de España; el fin del reglamento de 1820 era regular una independencia total, por fuera del reino de España.

El relato extraviado

13 de septiembre de 2024

            Publicado en diario Expreso el viernes 13 de septiembre de 2024.

En el Ecuador, como en otros Estados que surgieron en América en el siglo XIX, se forjó un relato histórico para contribuir a desarrollar la incipiente nacionalidad.  

A diferencia de otros Estados, en el caso ecuatoriano este relato fue deficiente. Una parte de esta deficiencia se podría explicar por el origen del relato histórico escogido, que está basado en dos errores de bulto.

La historiografía oficial (Academia Nacional de Historia mediante) quiere que el origen del relato histórico ecuatoriano empiece con un primer grito de independencia ocurrido en Quito el 10 de agosto de 1809.

El primer error de ese relato histórico es tomar la parte por el todo. Lo que ocurrió en 1809 fue una acción quiteña emprendida contra los territorios que conformaron, años después, el Estado del Ecuador. En 1809, la Junta de Gobierno que se instituyó en Quito quiso imponer su primacía a las autoridades de las provincias vecinas de Cuenca y Guayaquil. Su reacción (también la de Popayán) fue rechazar de manera rotunda la propuesta quiteña, guerrearla y volverla un pronto fracaso.  

Es decir, lo ocurrido en 1809 es realmente la acción de una parte (Quito) que motivó la reacción violenta de las dos otras partes (Guayaquil y Cuenca) que conformaron el Estado del Ecuador en 1830. No sirve como una celebración para todo el Ecuador (a mayor inri, en 1809 el Estado del Ecuador no existía ni como idea).

Pero el hecho de que Quito no haya podido persuadir a nadie, no la arredra a Quito: ella supone que los otros territorios se equivocaron en no hacerle caso a su llamado a la independencia. De su rotundo fracaso en persuadir a otros, Quito hace un timbre de orgullo. 

Y este es el segundo error, porque no hay tal llamado a la independencia. En rigor, se trata de la conocida falacia post hoc ergo propter hoc, que consiste en atribuirle a un hecho posterior ser la consecuencia de uno que ocurrió antes. En este caso, consiste en atribuir el hecho de la independencia a un hecho que nunca la buscó.

Con tantos estudios sobre el tema publicados desde los años noventa (de François-Xavier Guerra, de Manuel Chust, de Antonio Annino, de Federica Morelli, entre muchos otros), hoy es incontrovertible que lo ocurrido en Quito en 1809 no fue un movimiento independentista. Lo que se buscó en aquel entonces fue romper la sujeción de Quito al Virreinato de Santafé y empezar a administrar de manera autónoma su territorio, pero siempre formando parte del Reino de España.   

Como Quito había sufrido unas considerables mermas de su territorio en los años previos a 1809, su objetivo fue reconstituir (y administrar por cuenta propia) esos territorios perdidos. Sea dicho con palabras de Federica Morelli: “El principal objetivo de la junta quiteña de 1809 no fue, por lo tanto, la independencia de España sino la reconstitución de un territorio que había sufrido una desarticulación mucho antes de la crisis de 1808”.

Así, lo que cuenta la historiografía oficial (Academia Nacional de Historia mediante) no es una historia, es un extravío.

Y ya tomándose los hechos en serio, la historia de la independencia de los territorios que conformaron en 1830 el Estado del Ecuador empezó en Guayaquil el 9 de octubre de 1820. 

El 9 de octubre quiteño

7 de octubre de 2022

Publicado el 7 de octubre de 2022 en diario Expreso.


 

Durante el último cuarto del siglo dieciocho y entrando al diecinueve, la ciudad de Quito había sido despojada por el Reino de España de la administración de grandes extensiones de territorio, que pasaron a ser administrados por otros gobiernos en América o directamente por la Corona en Europa. En rápido recuento: en 1779, se creó un obispado en Cuenca para el gobierno eclesiástico y el cobro de diezmos sobre Guayaquil, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí; en 1793, Esmeraldas, Tumaco y La Tola pasaron a la jurisdicción de Popayán por orden del virrey de Nueva Granada; en 1802, se creó una nueva diócesis y un gobierno militar en Mainas, directamente gobernados desde España; en 1803, se anexó el gobierno de Guayaquil al virreinato del Perú. A Quito, capital de una Audiencia subordinada a la Audiencia de Santa Fe, se le quitó autoridad por todas partes.

 

El sentido del movimiento de agosto de 1809 en Quito fue (aprovechando la crisis en Europa) recuperar la autoridad en los territorios perdidos en años recientes. La emergente Junta de Gobierno que surgió el 10 de agosto declaró en su acta de instalación que se procuraría “atraer” al gobierno de Quito a “Guayaquil, Pasto, Popayán, Barbacoas y Panamá”. En esa línea y sin ningún tino, desde Quito se ordenó la destitución de las autoridades de las provincias vecinas de Cuenca, Popayán y Guayaquil, a fin de imponer a autoridades nombradas desde Quito. Ninguno de los territorios vecinos consintió estas destituciones y su resistencia y reacción frente a este exceso de entusiasmo de los quiteños desembocó en la masacre del 2 de agosto de 1810. Ese mismo día llegó a Quito el correo de Santa Fe, informando de la Junta que en Santa Fe se había formado y a la que se invitaba a Quito a participar, nuevamente de manera subordinada.

 

Frente a esta invitación de Santa Fe, los quiteños la declinaron a efectos de formar una segunda Junta de Gobierno, que no se reconoció sometida a Santa Fe sino directamente al Consejo de Regencia de España e Indias, órgano con sede en Cádiz. Los quiteños cambiaron de estrategia: persuadidos de la imposibilidad de imponerse, o incluso de llegar a acuerdos con las provincias vecinas, optaron por el autogobierno dentro de los límites de su provincia. Ocurrió el 9 de octubre de 1810 y significó la emergencia de una nueva Capitanía General para el Reino de España.  

 

Lo que siguió a este 9 de octubre fue la historia del desacuerdo del Reino de España con Quito, hasta imponer su real voluntad y borrar a la Capitanía General de Quito de la faz de la tierra. Las tropas españolas, finalmente comandadas por Toribio Montes (militar nombrado por el Consejo de Regencia), batallaron contra las tropas patriotas hasta su exterminio. A inicios de noviembre de 1812 se enfrentaron en Quito, en la batalla del Panecillo, y el triunfo de los realistas obligó a una huida al norte. Un mes después, tras la batalla de Ibarra, se fusiló a los últimos patriotas.

 

El episodio autonomista de Quito, abierto en agosto de 1809, defendido por patriotas quiteños y finalmente fallido, se cerró con esta última sangre vertida en diciembre de 1812.

 

Y desde allí, Quito fue de España hasta 1822, que pasó a ser de Colombia.

 

~*~

 

Fuentes:

 

* La principal fuente para esta columna son los trabajos de Federica Morelli, en especial, el libro “Territorio o nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830” (Centro de Estudios Políticos Constitucionales, Madrid, 2005), así como los artículos disponibles en línea  La revolución en Quito: el camino hacia el gobierno mixto”, “Las declaraciones de independencia del Ecuador: de una Audiencia a múltiples Estados”, “Quito en 1810: la búsqueda de un nuevo proyecto político”. También de gran valía son los trabajos del recién fallecido Jaime O. Rodríguez, v. por ejemplo “La independencia del Reino de Quito”.

 

* En el acta de independencia de Quito 1809 se declaró lo siguiente: “Declaramos que los antedichos individuos (los representantes de los barrios de Quito, N. del A.) unidos con los representantes de los Cabildos de las provincias sujetas actualmente a esta gobernación y las que se unieren voluntariamente a ella en lo sucesivo, como son Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá, que ahora dependen de los Virreinatos de Lima y Santa Fe, las cuales se procura atraer, compondrán una Junta Suprema que gobierne interinamente a nombre, y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor Don Fernando Séptimo…”, pp. 227-228.

Siglo y medio de miseria y derrotas

23 de diciembre de 2019


Entender la singularidad de San Francisco de Quito en el contexto suramericano supone el esfuerzo intelectual de comprender un siglo y medio de su historia. Este relato empieza, entonces, a finales del siglo XVII, cuando hubo el cambio de dinastía en la Península.

Hasta 1700 gobernó el Reino de España un imbécil, Carlos II El Hechizado. Fue el último de los Habsburgo. Al cambio entraron los Borbones de Francia, e implementaron una serie de medidas económicas en sus posesiones americanas. Y para ponerlo en simple: en el gran proyecto borbónico para el desarrollo económico de su porción de América, el área de influencia de la ciudad de Quito, y la capital misma, iban a ser sacrificadas.

Así, el siglo XVIII le sacó la entreputaffff a Quito. Todas sus glorias del siglo anterior, de los tiempos de los Habsburgo, se convirtieron en recuerdos. Vale citarlo en extenso a Tyrer, en su estudio sobre la situación económica de la Audiencia de Quito:

“Cualquier lector o investigador de la historia ecuatoriana del siglo dieciocho no puede sino impresionarse con los continuos reportes sobre la lamentable situación económica de la Audiencia de Quito. […] Con su pasada gloria venida a menos, las ciudades de la Audiencia, y su población estaban ahora cayendo en ruinas. La élite estaba reducida a la pobreza […]. Incluso las clases altas se habían visto en la necesidad de conseguir bienes y servicios mediante el trueque, lo cual, en palabras del presidente Mon y Velarde ‘es la señal indefectible de la miseria y la pobreza de los países donde se exerce’” (Historia demográfica y económica de la Audiencia de Quito, p. 237).

De esta miseria económica, se siguieron toda suerte de calamidades: por ejemplo, la merma de los territorios bajo su administración. La lógica era muy simple para la Monarquía Católica a la que Quito estaba orgullosa de pertenecer: si no tienes recursos (si eres pobre, miserable), mal puedes administrar territorios y le corresponde a otro hacerlo en tu lugar. Puede decirse que Quito quería mucho a la Península, pero a la Península le valía muy poquito Quito, al punto que la destripó a gusto. El recuento de las pérdidas territoriales quiteñas, a cargo de la gran Federica Morelli:

“[Quito] sufrió numerosos recortes jurisdiccionales: en 1779 la creación de un nuevo obispado en Cuenca privó a la jurisdicción eclesiástica de Quito de su dominio sobre Guayaquil, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí; el paso en 1793 de Esmeraldas, Tumaco y La Tola (en la costa septentrional) bajo la jurisdicción de Popayán por orden del virrey de Nueva Granada; la creación en 1802, mediante Cédula Real, de una nueva diócesis y de un gobierno militar en Mainas, directamente dependientes de España; y finalmente, la anexión al virreinato del Perú en 1803 del gobierno de Guayaquil, que escapaba así a las jurisdicciones de Quito y de Santa Fe, impuesta por una nueva Cédula Real” (Las declaraciones de independencia en Ecuador: de una Audiencia a múltiples Estados’, pp. 76-77).

Repasemos: Quito, y la Sierra Centro-Norte, que era su área de influencia, fue una región boyante por sus obrajes, que administraba un gran territorio que incluía vastos territorios al Norte del Río Carchi. Un mapa de 1779, el año de su primera merma importante (el traspaso de la jurisdicción eclesiástica a Cuenca -que no era una cuestión menor, pues quien ejercía la jurisdicción, cobraba el diezmo), todavía mostraba a un Quito con sus posesiones al Norte, que pronto perdería:

 
Opuesta fue la situación creada por el régimen de los Borbones para Guayaquil y su área de influencia. Para el último tercio del siglo XVIII, “el cacao de Guayaquil comenzó a competir con el de Venezuela en el mercado mexicano; era más barato y estaba menos expuesto a los ataques de los ingleses, ya que tomaba la ruta del Pacífico. La región de Guayaquil conoció entonces un gran desarrollo”, afirma Joseph Pérez en su premiada “Historia de España” (Pág. 350). Para esa misma época, Pérez describe la situación de miseria en Quito: “En Quito, en torno a 1770, nueve obrajes de los once que existían cerraron; lo mismo sucedió con las fábricas de sombreros –sólo quedaban cuatro sobre treinta y ocho-, con las fábricas de tejas –de nueve, quedaban tres- con la alfarería…” (Pág. 349).

Son esta miseria económica y pérdidas territoriales las que deben entenderse para una cabal comprensión de los hechos del 10 de agosto de 1809. La situación en la Península Ibérica les abrió a los empobrecidos quiteños de clase alta una “ventana de oportunidad” para iniciar una reacción conservadora en Quito a fin de tratar de recuperar el dominio sobre sus antiguos territorios. En ese sentido, la propuesta de Quito era un retorno al pasado: una apuesta a favor de la religión y el Rey Borbón, así como una forma de resistencia contra los franceses gobernados por el “Tirano de Europa” (Napoleón) e hijos de la revolución de 1789 que había guillotinado a la familia Borbón del trono francés. Ese es el sentido de su Proclama del 10 de agosto de 1809.

De hecho, a este propósito de expandir las Buenas Nuevas de su revolución defensora de la fe se organizó la naciente Junta de Gobierno quiteña para enviar, como lo he relatado en otro artículo, delegados a todas las provincias vecinas. De ninguna cosechó un apoyo, ni tan siquiera un gesto de buena voluntad.

Porque Quito, hay que decirlo, tampoco fue fino en sus propósitos. Como lo ha destacado Morelli, en su brillante libro “Territorio o nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830”:

“la junta de Quito adoptó una actitud agresiva y a menudo no esperó la respuesta de las demás ciudades respecto de su adhesión o no al proyecto. Al contrario, destituyó a las autoridades existentes y las sustituyó por funcionarios nuevos, elegidos directamente por ella y en estrecho vínculo con las grandes familias de la capital. Tales prevenciones hegemónicas de la junta de Quito sobre las restantes provincias provocaron una viva reacción entre las élites de las últimas. El conflicto fue particularmente visible en el caso de Guayaquil, Cuenca, Pasto y Popayán, que no sólo constituyeron un bloque económico opuesto a la capital, sino que de ahí llegaron a un verdadero estado de guerra entre ciudades. Así, el rechazo de la ciudades provinciales a reconocer a la junta de Quito no debe explicarse por su respeto a las antiguas autoridades coloniales, sino como signo revelador de la lucha existente entre las élites provinciales y las de la capital por la recuperación de los diferentes espacios políticos y sociales a los que la situación de crisis había vuelto accesibles” (pp. 64-65).

El ideal autonomista se retomó después de la masacre de los presos el 2 de agosto de 1810 y tras la llegada de Carlos Montúfar, enviado por la Corona Española con el cargo de Comisionado Regio, hasta convertirse el 9 de octubre de 1810 en una auto-proclamada Capitanía General. Pero se la volvió a subordinar a balazos y sucumbió de forma definitiva tras la derrota sufrida por las fuerzas de Quito en la Batalla de Ibarra (1 de diciembre de 1812), a manos de las fuerzas realistas de Toribio Montes, a quien lo habían enviado desde la Península para pacificar a estos montañeses exaltados. Unos cuantos fusilados el 4 de diciembre a orillas del Yahuarcocha (entre ellos, el padre de Abdón Calderón, el cubano Francisco Calderón), y de allí, a dormir en Quito hasta que llegaron las fuerzas libertadoras del Norte (Bolívar) y del Sur (San Martín), ya en 1822.

Como lo ha destacado uno de sus mejores analistas, Carlos de la Torre Reyes, el fracaso de este proceso de lucha autonómica debió mucho a sus encontronazos internos: “El virus ponzoñoso del ‘fulanismo’, como llama D. Miguel de Unamuno a la posición política que olvidando a las ideas sigue a los caudillos, minó como en todas partes, el organismo naciente del Estado de Quito que al fin se desintegró, más que por las fuerzas realistas, por la descomposición interna que desatan los miasmas enrarecidos de los intereses personales” (‘La revolución de Quito del 10 de Agosto de 1809’, p. 555).

Cerrado este episodio en 1812, Quito volvió a someterse al régimen administrativo español y abandonó sus sueños de autonomía (en palabras de otro quiteño ilustre, Luciano Andrade Marín, los quiteños “quedaron postrados, desangrados y sometidos al más riguroso dominio español; sin maneras ya de sacudirse de él por sí mismos, sino esperando en la ayuda de alguien que los rescatara”) hasta que en 1822 se la independizó de España para agregarla a Colombia y otorgarle un nuevo nombre oficial desde el 25 junio de 1824, con la entrada en vigencia de la Ley colombiana de Organización Territorial: “Departamento del Ecuador”. En conjunto con los otros flamantes Departamentos de Guayaquil y del Azuay, conformaron el Distrito del Sur de la República de Colombia entre 1824 y 1830.

Cuando este Distrito del Sur se desmembró de la República de Colombia en mayo de 1830, surgió una disputa sobre cuáles deberían ser los límites del naciente territorio. (Otra disputa surgió por su nombre: los de Quito querían que se llame Quito, pero los otros dos le pusieron Ecuador, que era el “apodo” que Colombia le había puesto a Quito mientras formó parte del Distrito del Sur de Colombia). La primera Constitución del Estado ecuatoriano decía en su artículo 6 que los límites del Estado eran los del “antiguo Reino de Quito”, pero… ¿en qué mojones aterrizaría esta fantasía?

Respuesta corta: en los que reguló la Ley de Colombia en 1824 y porque Colombia así lo quiso. El caso es que el primer presidente del Estado ecuatoriano, el venezolano Juan José Flores, emprendió por dos ocasiones la recuperación de los territorios históricos de Quito. En 1831, el Ejército ecuatoriano llegó hasta ocupar (brevemente) Popayán. En 1839, hubo nuevas escaramuzas cuando en Colombia ocurría la “Guerra de los Supremos”. En ambos casos, Ecuador conoció únicamente el fracaso.

El período floreano concluyó con el presidente Flores embarcándose en un barco rumbo al exilio tras la firma del Convenio de la Elvira, suscrito tras las batallas de la Revolución Marcista, iniciada con el enfrentamiento entre el irlandés Wright y el vasquito Elizalde el 6 de marzo de 1845. Estos hechos de 1845 sellaron dos cosas: la primera, que la oligarquía de Guayaquil inició un período de dominio de la política nacional, congruente con su boyante situación económica.

La segunda y más importante a este drama que se ha contado en este post y que concluye aquí: después de las derrotas de Flores al Norte, se cerraron todas las opciones de Quito para recuperar su grandeza territorial de tiempos de los Habsburgo, ese inmenso territorio que abarcaba unos buenos dos millones de kilómetros cuadrados (who the fuck knows?), como se observa en el mapa de 1779. Pero entre la dinastía Borbón, las guerras de la independencia y la República de Colombia, los dejaron a Quito y a su área de influencia sin ninguna posesión al Norte del Río Carchi (desde el “Tratado de Pasto” de diciembre de 1832 hasta la fecha) e inserto en un nuevo Estado conformado por los otros dos territorios con los que antes había guerreado (entre 1809-1812 para imponerles un nuevo orden, sin éxito; entre 1820-1822 para resistir a un nuevo orden, nuevamente sin éxito) y a los cuales no les pudo imponer, a pesar de ser su capital histórica (la más antigua de Sudamérica, ¡ejem!) ni su propio nombre, a pesar de venir supuestamente de un ilusorio “Reino de Quito”, severa paja mental del Padre Juan de Velasco durante su estancia en Italia.

En la década de 1860, un embajador norteamericano, Friedrich Hassaurek, retrataba así a la capital de los ecuatorianos: “En Quito existen otras carencias además de la de los hoteles: la escasez de baños y de letrinas, que no son consideradas como muebles necesarios en las residencias privadas. Este inconveniente ha hecho de Quito lo que ahora es –una de las capitales más sucias de toda la cristiandad. Hombres, mujeres y niños de todas las edades y colores puede ser vistos en medio de la calle y a la luz del día haciendo sus necesidades al tiempo que ven descaradamente a los ojos a los transeúntes que pasan a su lado”. Es una descripción brutal, la hecha por este diplomático. 

A mediados del siglo XIX Quito es la capital de la miseria en el Ande, un despojo de los Borbones que funcionó a manera de capital de un naciente país, más por inercia que por mérito propio.

*

Moraleja: La miseria económica te hace débil y propenso al fracaso. El período de aproximadamente siglo y medio que se ha abarcado en este relato sobre Quito, lo cuenta con elocuencia.

Cosa de asombro: A pesar de haber sido una apuesta al pasado, a los habitantes del resto del Ecuador nos enseñan a creer que el 10 de agosto de 1809 fue un movimiento de vanguardistas que lucharon por la independencia de todo un país que aún no existía. Es decir que Quito al final triunfó, porque le logró imponer a quienes lo derrotaron en 1809 (Guayaquil y Cuenca) su relato mentiroso de las cosas, al punto de convertirlo en “mito fundacional” de esta malhadada república.

Corolario: Hay que destruir ese “mito” a combazos y darle su correspondiente lugar en la historia de los fracasos.

Los dos 9 de Octubre

31 de octubre de 2019


En la protohistoria de la República del Ecuador hubo dos 9 de Octubre. Este escrito es un breve relato sobre el primero de ellos, el que ocurrió en Quito en 1810, y que, en un twist raro de la historia, enlaza con el clásico de 1820.

La historia va así: desde que el Rey Felipe II la creó en 1563 hasta la independencia de España a inicios del siglo XIX, y con la sola excepción de los años entre 1717 y 1723 en que la suprimió y volvió a erigir el Rey Felipe V, la Audiencia de Quito administró justicia en un amplio territorio que incluyó a Guayaquil y a Cuenca. Fue la de Quito una Audiencia subordinada, por lo que la última palabra de sus pleitos estaba reservada a una autoridad residente en otra Audiencia mayor.

Durante años, las apelaciones fueron a la Audiencia de Lima, mientras Quito formó parte del Virreinato del Perú. Con la creación del Virreinato de la Nueva Granada en 1739, Quito se convirtió en una Audiencia subordinada a la Audiencia de Santafé (actual Bogotá), que era la capital del nuevo Virreinato.

Quito nunca se quiso independizar del Reino de España en 1809, eso es una fábula que se inventó años después para darle lustre a las trafasías de algunos monárquicos. Pero en 1808 había empezado una “eclosión juntera” con el ejemplo de la Junta de Asturias del 25 de mayo de 1808. La idea cundió en América: en Montevideo se creó una Junta Gubernativa en septiembre del mismo año, y en Quito ocurrió en 1809, aunque fue pronto aplacada (un gran resumen de lo ocurrido en: ‘Los orígenes de la Revolución de Quito en 1809”, de Jaime O. Rodríguez).

Después de la masacre del 2 de agosto de 1810 en el que tropas peruanas solicitadas por Guayaquil pasaron por las armas al 1% de la población de la franciscana ciudad y de la llegada de Carlos Montúfar como Comisionado Regio en septiembre de 1810, en Quito se creó una segunda Junta de Gobierno, que es la que viene a cuento en esta historia. Dicha Junta se reconoció sometida únicamente al Consejo de Regencia de España e Indias, una institución afincada en Cádiz, representante para ella de la resistencia española frente a la invasión francesa.

Mientras tanto, en Santa Fe se había formado una Junta de Gobierno en julio de 1810 y el 2 de agosto de ese año había invitado a Quito a que forme su propia Junta, subordinada a la de Santa Fe. Pero Quito se negó en redondo a esta pretensión de subordinación y así fue que el 9 de octubre de 1810 su Junta de Gobierno proclamó a Quito como otra Capitanía General del Reino de España, a la usanza de Chile y Venezuela y Guatemala. (Un gran resumen de los hechos en: ‘Quito en 1810: la búsqueda de un nuevo proyecto político’, de Federica Morelli.)

Ese día, el 9 de Octubre de 1810, San Francisco de Quito reclamó con esta figura una plena autonomía administrativa, un auto-gobierno sin rendirle cuentas a nadie en América. El detalle es que nadie estuvo de acuerdo, ni en España ni en América, con esta pretensión autonomista de las autoridades de Quito.

Para hacer corta la historia larga, todos resistieron su pretensión y las tropas de España se ensañaron con los quiteños (¡de nuevo!). En los primeros días de diciembre de 1812, todo concluyó con el fusilamiento de unos últimos “insurgentes”, tenidos como tales por quienes vinieron a pacificar estos pagos afectados por el “aquí mando yo”. Y tras esta derrota de 1812, como lo reconoció uno de los cronistas de la ciudad, Luciano Andrade Marín, los quiteños “quedaron postrados, desangrados y sometidos al más riguroso dominio español; sin maneras ya de sacudirse de él por sí mismos, sino esperando en la ayuda de alguien que los rescatara.”§

Pasaron casi diez años, hasta mayo de 1822, en que unas tropas originadas en el otro 9 de Octubre, el de 1820, aunadas a tropas colombianas, peruanas y rioplatenses, y tras derrotar en el volcán Pichincha a las tropas españolas, rescataron a Quito de su triste condición.

§ Andrade Marín, Luciano, ‘El Ilustre Ayuntamiento quiteño de 1820 y la gloriosa revolución de Guayaquil’, en: Muñoz de Leoro, Mercedes (comp.), ‘Memorias históricas de la biblioteca municipal González Suárez’, Editorial Abya-Yala, Quito, 2003, p. 75. 

El 10 de agosto no fue obra de canallas

8 de abril de 2019


Una corriente de historiadores ecuatorianos (digamos, los “patrioteros”) afirma que el 10 de agosto de 1809 fue una “máscara”, que las alabanzas al Rey de España Fernando VII, “su señor natural”, escondían un deseo de los quiteños de independizarse del Reino de España. Es decir, el patrioterismo ha orillado a estos historiadores a convertir a sus héroes en canallas, que primero le dicen a alguien que lo quieren, para luego clavarle un puñal. Tal es su teoría.

Yo disiento de esta teoría, entre otras cosas, porque creo que las personas involucradas en el 10 de agosto de 1809 fueron realmente unos idealistas que lucharon para defender a su Rey del ataque de los franceses y aprovecharon las herramientas que tenían disponibles en esa época (en ciencia política y por la historia reciente) para justificar su deseo de obtener una mayor autonomía para administrar su territorio. Si comparamos esta teoría con la de los patrioteros, en mi caso las dos ideas (la defensa del Rey y la autonomía administrativa) evolucionan paralelas, pero en la de los patrioteros una idea se contradice con la otra. La idea que propongo tiene la clara ventaja de no convertir a los gestores del 10 de agosto de 1809 en unos hipócritas de alto vuelo. En el peor de los casos, mi teoría los convierte en unos ingenuos.

Eso sí, la otra diferencia sustancial entre mi idea y la del personal patriotero, es que mi versión del 10 de agosto de 1809 prescinde totalmente del ideal de independencia del Reino de España: eso nunca estuvo en las proclamas, declaraciones y opiniones surgidas del golpe administrativo del 10 de agosto de 1809, ni las que hubo en los días que duró el nuevo orden hasta devolverle el poder a quien se lo habían usurpado, el Conde Ruiz de Castilla, el 24 de octubre. Si acaso, la independencia de España fue una aspiración marginal de alguno de ellos, pero su supuesta relevancia es una atribución posterior, obra de la corriente patriotera de nuestra historia (que comete aquí la clásica falacia post hoc, ergo propter hoc).

El 10 de agosto de 1809 fue, entonces, no un intento de independizarse del Reino de España, sino un intento de romper las sujeciones administrativas de la provincia de Quito dentro del Reino de España: un intento de reacomodo, que era a su vez un intento de reverdecer los laureles de la vieja Quito, en un contexto de continuos recortes que había sufrido su jurisdicción desde el último cuarto del siglo XVIII. Lo ha explicado de forma clara y sucinta, Federica Morelli, en un artículo titulado “Las declaraciones de independencia en Ecuador: de una Audiencia a múltiples Estados”:

“El principal objetivo de la junta quiteña de 1809 no fue, por lo tanto, la independencia de España sino la reconstitución de un territorio que había sufrido una desarticulación mucho antes de la crisis de 1808. Las reformas de los Borbones habían, en efecto, dividido a la Audiencia en numerosos gobiernos y diócesis que raramente coincidían con los distritos judiciales, mas también y sobre todo en la división de la estructura económica, con sus tendencias regionales no solo divergentes sino a menudo antagonistas y en competencia mutua. Ella sufrió numerosos recortes jurisdiccionales: en 1779 la creación de un nuevo obispado en Cuenca privó a la jurisdicción eclesiástica de Quito de su dominio sobre Guayaquil, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí; el paso en 1793 de Esmeraldas, Tumaco y La Tola (en la costa septentrional) bajo la jurisdicción de Popayán por orden del virrey de Nueva Granada; la creación en 1802, mediante Cédula Real, de una nueva diócesis y de un gobierno militar en Mainas, directamente dependientes de España; y finalmente, la anexión al virreinato del Perú en 1803 del gobierno de Guayaquil, que escapaba así a las jurisdicciones de Quito y de Santa Fe, impuesta por una nueva Cédula Real.
Así pues, los recortes jurisdiccionales y la crisis económica –causada por estancamiento de la industria minera de Potosí y por las mismas reformas borbónicas que determinaron la crisis de la producción textil de la sierra- provocaron una profunda desarticulación de la Audiencia, que durante toda la época colonial se había estructurado alrededor de la capital. Es, pues, ese papel central de la ciudad lo que los miembros de la Junta de 1809 aspiraban a restablecer, a fin de evitar que la Audiencia pasara progresivamente bajo la influencia de Lima y Santa Fe. Fue ese el objetivo que la crisis de 1808, al darles la oportunidad de constituir un gobierno autónomo tanto de la madre patria como de los dos virreyes, les dio la ocasión de alcanzar.”*

El 10 de agosto no fue obra de canallas que trampearon a su Rey para independizarse del Reino. Fue obra de idealistas que buscaron reconstituir el mermado territorio de Quito, desarticulado por las reformas borbónicas, pero que fracasaron escandalosamente en el intento. 

¿Grito de independencia o pesca a río revuelto?

19 de agosto de 2018


Con los términos “Grito de independencia” se alude al documento llamado “Acta de Independencia de Quito”, del 10 de agosto de 1809, documento por el cual una “Junta Suprema” declaró gobernar “como representante de nuestro legítimo soberano, el Señor Don Fernando Séptimo, y mientras su Majestad recupere la Península, o viene a imperar” al tiempo que acordó prestar “juramento solemne, de obediencia y fidelidad al Rey en la Catedral inmediatamente y lo hará prestar a todos los cuerpos constituidos, así eclesiásticos como seculares”, así como su obligación de sostener “los Derechos del Rey”.

Por la contundencia de estas afirmaciones, entender a la “independencia” como una independencia del Reino de España es un notorio error, o peor aún, la convertiría en una independencia taimada, humillantemente hipócrita, y mejor que así no. Esta independencia de Quito, si es un grito, es uno de reivindicación de su oligarquía a tener un mayor espacio de autodeterminación administrativa dentro del Reino de España. En otras palabras, aprovechar la crisis en Europa para atribuirse la administración de territorios que incluían a “Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá”. Es decir que lo que se buscó en el “Acta” fue acrecentar los dominios de Quito, pues había venido a pérdida en los años recientes*. Y así Quito, la provincia de Quito, quería venirse de menos a más: más que de independencia, este quiso ser un grito de remontada.

Pero esta aspiración a un mayor dominio territorial era un sueño de perros. Esto, porque no tuvo sobre quiénes materializarse (dicho en términos coloquiales: fue un pedo mental). Sus destinatarios se pusieron en pie de guerra en contra de las órdenes emanadas por Quito de someterse al imperio de la Junta Suprema que en esa ciudad había organizado su oligarquía (que en todo caso, no dejaría de sacarle provecho a esta “revolución”, pues les sirvió a los ricos de la ciudad para licuar unas cuantas deudas** -una vieja historia en las oligarquías sudamericanas, de hoy, de ayer, de siempre).

Los dos virreyes sudamericanos con intereses en los territorios que reivindicó Quito en su “Acta” ordenaron el envío de tropas para aplacar esta “revolución”: desde el norte lo hizo el Virreinato de Nueva Granada y desde el Sur el Virreinato de Perú. Los cabildos de Pasto, Popayán, Guayaquil y Cuenca, los más próximos a la provincia de Quito, se encargaron de ejecutar las disposiciones represivas de los virreinatos, a consecuencia de las cuales se aplacó la que también se conoce como “Revolución del 10 de Agosto”***

Así, ese 10 de agosto de 1809 no se buscó independizar a la provincia de Quito del Reino de España, eso no se desprende de su “Acta de Independencia”. Lo que sí se refleja en este documento, es el afán que tuvo la provincia de Quito de adquirir la supremacía sobre sus territorios vecinos, es decir, que las provincias de Pasto, Popayán, Guayaquil y Cuenca se sometan a su imperio****. Y fracasó por ello miserablemente, pues a ninguno de estos territorios vecinos les simpatizó la idea de someterse. Y juntos le sacaron la entreputa a Quito (con masacre de sus próceres incluida).

Degradémoslo como corresponde, en atención a estos hechos: de “Grito de la Independencia”, pasemos a llamarlo “Grito de la Remontada Fallida” o “Fracaso de Quito”*****. Estas denominaciones, a buen seguro, sí le harían justicia.

* Quito iba de derrota en derrota: en 1779 la Corona española creó el Obispado de Cuenca, por el cual privó a Quito de la jurisdicción eclesiástica de Quito sobre Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí; en 1793, por orden del Virrey de Nueva Granada se desplazó de Quito a la jurisdicción de Popayán el dominio sobre Esmeraldas, Tumaco y La Tola; en 1802, por Cédula Real se creó un Obispado y un gobierno militar en Maynas, territorio que de Quito pasó a depender directamente del gobierno central español; y en 1803, por otra Cédula Real, se dio al Virreinato del Perú el gobierno de Guayaquil en lo militar y comercial.
** De acuerdo con Ayala Mora en su “Resumen de Historia del Ecuador”, Tomo 1: “Una vez instalados en el mando [los poderosos latifundistas] hicieron desaparecer la constancia de las cuantiosas deudas que habían contraído con la Corona por compra de tierras”, v. “Historia…”, p. 23.
*** “Revolución” que se retomó después por la llegada de Carlos Montúfar enviado por la Corona Española con el cargo de Comisionado Regio, para ser aplacada de manera definitiva en la derrota sufrida por las fuerzas de Quito en la Batalla de Ibarra (1 de diciembre de 1812) a manos de las fuerzas realistas de Toribio Montes. De allí, a dormir hasta la llegada de las fuerzas libertadoras del Norte (Bolívar) y del Sur (San Martín).
**** Como lo ha destacado Federica Morelli, en su brillante libro “Territorio o nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830”: “la junta de Quito adoptó una actitud agresiva y a menudo no esperó la respuesta de las demás ciudades respecto de su adhesión o no al proyecto. Al contrario, destituyó a las autoridades existentes y las sustituyó por funcionarios nuevos, elegidos directamente por ella y en estrecho vínculo con las grandes familias de la capital. Tales prevenciones hegemónicas de la junta de Quito sobre las restantes provincias provocaron una viva reacción entre las élites de las últimas. El conflicto fue particularmente visible en el caso de Guayaquil, Cuenca, Pasto y Popayán, que no sólo constituyeron un bloque económico opuesto a la capital, sino que de ahí llegaron a un verdadero estado de guerra entre ciudades. Así, el rechazo de la ciudades provinciales a reconocer a la junta de Quito no debe explicarse por su respeto a las antiguas autoridades coloniales, sino como signo revelador de la lucha existente entre las élites provinciales y las de la capital por la recuperación de los diferentes espacios políticos y sociales a los que la situación de crisis había vuelto accesibles”, v. Morelli, Federica, “Territorio o nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830”, Centro de Estudios Políticos Constitucionales, Madrid, 2005, pp. 64-5.
***** “Fracaso de Quito”, menos para los latifundistas que lograron licuar sus deudas (y que fueron los instigadores de esta “revolución”). Los que pescaron a río revuelto.