Motivación

El artículo 24 numeral 13 de la Constitución de 1998 estableció como garantía del debido proceso el que “las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas, deberán ser motivadas” y que “no habrá tal motivación si en la resolución no se enunciaren normas o principios jurídicos en que se haya fundado, y no se explicare la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho”; el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución vigente reitera, casi sin variación, esta garantía. En la práctica, sin embargo y de manera habitual, las resoluciones de los poderes públicos, o sea, de las autoridades judiciales y administrativas, no cumplen con esta obligación constitucional. Suceden casos preocupantes en la práctica judicial (jueces penales en el dictado de la prisión preventiva, por ejemplo) pero quienes, usualmente prevalidos de leyes arcaicas y de prácticas burocráticas, suelen incumplir esta disposición constitucional son las autoridades administrativas.

Un ejemplo reciente son las resoluciones del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) y quien expuso en la esfera pública esta violación a la garantía del debido proceso fue la asambleísta de PAIS, María Paula Romo. De hecho, Romo le remitió al Presidente del CONARTEL, Antonio García, una carta en la cual le manifiesta su reproche porque en el CONARTEL “aún no tienen actas de varias de las reuniones en que se tomaron estas decisiones [de prohibiciones en la difusión de programación] y que en la mayor parte de resoluciones la motivación es escasa o peor todavía, inexistente”.

Supongamos que la Ley de Radiodifusión y Televisión que aplica el CONARTEL es una ley que se discutió en un órgano legislativo, que describe un hecho ilícito de manera estricta y cuya sanción es proporcional (ninguno de estos atributos que suponemos, valga decirlo, los tiene la mentada ley). Aún en este supuesto, la autoridad que resuelve tiene la obligación de ofrecernos las razones que motivan su decisión. Como lo ha recordado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, una resolución que no expresa las normas y los motivos que la fundamentan es una resolución arbitraria.

Evitar esta arbitrariedad implica ponderar, en el caso concreto, lo que está en juego en cada resolución del CONARTEL: la potestad reguladora de esta entidad vs. la libertad de prensa de los medios de comunicación de difundir contenido informativo y de opinión. En el ejercicio de esa ponderación, la “carta de triunfo” (para decirlo en términos de Ronald Dworkin) la tiene la libertad de prensa y toda restricción que la autoridad pretenda imponerle a este derecho tiene que tener una sólida motivación (porque, convengamos, sí puede haber restricciones: censura previa en caso de protección a la infancia y la adolescencia y responsabilidades ulteriores en los casos en que se afecte la reputación de otros y el orden público: restricciones por excepción). Sólido fundamento, porque no sea que, en teoría, porque pretenda ponérsele remedio a un exceso, resulte (como en el caso concreto) el remedio mucho peor que la enfermedad.