Elevación y caída de Veintemilla

            Publicado en diario Expreso el viernes 29 de noviembre de 2024.

El hombre que se comprometió a una revolución el 8 de septiembre de 1876 ante el Concejo Cantonal de Guayaquil presidido por el dauleño José Vélez, para “reorganizar la República bajo los verdaderos principios de la causa liberal”, fue el militar quiteño Ignacio Veintemilla. Triunfo su revolución (lo tumbó a Borrero) y para diciembre de 1876 ya estaba instalado en el Palacio de Carondelet. 

En la historia del Estado, Veintemilla era quien había gobernado como Jefe del Estado del Ecuador por el mayor tiempo consecutivo, hasta la llegada de Correa en el siglo XXI. Entre diciembre de 1876 y julio de 1883, Veintemilla gobernó como jefe supremo, presidente interino, presidente constitucional y, de nuevo, tras un autogolpe de Estado, como jefe supremo. Salió al exilio el 9 de julio de 1883, desde la ciudad que lo había encumbrado, Guayaquil (después de robar en esta ciudad dos bancos: Ecuador y de la Unión). Entre la revolución y el exilio, Veintemilla gobernó por seis años, diez meses y un día.

A este quiteño proclamado liberal lo elevó el Concejo de Guayaquil a su aventura política revolucionaria para destruir la obra jurídica de García Moreno, un guayaquileño conservador que había triunfado (arrasado) en Quito. El Ecuador tenía una Constitución (octava del Estado, primera votada en referéndum el 18 de julio de 1869, con un voto por el Sí del 96.36%) que sujetaba la condición de ciudadano al requisito de “ser católico”, primer requisito en una lista de tres (artículo 10). La caída de Borrero (y su anverso: el triunfo de Veintemilla) se produjo por su negativa a sustituir esta Constitución conservadora. 

El jefe supremo Veintemilla cumplió con el propósito de destrucción encomendado y convocó a una convención nacional a reunirse en Ambato para aprobar una Constitución, que reemplace a la motejada como “Carta Negra” de 1869. Esta convención se debió reunir en diciembre de 1877, pero se instaló el 16 de enero de 1878. La presidió el general y expresidente José María Urbina, retornado después de varios años de exilio, desde la guerra civil de 1859-1860.  

La convención nacional de 1878 designó a Veintemilla como presidente interino el 26 de enero y presidente constitucional el 31 de marzo; ese mismo 31 expidió la requerida Constitución, donde se eliminó el requisito de “ser católico” para ser ciudadano. En lo restante, esta nueva Constitución no era muy diferente a la Constitución de 1861. Para Juan Murillo Miró, en su libro Historia del Ecuador publicado en 1890, Veintemilla y Urbina “aunque no correspondieron en un todo a las esperanzas vinculadas en la revolución, se consiguió al menos hacer desaparecer la denigrante constitución de 1869”. 

En la presidencia, Veintemilla se apoyó en connotados liberales como el ilustre guayaquileño Pedro Carbo y el citado Urbina. Con el tiempo, Veintemilla degeneró en un autócrata y sus aliados liberales lo abandonaron. En marzo de 1882, antes de concluir su período presidencial de cuatro años, Veintemilla se volvió a declarar Jefe Supremo. Esta vez se inició contra él una revolución, a la que se motejó de “restauradora”. 

Veintemilla salió al exilio en julio de 1883. Volvió en 1907, y murió en Quito, al año siguiente.

La caída de Borrero

            Publicado en diario Expreso el viernes 22 de noviembre de 2024.

El cuencano Antonio Borrero Cortázar (1827-1911) fue el Presidente de la República elegido por la voluntad popular después del magnicidio de Gabriel García Moreno, ocurrido el 6 de agosto de 1875. A Borrero se lo eligió en las elecciones celebradas los días 17, 18 y 19 de octubre; él empezó su período de gobierno el 9 de diciembre de 1875. De acuerdo con la Constitución ultraconservadora de García Moreno aprobada en 1869, Borrero debía concluir su período en 1881, después de seis años de gobernar los destinos del país. Pero no gobernó ni uno. 

Lo interrumpió a Borrero el pronunciamiento popular de Guayaquil, constante en el acta de la asamblea reunida el 8 de septiembre de 1876 suscrita por “el Ilustre Concejo Municipal del cantón, los padres de familia y más conciudadanos”, que consideraron a Borrero “inconsecuente a los principios liberales que proclamó y defendió como ciudadano” cuyo gobierno había seguido “una política absurda para perpetuar las instituciones que ha jurado cumplir y que son incompatibles con la República Democrática”. Como ciudadano, Borrero había aplicado el calificativo de “monstruosa” a la Constitución de 1869, pero como gobernante se negó a convocar a una convención nacional para sustituirla. 

Como respuesta a esta contradicción, la asamblea de Guayaquil desconoció en el acta de su pronunciamiento al presidente Borrero y a la Constitución de García Moreno, proclamándolo Jefe Supremo de la República al general Ignacio Veintemilla, “con la suma de poderes” y “hasta que uniformada la opinión en todas las provincias, y purificado el territorio convoque a una Convención Nacional Constituyente”, y poniendo en vigor la Constitución de 1861. 

Frente a la asamblea guayaquileña que lo nombró Jefe Supremo, el general Veintemilla prometió “reorganizar la República bajo los verdaderos principios de la causa liberal”.

El presidente Borrero protestó la Jefatura Suprema proclamada en Guayaquil mostrando la hilacha, es decir, con argumentos conservadores. El 13 de septiembre, Borrero publicó una proclama en la que planteó su permanencia en la presidencia como una defensa de la religión en un pueblo de católicos. Declaró que la jefatura suprema de Veintemilla “no es sino un desquiciamiento del orden religioso, social y político que hoy impera en el Ecuador. Los que niegan la Divinidad de Jesucristo, los que aseguran que el pueblo es más soberano que Dios, los que piden el matrimonio civil, son los que han buscado, como instrumento torpe y ciego, a un Jefe desleal”, por lo que exhortó a sus conciudadanos: “Si vosotros sois, como nadie podrá dudarlo, un pueblo de hombres religiosos, defended a vuestro Dios combatiendo el ateísmo”. 

Esta cruzada religiosa de Borrero la apoyó el Concejo Municipal de Quito, que declaró a los “autores de la inicua revolución” como “enemigos de la religión, de la autoridad, de la familia, de la propiedad, del hombre y de Dios”. Y también unas matronas quiteñas, que ofrecieron “al Supremo Gobierno los votos y fervientes oraciones que, humilladas al pie de nuestros altares, elevaremos al Dios de los Ejércitos”.

Pero toda metafísica fue inútil. Antes de fin de año Borrero fue preso y, no mucho después, salió al exilio.

Los retratos de 1845

            Publicado en diario Expreso el viernes 15 de noviembre de 2024.

Fueron unos veintitrés años, desde la anexión a la República de Colombia de los territorios que fueron de la española Audiencia de Quito (ocurrida entre mayo y julio de 1822) hasta la expulsión del general venezolano Juan José Flores del territorio ecuatoriano en junio de 1845, que unos forasteros gobernaron los territorios de la Audiencia de Quito/Estado del Ecuador.

Este gobierno de los extranjeros concluyó cuando emergió la revolución “marcista”, que se originó el 6 de marzo de 1845 en Guayaquil con el levantamiento del general guayaquileño Antonio Elizalde. En seguida se conformó un Gobierno Provisorio con representantes de los departamentos que componían al Ecuador desde 1830 (José Joaquín Olmedo por Quito; Vicente Ramón Roca por Guayas, Diego Noboa por Azuay). 

Este Gobierno Provisorio decretó que se debía reunir una Convención en Cuenca el 1 de octubre de 1845. Se reunió el 3 de octubre. En la sesión del 7 se sometió a debate un decreto de homenaje a los integrantes del Gobierno Provisorio por haber “llenado cumplidamente su misión, dirigiendo los negocios públicos con tino y sabiduría, hasta restablecer la libertad y nacionalidad del Ecuador”, según se reconocía en los considerandos del decreto propuesto.  

El decreto se debía aprobar en tres debates. En el primero, el diputado Manuel Bustamante propuso: “el sagrado deber de la gratitud por los señalados servicios que han prestado a la patria los tres enunciados SS. demandan la perpetuidad de su memoria, haciendo que de los fondos públicos se costeen tres retratos, y que en las casas de Gobierno de los tres antiguos departamentos se coloque el del individuo que le ha representado en la actual época”.

Sin dudar de la valía de los guayaquileños Olmedo, Roca y Noboa, en la Convención se argumentó la inestabilidad política del Ecuador como razón para negar sus retratos. En el tercer y último debate, sesión del 13 de octubre, el diputado Ramírez y Fita advirtió que no debía “esponerse nombres tan respetados a sufrir ultrajes provenientes de las transformaciones políticas y de la inconstancia popular, que mil ejemplos teníamos entre nosotros del afrentoso tratamiento que se había dado a retratos de hombres en otro tiempo venerados”. El diputado Moncayo acotó que un ejemplo de estos ultrajes eran los retratos de Bolívar, que “fueron escarnecidos en varios pueblos, fueron arrastrados y despedazados”. 

Moncayo añadió otra razón para negar los retratos a Olmedo, Roca y Noboa. Según él, la Convención debía ser “circunspecta en la concesión de honores” y no debía seguirse el ejemplo de otras naciones que homenajeaban a sus grandes hombres, “porque los ecuatorianos estaban todavía en la infancia, que la libertad y las virtudes Republicanas no tenían en ellos raíces profundas, y que había mucho que temer de la elevación de cualquier hombre”.

Tras esta retórica despreciativa de lo popular, se clausuró el debate y se puso la moción de los retratos a votación de los diputados. Por la negativa estuvieron veintiséis votos; ocho a favor. 

Finalmente, el decreto quedó en pura palabrería: unos elogios en los considerandos y un artículo único declarando que Olmedo, Roca y Noboa “han merecido bien de la patria”. 

El 8 de noviembre

            Publicado en diario Expreso el viernes 8 de noviembre de 2024.

El 26 de octubre de 1821 la Junta de Gobierno de Guayaquil, compuesta por José Joaquín Olmedo, Rafael Ximena y Francisco María Roca, emitió un decreto por el que ordenó que, en la provincia de Guayaquil, se celebren todos los 8 de noviembre. En el decreto de la Junta de Gobierno se explicitaba una clara razón.

“Después de proclamada nuestra independencia no podíamos llamarnos libres”, indicaba este decreto de 1821, hasta que “pudo reunirse la representación de la Provincia, que es el más precioso de los derechos sociales, y el privilegio más noble de los pueblos libres. Este memorable día fue el 8 de Noviembre de 1820”.

Así, para la Junta de Gobierno presidida por Olmedo, el 8 de noviembre era el día de la libertad porque fue en ese día de 1820 que se reunieron en un Colegio Electoral, en la ciudad de Guayaquil, cincuenta y siete representantes de veintisiete pueblos de la provincia de Guayaquil, que era un territorio de alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados y 70.000 habitantes.  

En el decreto de 1821 se recuerda que aquel 8 de noviembre que se reunió la representación de la provincia en el Colegio Electoral, “por primera vez pronunció libremente su voluntad el pueblo de Guayaquil, y puso los cimientos de su voluntad política”.

Los cimientos de la voluntad política puestos por este órgano representativo, reunido entre el miércoles 8 y el sábado 11 de noviembre de 1820, fueron el nombramiento de Olmedo, Ximena y Roca para integrar la Junta de Gobierno y la aprobación del Reglamento Provisorio de Gobierno para la administración de la Provincia Libre de Guayaquil. 

El Reglamento Provisorio de Gobierno estableció en su artículo primero que la provincia “es libre e independiente” y que “su gobierno es electivo”. Es decir, rompió con el gobierno monárquico que había imperado por siglos para instaurar un gobierno republicano, pues la soberanía empezó a residir en el pueblo (de allí el carácter electivo de sus gobernantes) y se estableció una división de los poderes del Estado.   

Esta división de los poderes tomó la siguiente forma: el poder ejecutivo debía conformarse por “tres individuos elegidos por los Electores de los Pueblos” con atribuciones para resolver “en todo lo gubernativo y económico de la administración pública” (Arts. 4 y 5). Estos tres individuos fueron Olmedo, Ximena y Roca. 

Se estableció una “representación provincial”, como lo fue el Colegio Electoral que dictó el Reglamento Provisorio, que “se convocará por el Gobierno cada dos años en el mes de octubre, o antes si la necesidad lo exigiese” (Art. 19). Y también un poder judicial, para administrar “justicia en lo civil y criminal”, compuesto por jueces de primera y de segunda instancia (Arts. 11 al 13). 

Asimismo, se creó una milicia para liberar los otros territorios de la Audiencia de Quito (Arts. 8 al 10).

El decreto de 1821 ordenaba que todo 8 de noviembre sea “celebrado en la Capital y en todos los pueblos de la provincia” con “una misa de acción de gracias al Ser Supremo”, con “salva general, repique, e iluminación”, y con esta inscripción en la Sala Capitular, escrita en grandes caracteres: “Guayaquil independiente en 9 de octubre : Guayaquil libre el 8 de noviembre de 1820”. 

El Sur de Colombia

            Publicado en diario Expreso el viernes 1 de noviembre de 2024.

“Conciudadanos: Mostraos dignos de representar al Sur. Dadnos un gobierno querido de los pueblos y una constitución liberal”. Así concluyó el general venezolano Juan José Flores su intervención dirigida a dieciséis varones reunidos el 14 de agosto de 1830 para la instalación de un Congreso Constituyente cuyo propósito era fundar un Estado. El título del acta que se levantó en aquella ocasión explica bien el porqué del mencionado punto cardinal: “Acta de Instalación del Congreso Constituyente del Sur de Colombia”. 

A inicios de 1830, el general Juan José Flores tenía el cargo de “Prefecto General del Distrito del Sur de la República de Colombia”. Este distrito estaba compuesto por tres departamentos: Ecuador, cuya capital era Quito; Azuay, cuya capital era Cuenca; y Guayaquil, cuya capital ostentaba el mismo nombre. 

A partir de la pacífica secesión del Distrito del Sur el 13 de mayo de 1830, Flores adoptó un nuevo cargo: “Jefe de la Administración del Estado del Sur de Colombia”. Este territorio que se segregó de la República de Colombia se convirtió en un territorio independiente, pero siguió siendo un territorio “del Sur”. Y aunque se había segregado de ella, Colombia seguía presente en el nombre del nuevo Estado.  

El tránsito del “Estado del Sur” a un nuevo Estado que se iba a llamar “del Ecuador” fue la obra de unos extranjeros provenientes del Distrito del Norte de la República de Colombia: el general Flores, en asocio con otro venezolano, Esteban Febres-Cordero, marcaron la hoja de ruta para su creación. En su primer decreto como Jefe de la Administración, Flores lo designó Secretario General del Estado del Sur de Colombia a Febres-Cordero, y ambos convocaron el 31 de mayo a un Congreso Constituyente y dictaron la normativa que iba a regular la elección de los representantes a dicho congreso, que se debió reunir el 10 de agosto de 1830 en una ciudad más o menos equidistante a las capitales de los departamentos. 

Esa ciudad equidistante fue Riobamba. Y se le pagaba a cada uno de los representantes según la distancia en leguas que debían recorrer para llegar a ella, a razón de un peso por cada legua. 

Ni por la paga, los representantes del Sur llegaron a tiempo a la cita. Finalmente se reunieron dieciséis de los veintiún representantes elegidos (siete por cada departamento) el sábado 14 de agosto de 1830. Ese día sábado, el Jefe de la Administración empezó su discurso a los representantes con las siguientes palabras: “Me congratulo con el Sur y con vosotros por la instalación del Congreso, fuente de la voluntad general y árbitro de los destinos del Estado”.

La voluntad general quiso que el 11 de septiembre de 1830 se apruebe la Constitución del nuevo Estado. No fue más “del Sur” pero conservó en su nombre a Colombia, pues pasó a llamarse “Estado del Ecuador en la República de Colombia”. Según el artículo 2 de su Constitución, su plan era unirse y confederarse con los otros dos distritos del Centro y del Norte (que hoy son Colombia y Venezuela) para la conformación de “una sola Nación con el nombre de República de Colombia”.

El término “Colombia” desapareció de su nombre tras adoptarse la siguiente Constitución del Estado, el 13 de agosto de 1835.