El prefecto Olmedo y sus cosas extraordarias

Publicado en diario Expreso el viernes 24 de abril de 2026.

Un caso curioso de los tiempos de la gestación de los Estados en la América: José Joaquín Olmedo ocupó el mismo cargo, prefecto de un Departamento, en dos países distintos. Esto es, en sí mismo, un hecho extraordinario. Y en cada Estado en que José Joaquín Olmedo ejerció la Prefectura, pasaron cosas extraordinarias.

Olmedo fue el prefecto de un Departamento tanto en Colombia como en el Ecuador. Por supuesto, el diseño institucional era distinto: Colombia, bajo la Constitución de 1821, dividía su territorio en doce departamentos y tenía una autoridad superior a estos prefectos: el Prefecto del Distrito (había tres distritos). Y aún, había alguien superior a ellos: el Presidente de Colombia. Olmedo fue el prefecto del Departamento de Guayaquil.

En cambio el Ecuador, más modesto, bajo la Constitución de 1830 dividía su territorio en tres departamentos (los tres del Distrito del Sur de Colombia: su desmembración es el origen del Ecuador), pero únicamente debajo del Presidente del Estado del Ecuador. En este Ecuador, Olmedo fue el prefecto del Departamento del Guayas. 

Una primera cosa extraordinaria: en su condición de prefecto departamental colombiano, Olmedo firmó la secesión del Departamento de Guayaquil de la República de Colombia. A Olmedo lo habían destituido de la presidencia del triunvirato de gobierno de la provincia de Guayaquil para anexarla a Colombia en julio de 1822 y fue él mismo quien firmó su segregación de Colombia para independizar el territorio y decidir, en conjunto con otros departamentos que también se segregaron de Colombia en mayo de 1830 y por la vía de la asamblea constituyente, la fundación de un nuevo Estado sudamericano. 

En septiembre de 1830, la reunión de los representantes de los departamentos aprobó una Constitución que concretó un Estado. Olmedo fue su redactor principal. 

Olmedo, como prefecto departamental ecuatoriano, fue parte de otro hecho extraordinario: la única anexión territorial del Estado del Ecuador en toda su historia (un pobrecito Estado que ha perdido territorio por todos los puntos cardinales y ha quedado reducido a casi exclusivamente su porción habitada). El 20 de enero de 1832, el prefecto ecuatoriano Olmedo firmó una instrucción al coronel Ignacio Hernández “para que dirija una compañía colonizadora y tome posesión de las Islas Galápagos en nombre del Estado ecuatoriano”. 

El 12 de febrero de 1832 el coronel Hernández izó la bandera ecuatoriana en la isla Charles (hoy, Floreana) del archipiélago de Galápagos. Esta carta del 20 de enero y otra del 14 de abril de 1832, también dirigida al coronel Hernández, en la que Olmedo le agradece “por haber tomado posesión de las Islas Galápagos en nombre del Ecuador”, fueron incorporadas por la Cancillería del Ecuador a la Memoria del Mundo que conserva la UNESCO. Una notoria manifestación de cuán extraordinario fue este hecho.

(También forma parte de la Memoria de la UNESCO, postulada por el Municipio de Guayaquil en 2025, para conmemorar su bicentenario, el poema de José Joaquín Olmedo “La victoria de Junín. Canto a Bolívar”.)

El guayaquileño Olmedo: un autor de cosas extraordinarias, de poemas a constituciones, pasando por la anexión de las islas encantadas.

La Memoria del Mundo

            Publicado en diario Expreso el viernes 21 de noviembre de 2025. 

Desde 1992, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) mantiene el programa Memoria del Mundo, para cumplir con los objetivos de facilitar la preservación del patrimonio documental, incluyendo el formato digital, así como de permitir el acceso universal al patrimonio documental y aumentar la conciencia sobre su importancia en el público en general.

Para concretar el cumplimiento de estos objetivos, el año 2000 la UNESCO creó el comité regional del programa Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe a fin de promover la conservación del patrimonio documental en los países de la región (existe, desde 1998, otro comité regional para los países de Asia y el Pacífico). Desde el año 2000 se han realizado un total de 263 inscripciones de patrimonio documental, conservado en archivos, bibliotecas o museos, al registro Memoria del Mundo de América latina y el Caribe. Por “patrimonio documental” se entiende desde tablillas de arcilla hasta publicaciones digitales. 

Y también, el manuscrito de un poema de José Joaquín Olmedo. Hasta el año 2024, el Ecuador tenía ocho registros en la Memoria del Mundo de América latina y el Caribe: dos en asocio con otros países (la Carta de Jamaica de Simón Bolívar en asocio con Colombia y la documentación sobre las expediciones científicas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, siglos XVIII-XIX, en asocio con estos países más España) y seis por cuenta propia (la Mediateca de la CIESPAL, el patrimonio documental del Vicariato Apostólico Salesiano en el Ecuador amazónico entre 1890 y 1930, el fondo documental Monseñor Leonidas Proaño, los protocolos notariales de la Notaría Tercera del cantón Cuenca de 1563 a 1950, los expedientes de naturalizaciones entre 1899 y 1968, la posesión oficial de las Islas Galápagos por el Ecuador en 1832). El año 2025 se añadió una inscripción a esta lista selecta: un manuscrito del poema “La Victoria de Junín. Canto a Bolívar”, de autoría del político y poeta guayaquileño José Joaquín Olmedo, rareza que se conserva en poder de la Biblioteca Municipal de Guayaquil. 

Cada año, el programa Memoria del Mundo abre un período de postulaciones. Este año 2025 se presentaron 71 postulaciones provenientes de quince países de América latina y el Caribe. En la XXV reunión del comité regional para América latina y el Caribe del programa Memoria del Mundo, que se celebró del 10 al 13 de noviembre en Lima y Cusco, se evaluaron estas 71 postulaciones y se aprobaron 29 nuevas inscripciones al programa.

De estas 71 postulaciones, tres fueron hechas por instituciones ecuatorianas. De estas tres, la única postulación que el comité aprobó fue la relativa al manuscrito del poema de Olmedo que fue presentada por el Municipio de Guayaquil, siendo la primera vez que un gobierno seccional ecuatoriano consigue una inscripción en este registro para la conservación del patrimonio documental. Por este hecho, la Biblioteca Municipal de Guayaquil se convirtió en una de las 265 “instituciones encargadas de la memoria” que reconoce la UNESCO en el marco de este programa.    

Olmedo en la Memoria del Mundo: bien se puede decir que se ha hecho justicia.

El instrumento de un capricho

La novela del paso a desnivel de Los Ceibos continúa. Tiene tintes cada vez más centralistas y autoritarios.

Después de que el Ministerio del Ambiente ordenó el 10 de julio, sin la debida motivación (v. “Un mal precedente”), que la Prefectura del Guayas dicte la suspensión de la construcción del paso a desnivel, ahora el Ministerio del Ambiente ha ordenado el 23 de julio que la Prefectura, cuando inicie el procedimiento administrativo (que debe iniciarlo en un plazo de 10 días contados desde la adopción de la medida preventiva) deberá mantener la medida de suspensión de construcción y, cuando resuelva el procedimiento, deberá revocar el permiso ambiental que la Prefectura otorgó el 2023.

La Prefectura del Guayas, para actuar dentro de este plazo de 10 días, deberá iniciar este 28 de julio el procedimiento administrativo que corresponde “para conocer y sancionar las infracciones señaladas en este Código”, según dice el artículo 311 del Código Orgánico del Ambiente (COA). 

Según el Ministerio del Ambiente estos verbos “conocer” y “sancionar” se interpretan como quiere el Ministerio del Ambiente que se interpreten, ni más ni menos. Desde su perspectiva centralista y autoritaria, el único propósito de la Prefectura del Guayas en el procedimiento administrativo es montar un sainete y llegar a los resultados que le ha dicho el Ministerio del Ambiente que debe de llegar. Es decir, quiere usar a la Prefectura como un instrumento.

Desde la perspectiva de la Prefectura, esto tiene que parecerles estúpido. De acuerdo con el artículo 299 del COA, los Gobiernos Autónomos Descentralizados “ejercerán la potestad sancionadora ambiental en el ámbito de su circunscripción territorial y competencias”. Esto supone (por la garantía de imparcialidad) un procedimiento libre de presiones de terceros, sea del Ministerio del Ambiente o de la mamá de Tarzán. La Prefectura, por su competencia sancionatoria, tiene plena libertad para decidir lo que a bien tenga, atendiendo a las circunstancias del caso y de conformidad con la Ley. Este lunes 28 puede decidir, por ejemplo, la extinción de la medida provisional de suspensión de la construcción del paso a desnivel de Los Ceibos.

Y bien que debería, pues una medida provisional, según el artículo 309 del COA tiene por objeto “interceptar el progreso del acto ilícito, prevenir y evitar nuevos daños o impactos, asegurar la inmediación del presunto responsable y garantizar la ejecución de la sanción”.

Y veamos: “interceptar el progreso del acto ilícito”, pues no existe acto ilícito en progreso; “prevenir y evitar nuevos daños o impactos”, pues ni siquiera se han singularizado los daños o impactos presentes, muchos menos los futuros; “asegurar la inmediación del presunto responsable”, pues no se ha especificado a ninguno, y responsable, ¿de qué? ¿de construir una obra vial?; “garantizar la ejecución de la sanción”, pues no creo que la haya, por la sencilla razón de que no hay daño. Tan solo unas “denuncias ciudadanas”, sin identificar ni su autor ni su contenido, que bien pudieron ser orquestadas para el montaje de este sainete de abusos.    

Por ventura, tenemos Prefecta:

Si se actúa en derecho, la suerte de la suspensión de la construcción del paso a desnivel está cantada. Porque lleno de centralismo y autoritarismo como está, el Ministerio del Ambiente carece de derecho para su actuación. Él, a su vez, es el instrumento de un capricho. 

Elevación y caída de Veintemilla

            Publicado en diario Expreso el viernes 29 de noviembre de 2024.

El hombre que se comprometió a una revolución el 8 de septiembre de 1876 ante el Concejo Cantonal de Guayaquil presidido por el dauleño José Vélez, para “reorganizar la República bajo los verdaderos principios de la causa liberal”, fue el militar quiteño Ignacio Veintemilla. Triunfo su revolución (lo tumbó a Borrero) y para diciembre de 1876 ya estaba instalado en el Palacio de Carondelet. 

En la historia del Estado, Veintemilla era quien había gobernado como Jefe del Estado del Ecuador por el mayor tiempo consecutivo, hasta la llegada de Correa en el siglo XXI. Entre diciembre de 1876 y julio de 1883, Veintemilla gobernó como jefe supremo, presidente interino, presidente constitucional y, de nuevo, tras un autogolpe de Estado, como jefe supremo. Salió al exilio el 9 de julio de 1883, desde la ciudad que lo había encumbrado, Guayaquil (después de robar en esta ciudad dos bancos: Ecuador y de la Unión). Entre la revolución y el exilio, Veintemilla gobernó por seis años, diez meses y un día.

A este quiteño proclamado liberal lo elevó el Concejo de Guayaquil a su aventura política revolucionaria para destruir la obra jurídica de García Moreno, un guayaquileño conservador que había triunfado (arrasado) en Quito. El Ecuador tenía una Constitución (octava del Estado, primera votada en referéndum el 18 de julio de 1869, con un voto por el Sí del 96.36%) que sujetaba la condición de ciudadano al requisito de “ser católico”, primer requisito en una lista de tres (artículo 10). La caída de Borrero (y su anverso: el triunfo de Veintemilla) se produjo por su negativa a sustituir esta Constitución conservadora. 

El jefe supremo Veintemilla cumplió con el propósito de destrucción encomendado y convocó a una convención nacional a reunirse en Ambato para aprobar una Constitución, que reemplace a la motejada como “Carta Negra” de 1869. Esta convención se debió reunir en diciembre de 1877, pero se instaló el 16 de enero de 1878. La presidió el general y expresidente José María Urbina, retornado después de varios años de exilio, desde la guerra civil de 1859-1860.  

La convención nacional de 1878 designó a Veintemilla como presidente interino el 26 de enero y presidente constitucional el 31 de marzo; ese mismo 31 expidió la requerida Constitución, donde se eliminó el requisito de “ser católico” para ser ciudadano. En lo restante, esta nueva Constitución no era muy diferente a la Constitución de 1861. Para Juan Murillo Miró, en su libro Historia del Ecuador publicado en 1890, Veintemilla y Urbina “aunque no correspondieron en un todo a las esperanzas vinculadas en la revolución, se consiguió al menos hacer desaparecer la denigrante constitución de 1869”. 

En la presidencia, Veintemilla se apoyó en connotados liberales como el ilustre guayaquileño Pedro Carbo y el citado Urbina. Con el tiempo, Veintemilla degeneró en un autócrata y sus aliados liberales lo abandonaron. En marzo de 1882, antes de concluir su período presidencial de cuatro años, Veintemilla se volvió a declarar Jefe Supremo. Esta vez se inició contra él una revolución, a la que se motejó de “restauradora”. 

Veintemilla salió al exilio en julio de 1883. Volvió en 1907, y murió en Quito, al año siguiente.

La caída de Borrero

            Publicado en diario Expreso el viernes 22 de noviembre de 2024.

El cuencano Antonio Borrero Cortázar (1827-1911) fue el Presidente de la República elegido por la voluntad popular después del magnicidio de Gabriel García Moreno, ocurrido el 6 de agosto de 1875. A Borrero se lo eligió en las elecciones celebradas los días 17, 18 y 19 de octubre; él empezó su período de gobierno el 9 de diciembre de 1875. De acuerdo con la Constitución ultraconservadora de García Moreno aprobada en 1869, Borrero debía concluir su período en 1881, después de seis años de gobernar los destinos del país. Pero no gobernó ni uno. 

Lo interrumpió a Borrero el pronunciamiento popular de Guayaquil, constante en el acta de la asamblea reunida el 8 de septiembre de 1876 suscrita por “el Ilustre Concejo Municipal del cantón, los padres de familia y más conciudadanos”, que consideraron a Borrero “inconsecuente a los principios liberales que proclamó y defendió como ciudadano” cuyo gobierno había seguido “una política absurda para perpetuar las instituciones que ha jurado cumplir y que son incompatibles con la República Democrática”. Como ciudadano, Borrero había aplicado el calificativo de “monstruosa” a la Constitución de 1869, pero como gobernante se negó a convocar a una convención nacional para sustituirla. 

Como respuesta a esta contradicción, la asamblea de Guayaquil desconoció en el acta de su pronunciamiento al presidente Borrero y a la Constitución de García Moreno, proclamándolo Jefe Supremo de la República al general Ignacio Veintemilla, “con la suma de poderes” y “hasta que uniformada la opinión en todas las provincias, y purificado el territorio convoque a una Convención Nacional Constituyente”, y poniendo en vigor la Constitución de 1861. 

Frente a la asamblea guayaquileña que lo nombró Jefe Supremo, el general Veintemilla prometió “reorganizar la República bajo los verdaderos principios de la causa liberal”.

El presidente Borrero protestó la Jefatura Suprema proclamada en Guayaquil mostrando la hilacha, es decir, con argumentos conservadores. El 13 de septiembre, Borrero publicó una proclama en la que planteó su permanencia en la presidencia como una defensa de la religión en un pueblo de católicos. Declaró que la jefatura suprema de Veintemilla “no es sino un desquiciamiento del orden religioso, social y político que hoy impera en el Ecuador. Los que niegan la Divinidad de Jesucristo, los que aseguran que el pueblo es más soberano que Dios, los que piden el matrimonio civil, son los que han buscado, como instrumento torpe y ciego, a un Jefe desleal”, por lo que exhortó a sus conciudadanos: “Si vosotros sois, como nadie podrá dudarlo, un pueblo de hombres religiosos, defended a vuestro Dios combatiendo el ateísmo”. 

Esta cruzada religiosa de Borrero la apoyó el Concejo Municipal de Quito, que declaró a los “autores de la inicua revolución” como “enemigos de la religión, de la autoridad, de la familia, de la propiedad, del hombre y de Dios”. Y también unas matronas quiteñas, que ofrecieron “al Supremo Gobierno los votos y fervientes oraciones que, humilladas al pie de nuestros altares, elevaremos al Dios de los Ejércitos”.

Pero toda metafísica fue inútil. Antes de fin de año Borrero fue preso y, no mucho después, salió al exilio.