El número de los representantes

            Publicado en diario Expreso el viernes 30 de mayo de 2025

José Félix Valdivieso, el derrotado cuando enfrentó a Flores en 1835 y el derrotado cuando defendió a Flores en 1845, fue el alcalde de Quito a partir del 25 de mayo de 1822 por haberlo designado el militar venezolano Antonio José de Sucre tras su victoria en la batalla del Pichincha. En esta calidad, Valdivieso convocó a una asamblea de representantes de Quito, que se celebró el 29 de mayo.

Ese día, la asamblea aprobó un acta que empezaba así: “En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de las provincias del antiguo reino de este nombre…”, pero, en rigor, cada provincia española que conformó el reino de Quito, para su administración tenía cada una su propia Gobernación y su propia capital. La provincia española de Guayaquil (Gobernación desde 1763) tenía su capital en Guayaquil; la provincia española de Cuenca (Gobernación desde 1777) tenía su capital en Cuenca. A mayor inri, la vez que Quito quiso imponerse, en agosto de 1809, como la capital frente a sus provincias vecinas (Guayaquil y Cuenca, y además Popayán), éstas no lo consintieron. La guerrearon y se impusieron.

Pero esa premisa falsa era necesaria para el primer punto del Acta, que fue declarar a las provincias “que componían el antiguo reino de Quito como parte integrante de Colombia bajo el pacto expreso y formal de tener en ella la representación correspondiente a su importancia política”. Los representantes quiteños se arrogaron la írrita potestad de integrar a Colombia de una forma inconsulta a la provincia de Guayaquil (porque para el caso de Cuenca resultaba superflua la declaración, pues la provincia de Cuenca se había incorporado a la República de Colombia el 11 de abril de 1822). Y procuraron que Colombia le reconozca a Quito una “representación” que corresponda a “su importancia política”. 

Lo dicho por Quito fue irrelevante para Guayaquil, por lo que Simón Bolívar debió venir a esta ciudad por primera vez, acompañado de 1300 soldados colombianos, para cesar a la Junta de Gobierno de Guayaquil e imponer la anexión de la provincia a la República de Colombia el 31 de julio de 1822. Las tres provincias, convertidas ahora en departamentos de Colombia, conformaron su Distrito del Sur.

Cuando se separó de Colombia el Distrito del Sur en 1830 para conformar el Estado del Ecuador, Quito buscó lo mismo: una “representación correspondiente a su importancia política”. De las tres antiguas provincias españolas, Quito era, por mucho, la más poblada. El número de los representantes en el Congreso, alegaban en Quito, debía hacerse en función de la población. Como en 1809, Guayaquil y Cuenca no quisieron y se impusieron.

Por seis Constituciones y treinta años, la representación se hizo como si el Ecuador estuviera compuesto por tres Estados federados, es decir, con una estricta igualdad en el número de los representantes (a este efecto, seguían siendo unos departamentos colombianos).

Esto lo cambió el guayaquileño más querido en Quito, Gabriel García Moreno. Desde la Constitución de 1861 se determinó que el cálculo de los representantes se iba a hacer con base en el número de habitantes en cada una de las trece provincias que integraban el Estado en aquel tiempo. Y así es desde entonces. 

Carrión renuncia

            Publicado en diario Expreso el viernes 21 de febrero de 2025.

El primer Presidente Constitucional elegido por la voluntad popular fue el lojano (natural de Cariamanga, nacido en 1804) Jerónimo Carrión Palacio. En su vida pública, él había sido diputado a las convenciones nacionales de 1845 y 1852, gobernador del Azuay durante la presidencia del guayaquileño Vicente Ramón Roca Rodríguez y vicepresidente durante la presidencia del guayaquileño Francisco Robles García (1856-1859) para luego convertirse en su detractor por integrar el triunvirato de gobierno que surgió en Quito (conformado, además, por el guayaquileño Gabriel García Moreno y el riobambeño Pacífico Chiriboga Borja) en los tiempos de la guerra civil de 1859-1860.

De aquella guerra civil emergió una figura que dominó la época hasta su muerte en 1875: Gabriel García Moreno. Una convención nacional, convocada por García Moreno en calidad de jefe supremo, se reunió en Quito entre el 10 de enero y el 3 de abril de 1861. Esta convención dictó una Constitución que reemplazó a la promulgada en 1852 en los tiempos del general Urbina y eligió Presidente Constitucional de la República a García Moreno para que gobierne hasta el 30 de agosto de 1865. 

Bajo el imperio de la Constitución de 1861, unos días antes de concluir el período presidencial de García Moreno, el 15 de mayo de 1865, se celebró la primera elección presidencial directa en la historia de la República del Ecuador, a fin de elegir a su reemplazo (la Constitución impedía la reelección). El reemplazante fue el candidato auspiciado por el gobierno nacional (dando inicio a una larga tradición), elegido de una forma arrasadora (más del 70% de la votación, aunque el universo de votantes era de alrededor del 3% de los ecuatorianos). Ese hombre fue Jerónimo Carrión. 

Carrión empezó su período de gobierno el 7 de septiembre de 1865 pero no lo concluyó. García Moreno lo había elevado a la presidencia y García Moreno intervino para sacarlo a Carrión de ella. 

García Moreno era persona dominante y autoritaria, mientras que Carrión era su opuesto, de carácter débil y timorato. Para García Moreno, el que Carrión haya pretendido un gobierno del Ecuador respetuoso de la Constitución y las leyes, de las instituciones y las garantías de las personas, que haya permitido la libertad de prensa, eran errores que debían ser corregidos.

Hacia finales de 1867, Gabriel García Moreno se trasladó de Guayaquil a Quito para maniobrar y proponerle a Jerónimo Carrión que renuncie a la presidencia, por la falta de apoyo que tenía y como único remedio para salvar a la República. De acuerdo con Benjamín Carrión, en su biografía de García Moreno “El Santo del Patíbulo”, publicada en 1959, un militar de apellido Sáenz le dejó al presidente Carrión un recado: “manda a decir el señor García Moreno que desocupe la presidencia de la Republica, porque él la necesita para otra persona”.  

Le hizo caso. Quien fuera el primer Presidente Constitucional de la República elegido por la voluntad popular, fue también el primero en desentenderse de tan alto cargo. Carrión envió su renuncia al Congreso el 6 de noviembre de 1867 y se retiró de la vida política para siempre.

Carrión murió en Quito, en tiempos todavía garcianos, el 5 de mayo de 1873.  

La caída de Borrero

            Publicado en diario Expreso el viernes 22 de noviembre de 2024.

El cuencano Antonio Borrero Cortázar (1827-1911) fue el Presidente de la República elegido por la voluntad popular después del magnicidio de Gabriel García Moreno, ocurrido el 6 de agosto de 1875. A Borrero se lo eligió en las elecciones celebradas los días 17, 18 y 19 de octubre; él empezó su período de gobierno el 9 de diciembre de 1875. De acuerdo con la Constitución ultraconservadora de García Moreno aprobada en 1869, Borrero debía concluir su período en 1881, después de seis años de gobernar los destinos del país. Pero no gobernó ni uno. 

Lo interrumpió a Borrero el pronunciamiento popular de Guayaquil, constante en el acta de la asamblea reunida el 8 de septiembre de 1876 suscrita por “el Ilustre Concejo Municipal del cantón, los padres de familia y más conciudadanos”, que consideraron a Borrero “inconsecuente a los principios liberales que proclamó y defendió como ciudadano” cuyo gobierno había seguido “una política absurda para perpetuar las instituciones que ha jurado cumplir y que son incompatibles con la República Democrática”. Como ciudadano, Borrero había aplicado el calificativo de “monstruosa” a la Constitución de 1869, pero como gobernante se negó a convocar a una convención nacional para sustituirla. 

Como respuesta a esta contradicción, la asamblea de Guayaquil desconoció en el acta de su pronunciamiento al presidente Borrero y a la Constitución de García Moreno, proclamándolo Jefe Supremo de la República al general Ignacio Veintemilla, “con la suma de poderes” y “hasta que uniformada la opinión en todas las provincias, y purificado el territorio convoque a una Convención Nacional Constituyente”, y poniendo en vigor la Constitución de 1861. 

Frente a la asamblea guayaquileña que lo nombró Jefe Supremo, el general Veintemilla prometió “reorganizar la República bajo los verdaderos principios de la causa liberal”.

El presidente Borrero protestó la Jefatura Suprema proclamada en Guayaquil mostrando la hilacha, es decir, con argumentos conservadores. El 13 de septiembre, Borrero publicó una proclama en la que planteó su permanencia en la presidencia como una defensa de la religión en un pueblo de católicos. Declaró que la jefatura suprema de Veintemilla “no es sino un desquiciamiento del orden religioso, social y político que hoy impera en el Ecuador. Los que niegan la Divinidad de Jesucristo, los que aseguran que el pueblo es más soberano que Dios, los que piden el matrimonio civil, son los que han buscado, como instrumento torpe y ciego, a un Jefe desleal”, por lo que exhortó a sus conciudadanos: “Si vosotros sois, como nadie podrá dudarlo, un pueblo de hombres religiosos, defended a vuestro Dios combatiendo el ateísmo”. 

Esta cruzada religiosa de Borrero la apoyó el Concejo Municipal de Quito, que declaró a los “autores de la inicua revolución” como “enemigos de la religión, de la autoridad, de la familia, de la propiedad, del hombre y de Dios”. Y también unas matronas quiteñas, que ofrecieron “al Supremo Gobierno los votos y fervientes oraciones que, humilladas al pie de nuestros altares, elevaremos al Dios de los Ejércitos”.

Pero toda metafísica fue inútil. Antes de fin de año Borrero fue preso y, no mucho después, salió al exilio.

Los años sin el presidente García

            Publicado en diario Expreso el viernes 8 de marzo de 2024.

El cariamanguense Jerónimo Carrión debió ocupar la presidencia de la República entre 1865 y 1869. Tal responsabilidad era agravada pues, tras la entrada en vigor de la séptima Constitución del Estado en 1861, se eliminó el voto censitario para la elección de las autoridades y es así que Carrión fue el primer presidente elegido por (aunque sea una ínfima porción de) la voluntad popular. Empezó su período de gobierno en septiembre de 1865. 

Pero Carrión ocupó la presidencia poco más de la mitad de su período de gobierno, pues en noviembre de 1867 fue también el primer presidente que decidió renunciar a su cargo. Tras un breve interinazgo y la celebración de elecciones en enero de 1868, a Carrión lo reemplazó para el resto de su período presidencial el quiteño Javier Espinosa. Él empezó a gobernar en enero de 1868, pero duró menos que el anterior: a Espinosa lo tumbó un golpe de Estado perpetrado en enero de 1869, antes de cumplir un año en el ejercicio del cargo.

Para entender la suerte de Carrión y Espinosa, se debe considerar la guerra civil de 1859-1860 y la emergencia en ella de la figura señera del guayaquileño Gabriel García Moreno, quien dominó la escena política desde entonces hasta su muerte en 1875. La suerte sufrida por los presidentes Carrión y Espinosa ocurrió en los años del período “garciano” en los que García no fue la máxima autoridad. Allí se perdieron. 

En mayo de 1859, García apareció como el presidente de la Junta de Notables constituida en Quito para tumbar al gobierno constitucional del guayaquileño Francisco Robles, compuesta también por Jerónimo Carrión y Pacífico Chiriboga. Robles debió gobernar entre 1856 y 1860, pero cometió el error de trasladar la capital de Quito a Guayaquil. Ardió Troya.

Tras la caída de Robles y el triunfo del bando de García en la guerra civil, se reunió en Quito una convención nacional que dictó la Constitución de 1861 y eligió a García como presidente de la República para el período 1861-1865.

García cumplió su período de gobierno, pero siempre consideró que la Constitución de 1861 y las leyes vigentes eran “insuficientes para impedir el mal y para hacer el bien”. Cuando concluyó su período en 1865, García procuró el triunfo del candidato del oficialismo, es decir, de Jerónimo Carrión, su compañero en la Junta de Notables y vicepresidente de Robles hasta que saltó a la Junta. Cuando el presidente Carrión se hartó de las presiones de García y sus conmilitones, puso su renuncia. 

Se convocó a elecciones en enero de 1868 y nuevamente una ínfima porción del electorado designó al presidente. Resultó elegido Javier Espinosa, que empezó a gobernar en enero de 1868 y duró hasta el enero siguiente, cuando García se decidió por un golpe de Estado para evitar el triunfo del liberalismo (con la candidatura de Aguirre Abad) y para conducir al Ecuador por los caminos de su delirio conservador.

García organizó una convención nacional en Quito, que dictó la Constitución de 1869 y lo eligió presidente de la República para el período 1869-1875. Entre las presidencias de García, Carrión y Espinoza gobernaron supeditados a él. Al período de gobierno “garciano” sólo lo podía, y sólo lo pudo acabar, la muerte de su demiurgo.

Un récord mundial

En los primeros años de nuestra historia republicana, el político azuayo Benigno Malo (1807-1870) criticó la absurda sucesión de cartas constitucionales en los primeros años de la República: “Siete constituciones en treinta años, es decir, una Constitución cada tres años y tres meses”. Y explicó enseguida la causa de esta estúpida abundancia: “Es muy clara: nuestras constituciones no han sido fruto de estudios convencionales, sino el aborto improvisado de un partido vencedor en las guerras civiles, el arma que una fracción afilaba para defenderse y herir a sus futuros adversarios” (1).

Esto lo escribió ese oxímoron racista que fue Benigno Malo a inicios de los años sesenta del siglo XIX. El promedio ha mejorado desde la Constitución de 1861, que motivó los dichos de Malo. Basado en los cálculos del historiador Enrique Ayala Mora entre 1830 y 2012, el Ecuador ha tenido “una nueva Constitución cada nueve años como promedio. Pero ese cálculo puede ser engañoso, pues si se considera que durante las dictaduras no rigió un Estado de derecho […] el promedio de vigencia por Constitución es de apenas siete años y unos meses” (2). Con otros seis años de estabilidad, el promedio ha mejorado un poco, pues llega a los ocho años por Constitución.

Ha mejorado desde los tiempos de Malo, sí, pero mal siempre nos ha ido. Hemos pasado de un promedio de tres a ocho años de duración por Constitución, pero podemos aspirar, de acuerdo con Ayala Mora, a tener “cierto récord, o al menos una mención especial, por la perenne inestabilidad de los gobiernos, que se ha manifestado en toda nuestra historia” (3).

Que yo sepa, en el número total de Constituciones no tenemos rival en el mundo mundial. Bolivia sería nuestra única coteja, y tiene 17, tres menos que nuestro desastre institucional.

(1) Arízaga Vega, Rafael, ‘Las constituyentes’, Editorial Fraga, Quito, 1998, p. 17. Es una mala idea hecha tradición.

(2) Ayala Mora, Enrique, ‘Evolución constitucional del Ecuador. Rasgos históricos’, Corporación Editora Nacional, Quito, 2018 [Serie Estudios Jurídicos, Vol. 43], pp. 13-14.

(3) ‘Evolución…’, p. 14. Ayala Mora calculó 154 años de “vigencia constitucional” hasta 2012. Seis años y pico después, serían 160 años, divididos para 20 constituciones: a 8 años por documento.

¿Fue Matilde Hidalgo la primera mujer que votó en el Ecuador?

La pregunta es una hipótesis a investigar cuyo resultado no variaría un ápice el mérito de Matilde Hidalgo de Procel (1889-1974).

La duda surge porque en el sistema de voto censitario hubo el caso de viudas propietarias que votaron, no por ser mujeres, sino por ser ricas propietarias. En un sistema electoral censitario, el sexo de una persona podía ser irrelevante para votar; lo importante, en última instancia, era contar con una fortuna suficiente. Este sistema imperó para el ejercicio del derecho al voto hasta la séptima Constitución, adoptada durante la primera presidencia de Gabriel García Moreno (1821-1875) en 1861 (1). Bajo este sistema, en un matrimonio, mientras el marido vivía, él era quien votaba. Pero cuando el marido palmaba, su esposa podía tomar la posta en el ejercicio del derecho al voto por esa familia.

En Estados Unidos de América se conoce de casos de viudas votantes (2). Algo similar pudo suceder en el Ecuador, pero no tengo noticia de un estudio que informe de un caso concreto.

En rigor, la probable aparición de un estudio así no empece lo hecho por la machaleña Matilde Hidalgo de Procel. Cuando una viuda votaba en los Estados Unidos de América, en la Colombia o en el Ecuador del período de voto censitario, no había nada de reivindicatorio en el voto de esas viudas. Eran las cosas como las mandaba la tradición, nada más que con la singularidad de participar en el proceso una viuda.

De igual forma, una probable viuda ecuatoriana votante en 1839 no disminuye en nada la gesta de Hidalgo de Procel en 1924.

Esto, porque Hidalgo de Procel fue a votar por una causa subversiva. No votó como las viudas, por acatar el peso de una tradición: votó para librarse de ella.

(1) Para el derecho a ser elegido, esta restricción imperó hasta la Constitución de 1884.

(2) “En general, las mujeres estaban excluidas del voto (aun cuando, ocasionalmente, había habido mujeres propietarias –viudas, en su gran mayoría- que habían podido acudir a las urnas)”, en: Foner, Eric, ‘La historia de la libertad en EE.UU.’, Ediciones Península, Barcelona, 2010, p. 66.