“Estados Unidos es el responsable. Tienen a más negros en la cárcel por tema de drogas que en las universidades. Aquí conocemos a los narcos por nombre, apodo y vicios favoritos. Ahí están tan protegidos que operan en la sombra” declara un personaje de la novela El Testigo del mexicano Juan Villoro. Parece llevar razón. Es en todo caso muy cierto que Estados Unidos es el país que abandera en el mundo el discurso prohibicionista, un discurso que en palabras del jurista Luigi Ferrajoli “significa afirmar el monopolio criminal del mercado de la droga” lo que provoca, justamente y a contramano de su supuesta pretensión, “criminalidad y no la disminución del consumo”. Pero el codicioso y moralista Estados Unidos de América se niega a toda evidencia: sus poderosas razones tendrá.Dadas las evidencias disponibles no es difícil sostener, como lo he hecho yo por ejemplo, que la prohibición “fomenta una poderosa economía ilegal e internacional (con sus consecuencias de violencia y corrupción), sobrecarga el aparato judicial y penitenciario, promueve la comisión de conductas delictivas para obtener un producto encarecido artificialmente y la aplicación de una justicia penal que restringe las garantías individuales. En adición, la prohibición estigmatiza y margina al consumidor y lo expone al consumo de sustancias adulteradas y el énfasis en reprimir desvía los necesarios recursos para prevenir y ayudar a los consumidores”. Lo interesante es que una postura análoga se la sostenga fuera del ámbito académico, en la arena política. Curiosamente, así lo hace la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia que co-presiden los ex Presidentes César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo, y que la componen también otras catorce personalidades (entre ellas, Antanas Mockus, Diego García Sayán, Enrique Krauze, Mario Vargas Llosa y Moisés Naím).
En su declaración Drogas y democracia: hacia un nuevo paradigma la Comisión empieza por admitir que “las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo de erradicación de las drogas”. El nuevo paradigma que la Comisión propone se sustenta en tres grandes directrices: 1) Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública; 2) Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención; 3) Focalizar la represión sobre el crimen organizado. Finalmente, la Comisión plantea la necesidad de la participación de la sociedad civil y de la opinión pública: “cada país debe confrontar el desafío de abrir un amplio debate público sobre la gravedad del problema y la búsqueda de las políticas más adecuadas a su historia y su cultura”.
La declaración de la Comisión peca de políticamente correcta (hay demasiado en juego para un desafío abierto) pero sí que contribuye a plantear una discusión sensata y necesaria sobre el tema (todavía tabú) de la prohibición de las drogas.
