Quito se fundó en Santiago

            Publicado en diario Expreso el viernes 22 de mayo de 2026.

El título de esta columna es una afirmación inobjetable, que paso a precisar: la villa de San Francisco de Quito se fundó en la ciudad de Santiago de Quito. Esta fundación de una villa española en los Andes ocurrió el 28 de agosto de 1534.

Así lo confirma el acta de fundación de la villa de San Francisco de Quito, constante en el “Libro Verde” publicado por primera vez en 1934. Este documento bien merece ser parte de la Memoria del Mundo de la UNESCO, pues registra el acta de nacimiento de las dos ciudades más pobladas e importantes del Ecuador, ocurridas el 15 y el 28 de agosto de 1534.

El 15 de agosto se fundó la ciudad de Santiago, por razones estratégicas, para afirmar que la conquista estaba en manos de los españoles que reconocían como su jefe a Francisco Pizarro, frente a la posible pretensión de conquista del mismo territorio que podrían tener los españoles que reconocían como su jefe a Pedro Alvarado. Estos últimos vinieron en barcos desde Centroamérica y llegaron a la costa de Caráquez en febrero de 1534. Por meses, subieron la montaña sólo para encontrarse con la novedad de que en estos territorios deambulaban los hombres de Pizarro.     

Pudo ser un enfrentamiento, pero fue una negociación. La reciente ciudad de Santiago fue el escenario de la negociación entre soldados de conquista. Allí, en un campamento militar montado en las cercanías de la laguna de Colta, Diego de Almagro, en representación de Pizarro, acordó con Pedro Alvarado que, por una paga, Alvarado se volvía. Esto se decidió el 26 de agosto.

La conquista del territorio de los Andes seguía estando en manos de los hombres de Pizarro y era el momento de expandirla. Por eso, dos días después, en la ciudad de Santiago se fundó una villa. Su acta de fundación, constante en el “Libro Verde”, empieza con estas palabras contundentes: “En la ciudad de Santiago a veinte y ocho días del mes de agosto del nacimiento de nuestro salvador…”.

Las primeras palabras del documento fundacional de Quito indican el lugar de su fundación. Se ha dicho que ese lugar, la ciudad de Santiago, dejó de existir. Pero eso es falso. Un total de once testigos declaran la existencia de Santiago en probanzas hechas el 12 de octubre de 1534 a petición de Diego de Almagro, su fundador. Y despeja toda duda la aprobación del adelantado Francisco Pizarro (hecha en una Lima de cuatro días de fundada, el 22 de enero de 1535) de lo actuado en la provincia de Quito por Diego de Almagro, fundando dos pueblos, “el uno, la ciudad de Santiago y el otro, la villa de San Francisco”.

La villa de San Francisco de Quito se trasladó a un lugar que constaba en su acta fundacional. (Además, la ascendieron a ciudad pronto, en 1541). Se fue para el norte y se asentó en su lugar definitivo el 6 de diciembre de 1534. Equivocadamente, allí celebran esta última fecha como la de su fundación.

La suerte de la ciudad de Santiago de Quito fue distinta. Se trasladó a la Costa y se asentó en varios lugares, hasta que en 1547 lo hizo de manera definitiva en el cerro Santa Ana, frente a un río grande. Conservó el nombre español (Santiago) pero cambió el topónimo (de Quito a Guayaquil).

En una incipiente ciudad que sería Guayaquil, se fundó Quito.

Papelones

            Publicado en diario Expreso el viernes 15 de mayo de 2026.

El año 2011, el Presidente Rafael Correa decidió demandar a diario El Universo por una columna de opinión. Ese mismo año, con algunos amigos y (en retrospectiva) un canalla, fundé un medio de comunicación digital que se llamó Gkillcity. 

En Gkillcity escribí un artículo que se tituló “El papelón”: una sólida argumentación, basada en normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para concluir que este asunto se iba a resolver en el Sistema Interamericano (Comisión o Corte) en contra del Estado del Ecuador. Es lo que suele suceder, en un Ecuador en el que hablar de “sistema de justicia” es una broma de mal gusto.

El tiempo me dio la razón. El caso de Correa vs. El Universo llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, el año 2021, este tribunal condenó al Estado del Ecuador.

La persecución a un medio de comunicación el año 2011 utilizó el sistema judicial. Quince años después, las herramientas que usa el Poder Ejecutivo para perseguir a un medio de comunicación son otras, pero las consecuencias serán las mismas.

El año 2026, el Poder Ejecutivo opera de una forma opaca y utiliza órganos administrativos, obscenamente sometidos y dispuestos a complacer los caprichos del Poder Ejecutivo. Con esta fórmula ladina y artera, a través de los abusos de una Superintendencia, se quiere tomar el control societario de la empresa Granasa, casa editorial de los diarios Expreso y Extra. 

Será un nuevo papelón. En su artículo 13 numeral 3, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe las restricciones de la libertad de expresión por vías o medios indirectos. Entonces, de persistir en su retahíla de abusos, la consecuencia de estas actuaciones del Poder Ejecutivo será otra condena internacional para el Estado ecuatoriano. 

Para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana, en el marco de la OEA se adoptó la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, cuyo principio 13 deja en claro que, “la utilización del poder del Estado (…) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. (…) Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

Es decir, esta vez es Noboa vs. Granasa. Es el Estado tropezando una vez más con la misma piedra de abusos contra los medios de comunicación. 

En lo que hay de distinto: por el proceder opaco y artero del Poder Ejecutivo, hay miedo. El año 2011, la sociedad ecuatoriana protestó por Correa vs. El Universo. Quince años después, la sociedad ecuatoriana guarda un ominoso silencio frente a Noboa vs. Granasa. 

El mismo abuso, similares papelones ante la justicia internacional, pero ahora se ha instalado el miedo en la sociedad y hoy se guarda un “silencio bastante parecido a la estupidez” (frase inscrita en la proclama de la Junta Tuitiva de la Paz del 16 de julio de 1809, frente a los abusos de los españoles). Enmudecernos: ese es uno de los pilares para asentar una autocracia. 

La transparencia que falta

            Publicado en diario Expreso el viernes 8 de mayo de 2026.

Un órgano de la Función de Transparencia, la Contraloría General del Estado, actuó en contra de la transparencia: en su página web, ella ordenó que se implementen unos cambios para restringir el acceso a la información contenida en las declaraciones juramentadas de los funcionarios públicos. 

Por estos cambios, se restringe el acceso a información como el año al que corresponde cada declaración y la fecha en que el funcionario inició y salió del cargo. También se impide descargar en PDF el archivo que contiene la información. Peor aún, se debe dejar constancia del número de cédula y del correo electrónico de quien accedió a la información. 

Estos cambios impuestos por la Contraloría son contrarios a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información. En especial, la Corte Interamericana ha declarado que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” (Claude Reyes y otros, Párr. 92). Por este principio se obliga a los Estados a que, si deciden restringir el acceso a la información, cumplan varios requisitos: verdadera excepcionalidad, consagración en la Ley, objetivos legítimos, necesidad y estricta proporcionalidad. 

Es claro que los cambios de la Contraloría no satisfacen estos requisitos, interpretados a la luz del principio que debe ser defendido por toda sociedad democrática: el principio de máxima divulgación de la información. Este principio implica el acceso a una información completa, comprensible y en forma anónima, como recomienda la Ley Modelo adoptada en el marco de la OEA. 

Estar en contra del principio de máxima divulgación persigue siempre el mismo objetivo, cuando de una autocracia in statu nascendi se trata: satisfacer el deseo autócrata de operar en la opacidad. Este es su ambiente natural.

Entonces, un órgano que debió velar por la transparencia, la Contraloría General del Estado, actuó a favor de cumplir un propósito innoble del gobierno de Daniel Noboa: operar en la opacidad. En este gobierno son unos informes reservados los que determinan la expulsión de un extranjero del territorio, o el traslado del Alcalde de Guayaquil a una cárcel de máxima seguridad. En este gobierno son unas denuncias anónimas las que movilizan al poder punitivo del Estado para allanar instituciones públicas o para perseguir a quienes la ambición autocrática percibe como sus ‘enemigos’ políticos. 

Es peor: la falta de transparencia es apenas una de las aristas de la desmejora institucional de los últimos años. La publicación reciente del informe 2026 de Freedom House, un organismo internacional que evalúa anualmente el estado de la libertad en el mundo, es ilustrativa a este respecto. 

Comparado con el resultado del año 2022, cuando el Ecuador era calificado por Freedom House como un “país libre”, hemos descendido a “parcialmente libre”, perdiendo siete puntos principalmente durante el gobierno de Noboa. Hoy calificamos 64/100. Éramos un país libre, hoy estamos en caída libre. En libertad de prensa, apenas tenemos 2/4.

No hay que perder la perspectiva: la transparencia que hoy falta es la opacidad que busca, típicamente, una autocracia. 

Borrero, condenado

            Publicado en diario Expreso el viernes 1 de mayo de 2026.

Hubo un hombre que sostuvo con ardor una Constitución, cueste lo que cueste. No cualquier Constitución: una de las más populares/impopulares de la historia del Ecuador. Popular por su aprobación en referéndum con el 96.36%. Impopular por sus consecuencias: su afán de orden teológico coartaba libertades y el resultado de esta opresión fue el asesinato de su creador. 

La “Carta Negra” (así pasó a la historia) duró un período de gobierno entre 1869 y 1875, año de la muerte de su creador. El hombre que lo reemplazó, tras las elecciones en 1875, fue el cuencano Antonio Borrero. Él sostuvo con ardor la Constitución de 1869. 

Borrero llegó a Presidente en una de las dos elecciones que, hasta la creación en 1945 de un órgano electoral independiente (o debo decir: “independiente”), ha sido reputada como honesta. (Antes de 1945 las elecciones las organizaba el gobierno y se podrán imaginar cómo nos iba: casi invariablemente ganaba el organizador. Después de 1945, sigue pasando.) Esta elección fue la inmediata tras el asesinato de García Moreno, creador de la Constitución de 1869, que obligaba al ecuatoriano a ser católico para gozar de sus derechos como ciudadano. 

Los liberales detestaban esta Constitución, con razón. Y habían apoyado a Borrero porque él se había manifestado en contra de la Constitución (la había llamado “monstruosa”). Pero cuando ganó, Borrero se hizo el loco y decidió que iba a seguir gobernando con la Constitución de 1869. 

Los liberales le imputaron el ser inconsecuente. Él temía, tal vez, que su poder iba a pasar a otras manos si organizaba una asamblea constitucional. El quería terminar su período, gobernar hasta 1881.

El cuencano Borrero no podía saberlo, pero el poder iba a pasar a otras manos si no organizaba una asamblea constitucional. El cabildo de Guayaquil, presidido por el alcalde José Vélez (el mismo de la calle del centro), apoyó el levantamiento del Comandante General de la Plaza de Guayaquil, el general quiteño Ignacio de Veintemilla, nombrado por el propio Borrero. 

Empezó una guerra por el poder: los revolucionarios comandados por Veintemilla en lucha contra el ejército del gobierno. Esto se llamó “revolución septembrina”, por la fecha en que el cabildo de Guayaquil declaró Jefe Supremo a Veintemilla, el 8 de septiembre de 1876. Su motivación: la consideración de Borrero como inconsecuente a los principios liberales y la necesidad de convocar a una asamblea constitucional para reemplazar la “Carta Negra”. 

El Jefe Supremo Veintemilla, frente a la asamblea guayaquileña que lo había nombrado como tal, prometió “reorganizar la República bajo los verdaderos principios de la causa liberal”. Luego desvarió.

Pero en aquel entonces se trabó una guerra. Después de triunfar en las batallas de Galte y Los Molinos, Veintemilla entró en Quito a fines de diciembre para ocupar la Presidencia. Se había consumado un golpe de Estado y Borrero terminó su gobierno en un año y monedas. 

Pobre Borrero: si convocaba la asamblea se perdía, por no convocarla se perdió. Este hombre estaba condenado: con la asamblea o sin ella, su suerte era caer.

Tras consumarse el golpe de Estado, Borrero fue encarcelado y, posteriormente, fue desterrado al Perú.