Daniel, el travieso

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de abril de 2026.

¿Cómo nos ven, los que estudian el estado de la democracia en el mundo, sin bandería política alguna? El grupo sueco de expertos Variaties of Democracy (V-Dem) ha publicado su décimo “Reporte sobre la Democracia”, edición del 2026. V-Dem había reportado un proceso de democratización en el Ecuador, pero en esta edición del 2026 advirtió que ese proceso concluyó el 2022. 

Desde el 2023 (año en que Daniel Noboa asumió el Poder Ejecutivo) el Ecuador empezó a caminar en la dirección contraria: “En Ecuador, la democratización de los últimos años está siendo revertida, transformando de forma gradual la vuelta en U en una potencial vuelta de campana. El Ecuador enfrenta un período de creciente violencia asociada con el crimen organizado, a lo que el gobierno ha respondido con puño de hierro (…) Los deterioros de los últimos años han llevado al Ecuador a la lista de potencial autocratización” (p. 28).

En el caso ecuatoriano, este proceso de convertir a su gobernante en un autócrata se basa en el uso político del sistema de justicia penal, en especial, su brazo “investigativo”, la Fiscalía. Un influyente periodista de los Estados Unidos, Tucker Carlson, decía que no podías permitir que un país se gobierne a través de la Fiscalía, pues en ese momento te conviertes en “freaking Ecuador”.

Ecuador como un freak institucional: por supuesto que sí, juzgando por el resultado que este país registra en el índice del Estado de Derecho que publica anualmente el World Justice Project. Este reporte analiza ocho indicadores para elaborar su índice, uno de ellos se titula “justicia criminal”. Spoiler: somos lo peor de lo peor. Y hemos descendido cinco puntos en este indicador, de forma sostenida, desde el 2022. Es decir, estamos cada vez peor.

En el indicador “justicia criminal” del World Justice Project, el Ecuador marca un mísero 0.30/1.00. Uno de los subindicadores que conforman este indicador es el típico trabajo de una Fiscalía: “El sistema de investigación criminal es efectivo”. A esto le corresponde un 0.18/1.00 y el puesto 141 entre los 143 países analizados en el informe. Somos de los tres peores, en este tétrico club de deficientes institucionales. Otro de sus integrantes (el 143) es Venezuela. (Es curioso: llegamos a ser como Venezuela, por la vía de la derecha). 

Conviene matizar en materia de efectividad: hay una Fiscalía no efectiva, casi inmóvil, y una Fiscalía “híper-efectiva” y muy veloz. Si el caso involucra al gobierno central, la Fiscalía se arrastra con dificultad. Pero si involucra a un opositor del gobierno central, esa misma Fiscalía corre, vuela y se acelera. 

Es tan cantado esto, que constituye una implícita renuncia a los principios que debería animar la conducta de esta institución, de acuerdo con sus normas: los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. Este doblez en su accionar convierte a estos principios en pura ficción. Lo peor: convierte a la Fiscalía en el principal instrumento para este proceso de autocratización, advertido por expertos internacionales, que viene ocurriendo durante el gobierno de Daniel Noboa.

El título del artículo es un guiño a la serie infantil de caricaturas Daniel, el travieso. Ahora, tiene un twist aterrador.

Ocurre ante nuestros ojos

            Publicado en diario Expreso el viernes 10 de abril de 2026.

En este siglo XXI, no es la primera vez que el máximo órgano de justicia constitucional es atacado por otro poder del Estado. El 2004, cuando este órgano todavía se llamaba Tribunal Constitucional, fue atacado por el Congreso Nacional, que lo descabezó con una resolución aprobada por 57 congresistas. Como el asunto no se reparó en el derecho interno, años después la Corte Interamericana resolvió el Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos vs. Ecuador) y ordenó costosas reparaciones económicas a favor de los jueces destituidos. 

El 2018, la Corte Constitucional fue atacada por un órgano sancionador efímero (el llamado “Consejo Transitorio”). Con una resolución aprobada por cinco personas se descabezó a la Corte Constitucional, en un proceso viciado por la falta de competencia e imparcialidad, y por la violación de los principios de irretroactividad y legalidad. 

En el derecho del Ecuador no se puede conocer de estas violaciones porque la actual Corte Constitucional blindó la actuación del Consejo Transitorio. Nuevamente, esto se resolverá en el derecho internacional y ya hay procesos en curso. 

En el presente: desde el año pasado, el ataque a la Corte Constitucional proviene desde la Presidencia de la República. El presidente ha encabezado una marcha de sus “seguidores” en contra de la Corte Constitucional. Por esos días, se dispuso la exhibición de las fotografías de los jueces, para que el pueblo sepa quiénes son los enemigos del momento.

Este ataque actual lo juzgo más peligroso que los anteriores. En los dos casos anteriores, se descabezó la Corte Constitucional para su reemplazo por otra, es decir, se cambió a sus autoridades. Pero ahora el objetivo que parece tener la Presidencia de la República es la eliminación de la Corte Constitucional. Es decir, eliminar al último obstáculo para que desde la Presidencia se pueda gobernar sin contrapeso alguno. Esto se conoce como una autocracia, es decir, “un grado máximo de absolutismo” sin un freno eficaz “por fuerzas intragubernativas” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, “Diccionario de la Política”).

Entonces, el ataque actual es muy peligroso pues su pretensión es conseguir la acumulación definitiva y total del poder en la Presidencia de la República. Se la quiere extirpar a la Corte Constitucional porque es la última institución que podría poner un freno a las pretensiones abusivas de derechos de las personas y violatorias de la autonomía municipal, que las ha convertido en normativa una Asamblea Nacional rastrera y servil.  

Según el informe 2024 del Latinobarómetro, el Ecuador es el país de América latina y el Caribe cuyo más alto porcentaje de habitantes (el 54%) está de acuerdo con que “el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas”. El verdadero problema es que tras tanta acumulación del poder, estando en el gobierno desde noviembre de 2023 y en guerra contra el crimen organizado desde enero de 2024, después de decenas de estados de excepción, de toques de queda y de abusos sin cuento, se siga sin “resolver los problemas”.  

Lo que sí tenemos: el desarrollo de un grado máximo de absolutismo, ocurriendo ante nuestros ojos.

La vuelta de campana

Variaties of Democracy Institute (“V-Dem”), con sede en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, publicó la edición 2026 de su “Reporte sobre la Democracia”. Este reporte es su décima edición; en ediciones anteriores, V-Dem había reportado que en el Ecuador se había vivido un proceso de democratización, pero en esta última edición del 2026, V-Dem advirtió que ese camino a la democratización concluyó el 2022. 

Desde el año en que Daniel Noboa asumió la Presidencia de la República (2023), el Ecuador ha dado una vuelta de campana, rumbo a la autocratización, como se indica nítido en el reporte 2026 de los suecos: “En Ecuador, la democratización de los últimos años está siendo revertida, transformando de forma gradual la vuelta en U en una potencial vuelta de campana. El Ecuador enfrenta un período de creciente violencia asociada con el crimen organizado, a lo que el gobierno ha respondido con puño de hierro (…) Los deterioros de los últimos años han llevado al Ecuador a la lista de potencial autocratización” (p. 28).

El proyecto centralizador

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de abril de 2026.

Juan José Flores fue el primer presidente del Ecuador. En su tercer mandato presidencial, designado por una asamblea constitucional servil a él, debió gobernar entre 1843 y 1851. Aquella asamblea aprobó la Constitución de 1843 y sometió a los municipios a un órgano extraño (un “concejo provincial”), dependiente del gobierno central. 

Eso duró poco. En marzo de 1845, una revolución originada en Guayaquil, capitaneada por José Joaquín Olmedo, logró la expulsión del presidente Flores y su camarilla. Se derogó la Constitución de 1843 y se acabó este sometimiento a los municipios.

Mucha agua corrió desde entonces bajo el puente del subdesarrollo. Por décadas, el gobierno central tuvo demasiada injerencia en la gestión de los municipios y en la aprobación de sus ordenanzas, pero eso cambió con la entrada en vigor del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) el 2010. Desde entonces, los municipios obtuvieron la garantía de su autonomía política, administrativa y financiera para la gestión de su territorio y la aprobación de sus ordenanzas.  

Hasta ahora. Con el gobierno de Noboa regresó un proyecto centralizador del Estado. De manera similar a 1843, el gobierno central somete a los municipios a controles exagerados y los coloca al servicio de los deseos y desvaríos de la Presidencia de la República. 

La ley reformatoria del COOTAD, aprobada el 20 de febrero por la Asamblea Nacional y diseñada para restar recursos a los municipios, impone gravosos controles del Ministerio de Economía y Finanzas sobre su gasto. So pena de pérdida económica, ellos sólo pueden gastar en ciertos ítems del Clasificador Presupuestario elaborado por ese ministerio, que se refiere a obras físicas e inversiones a largo plazo. Es la pérdida de la autonomía financiera. 

Este lunes se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS) para introducir la desnaturalización de un órgano de control (la Superintendencia de Ordenamiento Territorial) y la potestad de la Presidencia de la República para determinar el desarrollo urbano de los municipios vía la figura del Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. Desde un escritorio en Quito se determinará el crecimiento de territorios que no se conoce. Es la pérdida de las autonomías política y administrativa. 

En la ley reformatoria a la LOOTUGS es claro que su enfoque principal es la preeminencia del interés particular por sobre el interés general (evidente por la eliminación del “carácter público” del derecho a edificar y por la redacción tan atropellada de los “derechos adquiridos”). 

Es fácil anticipar que la reforma no busca el desarrollo integral de los territorios del Ecuador. Cui bono? (¿quién gana?), se preguntaba en los pasillos de Roma. La preeminencia del interés particular debería dar una respuesta elocuente a esta pregunta hasta para el más despistado.   

Este proyecto centralizador y perverso del Estado únicamente puede ser detenido por la Corte Constitucional, cuando conozca de esta colección de desvaríos y vulneraciones de derechos que son la esencia de las leyes aprobadas por una servil, rastrera Asamblea Nacional. 

La base (endeble) del autoritarismo

Es sencillo atribuir a las autoridades la responsabilidad por el déficit democrático del Estado. Pero eso es tramposo: la responsabilidad la tenemos los ecuatorianos. Los políticos son un reflejo de nuestras miserias como sociedad*.

En el informe 2024 del Latinobarómetro, los ecuatorianos somos la población de América latina y el Caribe con el más alto porcentaje de habitantes (un 54%) que concuerda con la siguiente afirmación: “está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas”. 

Por eso, el presidente ha podido decir que, si llega el caso, él saca de la cárcel a un ministro que se haya saltado la Ley. Este artículo de María Sol Borja lo explica claramente, y a él los remito: “Yo te saco de la cárcel”.

El presidente Daniel Noboa puede ostentar su autoritarismo y el pueblo ecuatoriano, dada su gran vocación autoritaria** se lo puede soportar, o incluso, celebrar. Por ello, el presidente Noboa es el hombre del momento. Aunque no vocaliza mucho su autoritarismo (difícil, muy toscamente, puede hilvanar oraciones con sentido), él lo encarna a la perfección. 

Pero los momentos cambian. Y la justificación de que un presidente pueda saltarse las leyes (para sacar a sus amiguitos de la cárcel, o para cualquier otra cosa) depende de esto: “resolver los problemas”. Van casi dos años y medio de gobierno de Noboa, y sólo un oligofrénico o un lobotomizado podría decir que en este gobierno se han resuelto los problemas: todos los números indican lo contrario. Y, siendo una pandilla de aniñados bobos, no hay visos de que ello el gobierno lo pueda variar.  

Así, la base del autoritarismo es el pueblo ecuatoriano y su gran vocación autoritaria. Pero esa base es endeble y depende de algo que el gobierno no está en capacidad de darle al pueblo. Y es por eso, porque el gobierno no podría cambiar, que tal vez se cambie al gobierno. Amanecerá, después de esta noche oscura y un pueblo hastiado, y veremos.

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* En el primer artículo que publiqué en un medio de comunicación masiva, éste fue justo mi argumento, v. “A nosotros, los culpables”. Este déficit democrático del Estado nos acompaña desde el inicio de la República del Ecuador. Su primer presidente, Vicente Rocafuerte, lo advirtió claramente, v. “Edificio en ruinas”.

** Para una mirada sobre la proverbial vocación autoritaria del pueblo ecuatoriano, v. “La vocación autoritaria”.