Si usted busca en Google los nombres “Nelson Serrano” + “Gustavo Larrea” obtendrá decenas de páginas con las expresiones del ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, relativas al proceso penal que se sigue en Estados Unidos en contra de Nelson Serrano que, como es de público conocimiento, puede acarrearle una condena de pena de muerte. El ministro Larrea enfatizó entonces el carácter de “ilegal” del proceso de deportación que trasladó a Nelson Serrano a Estados Unidos para someterlo a este proceso penal que el propio Larrea calificó de “nulo” y ante el cual se comprometió a buscar “todos los mecanismos jurídicos que le permitan defender su vida”.
Con absurda facilidad, sin embargo, Larrea olvidó sus convicciones. El domingo pasado diario Expreso publicó una noticia sobre la reunión que mantuvo el ministro Larrea con abogados de la Procuraduría General del Estado para analizar la situación de Nelson Serrano. Se pensó, dice la noticia, “enviar una carta, firmada por la canciller María Fernanda Espinosa y el procurador Xavier Garaycoa, reconociendo ante la Corte de Florida que la deportación había sido ilegal”; se estudió, también, que “firmara esa carta Larrea, como superior de la Intendencia de Policía de Pichincha”. Cualquiera de estas opciones reconocía la tesis de la ilegalidad que Larrea sostenía y contribuía a la defensa de Nelson Serrano en el “nulo” proceso penal en la Florida, tal cual fueron las palabras y compromiso de Larrea. Estas opciones, sin embargo, fueron desechadas porque Procuraduría argumentó que la admisión de la ilegalidad de la deportación implicaba “desbaratar la defensa de Ecuador ante la Comisión Interamericana y se hubiera puesto al Estado en riesgo de indemnizar a Serrano”. Sucede que Serrano, con fundamento precisamente en la ilegalidad de su deportación, denunció al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Procuraduría, en este proceso, defiende al Estado e insiste en negar lo que es, e incluso para el ministro Larrea era, evidente. Y digo que era, porque enterado de las consecuencias económicas de sus convicciones, dice la noticia, “no respaldó la tesis de apoyar a Serrano en esos términos”.
La opinión deleznable (en la doble acepción de la palabra: 1. Despreciable, de poco valor; 2. Poco durable, inconsistente, de poca resistencia) del ministro Larrea amerita reflexión. En principio, parecería que Larrea se permite la torpeza de emitir opiniones sin sustento: lo digo, porque si de verdad está convencido de que la deportación fue ilegal (conclusión a la que, por cierto, no es difícil arribar cuando se examinan los hechos) lo correcto sería que el Estado así lo reconozca en el proceso ante la Comisión Interamericana. Intuyo, sin embargo, que Larrea sí está convencido de la ilegalidad de la deportación pero que en su decisión pesaron más las “razones de Estado” de la Procuraduría, que se reducen a evitar o demorar el pago de una indemnización: esto es, en limpio, que se le niega defensa a una persona que lo merece para ahorrarse unos cuantos miles de dólares. Curioso razonamiento si se toma en cuenta que proviene de una persona que solía defender los derechos humanos. Y razonamiento, también, pobre en argumentos, sombrío e inconsecuente: de verdad, no otra es la lectura que puede hacerse del ministro Larrea y su opinión deleznable.
Con absurda facilidad, sin embargo, Larrea olvidó sus convicciones. El domingo pasado diario Expreso publicó una noticia sobre la reunión que mantuvo el ministro Larrea con abogados de la Procuraduría General del Estado para analizar la situación de Nelson Serrano. Se pensó, dice la noticia, “enviar una carta, firmada por la canciller María Fernanda Espinosa y el procurador Xavier Garaycoa, reconociendo ante la Corte de Florida que la deportación había sido ilegal”; se estudió, también, que “firmara esa carta Larrea, como superior de la Intendencia de Policía de Pichincha”. Cualquiera de estas opciones reconocía la tesis de la ilegalidad que Larrea sostenía y contribuía a la defensa de Nelson Serrano en el “nulo” proceso penal en la Florida, tal cual fueron las palabras y compromiso de Larrea. Estas opciones, sin embargo, fueron desechadas porque Procuraduría argumentó que la admisión de la ilegalidad de la deportación implicaba “desbaratar la defensa de Ecuador ante la Comisión Interamericana y se hubiera puesto al Estado en riesgo de indemnizar a Serrano”. Sucede que Serrano, con fundamento precisamente en la ilegalidad de su deportación, denunció al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Procuraduría, en este proceso, defiende al Estado e insiste en negar lo que es, e incluso para el ministro Larrea era, evidente. Y digo que era, porque enterado de las consecuencias económicas de sus convicciones, dice la noticia, “no respaldó la tesis de apoyar a Serrano en esos términos”.
La opinión deleznable (en la doble acepción de la palabra: 1. Despreciable, de poco valor; 2. Poco durable, inconsistente, de poca resistencia) del ministro Larrea amerita reflexión. En principio, parecería que Larrea se permite la torpeza de emitir opiniones sin sustento: lo digo, porque si de verdad está convencido de que la deportación fue ilegal (conclusión a la que, por cierto, no es difícil arribar cuando se examinan los hechos) lo correcto sería que el Estado así lo reconozca en el proceso ante la Comisión Interamericana. Intuyo, sin embargo, que Larrea sí está convencido de la ilegalidad de la deportación pero que en su decisión pesaron más las “razones de Estado” de la Procuraduría, que se reducen a evitar o demorar el pago de una indemnización: esto es, en limpio, que se le niega defensa a una persona que lo merece para ahorrarse unos cuantos miles de dólares. Curioso razonamiento si se toma en cuenta que proviene de una persona que solía defender los derechos humanos. Y razonamiento, también, pobre en argumentos, sombrío e inconsecuente: de verdad, no otra es la lectura que puede hacerse del ministro Larrea y su opinión deleznable.
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