Hace exactos diez años y
un día, el 16 de diciembre de 2005, escribí un artículo de opinión que se
publicó en el diario El universo bajo el título “Lo que no quieren oír” (1). Ése fue el primer artículo que
escribí sobre el derecho a la libertad de expresión durante mi período como
columnista de ese diario (mayo de 2005-octubre de 2008).
Mi artículo criticó la
aprobación en el Congreso Nacional de una Ley Reformatoria al Código Penal que
impulsó el legislador socialcristiano (felizmente, ya fuera
del foro legislativo y de la política activa) Alfonso ‘Pocho’ Harb (2). La propuesta de ley era un
adefesio jurídico propio de las limitaciones de Harb y su partido, resistido
por la AEDEP y por otros gremios de periodistas, pero que de todas maneras se
aprobó en el Congreso Nacional (3).
Al momento de escribir el
artículo, el Congreso Nacional había aprobado el proyecto de ley y se aguardaba
el veto del Presidente de la República, Alfredo Palacio. Para el legislador
León Febres-Cordero, si el Presidente decidía vetar la ley era porque “le ha
dado gusto a la prensa”, a cuyos miembros atribuyó el creerse “dueños del
país”. Febres-Cordero no dudó en descargar su artillería pesada contra los
periodistas, a quienes acusó de “irrumpir en la privacidad de los ciudadanos”,
de la comisión de ilegalidades y de “omnipotentes”:
“Deben sentirse ustedes felices de que se ha ratificado el derecho de ustedes a violar la privacidad de los seres humanos, mañana ustedes abrirán los correos. Si ya hay un veto total no hay acción posible, ha triunfado una vez más la omnipotencia de la prensa” (4).
El mismo día que
Febres-Cordero realizó estas acusaciones, el Presidente Palacio había decidido el veto
total a la ley. Cuando el diputado Harb conoció la noticia, atribuyó esa
decisión a que “Palacio una vez más ha sido influenciado por las presiones, en
este caso de los medios de comunicación” (5).
Así, para la derecha,
representada en los políticos del PSC, la prensa era considerada un
enemigo, omnipotente y abusivo. Pero hay todavía despistados que creen que los
políticos de derecha son defensores de la libertad de expresión, cuando su récord los delata. Es, en el mejor
de los casos, un asunto de mala memoria.
(1) Lo que no quieren oír, Xavier Flores Aguirre.
El título proviene de una frase de George Orwell, quien escribió en el prólogo
a su libro Rebelión en la granja que
si la libertad de expresión significaba algo, era “el derecho de decirles a los
demás lo que no quieren oír”. El eje de la crítica al adefesio jurídico que
propuso Harb consta en el segundo párrafo: “Su redacción es confusa e
imprecisa: no define qué es ‘información protegida’, el eje mismo de su
propósito; tampoco limita la responsabilidad de las personas que participan en
los hechos; peor aún, no se contenta con sancionar ‘los pinchazos a las
comunicaciones telefónicas’ pues también se aplica a ‘otros sistemas o formas
de comunicación’; de manera inaudita y casi diríase cómica, permite la
publicación de la información cuando exista ‘orden judicial de las partes’
(¡?). En una ley penal, todas esas imprecisiones de redacción son inexcusables:
contrarían los elementales principios de la certeza de la ley y de la lógica”.
(2) El
texto de la reforma se puede consultar en: ¿En qué consiste la reforma polémica del Diputado Harb?, ecuadorinmediato.com,
17 de diciembre de 2005.
(3) El
Congreso Nacional aprobó este proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal en
una sesión del Pleno que presidió (por encargo) la diputada socialcristiana
Cynthia Viteri, el miércoles 30 de noviembre de 2005.
(4)
‘Si se veta la Ley habrá triunfado una vez más la omnipotencia de la prensa’, Diario El universo, 29 de diciembre de
2005. Un inventario de los insultos de Febres-Cordero a sus adversarios
políticos puede verse en: A la buena memoria, Xavier Flores Aguirre, 21 de mayo de 2009.
(5)
Régimen vetó ley que sanciona el espionaje telefónico, Diario El universo, 30 de diciembre de 2005.
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