Publicado
el 7 de octubre de 2022 en diario Expreso.
Durante el último
cuarto del siglo dieciocho y entrando al diecinueve, la ciudad de Quito había
sido despojada por el Reino de España de la administración de grandes
extensiones de territorio, que pasaron a ser administrados por otros gobiernos
en América o directamente por la Corona en Europa. En rápido recuento: en 1779,
se creó un obispado en Cuenca para el gobierno eclesiástico y el cobro de
diezmos sobre Guayaquil, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí; en 1793, Esmeraldas,
Tumaco y La Tola pasaron a la jurisdicción de Popayán por orden del virrey de
Nueva Granada; en 1802, se creó una nueva diócesis y un gobierno militar en Mainas,
directamente gobernados desde España; en 1803, se anexó el gobierno de
Guayaquil al virreinato del Perú. A Quito, capital de una Audiencia subordinada
a la Audiencia de Santa Fe, se le quitó autoridad por todas partes.
El sentido del
movimiento de agosto de 1809 en Quito fue (aprovechando la crisis en Europa)
recuperar la autoridad en los territorios perdidos en años recientes. La emergente
Junta de Gobierno que surgió el 10 de agosto declaró en su acta de instalación
que se procuraría “atraer” al gobierno de Quito a “Guayaquil, Pasto, Popayán,
Barbacoas y Panamá”. En esa línea y sin ningún tino, desde Quito se ordenó la
destitución de las autoridades de las provincias vecinas de Cuenca, Popayán y
Guayaquil, a fin de imponer a autoridades nombradas desde Quito. Ninguno de los
territorios vecinos consintió estas destituciones y su resistencia y reacción
frente a este exceso de entusiasmo de los quiteños desembocó en la masacre del
2 de agosto de 1810. Ese mismo día llegó a Quito el correo de Santa Fe,
informando de la Junta que en Santa Fe se había formado y a la que se invitaba
a Quito a participar, nuevamente de manera subordinada.
Frente a esta invitación
de Santa Fe, los quiteños la declinaron a efectos de formar una segunda Junta de
Gobierno, que no se reconoció sometida a Santa Fe sino directamente al Consejo
de Regencia de España e Indias, órgano con sede en Cádiz. Los quiteños cambiaron
de estrategia: persuadidos de la imposibilidad de imponerse, o incluso de
llegar a acuerdos con las provincias vecinas, optaron por el autogobierno
dentro de los límites de su provincia. Ocurrió el 9 de octubre de 1810 y
significó la emergencia de una nueva Capitanía General para el Reino de España.
Lo que siguió a este
9 de octubre fue la historia del desacuerdo del Reino de España con Quito,
hasta imponer su real voluntad y borrar a la Capitanía General de Quito de la
faz de la tierra. Las tropas españolas, finalmente comandadas por Toribio
Montes (militar nombrado por el Consejo de Regencia), batallaron contra las tropas
patriotas hasta su exterminio. A inicios de noviembre de 1812 se enfrentaron en
Quito, en la batalla del Panecillo, y el triunfo de los realistas obligó a una
huida al norte. Un mes después, tras la batalla de Ibarra, se fusiló a los
últimos patriotas.
El episodio
autonomista de Quito, abierto en agosto de 1809, defendido por patriotas
quiteños y finalmente fallido, se cerró con esta última sangre vertida en
diciembre de 1812.
Y desde allí, Quito
fue de España hasta 1822, que pasó a ser de Colombia.
~*~
Fuentes:
* La
principal fuente para esta columna son los trabajos de Federica Morelli, en
especial, el libro “Territorio o nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830” (Centro de Estudios Políticos Constitucionales,
Madrid, 2005), así como los artículos disponibles en línea “La revolución en Quito: el camino hacia el gobierno mixto”, “Las declaraciones de independencia del Ecuador: de una Audiencia a múltiples Estados”, “Quito en 1810: la búsqueda de un nuevo
proyecto político”. También de gran valía son los trabajos del recién fallecido
Jaime O. Rodríguez, v. por ejemplo “La independencia del Reino de Quito”.
* En el acta de independencia de Quito 1809 se declaró lo siguiente: “Declaramos
que los antedichos individuos (los representantes de los barrios de Quito, N.
del A.) unidos con los representantes de los Cabildos de las provincias sujetas
actualmente a esta gobernación y las que se unieren voluntariamente a ella en
lo sucesivo, como son Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá, que ahora
dependen de los Virreinatos de Lima y Santa Fe, las cuales se procura atraer,
compondrán una Junta Suprema que gobierne interinamente a nombre, y como
representante de nuestro legítimo soberano, el señor Don Fernando Séptimo…”,
pp. 227-228.
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