La Audiencia de Quito

            Publicado en diario Expreso el viernes 4 de septiembre de 2026.

Una cédula real, dada el 29 de agosto de 1563 por el rey Felipe II en Guadalajara (España), ordenó la creación de una Audiencia en los dominios americanos del Reino de España que debía residir “en la ciudad de San Francisco de la dicha provincia del Quito” del Virreinato del Perú y estableció los límites para su administración de justicia (una Audiencia es un tribunal, compuesto por un presidente y varios oidores). Fue la segunda Audiencia creada por decisión del rey Felipe II, después de la Audiencia de Charcas en 1559. 

La Audiencia de Quito fue la penúltima dentro del primer ciclo de creación de audiencias españolas en América, empezado con la Audiencia de Santo Domingo en 1511 y concluido con la Audiencia de Chile en 1565 (la tercera y última creada por Felipe II). En este período, en total, se crearon once de estos órganos para la administración de justicia en los dominios americanos del Reino de España. Con el tiempo, algunas se suprimieron (incluida la de Quito entre 1717 y 1723) y otras más se crearon.

Las Audiencias se clasificaban en virreinales, pretoriales y subordinadas. La de Quito era una Audiencia subordinada, sometida a una Audiencia virreinal. Entre 1563 y 1739, subordinada a la Audiencia de Lima; desde 1739 y hasta los tiempos de la independencia, a la Audiencia de Santa Fe. Otras Audiencias subordinadas eran Guadalajara (México) y Charcas.

Esta condición de Audiencia subordinada es importante para comprender el origen de las juntas que se crearon en Charcas (Chuquisaca y La Paz) y en Quito el año 1809. Aquel año, el Reino de España estaba en guerra con la Francia de Napoleón y desde mayo de 1808 la resistencia se había organizado en juntas (la primera, en Asturias) para la defensa de un reino sin rey legítimo (Carlos IV y Fernando VII habían abdicado en Bayona). 

En enero de 1809, la Junta Suprema Central, “depositaria de la autoridad soberana” hasta el retorno del rey legítimo, convocó a elecciones en los territorios del reino para que designen a sus representantes en dicha Junta. Participaron en estas elecciones sus dominios en América y las islas Filipinas (nombradas así como homenaje a Felipe II). 

La regla que se dictó para la ocasión ordenaba que se elija un representante por cada Virreinato y Capitanía General, un total de diez entre América y Asia. Esto dejaba a la Audiencia de Quito sometida a la jurisdicción de una Audiencia virreinal. (Con el agravante de que, para estas elecciones, algunas provincias de la Audiencia de Quito estuvieron bajo la jurisdicción del Virreinato de Santa Fe y otras bajo la jurisdicción del Virreinato de Lima).

Este contexto es relevante para comprender la creación de la Junta Suprema de Gobierno (con el título de “Magestad” y presidida por una “Alteza Serenísima”) en la ciudad de San Francisco de Quito el 10 de agosto de 1809. Vista en el contexto de la lucha en Europa, fue su forma de participar en la defensa del Reino de España frente a la agresión de los franceses y la ocasión para romper su dependencia de una Audiencia superior, situada en la ciudad de Santa Fe (Bogotá).

Esta es la naturaleza del movimiento de agosto de 1809: no fue una lucha contra el Reino de España, fue en su defensa. 

El 9 de octubre quiteño

Publicado el 7 de octubre de 2022 en diario Expreso.

 

Durante el último cuarto del siglo dieciocho y entrando al diecinueve, la ciudad de Quito había sido despojada por el Reino de España de la administración de grandes extensiones de territorio, que pasaron a ser administrados por otros gobiernos en América o directamente por la Corona en Europa. En rápido recuento: en 1779, se creó un obispado en Cuenca para el gobierno eclesiástico y el cobro de diezmos sobre Guayaquil, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí; en 1793, Esmeraldas, Tumaco y La Tola pasaron a la jurisdicción de Popayán por orden del virrey de Nueva Granada; en 1802, se creó una nueva diócesis y un gobierno militar en Mainas, directamente gobernados desde España; en 1803, se anexó el gobierno de Guayaquil al virreinato del Perú. A Quito, capital de una Audiencia subordinada a la Audiencia de Santa Fe, se le quitó autoridad por todas partes.

 

El sentido del movimiento de agosto de 1809 en Quito fue (aprovechando la crisis en Europa) recuperar la autoridad en los territorios perdidos en años recientes. La emergente Junta de Gobierno que surgió el 10 de agosto declaró en su acta de instalación que se procuraría “atraer” al gobierno de Quito a “Guayaquil, Pasto, Popayán, Barbacoas y Panamá”. En esa línea y sin ningún tino, desde Quito se ordenó la destitución de las autoridades de las provincias vecinas de Cuenca, Popayán y Guayaquil, a fin de imponer a autoridades nombradas desde Quito. Ninguno de los territorios vecinos consintió estas destituciones y su resistencia y reacción frente a este exceso de entusiasmo de los quiteños desembocó en la masacre del 2 de agosto de 1810. Ese mismo día llegó a Quito el correo de Santa Fe, informando de la Junta que en Santa Fe se había formado y a la que se invitaba a Quito a participar, nuevamente de manera subordinada.

 

Frente a esta invitación de Santa Fe, los quiteños la declinaron a efectos de formar una segunda Junta de Gobierno, que no se reconoció sometida a Santa Fe sino directamente al Consejo de Regencia de España e Indias, órgano con sede en Cádiz. Los quiteños cambiaron de estrategia: persuadidos de la imposibilidad de imponerse, o incluso de llegar a acuerdos con las provincias vecinas, optaron por el autogobierno dentro de los límites de su provincia. Ocurrió el 9 de octubre de 1810 y significó la emergencia de una nueva Capitanía General para el Reino de España.  

 

Lo que siguió a este 9 de octubre fue la historia del desacuerdo del Reino de España con Quito, hasta imponer su real voluntad y borrar a la Capitanía General de Quito de la faz de la tierra. Las tropas españolas, finalmente comandadas por Toribio Montes (militar nombrado por el Consejo de Regencia), batallaron contra las tropas patriotas hasta su exterminio. A inicios de noviembre de 1812 se enfrentaron en Quito, en la batalla del Panecillo, y el triunfo de los realistas obligó a una huida al norte. Un mes después, tras la batalla de Ibarra, se fusiló a los últimos patriotas.

 

El episodio autonomista de Quito, abierto en agosto de 1809, defendido por patriotas quiteños y finalmente fallido, se cerró con esta última sangre vertida en diciembre de 1812.

 

Y desde allí, Quito fue de España hasta 1822, que pasó a ser de Colombia.

 

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Fuentes:

 

* La principal fuente para esta columna son los trabajos de Federica Morelli, en especial, el libro “Territorio o nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830” (Centro de Estudios Políticos Constitucionales, Madrid, 2005), así como los artículos disponibles en línea  “La revolución en Quito: el camino hacia el gobierno mixto”, “Las declaraciones de independencia del Ecuador: de una Audiencia a múltiples Estados”, “Quito en 1810: la búsqueda de un nuevo proyecto político”. También de gran valía son los trabajos del recién fallecido Jaime O. Rodríguez, v. por ejemplo “La independencia del Reino de Quito”.

 

* En el acta de independencia de Quito 1809 se declaró lo siguiente: “Declaramos que los antedichos individuos (los representantes de los barrios de Quito, N. del A.) unidos con los representantes de los Cabildos de las provincias sujetas actualmente a esta gobernación y las que se unieren voluntariamente a ella en lo sucesivo, como son Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá, que ahora dependen de los Virreinatos de Lima y Santa Fe, las cuales se procura atraer, compondrán una Junta Suprema que gobierne interinamente a nombre, y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor Don Fernando Séptimo…”, pp. 227-228.

La milanesa del 10 de agosto de 1809 hasta la Batalla de Ibarra

El 10 de agosto de 1809 no fue ningún hecho trivial: desencadenó momentos turbulentos en Quito. La situación en la Península provocó la creación de Juntas para defender a la Monarquía Católica, representada en el Rey Fernando VII, El Deseado. Lo que propuso una porción de quiteños ese 10 de agosto fue la creación de una Junta a la usanza de las Juntas peninsulares, con el propósito de defender a la Monarquía Católica y a su Rey.

Por la creación de esta Junta en la ciudad de Quito, este nuevo gobierno en una provincia de los Andes pretendió reivindicar una primacía sobre sus provincias vecinas de todos los puntos cardinales. El resultado fue un unánime rechazo de las provincias vecinas, que no contentas con rechazar su propuesta, solicitaron tropas para someter a Quito, aún a pesar de que el poder ya había sido devuelto el 24 de octubre de 1809 por el acuerdo que se había alcanzado con la autoridad real, el Conde Ruiz de Castilla.

El asunto desembocó en tropas en Quito, detenciones, juicios y la masacre de la mayoría de los gestores del 10 de agosto de 1809. La buena intención popular de liberarlos desembocó en una ejecución chapucera, en la que el remedio fue peor que la enfermedad, pues los que iban a ser los beneficiarios de esta voluntariosa acometida del pueblo quiteño fueron, en su gran mayoría, asesinados por las tropas ocupantes. Su reacción fue brutal: además de cargarse a los procesados por el 10 de agosto, se pasó por las armas alrededor del 1% de la población del Quito de entonces (como si hoy, en una tarde, se asesinara a unos 23.000 quiteños).

Tras este golpe, Quito se recompone y se rebela contra Bogotá y se declara el 9 de octubre de 1810 como “Capitanía General” del Reino de España, con lo que concretó su viejo anhelo de autonomía en el seno de la Monarquía Católica, manifestado por vez primera el 10 de agosto. Es en este contexto en que se redacta una Constitución, elaborada por un sacerdote, monárquica y perfectamente inútil (puesto que jamás se puso en práctica), además de ultramontana, pues para vivir en la provincia de Quito todos debían ser católicos: “La Religión Católica como la han profesado nuestros padres, y como la profesa, y enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica Romana, será la única Religión del Estado de Quito, y de cada uno de sus habitantes, sin tolerarse otra ni permitirse la vecindad del que no profese la Católica Romana.”*

El saldo del diseño de esta “Constitución de 1812” es de terror: un territorio encajado entre las montañas, poblado únicamente por católicos¶.

Todo esta paja que solo iba a terminal mal concluyó cuando la Península, ya arrecha de tantas veleidades, envió al eficaz militar Toribio Montes a imponer de vuelta el orden administrativo en estas posesiones americanas de España. Quito fue incapaz de resistir. Su deseo de autonomía se extinguió en la Batalla de Ibarra, el 1 de diciembre de 1812, con unos cuantos fusilamientos definitivos. Como diría Luciano Andrade Marín, los quiteños, tras esta derrota “quedaron postrados, desangrados y sometidos al más riguroso dominio español; sin maneras ya de sacudirse de él por sí mismos, sino esperando en la ayuda de alguien que los rescatara”§.

Que finalmente llegó en mayo de 1822. Pero esa ya es otra historia.

* “Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las Provincias que Forman el Estado de Quito”, Art. 4.

¶ Una pesadilla, digna del mejor cine B de los ochenta, a la par de “The Toxic Avenger”.

§ Andrade Marín, Luciano, ‘El Ilustre Ayuntamiento quiteño de 1820 y la gloriosa revolución de Guayaquil’, en: Muñoz de Leoro, Mercedes (comp.), ‘Memorias históricas de la biblioteca municipal González Suárez’, Editorial Abya-Yala, Quito, 2003, p. 75.