La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de publicar la Resolución No. 1/26 “Crimen organizado y derechos humanos”. Esta resolución, dice el Comunicado de Prensa No. 037/26 de la CIDH que la difundió, publicado ayer 10 de marzo, “responde a la preocupación de la CIDH por el crecimiento exponencial del crimen organizado en la región y sus profundas afectaciones a las democracias, al Estado de derecho y a los derechos humanos”.
En este sentido, esta es una resolución idónea (casi se podría decir: diseñada) para explicarle al Estado del Ecuador cómo combatir el crimen organizado sin afectar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
Porque, durante el gobierno del presidente Noboa, el combate al crimen organizado en el Ecuador ha afectado la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos (1). Y se ha ordenado, a partir del 15 de este mes, que se multipliquen estas afectaciones, sin un propósito útil. Porque esos muchos muertos que se avizoran a partir del 15 por el toque de queda serán pronto reemplazados (son una parte muy reemplazable de la estructura criminal) y el negocio quedará intacto (y el negocio es lo que realmente importa, incluso a quienes dicen “combatir” el negocio). Harían bien en escuchar esta entrevista a Michelle Maffei, también de ayer 10 de marzo, para entenderlo (v. min. 25:26 a 41:08).
En esta Resolución No. 1/26, “la Comisión enfatiza que no existe incompatibilidad entre el respeto y la garantía de los derechos humanos y la efectividad de las acciones de seguridad”. Y que, por el contrario, “su observancia fortalece la confianza pública, previene abusos de poder, refuerza la legitimidad democrática, garantiza su eficacia operativa y consolida el Estado de Derecho. Por ello, las políticas públicas en esta materia requieren de un carácter integral y sostenible, que se fundamente en la centralidad de los derechos humanos de las víctimas y las poblaciones bajo la jurisdicción de los Estados”. Esto es totalmente opuesto a lo que pretende hacer el torpe Estado del Ecuador, capitaneado por el ministro Reimberg.
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| Power Reimberg |
La resolución de la CIDH es Anti-Reimberg. Parecería que fue aprobada por la CIDH para explicarle al Estado del Ecuador que su carnicería con unos posibles “daños colaterales” no será efectiva y traerá consecuencias jurídicas a sus perpetradores, como ha ocurrido en el caso de los cuatro niños de las Malvinas que, justo ayer 10 de marzo, obtuvo una sentencia de la Corte Constitucional que aclaró que los soldados involucrados cometieron un delito de desaparición forzada (un delito que puede fundamentar un juicio político en contra de este gobierno, por ejemplo).
A partir del 15, el Estado del Ecuador se prepara a un nuevo fracaso, de la mano de quienes no sabrían hacer otra cosa.
(1) Tengo un burro que se llama Gilcristo. Tengo la convicción de que pronto se irá, porque es miamita, de mirada perdida, y este país no le importa.
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