Publicado en diario El Telégrafo el 22 de octubre del 2014 como "Las 'quangos', entidades casi autónomas".
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En
administración pública “quango” significa “quasi-autonomous non-governmental
organisation”, esto es, una organización no regulada por el derecho público
pero cuyo financiamiento y cuya elección de sus autoridades principales tiene
origen gubernamental. Esta forma de administración se popularizó en el Reino
Unido a partir de los años setenta. La particular situación de las
“organizaciones casi-autónomas no-gubernamentales” de no hallarse reguladas por
el derecho público, a pesar de recibir sus fondos del erario público, las ha
hecho acreedoras a numerosas críticas en materia de transparencia, clientelismo
político y derroche de fondos.
¿Por
qué es relevante hablar de “quangos” en la administración pública de Guayaquil?
Pues porque es el uso de “quangos” la forma administrativa que la M. I.
Municipalidad de Guayaquil ha escogido para realizar obras públicas y prestar
servicios públicos en la ciudad. Las llamadas “fundaciones” son, en realidad, lo
que en teoría de la administración pública se conoce como “quangos”. La M. I.
Municipalidad de Guayaquil ha creado varias de éstas para la realización de
obras públicas y para la prestación de servicios públicos. Las autoridades
municipales justifican su creación por razones de desconcentración y de
eficiencia.
Ahora
bien, esta forma de administración de los recursos públicos ha recibido casi
nula atención de la sociedad civil en Guayaquil. Los medios de comunicación y
la academia han guardado silencio sobre su desempeño. Muy pocas voces han sido
críticas de esta forma de administrar los recursos públicos, que en otros
países (como el caso del Reino Unido) ha generado polémica. Sin duda, uno de
los críticos más relevantes fue el mentor político del actual alcalde y su
predecesor en el cargo, León Febres-Cordero. Para Febres-Cordero, quien creó
una única fundación en su administración municipal (la Fundación Malecón 2000)
las fundaciones municipales en la administración de Jaime Nebot eran
demasiadas, duplicaban personal y habían terminado por convertirse en un
“municipio paralelo”. Duras palabras de Febres-Cordero hacia la forma de
trabajo de su delfín político.
Dentro
de los críticos del uso de “quangos” por la M. I. Municipalidad de Guayaquil se
encuentra Jaime Damerval, un abogado guayaquileño que en un artículo de prensa
titulado “¿Fundaciones infundadas?” criticó su uso desde lo legal. Para
Damerval, el “efecto jurídico” de las fundaciones municipales “ha sido
incuestionablemente librar a la administración de rentas municipales de la
fiscalización del Contralor del Estado y del propio Concejo Cantonal, dineros
que pasaron a ser manejados por personas no elegidas por el pueblo ni
dependientes de él y hasta extrañas a él, circunstancia que por sí sola alienta
la corrupción”. Damerval también criticó, con los ejemplos de la sustitución
del pavimento en las avenidas de Urdesa y la construcción un teatro en el
malecón “a un costo de millones de
dólares, para proyectar anualmente media docena de películas”, lo que denominó
un “derroche de dineros públicos” para realizar obras superfluas.
Otras
críticas al uso de las “quangos” por la M. I. Municipalidad de Guayaquil han
provenido de la antropología. Para Chris Garcés, antropólogo con un doctorado
por la Universidad de Princeton, las fundaciones municipales son
“organizaciones pantalla”. En un artículo publicado en la edición No 20 de la revista
Íconos, titulado “Exclusión constitutiva: las organizaciones pantalla y lo
anti-social en la renovación urbana de Guayaquil”, Garcés criticó que las
fundaciones municipales (en particular, el rol que ha desempeñado la Fundación
Guayaquil Siglo XXI) han servido como un mecanismo para la creación “de nuevas
ONGs, con unidades paramilitares y organizaciones tercerizadoras, las cuales
han asumido responsabilidades asociadas tales como mantener el orden y/o
administrar las áreas renovadas en Guayaquil, mientras suelen típicamente
acarrear menos responsabilidad por los actos reales y simbólicos de violencia
contra el ciudadano común”. En su investigación, Garcés destaca que el orden
que se impone en los sectores regenerados afecta principalmente a quienes hacen
teatro callejero, a los trabajadores y jubilados que se sentaban en los
portales a lo largo de las avenidas, a los homosexuales, a los jóvenes pobres
con vestimenta no apropiada y, con particular dureza, a los vendedores
informales que llegan incluso a ser “golpeados y detenidos”. Sin embargo, en
Guayaquil es mejor no hablar de ciertas cosas. En palabras de Garcés, las
colaboraciones “entre la política y los medios han promovido un silencio
cómplice y peligroso en Guayaquil, de cara a las ordinarias y radicales formas
de legitimar la violencia”.
Otro
antropólogo que ha estudiado el funcionamiento de las “quangos” en Guayaquil es
Xavier Andrade. Andrade, con un doctorado por la New School of Social Research
de Nueva York, en un artículo titulado “‘Más ciudad’, menos ciudadanía:
renovación urbana y aniquilación del espacio público en Guayaquil”, criticó la
creación de las fundaciones municipales porque “una perversa tendencia hacia la
anulación gradual del espacio y la esfera públicos ha sido efectiva, para no
mencionar que las propias prácticas laborales de dichas fundaciones han sido
cuestionadas”. En particular, las críticas de Andrade a la administración de
los espacios públicos en Guayaquil se podría resumir en que la mayoría de los proyectos
arquitectónicos realizados apuntan a la creación de formas patrimoniales
genéricas, semejantes a paseos comerciales, con una ecología ornamental y una
reglamentación vigilante y represora llevada a cabo por parte de compañías
privadas de seguridad. Esta lógica de privatización y de vigilancia de los espacios
públicos regenerados tiene consecuencias que en Guayaquil no se discuten. En
palabras de Xavier Andrade: “De hecho, no existe un debate público sobre los
efectos perversos de la renovación urbana, ni de la limpieza sociológica que ha
ocurrido, ni del exterminio masivo de gatos y perros que habitaban en el
antiguo centro, ni de los abusos cotidianos de los guardias privados en los
mismos espacios renovados, ni del despilfarro de energía eléctrica en postes
sobreiluminados, ni de la distribución restringida de quioscos de comida que
favorece a medianos comerciantes y cadenas de comida rápida establecidas en
detrimento del patrimonio arquitectónico de la ciudad por negligencia
institucional, ni del carácter inconsulto de los proyectos masivos tales como
el Puerto Santa Ana, ni de la agenda autoritaria que se encuentra detrás de
todos los dispositivos de control y vigilancia hasta ahora establecidos”.
Como
puede observarse, hay mucho para discutir, pero el análisis de la gestión de
las “quangos” en Guayaquil ha sido escaso. Frente al tono celebratorio de la M.
I. Municipalidad de Guayaquil, la mayoría de quienes hacen opinión pública (sea
en medios de comunicación o en la incipiente academia) acompañan dicho tono o
guardan silencio, pero rara vez se animan a elaborar una crítica. El nivel de
hegemonía es tal, que muchos prefieren criticar a cualquier voz que señale
alguna deficiencia del modelo de gestión municipal, antes que formular una
crítica a la gestión de las autoridades locales. Sin embargo, las críticas que
se han reseñado en este artículo, hechas por Febres-Cordero, Damerval, Garcés y
Andrade apuntan a confirmar las deficiencias con las que usualmente se ha
asociado a las “quangos” en la experiencia británica: falta de transparencia,
clientelismo político y derroche de fondos, además de sumarle críticas propias
de la gestión de las “quangos” locales, especialmente a las que son administradoras
de los espacios públicos, por sus niveles de discriminación y de violencia
legitimada, estudiados en detalle en los trabajos de Chris Garcés y de Xavier
Andrade.
En
el Reino Unido, el país donde esta forma de administración de los recursos públicos
se popularizó en los años setenta, hoy existe una revisión crítica de las
“quangos”. El año 2010, el gobierno de ese país lanzó un programa para reducir
los “quangos”, motivado por su alegada falta de transparencia, dispendio
económico y clientelismo político. Por esas mismas razones y por otras
presentadas a lo largo de este escrito (críticas hechas por gente tan diversa
como los antropólogos Xavier Andrade y Chris Garcés, el abogado Jaime Damerval
y el mentor político del actual alcalde, León Febres-Cordero) es que debería
iniciarse un debate a profundidad sobre las “quangos” y su administración de recursos
públicos en Guayaquil. Aunque en una sociedad como la guayaquileña, tan
acrítica y tan complaciente con el trabajo de las autoridades que la administran,
un debate de este tipo no es sino una posibilidad remota.
