La transparencia que falta

            Publicado en diario Expreso el viernes 8 de mayo de 2026.

Un órgano de la Función de Transparencia, la Contraloría General del Estado, actuó en contra de la transparencia: en su página web, ella ordenó que se implementen unos cambios para restringir el acceso a la información contenida en las declaraciones juramentadas de los funcionarios públicos. 

Por estos cambios, se restringe el acceso a información como el año al que corresponde cada declaración y la fecha en que el funcionario inició y salió del cargo. También se impide descargar en PDF el archivo que contiene la información. Peor aún, se debe dejar constancia del número de cédula y del correo electrónico de quien accedió a la información. 

Estos cambios impuestos por la Contraloría son contrarios a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información. En especial, la Corte Interamericana ha declarado que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” (Claude Reyes y otros, Párr. 92). Por este principio se obliga a los Estados a que, si deciden restringir el acceso a la información, cumplan varios requisitos: verdadera excepcionalidad, consagración en la Ley, objetivos legítimos, necesidad y estricta proporcionalidad. 

Es claro que los cambios de la Contraloría no satisfacen estos requisitos, interpretados a la luz del principio que debe ser defendido por toda sociedad democrática: el principio de máxima divulgación de la información. Este principio implica el acceso a una información completa, comprensible y en forma anónima, como recomienda la Ley Modelo adoptada en el marco de la OEA. 

Estar en contra del principio de máxima divulgación persigue siempre el mismo objetivo, cuando de una autocracia in statu nascendi se trata: satisfacer el deseo autócrata de operar en la opacidad. Este es su ambiente natural.

Entonces, un órgano que debió velar por la transparencia, la Contraloría General del Estado, actuó a favor de cumplir un propósito innoble del gobierno de Daniel Noboa: operar en la opacidad. En este gobierno son unos informes reservados los que determinan la expulsión de un extranjero del territorio, o el traslado del Alcalde de Guayaquil a una cárcel de máxima seguridad. En este gobierno son unas denuncias anónimas las que movilizan al poder punitivo del Estado para allanar instituciones públicas o para perseguir a quienes la ambición autocrática percibe como sus ‘enemigos’ políticos. 

Es peor: la falta de transparencia es apenas una de las aristas de la desmejora institucional de los últimos años. La publicación reciente del informe 2026 de Freedom House, un organismo internacional que evalúa anualmente el estado de la libertad en el mundo, es ilustrativa a este respecto. 

Comparado con el resultado del año 2022, cuando el Ecuador era calificado por Freedom House como un “país libre”, hemos descendido a “parcialmente libre”, perdiendo siete puntos principalmente durante el gobierno de Noboa. Hoy calificamos 64/100. Éramos un país libre, hoy estamos en caída libre. En libertad de prensa, apenas tenemos 2/4.

No hay que perder la perspectiva: la transparencia que hoy falta es la opacidad que busca, típicamente, una autocracia.