Publicado en diario El universo el 3 de noviembre de 2005.
Imagínense un país
cuya legislación restrinja el ingreso a su territorio a ciegos, analfabetos,
inválidos, mendigos, epilépticos, desviados sexuales, alcohólicos, leprosos,
atávicos, prostitutas y quienes las acompañen, y a todos aquellos de quienes un
agente de migración de ese país sospeche que puedan ingresar a su territorio
para “comprometer la seguridad nacional”. Para que se torne el panorama aún
menos civilizado, imagínense que en el tal país el procedimiento que hace
efectiva la exclusión de esos extranjeros sea discrecional, no judicial y no
impugnable, es decir, arbitrario. Por supuesto, todo ello configuraría un claro
síntoma de barbarie.
Sin embargo, el breve tránsito de la imaginación a la realidad sucede si se
tiene a la mano la Ley de Migración que el senil dictador Velasco Ibarra
dictó el 30 de diciembre de 1971 y se hace lectura de sus artículos 5, 9, 17,
23, 28 y 30. Es así, brutal y absurdo: si el Agente Luis Sigche y Cuntes, a
vuelo de pájaro, se apercibe de la ceguera del buen José Feliciano, puede
entonces espetarle al amparo de esa ridícula legislación: “lo siento señor
Feliciano, el artículo 9 fracción VIII de la Ley de Migración impide su ingreso
a territorio ecuatoriano. Verá, señor Feliciano, mismo usted es ciego, pues”.
Pero no nos asombremos, pues se puede fatigar aún más la infamia. Imagínense
ahora un Tribunal Constitucional (en este país, sí, por favor, hagan uso de su
imaginación) que reciba un caso que denuncia esas barbaridades y que en lugar
de considerar que, por ejemplo, discriminar la entrada de un inválido o de un
ciego a territorio nacional o permitir que una mera sospecha de un agente
cualquiera constituya el fundamento para la exclusión del ingreso de un
extranjero a territorio nacional son claras violaciones a la Constitución
(artículos 23 num. 3, 24 num. 17, 47 y 191 para más señas) sostenga que no es
así, y decida, en uso del anverso del sentido común que “en el eventual caso de
declararse la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, significaría
atentar directamente contra nuestra soberanía y poner en riesgo inminente no
solamente la seguridad interna, sino que también, se pondría en riesgo la
integridad misma de sus ciudadanos en todos sus órdenes”. Por supuesto, tal
Tribunal Constitucional nunca condescendería (porque no puede) a la dignidad de
explicar la torpe manera en que un cieguito o un inválido pueden poner en
riesgo tanto la seguridad interna como la integridad ciudadana. Pobrecito José
Feliciano: ahora resulta que en su condición de ciego no solo no puede ingresar
al Ecuador sino que, además, de acuerdo con esa triste y enfermiza lógica,
constituye también un auténtico peligro público.
Este vergonzoso episodio de literatura jurídica no es ficticio; sucedió en este
triste país con nombre de línea imaginaria mediante la Resolución No
040-2002-TC del extinto Tribunal Constitucional firmada por su entonces
Presidente Oswaldo Cevallos y cuyos cómplices fueron Burbano, Camba, de la
Torre, Nogales, Rojas y Zavala. No estuvo Herrería y el único voto digno y
razonado fue el disidente: lo que el TC despachó en trece patéticas parrafadas,
el Magistrado Mauro Terán lo analizó, con detalle, en el triple de tamaño y con
el céntuplo de seso. Por supuesto, Terán resolvió, en buena medida, a favor de
los demandantes.
En un libro justamente célebre, Sobre Héroes y Tumbas, el escritor
argentino Ernesto Sábato incluyó un Informe sobre Ciegos, mismo que en sus
propias palabras “puede ser una metáfora de la noche, de los instintos, del
infierno”. El aciago panorama descrito no impide pensar que la Ley de Migración
y la Resolución del Tribunal Constitucional son tristes y burdas metáforas de
esos mismos conceptos.
