Dos caminos para la libertad de expresión

El Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, George Schultz, el día antes de posesionarse Rodrigo Borja como Presidente Constitucional de la República del Ecuador el 10 de agosto de 1988, solicitó hablar con el que aún era candidato electo. Borja aceptó la solicitud y el Secretario de Estado Schultz acudió a decirle que el mural de Guayasamín en el Congreso Nacional que se inauguraba oficialmente el 10 de agosto era “gravemente ofensivo” para su país puesto que en él había la presencia de un casco nazi que representaba a la CIA. 

 

El casco de la discordia en el mural de Oswaldo Guayasamín.

 

Borja le replicó a Schultz que “nada podía hacer” porque no se podía “dejar de respetar la concepción artística del autor ni regresar a la Edad Media para empañetar las obras de arte que chocaban contra nuestro sentido de la decencia” (1). Schultz dijo entonces que, en esas condiciones, no podía asistir a la ceremonia de posesión presidencial. Borja le reconvino que, al hacer eso, “hará famoso al mural en el mundo entero” (2). Al día siguiente, Borja vio “al señor Schultz sentado en primera fila del hemiciclo parlamentario” (3).  

Uno puede comparar la gallarda e inteligente actitud de Borja en defensa de la libertad de expresión con lo sucedido en la censura previa del Salón de Julio del 2011. Allí, no fue una presión externa, sino una sugerencia interna, proveniente de un asesor del alcalde, la que desencadenó la censura. Nebot, apercibido de la obra de Graciela Guerrero 'Lo violó todo el día dentro de un carro!' (cuya inspiración proviene de una noticia así titulada en el diario Extra), ordenó al director de cultura Melvin Hoyos que aplique la censura previa amparado en el Salón de Julio. El argumento real era el que esgrimió el director Hoyos ante la prensa, antes de que estalle el caso de la censura previa, con la candidez propia del subnormal que es: según él, la ciudadanía de Guayaquil que asisten al museo de la ciudad "no está en capacidad de decodificar ciertos mensajes" (4). Después cambió su discurso a un argumento inventado (“eso es pornografía”) lo que pudo hacer gracias a la complicidad de una prensa local mediocre e inútil para cualquier propósito crítico. 

Así, el argumento real de Hoyos fue que los habitantes de Guayaquil somos idiotas (pues no poder ‘decodificar’ un mensaje es precisamente eso) y que por eso la autoridad municpal debía protegernos de tales riesgos. En otras partes del mundo, tratar de idiota al electorado de la ciudad provocaría un grave escándalo que haría rodar cabezas (por supuesto, la del imbécil profundo que emitió aquella opinión). Pero en Guayaquil, ese estado de cosas es normal.  

La incodificable obra de Graciela Guerrero en el Salón de Julio.

La muy decodificable imagen de un caricaturista anónimo en diario Extra.

 

Estas son, en definitiva, las divergentes historias de un socialdemócrata que defendió la libertad de expresión y de un bobo peón de un populista autoritario de derechas que la vulneró con su estupidez y su gazmoñería.

(1) Borja, Rodrigo, 'Recovecos de la historia', Editorial Planeta del Ecuador, Quito, 2004, Segunda Edición [Primera edición, 2003], pp. 235-236.

(2) Al día de hoy, aquello se conoce como el "efecto Streisand", v. 'Correa en Vietnam', Xavier Flores Aguirre, 11 de febrero de 2015.

(3) Ibíd., p. 236.

(4) Para una recopilación de opiniones en torno a este caso, que incluyen la sandez dicha por Hoyos y el aluvión de críticas que desató (en su gran mayoría) en medios de comunicación distintos a la tan silente y cómplice prensa tradicional, v. 'El Salón de Julio y el sexo...', Río Revuelto.

Esto recién empieza

La historia comienza con la violación de un menor de edad que se graficó en el diario Extra y que se representó en una escultura de Graciela Guerrero en la exposición “Playlist: grandes éxitos del arte contemporáneo en el Ecuador”.  El procurador síndico del municipio, Miguel Hernández, en la audiencia que se celebró ayer le mostró tres fotos al juez Sócrates Moreno y todas eran una única foto, siempre la misma: la foto de la escultura de Graciela Guerrero, que parece una obsesión malsana de las cabecitas municipales.  Según cuentan, cuando el alcalde se enteró que un moreno violaba a un niño en su museo, montó en cólera y ordenó su retiro.  De ese primer acto de censura a la imposición de la censura previa en las bases de participación del salón de julio había solamente un par de carajazos de distancia.

La obra de Guerrero es, en realidad, una provocación para pensar las representaciones que la prensa amarillista (típica del diario de mayor circulación nacional, diario Extra) hace de casos atroces de violencia sexual.  En palabras del propio catálogo de la exposición, la obra de Guerrero constituye una crítica de “las estrategias de la prensa amarillista, la cual ha circunvalado -desdeñando cualquier consideración ética- las recientemente estrenadas restricciones constitucionales para la cobertura de hechos violentos, suplantando con ilustraciones caricaturescas las fotografías que anteriormente publicaban de las víctimas de actos delictivos. En todos los casos las obras hablan de lo superficial que resulta todo abordaje mediático en relación a fenómenos sociales como estos”.  O, en palabras de Rodolfo Kronfle: “Si el diario con mayor tiraje del país circula una imagen de un ‘moreno violando a un niño’ […] ¿porqué se censura exactamente la misma imagen convertida en escultura cuando lo que hace esta segunda sería precisamente criticar la circulación incuestionada de la primera?... ¡sin palabras!”.

Pero anclados como estaban en sus prejuicios, para Miguel Hernández y para Melvin Hoyos la obra era pornográfica y punto.  Los dos se la exhibieron al juez Sócrates Moreno y la consideraron una obra inaceptable para que la vean los niños, a quienes se debía proteger de la misma al tiempo que la mostraban con detalle a las cámaras de televisión para que salga en el noticiero del mediodía… ¡en horario infantil!  Ese es el tamaño de su preocupación por lo niños: una excusa barata para su moralista arbitrariedad.

En la audiencia sobre la acción de protección que se celebró ayer, el juez décimo de lo civil, Sócrates Moreno, decidió declararse incompetente (uno podría decir que en TODO el sentido de la palabra) para conocer la causa que planteamos contra la censura previa.  Hay que precisar que los mayores atributos de este juez durante la tramitación de la misma fueron el fastidio evidente por tener una causa incómoda y el miedo recurrente a fallar en derecho.  Bateó de entrada las medidas cautelares con la absurda excusa de que quedaban pendientes por agotar “vías administrativas”, sin especificar ninguna.  Luego encontró la vía para batear la acción de protección y decidió declararse incompetente porque, según él, la acción a interponerse es la acción pública de inconstitucionalidad, la que es una vía claramente ineficaz para la protección del derecho por la sencilla razón de que su único efecto es expulsar una norma del ordenamiento jurídico y cuando llegue la resolución en esta vía (sea la definitiva o la provisional que alegó Hernández) ya no habrá norma que expulsar siquiera, porque la norma se habrá extinguido.  Así de absurda es la sentencia del juez Moreno.  Nada imprevisible, por supuesto, que en tribunales el miedo prevalezca sobre la razón.

Ahora, la defensa del municipio sobre el fondo del asunto debe provocar vergüenza ajena.  Según el procurador síndico Hernández, la facultad para imponer la censura previa deriva de una “tradición constitucional” (esto es tan WTF que el guatdefacómetro se trizó).  Si uno debe explicarle a la máxima autoridad jurídica del municipio de Guayaquil que la entidad donde él trabaja es un órgano de la administración pública cuyas competencias y atribuciones deben someterse a los principios de constitucionalidad y de legalidad (según expresa disposición del artículo 226 de la Constitución), estamos jodidos, porque con un sujeto con esta tan peregrina idea en ese espacio de poder podría el Municipio hacer lo que le venga en gana sin sujeción ni respeto a la ley (que es precisamente lo que hizo en este caso, valga decirlo).  Más aún: según Hernández, antes que el principio de actuar de conformidad con la ley está una nebulosa idea del bien común que él sustenta en… ¡los deberes de los ciudadanos! (el guatdefacómetro está a tope). El deber de los ciudadanos de anteponer el bien común al bien particular es la base jurídica suficiente para que la administración pueda imponerles a los ciudadanos la censura previa: esto es tan absurdo como que Melvin Hoyos le diga a alguien: “tú tienes el deber de que yo te censure”.  Hernández se pasó por el traste (diría “por el culo”, pero a Melvin, que encuentra porno en todo, le puede dar algo) el principio de legalidad, el que parece, en realidad, estorbarle bastante.  Y finalmente, Hernández nunca desvirtuó que la censura para los adultos era incorrecta; se cebó, con entusiasmo que en la diócesis de Boston podría levantar sospechas, en decir que lo suyo era la protección de los niños.  A lo Magda Flanders. Y mostró las fotos que los niños no deberían ver por nada de este mundo en horario infantil (Ecuavisa las pasó en su noticiero de las 13:00). Ni Monty Python lo hacía mejor. El guatdefacómetro, kaputt.

El juez se la sacó entonces y no era imprevisible que lo haga. Después de todo, nosotros sólo teníamos el derecho de nuestra parte y cualquiera en este país sabe que eso suele, en nuestros tribunales, no bastar o servir de muy poco.  Del otro lado teníamos y tenemos a una maquinaria política que mete miedo, con o sin razón. Porque después de todo, Nebot no ha tenido problema ninguno en golpear jueces en su propio despacho; así que las cosas que hará “en privado” para meterles miedo no son muy difíciles de imaginar. El juez pensó, ¿comprarse un pito, para qué? Y se olvidó de ser juez.

Pero como dice el bigotón golpea-jueces de Nebot, “esto recién empieza”.  Vamos a apelar y vamos a seguirla, si es necesario hasta instancias internacionales.  Y nos vamos a divertir en el camino, porque todo es ganancia para nosotros.  Que se abra el debate sobre el tipo de mentirosos y equivocados individuos que administran el espacio público en esta ciudad, eso ya es ganancia.  Que se sepa que actúan de manera arbitraria (porque la censura previa es sólo un botón de muestra, por supuesto) y sin sujeción a las leyes, eso ya es ganancia.  Que se los critique y se muestren como lo que son, unos pobres tipos temerosos del sexo, llenos de prejuicios y de prepotencia, valientes de sonseras y de absurdos, eso ya es ganancia, y se empieza a lograr, poco a poco, la discusión de sus políticas discriminatorias y de sus abusos, y a tomar acciones y a divertirnos, y a reírnosles en su cara, que es lo que estos curuchupas, en definitiva, se merecen.