La historia comienza con
la violación de un menor de edad que se graficó en el diario Extra y que
se representó en una escultura de Graciela Guerrero en la exposición “Playlist:
grandes éxitos del arte contemporáneo en el Ecuador”. El procurador
síndico del municipio, Miguel Hernández, en la audiencia que se celebró ayer le
mostró tres fotos al juez Sócrates Moreno y todas eran una única foto, siempre
la misma: la foto de la escultura de Graciela Guerrero, que parece una obsesión
malsana de las cabecitas municipales. Según cuentan, cuando el alcalde se
enteró que un moreno violaba a un niño en su museo, montó en cólera y ordenó su
retiro. De ese primer acto de censura a la imposición de la censura
previa en las bases de participación del salón de julio había solamente un par
de carajazos de distancia.
La obra de Guerrero es, en
realidad, una provocación para pensar las representaciones que la prensa
amarillista (típica del diario de mayor circulación nacional, diario Extra)
hace de casos atroces de violencia sexual. En palabras del propio
catálogo de la exposición, la obra de Guerrero constituye una crítica de “las
estrategias de la prensa amarillista, la cual ha circunvalado -desdeñando
cualquier consideración ética- las recientemente estrenadas restricciones
constitucionales para la cobertura de hechos violentos, suplantando con
ilustraciones caricaturescas las fotografías que anteriormente publicaban de
las víctimas de actos delictivos. En todos los casos las obras hablan de lo
superficial que resulta todo abordaje mediático en relación a fenómenos sociales
como estos”. O, en palabras de Rodolfo Kronfle: “Si el diario con mayor
tiraje del país circula una imagen de un ‘moreno violando a un niño’ […]
¿porqué se censura exactamente la misma imagen convertida en escultura cuando
lo que hace esta segunda sería precisamente criticar la circulación
incuestionada de la primera?... ¡sin palabras!”.
Pero anclados como estaban
en sus prejuicios, para Miguel Hernández y para Melvin Hoyos la obra era
pornográfica y punto. Los dos se la exhibieron al juez Sócrates Moreno y
la consideraron una obra inaceptable para que la vean los niños, a quienes se
debía proteger de la misma al tiempo que la mostraban con detalle a las cámaras
de televisión para que salga en el noticiero del mediodía… ¡en horario
infantil! Ese es el tamaño de su preocupación por lo niños: una excusa
barata para su moralista arbitrariedad.
En la audiencia sobre la
acción de protección que se celebró ayer, el juez décimo de lo civil, Sócrates
Moreno, decidió declararse incompetente (uno podría decir que en TODO el
sentido de la palabra) para conocer la causa que planteamos contra la censura
previa. Hay que precisar que los mayores atributos de este juez durante
la tramitación de la misma fueron el fastidio evidente por tener una causa
incómoda y el miedo recurrente a fallar en derecho. Bateó de entrada las
medidas cautelares con la absurda excusa de que quedaban pendientes por agotar
“vías administrativas”, sin especificar ninguna. Luego encontró la vía
para batear la acción de protección y decidió declararse incompetente porque,
según él, la acción a interponerse es la acción pública de
inconstitucionalidad, la que es una vía claramente ineficaz para la protección
del derecho por la sencilla razón de que su único efecto es expulsar una norma
del ordenamiento jurídico y cuando llegue la resolución en esta vía (sea la
definitiva o la provisional que alegó Hernández) ya no habrá norma que expulsar
siquiera, porque la norma se habrá extinguido. Así de absurda es la
sentencia del juez Moreno. Nada imprevisible, por supuesto, que en
tribunales el miedo prevalezca sobre la razón.
Ahora, la defensa del
municipio sobre el fondo del asunto debe provocar vergüenza ajena. Según
el procurador síndico Hernández, la facultad para imponer la censura previa
deriva de una “tradición constitucional” (esto es tan WTF que el
guatdefacómetro se trizó). Si uno debe explicarle a la máxima autoridad
jurídica del municipio de Guayaquil que la entidad donde él trabaja es un
órgano de la administración pública cuyas competencias y atribuciones deben
someterse a los principios de constitucionalidad y de legalidad (según expresa
disposición del artículo 226 de la Constitución), estamos jodidos, porque con
un sujeto con esta tan peregrina idea en ese espacio de poder podría el
Municipio hacer lo que le venga en gana sin sujeción ni respeto a la ley (que
es precisamente lo que hizo en este caso, valga decirlo). Más aún: según
Hernández, antes que el principio de actuar de conformidad con la ley está una
nebulosa idea del bien común que él sustenta en… ¡los deberes de los
ciudadanos! (el guatdefacómetro está a tope). El deber de los ciudadanos de
anteponer el bien común al bien particular es la base jurídica suficiente para
que la administración pueda imponerles a los ciudadanos la censura previa: esto
es tan absurdo como que Melvin Hoyos le diga a alguien: “tú tienes el deber de
que yo te censure”. Hernández se pasó por el traste (diría “por el culo”,
pero a Melvin, que
encuentra porno en todo, le puede dar algo) el principio de legalidad, el
que parece, en realidad, estorbarle bastante. Y finalmente, Hernández
nunca desvirtuó que la censura para los adultos era incorrecta; se cebó, con
entusiasmo que en la diócesis de Boston podría levantar sospechas, en decir que
lo suyo era la protección de los niños. A lo
Magda Flanders. Y mostró las fotos que los niños no deberían ver por nada
de este mundo en horario infantil (Ecuavisa las pasó en su noticiero de las
13:00). Ni Monty Python lo hacía mejor. El guatdefacómetro, kaputt.
El juez se la sacó
entonces y no era imprevisible que lo haga. Después de todo, nosotros sólo
teníamos el derecho de nuestra parte y cualquiera en este país sabe que eso
suele, en nuestros tribunales, no bastar o servir de muy poco. Del otro
lado teníamos y tenemos a una maquinaria política que mete miedo, con o sin
razón. Porque después de todo, Nebot no ha tenido problema ninguno en golpear
jueces en su propio despacho; así que las cosas que hará “en privado” para
meterles miedo no son muy difíciles de imaginar. El juez pensó, ¿comprarse
un pito, para qué? Y se olvidó de ser juez.
Pero como dice el bigotón
golpea-jueces de Nebot, “esto recién empieza”. Vamos a apelar y vamos a
seguirla, si es necesario hasta instancias internacionales. Y nos vamos a
divertir en el camino, porque todo es ganancia para nosotros. Que se abra
el debate sobre el tipo de mentirosos y equivocados individuos que administran
el espacio público en esta ciudad, eso ya es ganancia. Que se sepa que
actúan de manera arbitraria (porque la censura previa es sólo un botón de
muestra, por supuesto) y sin sujeción a las leyes, eso ya es ganancia.
Que se los critique y se muestren como lo que son, unos pobres tipos
temerosos del sexo, llenos de prejuicios y de prepotencia, valientes de
sonseras y de absurdos, eso ya es ganancia, y se empieza a lograr, poco a poco,
la discusión de sus políticas discriminatorias y de sus abusos, y a tomar
acciones y a divertirnos, y a reírnosles en su cara, que es lo que estos
curuchupas, en definitiva, se merecen.
