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¿Cuánto castigo?

19 de abril de 2009

Las últimas reformas al Código Penal provocaron polémica en la sociedad. Un comentario usual de quienes critican las reformas es sostener que quienes las aprobaron son “amigos de los delincuentes”. La idea que subyace a ese comentario es que la respuesta que la sociedad debe darle a toda conducta que se encuadre en lo que la ley tipifica como infracción es la imposición de una sanción penal y que esa sanción penal debería ser firme y ejemplar. Discutir la validez de esta idea es importante porque vivimos en una sociedad en la que una bala perdida que provoca la muerte de una niña de clase media (Natalia Fabara) en un sector residencial provoca indignación en los medios de comunicación social y sirve como premisa para postular la iniciativa de la cadena perpetua, pero la muerte aleve de un niño pobre (Rubén Darío Guerra) a manos de un guardia privado en un sector marginal no provoca ningún titular de la prensa “libre”, ni debate alguno para  reformar las leyes de guardianía privada.   

Advierto que en esta página no tengo interés en discutir los detalles de esas reformas al Código Penal (las que podrían, por supuesto, merecer correcciones).  Me interesa, en todo caso, proponer la discusión sobre dos cuestiones que estas reformas al Código Penal nos obligan a plantearnos y que formulo al amparo del criminólogo noruego Nils Christie: 1) la cuestión de la naturaleza de los destinatarios de la sanción penal; 2) la cuestión del volumen y el tipo de sanción penal. Sobre la primera cuestión, el tratamiento diferenciado que recibieron los casos de Natalia Fabara y de Rubén Darío Guerra nos ofrece claves para comprender el sesgo que el castigo penal suele tener con relación a sus destinatarios: un sesgo al que, de manera legítima, podemos caracterizar como clasista y racista.  

Sobre la segunda cuestión, es necesario e importante pensar la idea que subyace cuando se propone un mayor volumen de sanciones penales y un tipo más represivo de las mismas. O, mejor dicho, es necesario e importante pensar cuáles son las ideas que se desprecian cuando se postula ese mayor volumen y represión en la sanción. En palabras de Nils Christie, tres son los elementos que se desprecian: los valores de la bondad y el perdón (los que podríamos llamar también rehabilitación social en los términos de la Constitución y las leyes, rehabilitación que se supone que es el propósito de toda sanción), el valor de mantenernos como una sociedad civil y no empezar a convertirnos en una sociedad policial y el valor de la cohesión y de la integración social.

Esos tres valores no han interesado en la discusión hecha a partir de la aprobación de las reformas al Código Penal. Me temo que no se han discutido por las mismas razones por las cuales existe un sesgo en la aplicación de la sanción penal: por clasismo y por racismo, porque la fractura social de esta sociedad nos enseña que existen ciudadanos de primera y de segunda (los de segunda son usualmente los que merecen permanecer en las cárceles, aquellos parias que los ciudadanos de primera suelen no querer ver). Actitud miserable, valga decirlo.

El remedio y la enfermedad

8 de julio de 2006

Publicado en diario El universo el 8 de julio de 2006.

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Hacia las 13h00 del 24 de mayo del 2006 la niña Natalia Fabara Núñez regresaba del jardín de infantes a su casa situada en una ciudadela de la vía a Samborondón. Natalia dormía; no es complicado imaginarla con el cansancio de su infantil alegría a cuestas. El expreso escolar que la transportaba permitió el descenso de un pasajero en las cercanías de la empresa Emelgur, en Entre Ríos. En ese preciso momento siete individuos que asaltaban la empresa cruzaron disparos con un policía. El azar de una bala perdida impactó a Natalia en la espalda. La niña murió a consecuencia de ella.

Hacia las 16h30 del 16 de febrero del 2006, el niño Rubén Darío Guerra recorría las calles cercanas a la Universidad del Pacífico con dos amigos. Esa mañana había salido de su casa en la cooperativa Andrés Quiñónez (Perimetral) para desempeñarse como chambero; con esa humilde tarea contribuía a la economía de su familia. En una travesura, Rubén toma una chompa que pertenecía a un guardia de una empresa de seguridad. Este, en compañía de otros dos, decide castigarlo. Mientras uno de sus cómplices lo golpea en la cabeza, otro lo sostiene por detrás. Las súplicas de Rubén no se escuchan. El guardia le descerraja, entonces, un único alevoso disparo en el pecho. El niño muere de contado.

Ambos casos tienen en común un dolor de sus familiares que excluye la definición: su única coincidencia. La enorme diferencia que surge entre ambos la prueban dos hechos que tienen íntima relación entre sí, a saber: 1) La diferencia del trato mediático. En el caso de Natalia hubo amplia cobertura: noticia de primera plana y páginas interiores, reportajes a los familiares, entrevistas a terceros, opiniones de editorialistas, decenas de cartas de ciudadanos, etcétera. En el caso de Rubén Darío hubo medios de prensa escrita que no cubrieron siquiera los hechos; aquellos que lo hicieron lo confinaron a la sección de crónica roja, con referencias tan espaciadas como escuetas. Durante los diez días que siguieron a su muerte solo una persona (en las Cartas al Director de este Diario) opinó. 2) La reacción de la sociedad. En el caso de Natalia se escuchan los criterios de autoridades públicas y privadas, se moviliza la sociedad civil (que organizó una marcha que ocupó 12 cuadras de la avenida 9 de Octubre), se discuten políticas públicas de seguridad, etcétera. En el caso de Rubén Darío, la sociedad hizo silencio. Solo silencio.

Esas diferencias, por supuesto, no son accidentales. Algunos grupos locales de poder en connivencia con ciertos medios de comunicación son quienes las propician, para consolidar su discurso de mayor represión a la delincuencia. Dos hechos (que analizó con lucidez César Ricaurte en su columna dominical de este Diario los días 4 y 11 de junio) lo confirman. El primero, el maltrato que se le dispensó al ex subsecretario de Seguridad, Lautaro Ojeda, porque su plan de seguridad no comulgaba con el discurso de las élites locales (‘El desconocido territorio del sesgo y la manipulación’, 4 de junio). El segundo, la sesgada cobertura mediática de la marcha que organizó la sociedad civil (‘Aquello que una cuasicadena nacional no vio’, 11 de junio; véase también el excelente trabajo ‘Peces fuera del agua’, de Xavier Andrade, en Vanguardia Nº 38).

Con estos antecedentes, confieso que la política de mayor represión que trata de consolidarse en Guayaquil me provoca serias dudas. Una que comparto la expresó una mujer en uno de los carteles de la marcha, que  silenciaron: “Sr. Alcalde, ¿de qué sirvió poner seguridad privada, si cada día aumenta la delincuencia?”. A la cual agrego esta otra, de mi propia cosecha: ¿no será posible entonces –recordemos, aunque sea por una vez, a Rubén Darío– que sea el remedio peor que la enfermedad?