Publicado en diario Expreso el viernes 9 de mayo de 2025.
El documento “Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe (1989-2004)” sirve para retratar de cuerpo entero la pobreza institucional del Estado del Ecuador y su invariable incapacidad para estar a la altura de su retórica constitucional: donde la norma declara un derecho, la realidad ecuatoriana confirma que se trata de un fracaso.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas es el organismo encargado de supervisar, a nivel mundial, el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados que lo hayan suscrito y ratificado. El Estado ecuatoriano suscribió el Pacto el 29 de septiembre de 1967 y lo ratificó el 6 de marzo de 1969 (durante el último gobierno de Velasco Ibarra), pero el efecto de su entrada en vigor en la práctica fue nulo.
La compilación del Comité publica dos informes de observaciones generales sobre el Ecuador, uno de 1990 y otro de 2004. Las observaciones que destaco son de junio de 2004 y ofrecen un retrato del Ecuador de veinte años atrás.
La sección ‘D’ de estas observaciones se titula “Principales motivos de preocupación”. Es una letanía de fracasos institucionales, que empieza con “la falta de independencia del poder judicial” y continúa hasta dibujar con trazos definitivos el retrato de un monstruo: la situación de discriminación que sufre la población indígena y la población afroecuatoriana, la falta de atención a las personas con discapacidad, la desigualdad entre hombres y mujeres, el alto desempleo, el insuficiente salario mínimo de los trabajadores y la falta de condiciones de higiene y seguridad para el desempeño de sus labores, las restricciones al derecho a la asociación y la promoción del trabajo precario, el déficit económico del IESS y su fallida universalidad, la “alta tasa de abusos sexuales, prostitución de menores de 18 años en las zonas urbanas, explotación de niños y la falta de una amplia estrategia para hacer frente a estos problemas”, la trata de menores, la violencia en el hogar generalizada y no tipificada como delito, el nivel creciente y persistente de pobreza, las malas condiciones y la escasez de vivienda, el desalojo forzoso de la población indígena de sus tierras ancestrales, la “escasa cobertura, la baja calidad y los insuficientes recursos” del sistema de salud pública, la alta tasa de analfabetismo y de deserción escolar, la desaparición de los idiomas indígenas… Finalmente, el Comité deplora (esta es la única vez que usa este verbo) el trabajo infantil.
Son en total 23 párrafos y cuatro páginas para demostrar que el Estado del Ecuador es un verdadero monstruo institucional.
La siguiente sección de las observaciones se titula “Sugerencias y recomendaciones” y es donde el Comité pierde el tiempo explicándole al Estado ecuatoriano las medidas que tiene que adoptar para corregir el rumbo y empezar a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Unas explicaciones que, el ecuatoriano tiene plena certeza de que a las autoridades del Estado, le entraron por una oreja y le salieron por la otra.
