Fans de Fernando VII

La Junta Soberana de Quito, organizada a raíz de la llamada “Revolución de Quito” del 10 de agosto de 1809, idolatraba a Fernando VII. Basta el recuerdo de las palabras de Manuel Rodríguez de Quiroga, recogidas en la “Proclama a los Pueblos de América” del 16 de agosto de 1809:

“La sacrosanta Ley de Jesucristo y el imperio de Fernando VII perseguido y desterrado de la península han fijado su augusta mansión en Quito. Bajo el ecuador han erigido un baluarte inexpugnable contra las infernales empresas de la opresión y la herejía… ¡Viva nuestro rey legítimo y señor natural don Fernando VII!”.

La explicación de sostener el viejo orden ante el temor infundido por la invasión francesa a España en 1808 se debía a que los criollos “tenían miedo a perder su posición dominante en la sociedad colonial” (por el ideal igualitario de la Revolución Francesa). El temor estaba en la base de su idolatría del Rey español: “Temían que los indios, los negros y los mestizos se aprovecharan de la crisis de autoridad abierta por la invasión napoleónica para rebelarse”. Por ello, como reacción defensiva, se debió “tomar localmente el poder para garantizar el orden social” sin que nunca estos poderes locales, se hayan concebido “independientes de España”* (esta concepción se empezó a tener recién a partir de 1810). En definitiva, no se trató de “revoluciones libertadoras”: se trató, más bien, de reacciones conservadoras.

Y eso fue precisamente la Junta Suprema de Quito, creada a raíz del golpe del 10 de agosto de 1809: una reacción conservadora frente los hechos en Europa (la invasión napoleónica de España, que persiguió y desterró a Fernando VII) puesta en marcha por la oligarquía de la ciudad.

Así, el 10 de agosto de 1809 fue una reacción para conservar privilegios y prebendas (o de aprovechar para ampliarlos) y para protestar por su amado Rey Fernando VII, a quien no en vano la historia recuerda en este período como El Deseado. Y los quiteños lo deseaban como el que más: eran sus fans.

* Citado de: Pérez, Joseph, 'Historia de España', Editorial Crítica, Barcelona, 2014 [Primera edición: 2000], p. 425.  

El ideal radical

Tiende a pensarse que el pensamiento constitucional en América latina a partir de su independencia y durante el siglo XIX se reduce a las propuestas y principios que defendieron las corrientes liberal y conservadora; suele omitirse, entonces, el estudio de las propuestas y principios que defendieron los pensadores radicales, entre quienes se cuentan figuras políticas como Artigas, Arcos, Bilbao, Murillo Toro, Hidalgo, Morelos, Madiedo, Gálvez, Zamora.

En pocas palabras, el pensamiento constitucional de los radicales se propuso tomar en serio ese principio fundamental de los tiempos modernos (tan fundamento como inobjetable a partir de su triunfo en la Revolución Francesa), esto es, la idea de que “todos los individuos nacemos libres e iguales”. Tomarse en serio esa idea implica que uno de los rasgos más distintivos de la propuesta radical es su postura igualitaria y comprometida de autogobierno, o sea, el que se habilite a la mayor cantidad de individuos para que intervengan en los asuntos de interés público y el que se contribuya a ese propósito con un diseño institucional que ofrezca oportunidades e incentivos para que realicen esa intervención.

Dos frases del pensador inglés Thomas Paine permiten profundizar este postulado de autogobierno que propone el ideal radical. La primera, el que “las verdades fundamentales podían llegar a ser conocidas por cualquiera, mientras tuviera la perseverancia para examinar el mundo de modo detenido, y para reflexionar esa experiencia”. Así, esta idea sostiene que todos los individuos estamos en capacidad de pensar por nosotros mismos y de acceder a “verdades” (de cualquier índole que éstas sean) por nuestra propia cuenta y riesgo. Valga precisar que en el siglo XIX esta idea contenía una fuerte carga anti-religiosa. La segunda frase, que “cada era y cada generación debe ser tan libre de actuar por sí misma como las eras y las generaciones que la han precedido”. Esta idea reivindica de manera firme el autogobierno y, de manera más precisa, la ruptura con las tradiciones. Esas dos frases de Thomas Paine que afirman la capacidad crítica de todos los individuos y niegan las ataduras con el pasado político sirven para comprender la propuesta de un diseño institucional que favorezca el autogobierno y produzca vínculos entre los ciudadanos y sus representantes, que establezca mandatos breves y posibilidades de revocarlos, que otorgue primacía al Legislativo como legítimo representante de los intereses de la comunidad por encima del Ejecutivo y que reduzca el peso de la iglesia y el ejército en los asuntos públicos.

Este diseño institucional que propusieron los radicales empezó a consolidarse en la región, de tibia manera, en distintos procesos constitucionales durante el siglo XX, incluido el Ecuador. Justo es admitir que su efectividad (por razones, principalmente, de cultura política) ha sido deficitaria. Como justo es admitir también que un ideal de autogobierno que tienda a concretar los valores que postuló la Revolución Francesa hace 220 años (libertad, igualdad, fraternidad) es todavía un ideal que vale pelearlo.