En su último día como órgano
de evaluación, el Consejo Transitorio resolvió el 6 de septiembre de 2018 rechazar
los recursos de revisión presentados en contra de su cese de funciones por los
tres jueces del Tribunal Contencioso Electoral.
En la resolución que cesó en sus funciones al juez
Miguel Pérez Astudillo, el Consejo Transitorio le había imputado a éste un conflicto de intereses por haber sido parte del
equipo técnico del concurso para designar el Tribunal Contencioso Electoral y luego
haber sido designado como juez de este organismo.
De esta imputación, Miguel
Pérez protestó en el recurso de revisión que presentó el 3 de septiembre ante
el Pleno del Consejo transitorio (que era el mismo órgano que lo había cesado),
porque él sostenía que se valoraba de manera injusta un hecho, sin probar
ninguna injerencia concreta:
“De
ninguna manera, mi intervención en la selección de los Comisionados Ciudadanos
ha influido en la valoración de mis méritos y los resultados de la prueba de
oposición; […] solicito comedidamente se sirvan revisar y rever dicho
pronunciamiento, ya que como dirigente indígena y ciudadano probo, como así
justifico con mi gestión, no puedo retirarme del TCE con estigmas que dañan
severamente mi integridad personal y familiar”.
La respuesta del Consejo
Transitorio demuestra cuán canguro fue este órgano, pues tenía ya tomada
su decisión: “Este Pleno recalca que el juez Miguel Pérez no ha presentado
pruebas que permitan identificar su no
participación en el proceso de designación de la Comisión Ciudadana de
Selección que, a su vez, lo designó como juez” (Párr. 68).
El argumento de Pérez era
que ese vínculo, por sí mismo, no probaba nada. La respuesta del Consejo
Transitorio fue que ese vínculo, por sí mismo, lo jodía mucho a Pérez con
independencia de lo que opine Pérez. La decisión ya la tenía tomada, por eso el
Consejo Transitorio no sintió la necesidad de investigar nada en la revisión
que le propuso Pérez. Y salvo que el inculpado pueda probar en la revisión ante
el Pleno del Consejo Transitorio que no es culpable, será el culpable. Lo fue
Pérez, y lo fueron todas las autoridades que presentaron su recurso de revisión
(un total de 24) y no pudieron probarle al Pleno del Consejo Transitorio su no
culpabilidad.
Esto fue una inversión
brutal y sistemática de la presunción de inocencia en perjuicio de un grupo específico
de autoridades. Pero como lo hizo el heroico Consejo Transitorio y esto
es el Salvaje Oeste sudamericano, ha pasado de alivio.
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