Yo le deseé larga vida a León Febres-Cordero: mis razones para tal deseo eran razones de justicia. De esa justicia que en razón de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en su período de Gobierno tenía cuentas pendientes con él y a la que su muerte burla y lo consolida en la impunidad.Suele impresionarme el que entre los méritos que Febres-Cordero acuñó (como el rescate de Guayaquil de la pocilga roldosista) se cuente el que haya liberado al país del terrorismo. Sostener esa opinión es suponer que el Estado frente al terrorismo debe también actuar de manera terrorista: suposición estúpida porque equipara al Estado (cuya razón de ser es garantizar los derechos de todos quienes vivimos bajo su jurisdicción) con un grupo irregular cuya razón de ser es la violación de esos derechos que el Estado tiene la obligación de garantizarnos. Más todavía, sostener esa opinión es olvidarse (sea por ignorancia o mala fe) que en una sociedad democrática el único propósito válido para el combate al terrorismo es proteger las instituciones democráticas, los derechos humanos y el imperio de la ley, no menoscabarlos (a lo que se tiende cuando se actúa fuera de la ley, sin respeto a mínimos derechos –vida, integridad persona, debido proceso-. Recuérdese esa terrible frase de Febres-Cordero, tras el fallido desenlace del secuestro a Nahím Isaías: “Los derechos humanos son absolutamente respetables en este país, para quienes viven dentro de la Constitución y la ley”: esta frase, si se la piensa bien, fractura la sociedad y contraviene el auténtico propósito de toda democracia).
Michael Ignatieff afirma que la función de los historiadores honestos es purificar los argumentos y reducir al mínimo el número de mentiras en el debate. Reduzcamos, entonces, una: el ingeniero Febres-Cordero solía afirmar que la muerte de los hermanos Restrepo se juzgó oportunamente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo desmiente: en su Informe No 99/00 sobre el Caso Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy el Estado, al tiempo de aceptar su responsabilidad por la desaparición de los hermanos Restrepo, reconoció que hubo “resultados incoherentes e ilegales” de la Policía Nacional y que “el proceso judicial interno estuvo caracterizado por demoras injustificadas, tecnicismo a ultranza, ineficiencia y denegación de justicia”. No se juzgaron a todos los involucrados ni se encuentran todavía los cuerpos de los desaparecidos. No hay justicia.
La justicia que yo deseé para Febres-Cordero consistía en investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados en su período de Gobierno: una investigación, en sede nacional o internacional, pero siempre con las debidas garantías (esas mismas garantías que se le negaron a las víctimas de su combate al terrorismo) y que en caso de responsabilizarlo se lo sancione con la prisión domiciliaria que correspondía. Su muerte nos arrebató esta posibilidad de cesar la impunidad y de hacer justicia. Nos queda, eso sí, la tarea pendiente de discutir de manera objetiva y crítica nuestra historia reciente. Porque, dicho sea al amparo de Borges: “Solo una cosa no hay. Es el olvido”.
