Escupir para arriba

Abelardo de la Espriella, a quien se lo considera el “abogado de la parapolítica”, es quien encabeza el grupo de diez abogados que el 6 de julio se presentaron en la Fiscalía de Colombia para, entre otras cosas, solicitar que se denuncie al Presidente de Ecuador ante la Corte Penal Internacional por sus supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Yo apoyo esta pretensión del grupo de abogados que encabeza Abelardo de la Espriella. La apoyo, porque tengo interés en que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (que dirige el argentino Luis Moreno Ocampo) investigue la situación en Colombia: los posibles crímenes de lesa humanidad que se han cometido en ese país las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Ejército de Colombia (valga decirlo, la responsabilidad del Estado en crímenes de lesa humanidad se ha probado en varios casos que se han seguido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Pero en este punto se me dirá que la pretensión que se solicita a la Fiscalía de Colombia es distinta, que lo que se busca es investigar los supuestos vínculos de Rafael Correa con las FARC.

Precisamente: porque lo que revela entonces esa pretensión de los abogados colombianos es la evidente mala fe de discutir un bluff o su profunda ignorancia del derecho internacional en razón de que el que un Estado remita información a la Corte Penal Internacional (al amparo de su potestad para hacerlo, consagrada en el literal a) del artículo 13 del Estatuto de Roma) para que ésta investigue una posible situación que constituya uno o varios crímenes de su competencia (descritos en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma) no circunscribe la investigación de la Corte Penal Internacional a los términos de la información que el Estado remitió. En otras palabras, si la Fiscalía de Colombia le hace caso a estos abogados colombianos y decide remitir la situación de supuestos vínculos del Presidente Rafael Correa con las FARC, la Corte Penal Internacional podría investigar esos supuestos vínculos de Correa y toda otra situación que en Colombia pueda constituir uno o varios crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional (genocidio y crímenes de lesa humanidad –el otro crimen de competencia de este tribunal, los crímenes de guerra, no los puede investigar la Corte Penal Internacional en relación con Colombia porque este es el único país en el mundo que mantiene la declaración que faculta el artículo 124 del Estatuto de Roma que implica la no aceptación de la competencia de la Corte Penal Internacional para investigar esos crímenes). En realidad, es evidente que ni la Fiscalía ni ninguna otra autoridad colombiana será tan torpe como para hacerle caso a los abogados que comanda el “abogado de la parapolítica”, Abelardo de la Espriella, porque para Colombia eso sería escupir para arriba: tiene muy poco que ganar (el supuesto vínculo de Correa es peccata minuta en comparación a las atrocidades que han sucedido en el conflicto colombiano, a las que el Estado de Colombia no es ajeno) y mucho que perder y no querrá hacerlo. Pero ojalá lo hiciera: yo te apoyo, abogado de la Espriella.

Bluff y obsecuencia

El presidente Álvaro Uribe advirtió que “Colombia se propone en la Corte Penal Internacional denunciar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, por patrocinio y financiación de genocidas”. Aclaro, en breve: la Corte Penal Internacional (CPI) tiene competencia para juzgar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional (crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra), se estableció en el Estatuto de Roma, tiene sede en La Haya y entró en vigor el 1 de julio del 2002. Se compone, entre otras autoridades, de dieciocho jueces y de un fiscal (el argentino Luis Moreno Ocampo).

Con estos antecedentes, argumentaré que esta advertencia que formuló Álvaro Uribe es un vulgar bluff. Lo es, en principio, porque el artículo 6 del Estatuto de Roma que desarrolla el crimen de genocidio no tipifica, en ninguno de sus cinco literales, el supuesto crimen del que Uribe pretende acusar a Chávez: “patrocinio y financiación de genocidas”. Así, la advertencia que formuló Uribe solo prueba su ignorancia y mala asesoría en materia de derecho internacional.

Pero, más importante todavía, la denuncia que propone Uribe es un vulgar bluff porque la CPI es complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, lo que implica que si Colombia remite al Fiscal de la CPI (de conformidad con el artículo 14 del Estatuto de Roma) la situación que nos advierte Uribe, es porque necesariamente el Gobierno de Uribe reconoce ante la CPI que Colombia “no está dispuesta a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no puede realmente hacerlo” (artículo 17 del Estatuto de Roma). En realidad, no solo es dudoso que Uribe cometa el bochorno de admitir que su sistema judicial es connivente o ineficiente, sino que el tiro puede salirle por la culata: si Colombia remite al Fiscal de la CPI la denuncia contra Chávez para que la investigue, el Fiscal de la CPI no está restringido en su investigación a los hechos que le remita Colombia. Así, a partir de la remisión de Colombia el Fiscal de la CPI puede investigar tanto los vínculos de Chávez con las FARC, como la actuación de las FARC en el conflicto armado interno, como la situación de Colombia en general (o sea, las actuaciones de paramilitares y del ejército colombiano en el conflicto armado interno). Sospecho que Uribe no querrá meterse en tales honduras, en las que no tiene tanto que ganar como sí mucho que perder.

Lo sospecho porque Colombia es uno de los dos países en el mundo que se acogieron a la declaración del artículo 124 del Estatuto de Roma que implica que Colombia no acepta, hasta julio del 2009, la competencia de la CPI por crímenes de guerra, porque otro órgano de justicia internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, registra varios antecedentes de condena al Estado colombiano (por actos cometidos por su ejército o por fuerzas paramilitares con aquiescencia de su ejército) en los casos Las Palmeras, 19 Comerciantes, Masacre de Mapiripán, Masacre de Pueblo Bello, Masacres de Ituango, Masacre de la Rochela y Escué Zapata y porque Colombia, cuya situación el Fiscal de la CPI investiga de oficio desde hace años, ha tratado de evitar que la CPI inicie de manera formal una investigación que, es altamente probable, no solo implicará a las despreciables FARC, sino también a altas autoridades civiles y militares del Estado colombiano.

Uribe hace entonces un vulgar bluff: hace el ridículo. Es lamentable que muchos de quienes hacen opinión pública le hagan el juego y lo secunden en el coro, mucho más cercano a la obsecuencia que al derecho y la razón.