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Toscanini y la seguridad

20 de agosto de 2018


Esta entrevista al ministro Mauro Toscanini es antológica. Este buen hombre no tiene la más pálida idea de dónde está parado.

Porque Toscanini es la cabeza del Ministerio encargado de la seguridad en el país. Y el requerimiento que le ha hecho el periodista de diario El Comercio es sencillo: defender la legalidad de la medida adoptada por el gobierno de pedir el pasaporte a los venezolanos, a la luz de una disposición legal vigente, como lo es el artículo 84 de la Ley de Movilidad Humana.

Esto, porque dicho artículo 84 indica que, entre otras nacionalidades, los venezolanos pueden entrar al Ecuador con la sola presentación de su documento de identificación nacional. Y la medida que ha adoptado el Ecuador es pedirle a los venezolanos (y únicamente a los venezolanos) la presentación del pasaporte, en clara contradicción con la normativa vigente. Veamos cómo la defiende el ministro Toscanini:

El Comercio: El argumento de la pregunta es si la medida es legal, porque la ley (el artículo 84 de la Ley de Movilidad Humana ) es clara... ​

Ministro Toscanini: Para nosotros es legal y es legítimo, porque un país soberano tiene derecho a poner ciertas condiciones, en este caso, en cuanto a migración.

EC: ¿Y en qué términos es legal?

MT: Simplemente es legal. Para mí es una cuestión legal.

EC: ¿No se está contraviniendo el artículo 84?

MT: Yo no soy abogado, yo le doy mi humilde opinión.

Jurídicamente, Toscanini no explica nada. Su respuesta es una tautología (“Es legal, porque es legal”) además de una arbitrariedad (“Es legal, porque lo decimos nosotros”). Políticamente, es incluso peor: añade a lo anterior el vergonzoso detalle de que la más importante autoridad del gobierno en materia de seguridad, uno que debería ser un experto en este ramo, se excuse por no ser un abogado (?) y apenas nos pueda brindar su “humilde opinión”. El ministro debería ser más discreto y no hacer ostentación de su ignorancia.

La respuesta de Toscanini es tan ridícula, que lo orilla a uno a preguntarse, ¿qué carajos hace allí uno cuyas responsabilidades sobrepasan con largueza sus (in)capacidades?

Buitres y papel picado

12 de diciembre de 2008

La actitud de Ricardo Antón, Director de la Comercial de Tránsito del Guayas, en relación con la obra del artista Betto Villacís es reprochable y torpe. Reprochable, porque constituye un atentado contra la libertad de expresión artística de Betto Villacís y contra el derecho que tenemos todos los ciudadanos de recibir ideas de toda índole. Torpe, porque el efecto que provocó su reprochable actitud fue el contrario al que pretendió: lejos de impedir que se conozca la obra, contribuyó a difundirla (yo pongo mi granito de arena); lejos de impedir que se afecte la honra de la Comercial de Tránsito del Guayas, contribuye a que en legítimo uso de nuestro derecho a la libertad de expresión los ciudadanos “afectemos” la honra de la muy sensible Comercial de Tránsito del Guayas.












Por cierto, no cabe justificar la actitud de Antón como un ejercicio del derecho a la protesta como alguien sugirió en los comentarios a la entrada que posteó el amigo José María León Cabrera en su excelente bitácora. Yo he suscrito y he postulado el derecho a la protesta que tenemos los ciudadanos, por ejemplo aquí y acá: no es difícil comprender la naturaleza de este derecho a partir de estas palabras del Juez Brennan de la Corte Suprema de Estados Unidos: “Los métodos convencionales de petición pueden ser y suelen ser inaccesibles para grupos muy amplios de ciudadanos. Aquellos que no controlan la televisión y la radio, aquellos que no tienen la capacidad económica para expresar sus ideas a través de los diarios o hacer circular elaborados panfletos pueden llegar a tener un acceso muy limitado a los funcionarios públicos, y como lo que nos interesa es que tengan un acceso regular a los funcionarios públicos, sobre todo si lo que tienen consigo es una queja vinculada con un agravio constitucional muy fuerte, entonces el hecho de que éste sea un grupo con muy especiales dificultades para expresar su punto de vista nos obliga a tener una consideración muy especial frente a los medios que escogen para presentar sus reclamos”. El comentario que Roberto Gargarella formula a esta opinión del Juez Brennan precisa la idea: “Cuando más dificultad tenga un individuo o grupo para acceder al poder, más razones hay para asegurarle una protección especial”. (Gargarella, Roberto, Carta abierta sobre la intolerancia. Apuntes sobre derecho y protesta, Pág. 27-28). No cabe, entonces, amparar la reprochable y torpe actitud de Antón en el derecho a la protesta.

Pero la actitud que de verdad me preocupa, porque se supone que debería estar en sus antípodas, es la actitud de las autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (¡ay, mi alma máter!). El Vicerrector Académico de la UCSG, Mauro Toscanini Segale, lejos de defender la autonomía universitaria y el derecho a la libertad de expresión, ofreció disculpas a Ricardo Antón; el argumento de éste es paupérrimo: “[n]o puede ser que en la misma universidad donde se educan vigilantes se haga este tipo de mofa de la institución. No lo aceptaré” (en referencia a los cursos que los aspirantes a vigilantes reciben en la UCSG y que los paga la Comercial de Tránsito del Guayas) pero mucho peor es que el vicerrector Mauro Toscanini lo acoja: “Yo pedí que sacaran la pintura porque, en realidad, se afectaba a una institución. 1 200 de estos vigilantes se capacitan en la universidad en valores para que sean mejores en su institución. Y no podemos ridiculizarlos”. Antón conversó con Toscanini; según las propias palabras de Antón, “la CTG no dio ninguna orden para que se retire este cuadro de la exposición. Fueron los propios directivos de la universidad que al darse cuenta de lo que estaba sucediendo dispusieron que se retirara”; Toscanini considera, el pobre, que esa disposición no constituye censura, al tiempo que advirtió a Betto Villacís, cuando retiraba el cuadro que estaba alojado en el vicerrectorado académico, que no podría exhibir la obra en el galería de la universidad.

Sin embargo, el Consejo Universitario emitió el 8 de diciembre una resolución en la que rechaza “todo acto que signifique violación a los espacios y práctica universitaria [sic]”y ratifica “la adscripción y respeto de nuestra Universidad a los principios universales de libertad de expresión” y de “libre expresión artística”. Si esta resolución no es un burdo acto de cinismo y se toma con mínima seriedad lo que se afirma en la misma, la obra de Villacís debería exhibirse en la galería, gústele o no al Director de la Comercial, pésele a quien le pese. Pero es sólo lírica, una verónica para la tribuna. Más pesan 1.200 cursantes, en contante y sonante. Porque es evidente que el único argumento en limpio que exhibe Mauro Toscanini es que debe respetarse a una institución (la Comercial) que educa a 1.200 de sus miembros en la universidad. Los principios que enuncia la resolución son sólo papel picado, que unos buitres picotean por allí.

La universidad en el horno y a Antón el tiro le salió por la culata. Yo quiero contribuir al escarnio y la sátira, pero mis habilidades en materia de diseño son escasas; quien diseñe algo en ese sentido, me lo envía y aquí lo colgamos. ¿Si le ponemos alitas de buitre a este ojón adefesio? Podría ser un buen inicio. Sírvanse.