El informe del 2024

            Publicado en diario Expreso el viernes 31 de julio de 2026.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2024 ilustra claramente un escenario de uso de las instituciones del Estado para beneficio del poder oficial que “tuvo como objetivo impedir la participación política de la oposición, lo que constituyó una violación a su derecho a la igualdad de oportunidades para postularse y hacer campaña sin restricciones arbitrarias y discriminaciones” (Párr. 3). 

En sus páginas, se describe el uso de las instituciones del Estado que se pusieron a disposición para cumplir el reprobable objetivo y que incurrieron en decretar las inhabilitaciones administrativas de personas opositoras, imponer obstáculos para la inscripción de candidaturas opositoras y ejecutar detenciones arbitrarias y amedrentamientos a las personas opositoras o percibidas como tales. 

Este informe de la CIDH del año 2024 describe, por ejemplo, las inhabilitaciones de origen administrativo para impedir la participación de opositores y recordó que el estándar internacional es que “ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución” porque ese tipo de sanciones “sólo puede ser impuesta mediante condena por juez competente, en el marco de un proceso penal” (Párr. 21). En el Ecuador, hoy, el estándar es mucho más bajo que una condena penal. 

En ese informe del año 2024 se criticó el trato desigual en la inscripción de las principales candidaturas opositoras al régimen y las oficialistas, lo que en palabras de la CIDH “sugiere un trato discriminatorio en el acceso a la función pública y una afectación arbitraria a la oferta electoral” (Párr. 23). También criticó el uso de detenciones arbitrarias y amedrentamientos a personas opositoras o percibidas como tales, en una represión que “no sólo estuvo dirigida contra personas opositoras, sino también contra defensores de derechos humanos y periodistas” (Párr. 30) y cuya ejecución incluyó “omisión de procedimientos judiciales, el secretismo en torno a la situación de personas detenidas y la intimidación a sus familiares”, todo lo cual demostró, en palabras de la CIDH, “un carácter deliberado, planificado y coordinador de distintas instituciones” que “socavan los principios básicos del Estado de Derecho y la democracia” (Párr. 36-37).

Y eso es precisamente lo que ocurre en el Ecuador: se trata de manera desigual y se impone obstáculos a la participación de los partidos de oposición, y se ha llegado a encarcelar y amedrentar a los opositores, en un ambiente marcado por el miedo y la incertidumbre. Es claro que se está instrumentalizando a órganos del Estado (principal, pero no exclusivamente, a los órganos de justicia y electorales) para marcar la cancha electoral a favor del partido del gobierno. Es inobjetable que las reprobables prácticas descritas en el informe de la CIDH del 2024 están ocurriendo en el Ecuador del 2026.

El título del informe de la CIDH del año 2024 es “Venezuela. Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral” y describe en detalle las etapas de la persecución y la represión política sufridas en ese país. Tal parece, alguien les está calcando su receta. 

Virreinatos despedazados

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de julio de 2026.

En la medalla que en 1825 entregó el Congreso de Colombia a Bolívar se puede leer la siguiente inscripción: “A Simón Bolívar, Libertador de Colombia y del Perú”. Estos son los dos grandes territorios de su gesta libertaria: los dos virreinatos españoles (Nueva Granada y el Perú) en el Sur de América, que él hubiera querido reunir en una federación con la capital en Guayaquil o Quito, según confesó en carta a Antonio José de Sucre, del 12 de mayo de 1826. 

Pero como el propio Simón Bolívar lo advirtió en otra carta, escrita al final de sus días (el 9 de noviembre de 1830) y dirigida a Juan José Flores, en tanto gobernante del Ecuador: “la América es ingobernable para nosotros” (para “nosotros” los criollos burgueses, quiso decir el Libertador). Y, por ser ingobernable, profetizaba Bolívar, América iba a quedar en manos de “tiranuelos de todos los colores y razas”. Como una consecuencia de esta ingobernabilidad, no se tardó en trizar el sueño bolivariano de reunir a los dos virreinatos en una sola masa republicana, en seis países independientes: Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

En rigor, Bolívar detuvo un proceso que estaba ocurriendo desde 1803 en el territorio americano de España, por una orden real: el desprendimiento del Sur del Virreinato de la Nueva Granada para convertirse en el Norte del Virreinato del Perú. En las elecciones de 1809 para integrar la Junta Suprema Central, se votó en circunscripciones distintas: Quito vinculada a Santafé y Guayaquil, a Lima. Por esos días, la designación de las autoridades para Guayaquil y Cuenca (no así para Quito) empezó a decidirse en Lima.

Pero la independencia revirtió este proceso de agregación al Perú. De las tres capitales de provincia, Guayaquil se independizó por su propia cuenta el 9 de octubre de 1820, pero no fue así con Cuenca y Quito, que fueron ganadas por la fuerza para la causa republicana en 1822. Ellas se agregaron sin chistar a la causa de Colombia, porque le debían su independencia de los españoles. Pero a la provincia de Guayaquil, que quiso decidir su propio destino en un Colegio Electoral pues ella misma se había libertado sin deber nada a Colombia o Perú, el llamado El Libertador (o, para esta ocasión: El Opresor) lo impidió, ocupando la ciudad acompañado de 1.300 soldados y cesando en sus funciones a una Junta Superior de Gobierno elegida por los representantes de 27 pueblos de la provincia para asumir, en su reemplazo, el gobierno unipersonal y anexar por decreto la provincia de Guayaquil a su proyecto colombiano. 

Por la fuerza, Bolívar integró a todo lo que él comprendía que era el Virreinato de la Nueva Granada en su República de Colombia, a partir de 1822. Su integración de territorios se rompió de forma definitiva menos de ocho años después, en 1830, cuando de su gigante República de Colombia sólo quedó el Distrito del Centro. Demostrando la ingobernabilidad del territorio, los otros dos distritos se separaron para conformar, el Distrito del Norte, Venezuela, y el Distrito del Sur, el Ecuador. Con una mayor pena que gloria. En el caso ecuatoriano al menos, muchísima pena.

El sueño de Bolívar fue unir Virreinatos. La realidad se los terminó despedazando.  

Del poema a la Constitución

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de julio de 2025.

En 1825, el guayaquileño José Joaquín Olmedo escribió un poema que exaltaba como héroe a un Simón Bolívar guerrero, con recomendaciones para el Simón Bolívar político. Tras el triunfo en Ayacucho (diciembre de 1824) menguó el Bolívar de la guerra y emergió el grave momento de administrar el fruto de sus tantos años de lucha por separar a los españoles del gobierno del Sur de América. 

El poema de Olmedo se llamó “La victoria de Junín. Canto a Bolívar” y se escribió en diálogo con su héroe. Olmedo le hizo saber a su héroe que los dominios de la poesía le eran ajenos: “¿Qué, le ha parecido a usted que, porque ha sido dictador dos o tres veces de los pueblos, puede igualmente dictar leyes a las Musas? No, señor.”

La principal crítica de Bolívar al poema de Olmedo fue su uso del inca Huayna-Cápac; según él, un inca, “a la verdad, no sabría cantar más que yaravís”. Para Olmedo, en cambio, la aparición en el cielo de un inca que habita en el empíreo (en “las regiones de luz y verdad”) era un recurso útil para hacer un juicio profundo y de largo alcance, que engloba el pasado de la conquista y que se proyecta a un futuro sin los vencidos.  

Al inca Huayna-Cápac, Simón Bolívar lo criticó por considerarlo “un poco hablador y embrollón” y porque parecería que él “es el asunto del poema: él es el genio, él la sabiduría, él es el héroe en fin”. También le debe haber incomodado algunas recomendaciones del inca para el gobierno de los nuevos países, en especial, las que contrariaban su ideal centralista: “Será perpetua, ¡oh pueblos! esta gloria / y vuestra libertad incontrastable / contra el poder y liga detestable / de todos los tiranos conjurados / si en lazo federal, de polo a polo / en la guerra y la paz vivís unidos; / vuestra fuerza es la unión. Unión, ¡oh pueblos! / para ser libres y jamás vencidos.” (vv. 707-714)

Esta idea de un “lazo federal” inscrita en el poema la pudo convertir Olmedo en propuesta constitucional. Cinco años después, en 1830, Olmedo integró el Congreso Constituyente de Riobamba, fue parte de su Comisión de Redacción y escribió de su puño y letra el texto de la Constitución, que fue aprobado el 11 de septiembre. En sus artículos iniciales, la primera Constitución ecuatoriana le proponía a otros Estados sudamericanos que se acuerde la unión de una confederación que lleve por nombre República de Colombia: la concreción del “lazo federal” de unión “para vivir libres y jamás vencidos”.  

Los primeros artículos de la Constitución ecuatoriana de 1830 proponían una reunión “con igual representación” de un Colegio de Plenipotenciarios de todos los Estados, “cuyo objeto sea establecer el Gobierno general de la Nación y sus atribuciones, y fijar por una ley fundamental los límites, mutuas obligaciones, derechos y relaciones nacionales de todos los Estados de la unión” (Art. 3). 

Ninguno de los Estados a los que el Ecuador dirigió su propuesta (Colombia y Venezuela) hizo caso a esta idea de unión y confederación. La siguiente Constitución ecuatoriana, aprobada en Ambato el 13 de agosto de 1835, se olvidó del tema y nunca se ha vuelto a ensayar. Quedó como una rareza: la inspiración de un poeta convertida en prosa constitucional, que no funcionó. 

Daniel, el travieso

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de abril de 2026.

¿Cómo nos ven, los que estudian el estado de la democracia en el mundo, sin bandería política alguna? El grupo sueco de expertos Variaties of Democracy (V-Dem) ha publicado su décimo “Reporte sobre la Democracia”, edición del 2026. V-Dem había reportado un proceso de democratización en el Ecuador, pero en esta edición del 2026 advirtió que ese proceso concluyó el 2022. 

Desde el 2023 (año en que Daniel Noboa asumió el Poder Ejecutivo) el Ecuador empezó a caminar en la dirección contraria: “En Ecuador, la democratización de los últimos años está siendo revertida, transformando de forma gradual la vuelta en U en una potencial vuelta de campana. El Ecuador enfrenta un período de creciente violencia asociada con el crimen organizado, a lo que el gobierno ha respondido con puño de hierro (…) Los deterioros de los últimos años han llevado al Ecuador a la lista de potencial autocratización” (p. 28).

En el caso ecuatoriano, este proceso de convertir a su gobernante en un autócrata se basa en el uso político del sistema de justicia penal, en especial, su brazo “investigativo”, la Fiscalía. Un influyente periodista de los Estados Unidos, Tucker Carlson, decía que no podías permitir que un país se gobierne a través de la Fiscalía, pues en ese momento te conviertes en “freaking Ecuador”.

Ecuador como un freak institucional: por supuesto que sí, juzgando por el resultado que este país registra en el índice del Estado de Derecho que publica anualmente el World Justice Project. Este reporte analiza ocho indicadores para elaborar su índice, uno de ellos se titula “justicia criminal”. Spoiler: somos lo peor de lo peor. Y hemos descendido cinco puntos en este indicador, de forma sostenida, desde el 2022. Es decir, estamos cada vez peor.

En el indicador “justicia criminal” del World Justice Project, el Ecuador marca un mísero 0.30/1.00. Uno de los subindicadores que conforman este indicador es el típico trabajo de una Fiscalía: “El sistema de investigación criminal es efectivo”. A esto le corresponde un 0.18/1.00 y el puesto 141 entre los 143 países analizados en el informe. Somos de los tres peores, en este tétrico club de deficientes institucionales. Otro de sus integrantes (el 143) es Venezuela. (Es curioso: llegamos a ser como Venezuela, por la vía de la derecha). 

Conviene matizar en materia de efectividad: hay una Fiscalía no efectiva, casi inmóvil, y una Fiscalía “híper-efectiva” y muy veloz. Si el caso involucra al gobierno central, la Fiscalía se arrastra con dificultad. Pero si involucra a un opositor del gobierno central, esa misma Fiscalía corre, vuela y se acelera. 

Es tan cantado esto, que constituye una implícita renuncia a los principios que debería animar la conducta de esta institución, de acuerdo con sus normas: los principios de objetividad, independencia e imparcialidad. Este doblez en su accionar convierte a estos principios en pura ficción. Lo peor: convierte a la Fiscalía en el principal instrumento para este proceso de autocratización, advertido por expertos internacionales, que viene ocurriendo durante el gobierno de Daniel Noboa.

El título del artículo es un guiño a la serie infantil de caricaturas Daniel, el travieso. Ahora, tiene un twist aterrador.

Olmedo y la revolución patriota

            Publicado en diario Expreso el viernes 30 de enero de 2025.

El guayaquileño José Joaquín Olmedo es una persona singular en el mundo jurídico: él ayudó a forjar cuatro Estados, por haber participado en la redacción de sus constituciones. España en 1812, Guayaquil en 1820, Perú en 1823 y Ecuador, tanto en 1830 cuando se forma como Estado, como en 1835 (él, con el cargo de Presidente de la Asamblea Constitucional) cuando se forma como República del Ecuador. Olmedo participó en total en seis asambleas constitucionales (tres para el Ecuador, la última en 1845), para cuatro Estados, en dos continentes. No hay otro americano con ese récord.

También es Olmedo único en el Ecuador por haber sido la máxima autoridad de dos Estados sudamericanos: fue el Presidente de la Junta Superior de Gobierno de Guayaquil entre noviembre de 1820 y julio de 1822 y fue el Presidente del Gobierno Provisorio del Ecuador entre marzo y octubre de 1845. Así, la ocupación de Guayaquil y la revolución marcista se conectan: Olmedo, en 1822, fue destituido como Presidente de un triunvirato de gobierno por el jefe de las tropas extranjeras; Olmedo, en 1845, fue el Presidente de un triunvirato de gobierno que expulsó a las tropas extranjeras. 

El 6 de julio de 1845, el Gobierno publicó el “Manifiesto del Gobierno Provisorio del Ecuador sobre las causas de la presente transformación a los pueblos americanos” que es fama que pertenece a la pluma de Olmedo. Para esa fecha, caído el Presidente venezolano y derogada la Constitución hecha a su medida, el Gobierno Provisorio del Ecuador se propuso explicar a los pueblos de América el cambio de régimen operado en el Ecuador entre marzo y junio de 1845. 

El Manifiesto de 1845 explicó la particular situación del Ecuador en sus primeros quince años de vida política: era un país ocupado por extranjeros. Mientras Colombia y Venezuela tuvieron “desde el principio leyes y costumbres propias, tropas patricias y un gobierno patrio”, el Ecuador, “ocupado por fuerzas extrañas, que habían venido como auxiliares a completar la obra de la independencia y dominado por extraños, no pudo pensar en su suerte libremente ni arreglar sus negocios según sus intereses y necesidades”.

Sigamos con la sombría descripción del Manifiesto: “No era posible sobreponerse al influjo y poder de los extraños que habían venido desde 1821, trayéndonos sus armas y sus leyes, sus costumbres, sus maneras tan disconformes de las nuestras, y hasta sus idiotismos vulgares”. Desde 1821, porque fue en mayo de 1821 cuando Guayaquil firmó un tratado con Colombia.

Entre 1820 y 1822, Guayaquil fue un pequeño Estado republicano, presidido por Olmedo, hasta que Simón Bolívar, Presidente de Colombia y jefe de las tropas extranjeras, en julio de 1822 ocupó la ciudad y agregó la provincia de Guayaquil a la República de Colombia. Una afrenta para la ciudad y para Olmedo, que debió salir al exilio. 

Una afrenta que Olmedo tuvo ocasión de vengar en 1845, como el Presidente del Gobierno surgido de la revolución “marcista” (merecedora de un mejor nombre: revolución “nacional” o “patriota”), que llevó al exilio al jefe de las tropas extranjeras y empezó un gobierno de ecuatorianos, después de dos décadas y más de dominación. 

Olmedo, finalmente, fundó su patria.

La caída

            Publicado en diario Expreso el viernes 19 de diciembre de 2025.

El 17 de diciembre de 1819 empezó, en Angostura, el largo camino para la forja de un Estado gigante de dos millones y medio de kilómetros cuadrados, con salida a dos océanos y riquezas sin cuento, de nombre República de Colombia (apodada “la Gran”). Aquel día, a instancias del Presidente Simón Bolívar, el Congreso reunido en Angostura decidió crear por una ley la República de Colombia. Su artículo primero decía: “Las Repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde este día reunidas en una sola bajo el título glorioso de República de Colombia”. 

Se quería una Constitución para esta República de Colombia: entre mayo y octubre de 1821 se reunieron en la Villa del Rosario de Cúcuta 57 representantes de Venezuela y la Nueva Granada para su aprobación (sin figurar entre estos representantes ningún quiteño, cuencano o guayaquileño, pese a lo cual sus territorios fueron agregados a Colombia). La Constitución de Cúcuta se aprobó el 30 de agosto y su Ejecútese lo puso el Presidente Bolívar el 6 de octubre.

La República de Colombia regida por la Constitución de Cúcuta estaba compuesta por los distritos Norte, Centro y Sur, correspondientes a las actuales Venezuela, Colombia y Ecuador. Esta Constitución rigió hasta la dictadura de Bolívar en 1828 y se extinguió de manera definitiva en 1830. 

Aquel año 1830 se trizó el sueño bolivariano, y faltando catorce días para acabarse el año, se murió el propio Bolívar. Desde 1830, cada distrito colombiano se fue por la suya.

En el Distrito del Norte (la capitanía general de Venezuela) se convocó el 13 de enero de 1830 a un Congreso Constituyente en Valencia. Su resultado fue la primera Constitución de Venezuela, en vigor desde el 24 de septiembre. Venezuela vivía un ambiente antibolivariano, al punto de que se supeditaron las conversaciones diplomáticas con Colombia a que Bolívar no se encuentre en territorio colombiano.

En el Distrito del Sur (la Audiencia de Quito, o mejor dicho, una porción de ella) se convocó el 31 de mayo a un Congreso Constituyente en Riobamba, donde era equidistante para las tres capitales de los departamentos (Ecuador, Guayaquil, Azuay) que componían el distrito. Su resultado fue la primera Constitución del Ecuador, en vigor desde el 23 de septiembre. En el Ecuador se invitó a Bolívar a que venga a gobernar estos territorios, pero Bolívar no aceptó.

En el Distrito del Centro (el virreinato de la Nueva Granada, incluyendo una porción de la Audiencia de Quito) se realizó en 1830 un Congreso en Bogotá (convocado por Simón Bolívar el 24 de diciembre de 1828) que dictó una nueva Constitución, en vigor desde el 5 de mayo.

Así, en 1830 cada distrito de la Gran Colombia tomó su propio camino y armó su propia Constitución. Murió el sueño bolivariano y toma sentido, entonces, la célebre frase de Simón Bolívar, escrita al final de sus días: “el que sirve una revolución, ara en el mar”.

Murió Bolívar en Colombia (cuando ya no era “La Gran”), en las cercanías de Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830. Once años exactos después de haber empezado en Angostura, como el flamante Presidente de una Colombia gigante, el recorrido de un largo camino para ver finalmente trizado su sueño y morir decepcionado.  

Un Ecuador colombiano

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de octubre de 2025.

En su origen, en 1830, el Estado del Ecuador se pensó en pie de igualdad con los otros dos Estados con los que quiso integrar la República de Colombia. El artículo 3 de su Constitución estableció la siguiente regla: “El Estado del Ecuador concurrirá con igual representación a la formación de un Colegio de Plenipotenciarios de todos los Estados, cuyo objeto sea establecer el Gobierno general de la Nación y sus atribuciones…”.

Esta igualdad de representación debió parecer extraña a los Estados de Venezuela y Colombia, porque el Estado del Ecuador era pequeño y poco poblado, y en los tiempos de los españoles no fue una Capitanía General (como Venezuela) ni un Virreinato (como Colombia), sino una Audiencia (de Quito) subordinada a la Audiencia de Santa Fe (Bogotá). Por eso, cuando en el Congreso de Cúcuta (1821) se decidió la incorporación de la Audiencia de Quito a la República de Colombia, varios diputados estimaron irrelevante consultar a su población pues el territorio de la Audiencia de Quito pertenecía “naturalmente” al Virreinato de Nueva Granada. Y así quedó en el texto de la Constitución.

En 1830, el Ecuador quería seguir siendo colombiano. Lo había sido desde 1822, como parte de un distrito (del Sur), gobernado por unos militares venidos del Norte, que en conjunto con los otros dos distritos (del Centro y del Norte, correspondientes a Colombia y Venezuela) formaron la República de Colombia. La propuesta de la Constitución ecuatoriana de 1830 era cambiar el estatus de la subordinación: pasar de ser un distrito de un país centralizado a ser un Estado de un país confederado. Ahora como un Estado y con una mayor autonomía, el Ecuador quería seguir siendo parte de la República de Colombia. 

La Constitución ecuatoriana tenía carácter provisorio. Su artículo 5 declaró su subordinación a lo que se decida en el Colegio de Plenipotenciarios: “Los artículos de esta carta constitucional que resultaren en oposición con el pacto de unión y fraternidad que ha de celebrarse con los demás Estados de Colombia, quedarán derogados para siempre”.

Esta apuesta del Estado ecuatoriano era ambiciosa. Quería mantener viva la República de Colombia, ahora en formato confederado; al efecto, en el artículo 3 de su Constitución dispuso a los otros dos Estados su participación en un Colegio de Plenipotenciarios para fijar “por una ley fundamental los límites, mutuas obligaciones, derechos y relaciones nacionales de todos los Estados de la unión”. Y la integración del Colegio se debía hacer con igualdad de representación. Un paso osado dado por el Ecuador: de haber sido ignorado en Cúcuta para formar Colombia a querer participar en igualdad de condiciones para mantener viva a Colombia.

La respuesta de los otros Estados fue la misma que en 1821 en Cúcuta: ignorar a la Audiencia de Quito/Ecuador. Este Colegio de Plenipotenciarios propuesto en 1830 jamás se reunió. Tampoco cambió que los militares venidos del Norte siguieron gobernando, como antes en el distrito del Sur, ahora en el Estado del Ecuador. 

Y lo hicieron hasta 1845, cuando la revolución marcista logró el exilio del general Juan José Flores y la República del Ecuador empezó a ser gobernada por los hijos de su suelo.

190 años

            Publicado en diario Expreso el viernes 22 de agosto de 2025.

El 13 de agosto que acaba de pasar cumplió 190 años de haber sido fundada, formalmente y en Ambato, la República del Ecuador. Porque el Ecuador, como Estado, había aparecido en el concierto de las naciones en septiembre de 1830 por la separación del Distrito del Sur de la República de Colombia, pero su ambición no fue ser un Estado independiente, sino ser parte de una confederación con el resto de los integrantes de la República de Colombia. 

Lo que el Ecuador propuso en su texto constitucional de 1830 fue un cambio de estatus. Seguiría existiendo la República de Colombia, pero en vez de ser una República centralista, ella sería una República confederativa. Es decir, los Distritos que hubo en la República de Colombia pasarían a ser unos Estados confederados. El artículo 2 explicita su intención: “El Estado del Ecuador se une y confedera con los demás Estados de Colombia para formar una sola Nación con el nombre de República de Colombia.” 

Su artículo 5 revela la subordinación de la Constitución del Ecuador: “Los artículos de esta carta constitucional que resultaren en oposición con el pacto de unión y fraternidad que ha de celebrarse con los demás Estados de Colombia, quedarán derogados para siempre.” Y el artículo 3 establecía el procedimiento para alcanzar ese pacto de unión: “El Estado del Ecuador concurrirá con igual representación a la formación de un Colegio de Plenipotenciarios de todos los Estados, cuyo objeto sea establecer el Gobierno general de la Nación y sus atribuciones, y fijar por una ley fundamental los límites, mutuas obligaciones, derechos y relaciones nacionales de todos los Estados de la unión.”

A nadie le interesó la propuesta del naciente Ecuador y, en realidad, les debió parecer muy extraño que un país pequeño y poco poblado quiera participar “con igual representación” en la discusión sobre la ley fundamental para regular las relaciones entre los tres Estados de esta hipotética Colombia. La reunión de este Colegio de Plenipotenciarios jamás ocurrió.

Lo que sí ocurrió en 1832 fue la derrota del Ecuador en la guerra contra la República de la Nueva Granada (el nuevo nombre de Colombia desde 1831) y en 1834 una reunión que convocó a los plenipotenciarios de los Estados del Ecuador, Nueva Granada y Venezuela, pero no para el propósito que decía la Constitución del Ecuador, sino para discutir sobre el reparto de la deuda de la independencia contraída con acreedores del Reino Unido. A esta reunión no acudió el representante del Ecuador, porque estábamos en medio de una guerra civil. Nos clavaron, entonces, un porcentaje desproporcionado de la deuda, que se pagó finalmente en los setenta del siglo pasado.

De esa guerra civil de 1834-1835 surgió la República del Ecuador. Entre el Ecuador de 1830 y el de 1835 mediaban la derrota en una guerra y una deuda desproporcionada. Pero al menos este Ecuador de 1835 se proclamaba a sí mismo un Estado independiente y republicano. El artículo 1 de su nueva Constitución decía: “La República del Ecuador, se compone de todos los ecuatorianos, reunidos bajo un mismo pacto de asociación política”.

Somos una República desde hace 190 años. Se lo debió celebrar, pero a nadie le importó. Ecuatorianidades.

La anexión

            Publicado en diario Expreso el viernes 7 de marzo de 2025.

En 1821, salvo por la Gobernación de Guayaquil, la Audiencia de Quito estaba en manos de los españoles. En Cúcuta, entre mayo y octubre de 1821, se reunió un Congreso Constituyente compuesto por 57 diputados, que redactaron una Constitución y varias leyes para regular la conducta de los habitantes de un naciente Estado cuyo nombre era República de Colombia, bajo el mando de un presidente por ellos designado: el general venezolano Simón Bolívar.

De los diputados reunidos en Cúcuta, ninguno representaba a parte alguna de la Audiencia de Quito. Siendo esta República de Colombia la unión de los territorios del Virreinato de Nueva Granada (incluyendo allí el territorio de la Audiencia de Quito) y de la Capitanía General de Venezuela, en su Congreso Constituyente se debatió el título para la agregación de Quito a Colombia. 

Para algunos, la discusión del título para la agregación de Quito era irrelevante, porque ella no se mandaba sola. El territorio de la Audiencia de Quito pertenecía “naturalmente” al Virreinato de Nueva Granada y por eso la expresión de la voluntad quiteña no era relevante. Era parte de una “unidad territorial preexistente”, que se quería conservar bajo formas republicanas.

Otros evidenciaron la contradicción de unos “representantes de los pueblos” que impedían a otros ejercer el mismo derecho a la autodeterminación que ellos. El diputado Manuel María Quijano advirtió que se debía dejar a Quito y a otras entidades territoriales en la libertad de agregarse a Colombia, para que “no se coartase la libertad a los representantes en materia de tamaña importancia no sólo para nosotros, sino para Quito y las demás partes que traten de unirse a Colombia”.

Finalmente, el Congreso de Cúcuta puso en la Constitución que el territorio de Colombia comprendía “el antiguo virreinato de la Nueva Granada y Capitanía General de Venezuela” (Art. 6) y que los pueblos de esa extensión territorial “que están aún bajo el yugo español, en cualquier tiempo en que se liberen, harán parte de la República” (Art. 7). En rigor, esta cláusula no aplicaba a Guayaquil, pues era una Gobernación libre y republicana desde 1820.

En Guayaquil se reunieron en un Colegio Electoral 57 diputados del territorio de la Gobernación para dictar una Constitución y designar a sus gobernantes. Y ocurrió en noviembre de 1820, antes que los otros 57 diputados se reunieran en Cúcuta.

Para 1822 se había concretado la independencia de los territorios de la Audiencia de Quito. Los territorios que fueron liberados por las fuerzas del general Bolívar se asociaron de inmediato (¡Qué remedio! Se lo debían) a la República de Colombia. Pero el caso de Guayaquil era singular, pues se había liberado a sí misma el 9 de octubre de 1820.

Una ambigüedad constitucional, si acaso, le causaba gracia a Simón Bolívar. Él iba por sus pistolas. En el caso de la Guayaquil libre, el general Bolívar vino personalmente a la ciudad con sus tropas (1.300 “bravos colombianos”). Se presentó en ella el 11 de julio de 1822, con el firme propósito de imponer su voluntad de anexionar la Gobernación de Guayaquil a la república bajo su mando. 

Y se retiró el 1 de septiembre de 1822, con la anexión de Guayaquil oleada y sacramentada.

Transición a la República

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de enero de 2025.

Se suele decir que la República del Ecuador se fundó en 1830. Esta afirmación es falsa.

En mayo de 1830, el Distrito del Sur se separó de la República de Colombia y adoptó el nombre “Estado del Sur de Colombia”. Con este nombre y un incipiente aparato administrativo (dos venezolanos: un jefe y su secretario) se convocó a la elección de los representantes en un Congreso Constituyente, que se reunió en Riobamba para aprobar una Constitución y darle forma a un Estado que llevó por nombre “Estado del Ecuador en la República de Colombia”. 

Esta Constitución, promulgada en septiembre de 1830, propuso que el Ecuador siga perteneciendo a Colombia, pero como parte de una confederación con los otros Estados, Venezuela y Colombia, que habían sido los distritos del Norte y del Centro de Colombia. Así, el Ecuador proponía el regreso de la Gran Colombia en un formato de confederación, donde cada Estado tendría un margen de autonomía pero habría un “Gobierno general” de la República de Colombia (los detalles de este gobierno general y de las relaciones entre los Estados tendrían que discutirse en una reunión de plenipotenciarios). Nadie le paró bola a esta propuesta. 

El único período presidencial en el que rigió esta Constitución terminó muy mal, porque desembocó en una guerra civil. Por una parte, José Félix Valdivieso, jefe supremo de la Sierra. Por la otra, Vicente Rocafuerte, jefe supremo de la Costa.  

Así, entre 1830 y 1834 pasamos de formular una pacífica propuesta diplomática de unión sudamericana a enfrentarnos en una sangrienta guerra civil. Cuando concluyó esta guerra civil (la primera de este terruño tan aficionado a la violencia), con el triunfo del ejército del jefe supremo de la Costa en la batalla de Miñarica en enero de 1835, se abrieron dos posibilidades: extinguir el Estado ecuatoriano o convertirlo en República independiente. 

Se ensayaron ambas posibilidades. El bando perdedor de la guerra civil declaró que el Estado del Ecuador, nacido en la Constitución de 1830, debía volver sobre sus pasos y reintegrarse a la Colombia de la que se separó en 1830, terminando así con la experiencia de un Estado ecuatoriano autónomo. Unos 800 huyeron de Quito y muchos terminaron por residir en Popayán, donde publicaron el semanario “La Voz del Ecuador”, en cuyas páginas justificaron el reintegro del Ecuador a Colombia. Se comisionó a uno de ellos, Roberto de Ascázubi, para obtener la aceptación de Colombia, pero pasó la vergüenza de ser rechazado en Bogotá. 

El bando triunfador de la guerra civil, por su parte, convocó a una convención nacional para reorganizar el territorio y dictar una Constitución, que se reunió en Ambato entre junio y agosto de 1835. Esta convención eligió presidente a Vicente Rocafuerte y dictó una nueva Constitución que persistía en el Estado del Ecuador, pero esta vez sin una propuesta de confederación con otros Estados y con el título de República independiente y no por una pertenencia a una asociación mayor. Su artículo 1 decía, sin lugar a equívoco: “La República del Ecuador, se compone de todos los ecuatorianos, reunidos bajo un mismo pacto de asociación política”.

Pudo no ser, pero en 1835 nació en Ambato la República del Ecuador.

La Constitución sui géneris

            Publicado en diario Expreso el viernes 10 de enero de 2025.

La Constitución ecuatoriana de 1830 es un documento jurídico sui géneris. Es una Constitución con una propuesta, que ofrece menoscabarse si su propuesta es aceptada.

La propuesta contenida en la Constitución que se aprobó en Riobamba en septiembre de 1830 fue crear una confederación con los demás territorios que habían conformado la República de Colombia, antes de la separación de Venezuela (el Distrito del Norte) y del Ecuador (el Distrito del Sur) en mayo de 1830. Su artículo 2 decía: “El Estado del Ecuador se une y confedera con los demás Estados de Colombia para formar una sola Nación con el nombre de República de Colombia”. La propuesta ecuatoriana era que regrese la Gran Colombia, pero en formato confederado.

La propuesta del Ecuador debía obtener el consentimiento de los otros Estados (Colombia y Venezuela) a efectos de formar la confederación. El artículo 3 de la Constitución disponía: “El Estado del Ecuador concurrirá con igual representación a la formación de un Colegio de Plenipotenciarios de todos los Estados, cuyo objeto sea establecer el Gobierno general de la Nación y sus atribuciones, y fijar por una ley fundamental los límites, mutuas obligaciones, derechos y relaciones nacionales de todos los Estados de la unión”. El Ecuador quiso poner como condición para la integración una igualdad de representación con los demás Estados, a pesar de ser el más pequeño y el menos poblado de los tres.

Si se reunía dicho Colegio Plenipotenciario con igualdad de representación y se adoptaba la ley fundamental para regular las relaciones de los Estados unidos en confederación, entonces surtiría efecto la cláusula prevista en el artículo 5 de la Constitución: “Los artículos de esta carta constitucional que resultaren en oposición con el pacto de unión y fraternidad que ha de celebrarse con los demás Estados de Colombia, quedarán derogados para siempre”.

No hubo necesidad de aplicar la cláusula de este artículo 5, pues este Colegio Plenipotenciario que propuso el Estado del Ecuador jamás se llegó a reunir. Ocurrió, en cambio, una guerra entre el Ecuador y la Nueva Granada (nombre que adoptó Colombia en 1831), que el Ecuador perdió en 1832 y por cuya derrota debió reconocer que su límite por el Norte era el río Carchi y así olvidarse de los antiguos vínculos de Quito con Pasto y Popayán, cimentados durante el gobierno de los españoles.

Ocurrió también una reunión de plenipotenciarios en Bogotá, en diciembre de 1834, para discutir el reparto de los pagos por los préstamos de los ingleses para costear las guerras de la independencia del Reino de España. Pero a esta reunión no asistió ningún delegado ecuatoriano, porque el Ecuador andaba entretenido con su primera guerra civil. Por esta ausencia, le clavaron un desproporcionado 21.5% de la conocida como “deuda inglesa”. El Ecuador arrastró esta deuda hasta la década de 1970.

La Constitución sui géneris duró mucho menos. Una vez concluida la primera guerra civil de los ecuatorianos, el bando vencedor convocó a una convención nacional, que se reunió en Ambato, para aprobar una nueva Constitución. Entró en vigor el 13 de agosto de 1835 y, felizmente, ya no incluyó una disparatada propuesta de confederación. 

Fanáticos de Fernando VII

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de mayo de 2024.

Según algunos, la revolución del 10 de agosto de 1809 fue una “máscara” porque, detrás de las alabanzas al rey español Fernando VII, se escondía un ardiente deseo de independencia. Según esta teoría, de manera taimada le estaban jurando sumisión a un rey, únicamente para mejor clavarle un puñal. 

Pero los quiteños de 1809 no fueron unos taimados. Ellos tuvieron claro sus objetivos: el primero, obtener la autonomía para administrar su territorio. Quito quería que la asciendan a Capitanía General (como en Sudamérica eran Venezuela y Chile) para superar su estado de sumisión al Virreinato de Santa Fe, siendo como era Quito una Audiencia subordinada a lo que en Santa Fe (hoy Bogotá) se decida en segunda instancia, lo que era apelable en España ante el Consejo de Indias y, en última instancia, ante el rey. Quito era la parte más baja de esta escala, un juzgado de primera instancia. 

El segundo objetivo era la recuperación de su grandeza de antaño. En el último cuarto del siglo XVIII e inicios del XIX, a Quito le quitaron: primero, la jurisdicción eclesiástica sobre Guayaquil, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí por la creación de un obispado en Cuenca (1779); segundo, Esmeraldas, Tumaco y La Tola, que pasaron a la administración de Popayán (1793); tercero, Mainas, que pasó a ser administrada desde España (1802); cuarto, Guayaquil, que pasó a la administración de Lima (1803). Le quitaron por todos los puntos cardinales.

Entonces, el 10 de agosto de 1809 fue la oportunidad de los quiteños para satisfacer estos dos objetivos. Ellos crearon una Junta de Gobierno y nombraron autoridades, pero jamás buscaron la independencia pues lo que realmente querían era tener autonomía y estar en pie de igualdad con las potencias de la región. Quito no quería que su coteja sea Charcas (otra Audiencia subordinada); ella aspiraba a que lo sean Lima, Santa Fe y Buenos Aires (Virreinatos), y Chile y Venezuela (Capitanías Generales). 

Para obtener estos objetivos, Quito decidió convertirse en la más ardiente defensora del rey español y cambiar el modelo administrativo en la jurisdicción de su Audiencia. Lo primero, porque la España peninsular estaba tomada por el ejército francés. Entonces, al rey Fernando VII (a quien se lo llamaba “rey legítimo y señor natural”) el Ministro de Justicia Rodríguez de Quiroga lo invitó, en abierta proclama, a que fije en Quito “su augusta mansión”. 

En cambio, al emperador de los franceses, Napoleón, a quien se lo llamaba “el Tirano de Europa”, Rodríguez de Quiroga lo emplazó a que “pase los mares, si fuese capaz de tanto: aquí le espera un pueblo lleno de religión, de valor y de energía”.

Lo segundo, el cambio de modelo administrativo, provocó su caída. La Junta de Gobierno de Quito quiso someter bajo su administración a tres gobernaciones: Cuenca, Guayaquil y Popayán. Las tres ignoraron las demandas de Quito y enviaron tropas para someter su experimento de insubordinación y autonomía. Lo consiguieron.

El 24 de octubre de 1809, fracasado su experimento, los quiteños devolvieron el poder a quien se lo habían usurpado. Y fueron unos fracasados, unos ilusos, acaso unos necios, pero nunca taimados. 

Ellos realmente querían caerle en gracia a su rey.

Una Constitución con dedicatoria

El Estado del Ecuador nació en una Asamblea Constituyente que se celebró en Riobamba en 1830, con unas normas talladas a la medida de su primer Presidente Constitucional, Juan José Flores, individuo natural de Puerto Cabello, en Venezuela. En la notable ‘Historia del Ecuador’ que editó Salvat el año 1982, se describió a nuestra primera Constitución como hecha a la medida de este militar avecindado en Quito:

“Más que estatuto fundacional de un estado, fue instrumento de dominación de un caudillo afortunado: en efecto, consideraba ecuatorianos no sólo a los aquí nacidos, sino también a los naturales de otros estados de Colombia avecindados en el Ecuador y a los militares que estaban a su servicio al tiempo de declararse en estado independiente. Así aseguraba Flores su ecuatorianidad y la de los militares venezolanos en que se apoyaba; luego establecía los requisitos para ser presidente de la República, redactados de tal manera que a las claras se veía la dedicatoria: tener treinta años de edad (era ésa la de Flores) y ser ecuatoriano de nacimiento, a menos de ser colombiano al servicio del Ecuador al tiempo de declararse en estado independiente (tal era el caso de don Juan José), que hubiera prestado servicios eminentes (Flores, en Pasto y Tarqui), que estuviera casado con ecuatoriana (lo era doña Mercedes Jijón, la mujer de Flores) y que tuviera una propiedad raíz de 30.000 pesos (Flores y su cónyuge tenían bienes aún más cuantiosos).”*

La siguiente Asamblea Constitucional, reunida en Ambato en 1835, optó por un expediente más sencillo: proclamó a Juan José Flores como “ecuatoriano por nacimiento”** y sanseacabó.

* Salvador Lara, Jorge, ‘Los comienzos de la República (1830-1845)’ (pp. 1-52), en: AA.VV. [Dir. Juan Salvat & Eduardo Crespo], ‘Historia del Ecuador’, Salvat Editores Ecuatoriana, Vol. 6, Barcelona, 1980, p. 8.

** Ibíd., p. 28.

La revolución de Urdaneta

El general Juan José Flores, primer Presidente de los ecuatorianos, se enteró de la muerte del Libertador Bolívar por la interceptación de la correspondencia entre dos familiares: los también venezolanos Rafael y Luis Urdaneta, primos entre sí. Y aunque fue triste acontecimiento, no pudo ser para Flores cosa más oportuna.

Para la época de la interceptación de la correspondencia entre los Urdaneta, Rafael Urdaneta era el Presidente provisional de la República de Colombia, o mejor dicho, de lo que iba quedando de ella, desmembrada como estaba por el Oeste y el Sur (Venezuela y Ecuador). Su primo, Luis Urdaneta, fue el enviado por el Gobierno colombiano para atraer al recién fundado Estado del Ecuador a su órbita.

Este Luis Urdaneta es el mismo venezolano que el 9 de octubre de 1820 participó en la independencia de Guayaquil y al que lo recuerda una calle del centro de la ciudad*. Es el mismo que le comentó a León de Febres-Cordero, después de haber matado a un militar español en la jornada del 9 de octubre, que una “revolución no es una escuela de moral”**.

El 4 de noviembre de 1830, Luis Urdaneta volvió a desembarcar en Guayaquil, esta vez con la misión de terminar con la independencia del Estado al que el Departamento del Guayas (la antigua “Provincia de Guayaquil”) pertenecía, para integrarlo de nuevo a la Colombia que gobernaba su primo.

Sin embargo, el primer Presidente de los ecuatorianos se negó en redondo a la oferta de su coterráneo. Y Luis Urdaneta, entonces, hizo lo que su época demandaba: organizó una revolución para hacer triunfar su idea. En palabras de Murillo Miró:

“… la guarnición de Guayaquil , compuesta en su mayor parte, como ya hemos dicho, de granadinos y venezolanos, al invocarse la unidad de Colombia y al oír el nombre de Libertador, pronuncióse el 28 de noviembre de 1830, apoyando con su conducta la evolución de Bogotá, y nombró al citado General don Luis Urdaneta Jefe Superior interino de los tres Departamentos del Sur” (Murillo Miró, p. 67)***.

Es decir, el Departamento del Guayas desconoció al Presidente Flores a escasos 67 días de su posesión por el Congreso Constituyente y optó por el revolucionario Luis Urdaneta, antiguo héroe de su independencia. Enseguida lo secundó el Departamento del Azuay, pero el Departamento de Quito, por su parte, sostuvo al Presidente Flores en una proclama difundida el 11 de diciembre. Urdaneta avanzó con su ejército hasta Latacunga e iba a tomarse Quito, cuando ocurrió la interceptación de la correspondencia que le enviaba el Presidente de Colombia, en la que “daba cuenta a su primo don Luis de la infausta muerte del Libertador acaecida el 17 de diciembre, a la una de la tarde, en la hacienda de ‘San Pedro Alejandrino’, a inmediaciones de Santa Marta” (Murillo Miró, p. 68). 

Tras conocerse la noticia de que murió Bolívar, la causa de Urdaneta se perdió de forma irremediable: “tuvo que capitular con el Presidente Flores, salir pronto del país, y dirigirse a Panamá donde murió en un patíbulo” (Murillo Miró, p. 68).

A la revolución de Luis Urdaneta, la mató la muerte del Libertador el 17 de diciembre de 1830. A Luis Urdaneta lo mató en Panamá un escuadrón de fusilamiento, el 27 de agosto de 1831, por buscar lo contrario de lo que buscó en el Sur: allá buscó separar a Panamá de una Colombia que ya no gobernaba su primo. Lo capturaron y lo mataron.

“La revolución no es una escuela de moral”. Este hombre encarnó su frase.

* En cuya intersección con la calle Ximena queda ‘Don Pepe’, prohibido olvidar.

** ‘El relato de Villamil’, en: AA.VV., ‘La independencia de Guayaquil. 9 de octubre de 1820’, Banco Central del Ecuador, Guayaquil, 1983, p. 17.

*** Murillo Miró, Juan, ‘Historia del Ecuador de 1876 a 1888 precedida de un resumen histórico de 1830 a 1875’, Corporación Editora Nacional, Quito, 1993 [Biblioteca de Historia Ecuatoriana, vol. 11].

Hegel y el Ecuador y Colombia

Un día como hoy pero del año 1831 y en Berlín la quedó Hegel, el autor de la Fenomenología del Espíritu y de Principios de la Filosofía del Derecho y demás sarasa, quien pensaba Sudamérica en perspectivas siempre negativas, “todas ellas despectivas y [que] hablan de un continente, en pañales, impotente, que sólo atina a reproducir lo europeo y que, al parecer, no tiene redención posible”.

Acaso Hegel pudo conocer en su último año de vida la noticia de la creación de una nueva república sudamericana con el pintoresco nombre de “del Ecuador”, vinculando así un territorio de América a “La Línea” que visitó su compatriota Alexander von Humboldt a inicios del siglo, cuando es fama que se empomaba al héroe andino par excellence, Carlos Montúfar.

Pero sería una imprecisión histórica decir que Hegel pudo conocer a la “República del Ecuador”: en rigor, un anacronismo. La República del Ecuador, con este nombre, existe desde la Convención de Ambato en 1835; hasta ese año este territorio ostentó la timorata denominación “Estado del Ecuador en la República de Colombia”. De esto, a lo más, es de lo que pudo enterarse el filósofo alemán antes de petatearse en Berlín: que en algún lugar de la costa Pacífica de Sudamérica, a la República de Colombia uno de sus Distritos (el del Sur) se le convirtió en un Estado que buscaba administrarse de manera independiente. Invariablemente, si Hegel se enteró de esto, habrá pensado que esa era una escaramuza insignificante para La Historia, una más de estas irrelevancias sudamericanas a lo sumo pintorescas.

Y la historia es más o menos como sigue: Una vez muerto Simón Bolívar (casi un año antes que Hegel, en diciembre de 1830), a Colombia no le importó que el Distrito del Sur se maneje por cuenta propia siempre que el territorio al norte del Río Carchi se quede con ellos: “Ud. se va, pero me lo deja a Pasto quietito, ¿oyó?”. Y Ecuador resistió un tiempo a esta admonición colombiana, pero se armó la casa de putas y en 1832 hubo guerra con Colombia, en la que el general neogranadino José María Obando (el acusado como asesino de Sucre) venció al general venezolano Juan José Flores, que fue el primer presidente del Estado del Ecuador y a quien no le quedó de otra que reconocer la pérdida para este naciente Estado, desde entonces y para siempre, de los territorios de la Audiencia de Quito situados al norte del Río Carchi. Por la espada, Pasto y Popayán se quedaron en Colombia.  

Pero si se enteró de algo, no se habrá enterado el viejo Hegel de tanto detalle, ni menos de la guerra entre la República de Colombia y uno de sus Estados constitutivos (?) porque ya la había quedado para 1832 (la guerra empezó en febrero y concluyó en diciembre). Si algo supo Hegel, uno de sus comentarios pudo ser, o “Qué payasada” o “Qué van a saber estos famélicos del cerebro de república e igualdad, son todos unos muertos” (obvio, dichos en grave y ríspido alemán), o cualquier otro de los productos de sus honduras filosóficas y sus sesgos racistas. 

Con todo, la República del Ecuador únicamente ha crecido y se ha desarrollado para darle la razón a este alemán muerto antes de que nos llamemos República del Ecuador.

De la independencia al carajo

La independencia de la Monarquía Católica surgió de Venezuela y del Río de la Plata, de los países que hoy son la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina. A 200 años de su gesta, hoy son dos países en grave crisis: uno porque una oligarquía facinerosa fue reemplazada por otra oligarquía facinerosa, y la otra… por lo mismo. En el fondo, el mismo irrespeto a las instituciones, el mismo ciclo incesante de imponerse unos a otros, cueste lo que cueste.

Que los países que originaron la independencia de Sudamérica sean los ejemplos extremos de su abundancia y su negligencia… Que lo parió.

Toscanini y la seguridad

Esta entrevista al ministro Mauro Toscanini es antológica. Este buen hombre no tiene la más pálida idea de dónde está parado.

Porque Toscanini es la cabeza del Ministerio encargado de la seguridad en el país. Y el requerimiento que le ha hecho el periodista de diario El Comercio es sencillo: defender la legalidad de la medida adoptada por el gobierno de pedir el pasaporte a los venezolanos, a la luz de una disposición legal vigente, como lo es el artículo 84 de la Ley de Movilidad Humana.

Esto, porque dicho artículo 84 indica que, entre otras nacionalidades, los venezolanos pueden entrar al Ecuador con la sola presentación de su documento de identificación nacional. Y la medida que ha adoptado el Ecuador es pedirle a los venezolanos (y únicamente a los venezolanos) la presentación del pasaporte, en clara contradicción con la normativa vigente. Veamos cómo la defiende el ministro Toscanini:

El Comercio: El argumento de la pregunta es si la medida es legal, porque la ley (el artículo 84 de la Ley de Movilidad Humana ) es clara... ​

Ministro Toscanini: Para nosotros es legal y es legítimo, porque un país soberano tiene derecho a poner ciertas condiciones, en este caso, en cuanto a migración.

EC: ¿Y en qué términos es legal?

MT: Simplemente es legal. Para mí es una cuestión legal.

EC: ¿No se está contraviniendo el artículo 84?

MT: Yo no soy abogado, yo le doy mi humilde opinión.

Jurídicamente, Toscanini no explica nada. Su respuesta es una tautología (“Es legal, porque es legal”) además de una arbitrariedad (“Es legal, porque lo decimos nosotros”). Políticamente, es incluso peor: añade a lo anterior el vergonzoso detalle de que la más importante autoridad del gobierno en materia de seguridad, uno que debería ser un experto en este ramo, se excuse por no ser un abogado (?) y apenas nos pueda brindar su “humilde opinión”. El ministro debería ser más discreto y no hacer ostentación de su ignorancia.

La respuesta de Toscanini es tan ridícula, que lo orilla a uno a preguntarse, ¿qué carajos hace allí uno cuyas responsabilidades sobrepasan con largueza sus (in)capacidades?

Odio y mierda

Hagamos un ejercicio: aceptemos, por un instante, la hipótesis de que Roberto Aguilar es un odiador. Luego, leamos su artículo ‘País de mierda’ en el que los ecuatorianos quedamos retratados como unos habitantes de eso (con Correa con mucho de culpa, como es usual).

La lectura del artículo provocará dos cosas en el lector: 1) Confirmará la hipótesis sobre Aguilar; 2) Lo motivará a pensar si los ecuatorianos somos todos así (“acomplejados”, “arribistas”, “sanguijuelas”, “manga de analfabetos”, etc., todos calificativos cosecha de Aguilar). Todos los ecuatorianos, del Oriente a la Región Insular, del Carchi al Macará. Naturalmente, cualquier persona debería descartar esa idea por desproporcionada y absurda. Es una falacia de generalización apresurada.

Creo que, en rigor, este artículo de Aguilar debe motivar una reflexión sobre cómo se construye una opinión. Hay dos opciones con este texto. La primera: es la sumatoria de todas las malas experiencias que pudo acopiar Aguilar sobre xenofobia a las venezolanas en el Ecuador (en un escandaloso cherry picking que contradice reglas básicas de la buena argumentación) lo que le permite llegar a la conclusión de que somos un “país de mierda”. Sin contextualizar, sin cifras ni estudios, sin historias de fondo salvo sketches a conveniencia.

La segunda: Roberto Aguilar decidió a priori que somos un “país de mierda”. Acto seguido, procedió a hacer un escandaloso cherry picking para demostrar su idea. Sin contextualizar, sin cifras ni estudios, sin historias de fondo salvo sketches a conveniencia.

En ningún caso hay otra cosa que falacias.

Venezuela

Este 24 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. El informe es, en resumen, crítico con la situación venezolana porque “identifica aspectos que restringen el pleno goce de los derechos humanos”. La CIDH, entre otros aspectos, reseña “cómo se ha impedido el goce efectivo de los derechos políticos en Venezuela” mediante, p. ej., “resoluciones administrativas de la Contraloría General del Estado”; señala “una preocupante tendencia a castigar, intimidar y agredir a personas a manera de represalia por haber hecho público su disenso”, mediante “actos de acoso y violencia provenientes de personas civiles que actúan al margen de la ley como grupos de choque” y mediante el sometimiento de más de 2200 personas “a procesos penales por hechos relacionados con su participación en las manifestaciones públicas”; advierte que en el ejercicio de la protesta pacífica “se producen con frecuencia violaciones a vida y a la integridad personal, que en muchos casos son consecuencia del uso excesivo de la fuerza estatal”; critica, en materia de libertad de expresión, “la suspensión de la transmisión de 32 radioemisoras”, la “existencia de casos de censura previa”, la existencia de las “figuras de desacato y vilipendio” que inhiben el ejercicio de este derecho. El informe de 326 páginas detalla éstas y otras graves violaciones a la democracia y los derechos humanos en ese país.

Pero de otro lado, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la CIDH reconoce “los logros del Estado” en términos de haber “alcanzado la alfabetización de la mayoría de la sociedad, la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, la ampliación de la cobertura en la salud a favor de los sectores más vulnerables, la disminución del desempleo, la reducción de la tasa de mortalidad infantil y el incremento en el acceso de los venezolanos a los servicios públicos básicos”. Venezuela registra “el coeficiente de Gini más bajo de América Latina” [este coeficiente mide la desigualdad] y “pasó de integrar el grupo de países con desarrollo humano medio en el 2008 a integrar el grupo de países con desarrollo humano alto en el 2009”, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eso no justifica, ni mucho menos (yo suscribo esta crítica) que por “la realización de los derechos económicos, sociales y culturales […] se sacrifique la vigencia de otros derechos fundamentales”.

Ahora, una lectura honesta de este informe nos revela (a pesar del discurso alarmista de la oposición) muchas más diferencias que semejanzas con la situación política actual del Ecuador. Es curioso detalle, pero quienes mejor replican en Ecuador un aspecto de Venezuela son quienes hacen oposición, porque ambas han sido reactivas, dispersas, sin identidad ni proyecto a largo plazo, de pobre discurso y usualmente asociadas con rémoras de oprobioso pasado: han sido, sin duda, las mejores aliadas de sus Gobiernos centrales. Para peor, algunos en la oposición local promueven las mismas estrategias de revocatoria que fracasaron en Venezuela. Curioso detalle, mala tos.

P.S.- Ultrafunken un rato the venezuelan gozadera: