Un Congreso arrecho

Eran otros tiempos. Antes, cuando un político débil e impopular, por esos azares de la vida, llegaba a la Presidencia de la República, un contrapoder se activaba: el arrecho Congreso, hoy devenido en una delicada y hospitalaria Asamblea (no por lo que recibe, pero por lo que reparte).

 

Eran los años treinta y el Congreso, fortalecido por la Constitución de 1929, nuestra décima tercera, se encontraba en el cénit de su poderío. Esta Constitución, según Arízaga Vega en su obra sobre las asambleas constituyentes, ‘establece la virtual preeminencia del Legislativo, dándonos una especie de régimen parlamentario, con votos de censura y de desconfianza a los ministros, pero sin la facultad al Ejecutivo de disolver las cámaras, requisito esencial de todo régimen parlamentario.’ (1)

 

Así estaba el Congreso del 33, olímpico en su arrechera. Un político de la época, vinculado a las élites económicas de Guayaquil y elegido en circunstancias sospechosas, Juan de Dios Martínez Mera, estaba de Presidente del Ecuador desde diciembre de 1932 (2). El Presidente de la Cámara de Diputados, Velasco Ibarra, el 15 de agosto de 1933, resumió su oposición a este Presidente: ‘su gobierno se basaba en el fraude electoral; había perdido todo respaldo político y popular, dando lugar a desórdenes y descontento; no había hecho nada para aliviar la desastrosa situación económica; y la posición internacional del Ecuador se había deteriorado’.

 

Ese mismo día se presentó una moción en el Congreso, la que resultó aprobada por 49 votos a 22. La moción fue la siguiente:

 

‘El Congreso de la República del Ecuador deplora hondamente que el Poder ejecutivo por carecer de favor y base democrática, y por ineficacia administrativa no haya resultado ninguno de los angustiosos problemas que han intranquilizado a la Nación ecuatoriana, y, en consecuencia, hace votos porque el señor Presidente de la República, con un gesto de patriotismo, abra los cauces democráticos para una nueva, libre y espontánea manifestación del querer nacional’.

 

¡Esto es un Congreso PLGP! Además, esa frase ‘abra los cauces democráticos’ es chepísima. Tomando en cuenta que es ‘del querer nacional’, es casi erótica.

 

Dos meses y monedas después de aprobada esta moción, el Congreso destituyó al Presidente Martínez Mera. Si esto hubiera pasado con el Presidente Mojón Moreno nos habríamos ahorrado algunos años de soportar a este idiota profundo que malvive en Carondelet.

 

Pero esos eran otros tiempos. Esta Asamblea estuvo más atenta al nuevo reparto disfrazado de feroz ‘anti-correísmo’ (eso del anti-correísmo es efusión de sangre en el teatro, es para divertir a la gilada). La Asamblea actual nunca tuvo el afán de protagonismo del arrecho Congreso de 1933 (el líder del derrocamiento, Velasco Ibarra, fue el siguiente Presidente Constitucional elegido por la voluntad popular en las elecciones de ese mismo año), pues a esta Asamblea le gustó medrar a la sombra de un gobierno impopular, obligado al reparto para (malamente) subsistir.

 

¡Salud al Congreso arrecho del 33! (3)

 

(1) Arízaga Vega, Rafael, ‘Las Constituyentes’, Editorial Fraga, Quito, 1998, p. 159. Todas las citas en el texto corresponden al capítulo VII de este libro, ‘la transformación de Julio y la inestabilidad política posterior’.

(2) Como lo describe Norris, en su biografía de Velasco Ibarra: ‘El número de votantes sobrepasó en unos 20.000 al de las elecciones anteriores y un hombre impopular entre las masas había ganado con una mayoría enorme. No quedaba duda de que había fraude.’, v. Norris, Robert, ‘El gran ausente. Biografía de Velasco Ibarra’, Tomo I, Ediciones Libri Mundi, 2004, Quito, p. 147. Martínez Mera fue el candidato oficialista en las elecciones presidenciales de 1932, en un país en el que las elecciones las solía ganar el candidato oficial. Martínez Mera fue el primer Presidente cesado por el Congreso Nacional, hecho que no volvería a repetirse hasta la destitución de Abdalá Bucaram en febrero de 1997. Las siguientes citas hechas en el texto corresponden al libro de Norris, pp. 151-152.

(3) Cachondeo aparte, el Congreso ecuatoriano durante la vigencia de la Constitución de 1929 produjo una invariable inestabilidad política: ninguno de los presidentes elegidos por la voluntad popular (que fueron cuatro) terminó su período de gobierno. Pero la plena que estas ganas de bajarse a un Presidente se las hubiera agradecido en estos aciagos tiempos del Mojón Moreno.

Un récord mundial

En los primeros años de nuestra historia republicana, el político azuayo Benigno Malo (1807-1870) criticó la absurda sucesión de cartas constitucionales en los primeros años de la República: “Siete constituciones en treinta años, es decir, una Constitución cada tres años y tres meses”. Y explicó enseguida la causa de esta estúpida abundancia: “Es muy clara: nuestras constituciones no han sido fruto de estudios convencionales, sino el aborto improvisado de un partido vencedor en las guerras civiles, el arma que una fracción afilaba para defenderse y herir a sus futuros adversarios” (1).

Esto lo escribió ese oxímoron racista que fue Benigno Malo a inicios de los años sesenta del siglo XIX. El promedio ha mejorado desde la Constitución de 1861, que motivó los dichos de Malo. Basado en los cálculos del historiador Enrique Ayala Mora entre 1830 y 2012, el Ecuador ha tenido “una nueva Constitución cada nueve años como promedio. Pero ese cálculo puede ser engañoso, pues si se considera que durante las dictaduras no rigió un Estado de derecho […] el promedio de vigencia por Constitución es de apenas siete años y unos meses” (2). Con otros seis años de estabilidad, el promedio ha mejorado un poco, pues llega a los ocho años por Constitución.

Ha mejorado desde los tiempos de Malo, sí, pero mal siempre nos ha ido. Hemos pasado de un promedio de tres a ocho años de duración por Constitución, pero podemos aspirar, de acuerdo con Ayala Mora, a tener “cierto récord, o al menos una mención especial, por la perenne inestabilidad de los gobiernos, que se ha manifestado en toda nuestra historia” (3).

Que yo sepa, en el número total de Constituciones no tenemos rival en el mundo mundial. Bolivia sería nuestra única coteja, y tiene 17, tres menos que nuestro desastre institucional.

(1) Arízaga Vega, Rafael, ‘Las constituyentes’, Editorial Fraga, Quito, 1998, p. 17. Es una mala idea hecha tradición.

(2) Ayala Mora, Enrique, ‘Evolución constitucional del Ecuador. Rasgos históricos’, Corporación Editora Nacional, Quito, 2018 [Serie Estudios Jurídicos, Vol. 43], pp. 13-14.

(3) ‘Evolución…’, p. 14. Ayala Mora calculó 154 años de “vigencia constitucional” hasta 2012. Seis años y pico después, serían 160 años, divididos para 20 constituciones: a 8 años por documento.