Los otros días, buscando
una referencia para un trabajo, tropecé con esta simpática ‘Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe (1989-2004)’. Para el caso ecuatoriano,
el arco temporal del título abarca gobiernos de izquierda (Borja), de derecha (Durán-Ballén),
populista (Bucaram), cinturista (Alarcón), medio-descerebrado (Mahuad),
humorista rancio (Noboa) y cualquier-cosa-que-Lucio-Gutiérrez-sea (Gutiérrez).
Un cóctel variopinto de siete varones (en el medio anduvo también Rosalía
Arteaga, pero ella no cuenta salvo como estadística graciosa) que no lograron
sacar el país adelante. Mejor dicho, que fracasaron estrepitosamente (si alguna
vez lo intentaron) en sacar el país adelante. Porque hasta el 2004, si algo
decía la observación final sobre el Ecuador en esta simpática compilación, es
que este país era el summun del
atraso, los campeones del subdesarrollo.
La lectura de la observación final que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales realizó sobre el Ecuador el año 2004 (pp. 123-132 de la Compilación...) es muy instructiva para entender el país pre-correísta. El Comité encontró dos dificultades por parte del Ecuador para el cumplimiento de las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que es el instrumento que interpreta el Comité). Una de las dificultades no depende de nosotros, pues son los ‘varios desastres naturales, como el fenómeno de El Niño’ [Párr. 8]. Pero la otra dificultad sí depende de las políticas gubernamentales: ‘El Comité nota de que las políticas de ajuste estructural han repercutido negativamente en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en particular de los grupos de la sociedad marginados y desfavorecidos. Toma nota especialmente del alto porcentaje del presupuesto público anual (cerca del 40%) que se asigna al servicio de la deuda externa, factor que limita fuertemente los recursos disponibles para el logro del goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales’ [Párr. 9]. Las ‘políticas de ajuste estructural’: ese cuco ha vuelto y calza zapatitos rojos.
Pero la parte sabrosa de
la observación final es su sección ‘D’, titulada ‘Principales motivos de
preocupación’. Es una letanía de fracasos que se extiende varias páginas.
Empieza con algo muy de actualidad: ‘El
Comité siente preocupación por la falta de independencia del poder judicial y
por los presuntos abusos de los derechos humanos cometidos por la magistratura’
[Párr. 10]. Y continúa con una larga serie de cosas que también lo ‘preocupan’ al Comité: la situación de
discriminación que sufre la población indígena y el irrespeto de su derecho a
la propiedad comunal [Párrs. 11-12], la discriminación en contra de la
población afroecuatoriana [Párr. 13], el alto porcentaje de discapacitados y la
falta de recursos para atenderlos [Párr. 14], la desigualdad de facto que
existe entre hombres y mujeres a pesar de las leyes que garantizan la igualdad
[Párr. 15], el alto porcentaje de desempleo [Párr. 16], el hecho de que el
salario mínimo sea insuficiente para permitir una vida digna [Párr. 17], la
insuficiente tasa de aplicación de normas de higiene y seguridad de los
trabajadores [Párr. 18], las restricciones al derecho a la asociación en el
Código del Trabajo y la gran cantidad de contratos temporales y subcontratos [Párr.
19], la ‘aguda falta de recursos’ del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el que sólo un escaso porcentaje de
la población tiene derecho a prestaciones de la seguridad social [Párrs. 20-21],
la ‘alta tasa de abusos sexuales, prostitución
de menores de 18 años en las zonas urbanas, explotación de niños y la falta de
una amplia estrategia para hacer frente a estos problemas’ [Párr. 23], la
trata de menores [Párr. 24], el hecho de que la violencia en el hogar sea
generalizada y no esté tipificada como delito [Párr. 25], el nivel creciente y
persistente de pobreza [Párr. 26], las malas condiciones y la considerable
escasez de vivienda y la carencia de viviendas sociales [Párr. 27], el desalojo
forzoso de la población indígena de sus tierras ancestrales [Párr. 28], la ‘escasa cobertura, la baja calidad y los
insuficientes recursos’ del sistema de salud pública y la falta del goce de
las personas de su derecho a la salud [Párrs. 29-30], la alta tasa de analfabetismo
y de deserción escolar [Párr. 31], la desaparición de los idiomas indígenas [Párr.
32]. Y deplora (es la única vez que usa ese verbo) el trabajo infantil [Párr.
22]. Son en total 23 párrafos y cuatro páginas para demostrar que el Estado del
Ecuador es una verdadera miseria humana con símbolos oficiales.
Luego, el Comité se
fatiga explicándole al Ecuador las cosas que tiene que hacer para mejorar ese
colosal desastre administrativo que es la poza en que ese chancho institucional
se goza, en una sección ‘E’ titulada ‘Sugerencias y recomendaciones’. Una
sección que contiene 31 párrafos a lo largo de seis páginas, en las que ‘exhorta’, ‘recomienda’, ‘insta’, e
incluso ‘pide encarecidamente’ al arisco Estado ecuatoriano que realice una serie de acciones que uno tiene la diáfana
certeza de que a las autoridades del Estado le entraron por una oreja y le salieron
por la otra.
La observación final que cito
es el testimonio de que el pre-correísmo era un colosal desastre. Y tiene toda la
pinta de ser un mal augurio para el post-correísmo del ‘ajuste estructural’, en el país de los campeones del subdesarrollo.
