Los periodistas suelen amparar sus dichos que pueden resultar hirientes u ofensivos a los funcionarios públicos en su derecho a la libertad de expresión y, valga precisar, tienen esos periodistas el pleno derecho de hacerlo y reivindicarlo. Pero al mismo tiempo, de acuerdo con ese mismísimo derecho a la libertad de expresión, cuando los funcionarios públicos critican desde el poder político a los periodistas en términos hirientes u ofensivos, éstos deberían ser tolerantes a la crítica y admitir, asimismo, el pleno derecho de los funcionarios públicos a criticarlos en esos términos hirientes u ofensivos. Procedo a desarrollar algunas ideas a este respecto.
Como marco general, el derecho a la libertad de expresión encuentra límites, en el orden internacional y constitucional, en la protección del derecho a la honra. Como marco específico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para el caso de “los funcionarios públicos, de los políticos e inclusive de los particulares que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público”, tales personas “se ven sometidas a un mayor riesgo de sufrir críticas” que puedan herirlos u ofenderlos, lo que implica necesariamente que el umbral de protección del derecho a la honra de esas personas es mucho menor que el que tiene un ciudadano cualquiera.
Dicho en limpio, el discurso hiriente u ofensivo tienen obligación de tolerarlo tanto los funcionarios públicos como los periodistas. A mayor detalle, en el Caso Perozo y otros vs. Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la que para muchos de esos periodistas está muy bien para opinar en contra de Venezuela, valga precisarlo) sostuvo que “la importancia de los medios de comunicación y particularmente la labor de los periodistas, no implica una inmunidad con relación a las posibles críticas de la sociedad en general, incluyendo a los funcionarios públicos. Por el contrario, como vehículos de la comunicación social deben estar abiertos y mantener un margen de tolerancia frente al escrutinio público y crítica de los receptores de la información que difunden […] por ello, las críticas y calificaciones realizadas en este marco [de debate público] por funcionarios o por particulares deben ser toleradas en cuanto no conduzcan directamente a la violencia”, con base en lo cual, la Comisión consideró que declaraciones “chocantes, fuertes, ofensivas o carentes de prudencia” de funcionarios públicos hallaban amparo en la propia libertad de expresión que los periodistas invocan permanentemente para el desarrollo de su actividad.
Que en el debate público debería imperar la prudencia y el razonamiento ponderado es deseable y cierto, pero es cierto para ambos, tanto funcionarios como periodistas. Porque puestos a producir un discurso hiriente u ofensivo (un discurso, valga precisarlo, legítimo de acuerdo con los estándares de libertad de expresión) debe rechazarse el que uno (sea funcionario o periodista) pueda hacerlo pero que resienta el recibirlo. Eso es vulgar hipocresía. En el debate público, quienes formulan discursos hirientes u ofensivos se exponen a recibir lo mismo: no sean entonces cobardes y acepten el duro debate en los términos que lo proponen.
5 comentarios:
Aunque en lo fundamental lo que apunta es cierto, existen matices que usted no toma en consideración.
-Existe una deiferencia entre la descalificación de algo que es público por esencia, a la simple adjetiviziación de personas. No es lo mismo cuando el Ec. Correa insulta a una persona que cuando algún exaltado califica su gobierno de dictatorial (Antonio Rodríguez, Emilio Palacio) porque el tema al que aluden, mal o bien, es público, a diferencia de la caracterización de corte privado que realiza el presidente. Esto no es menor porque delimita el campo de la simple burla al de la difamación.
-Hay que tener en cuenta que no todas las personas aludidas, bien por funcionarios, bien por periodistas, continuan con con este tipo de retórica, frente a lo cual la "tolerancia" plantea un dilema eminentemente cultural, bascicamente, que es lo que debe o no soportar una persona.
-No existe una igualdad de condiciones para que funcionarios y periodistas expresen sus características ocurrencias. La prensa se descalifica a sí misma cuando su página editorial incluye los artículos de ciertos columnistas, a diferencia del presidente, el cual realiza su cantaleta con fines eminentemente políticos (no es de dudar que en su popular talento de proferir insultos reside buena parte de su empatía con el público). A parte de que no tienen la misma incidencia los yerros de algunos personajillos, que de los que realiza alguien desde el poder del estado.
La opinión es legítima, vale resaltarlo. Pero el riesgo de convertir lo público en un campo retórico unicamente, es un riesgo que obliga a repensar la opinión desde los lmites de la racionalidad que lo justifica. No es el Ec. Correa ni la caterva de columnistas que le "hacen el juego" los primeros que evaden sus responsabilidad de responder como ciudadanos, pero hay que pensar en alguna forma de que sean los últimos de esa especie.
Aceptable el hecho innegable que el lenguaje presidencial (por citar al primero de los mandatarios, funcionario público llamada al servicio, también público) y el lenguaje periodístico (que es propagado a las masas con la fuerza propia de cada método de resonancia) crean realidades; moldean la verdad, a veces, maquillando sus rubores.
Sin embargo existe una sana diferencia: las obligaciones de estado de cada quien, burócratas y periodistas, los encasillan en niveles muy distantes y distintos a la hora de justipreciar sus dichos. Que el Presidente de la República invite a coro a jóvenes de secundaria quiteña a "mandar a la casa de al ver..." a un periodista invitado a una rueda de prensa, no tiene la misma repercusión que los alaridos y enrostres de Carlos Vera Rodríguez cuando conducía Contacto Directo.
La pueril acción, reacción o comentario de un o varios periodistas a las rechiflas presidenciales son anécdotas para publicar en programas como Buenos Muchachos.
Los rezongos presidenciales y la batahola de insultos (entendiendo los insultos como el acto positivo de ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones)de los sábados, marcan la agenda nacional. Dentro del esquema republicano de manjera la cosa pública, nos incumbe, atañe y arrastra a todos, así no nos guste.
Así que, reitero, ambos actores sociales mediante el uso de sus lenguajes hostiles o no, crean realidades; pero sólo uno detenta el monopolio del Derecho en sus manos.
Es una excelente perspectiva, el debate rudo debe ser abordado como tal por todos los actores, se aplica la regla de "el que se pica, pierde".
A tu análisis le agregaría lo siguiente:
El discurso ofensivo (aparte de ser producto de la actitud y personalidad de quien lo emite) persigue un solo objetivo: moldear la opinión pública. El gobierno ha actuado como contrapeso al molde establecido tradicionalmente por los grandes medios. Si bien esta es una labor que no debería ser llevada a cabo por un sector político, alguien tenía que hacerlo. Hoy, tenemos al menos un sector minoritario que analiza y contrasta la información que recibe antes de sacar conclusiones. Los medios públicos son los que deben tomar la posta para mantener y fortalecer este contrapeso, pero con muchisimo tacto, porque en este debate "marcial", es muy fácil para los medios privados declarar a quienes se le oponen como "fieles al régimen"
entiendo que ud. sabe de derechos humanos; le pido su opinion desde el punto de vista tecnico-teorico (mas no politico-deologico) sobre si la comunicacion es un derecho o un srvicio publico sujeto a control y sancion.
Supongo que si sehabla de libertad de expresion, se infiere que se esta tratando sobre un derecho fundamental, en el cual, la comuniacion es parte esencial.
En realidad lo que no debería pasar con los periodistas es tomar los medios como una cuadrilatero de boxeo. Es una herramienta para comunicar a la sociedad no para defenderse de suverdad o su mentira.
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