El título completo de este
artículo es “El fascismo municipal, explicado por sus propios funcionarios” y
su propósito es demostrar cómo la legislación, los discursos y las prácticas de
los funcionarios del municipio de Guayaquil (registradas en sus ordenanzas y en
los medios de difusión masiva) coinciden con las características básicas del
régimen fascista.
El filósofo italiano Norberto Bobbio
caracterizó al fascismo como anti-democrático porque los fascistas “no querían,
en una palabra, la democracia, entendida como laborioso y difícil proceso de
educación en libertad, como gobierno del control y del consenso, como gradual y
siempre contrastada sustitución de la fuerza por la persuasión” (Ensayos sobre el fascismo,
Pág. 36). El fascismo rechaza el ejercicio de libertades, la participación
política, el razonamiento de sus actos: las mismas ideas que los fascistas del
municipio de Guayaquil rechazan, como se lo explicará a partir de sus propios
discursos y prácticas. Veámoslo, una por una:
1) El municipio de
Guayaquil rechaza el “laborioso y difícil proceso de educación en libertad”
El “laborioso y difícil
proceso de educación en libertad” implica la libertad general de los
ciudadanos, cuyos actos solo merecen sanción en la medida en que ocasionen un
daño concreto (lo que se deriva del derecho constitucional “al libre desarrollo
de la personalidad” –art. 23 numeral 5 de la Constitución
del ’98 y art. 66 numeral 5 de la Constitución
del 2008) e impone en las autoridades la obligación de informar y orientar
a sus ciudadanos para un mejor ejercicio de sus derechos.
En relación con la
libertad general de sus ciudadanos, el municipio de Guayaquil se inscribe en la
vertiente fascista de los conservadores “provenientes de la derecha histórica”,
que exigen “antes que nada orden, disciplina, firmeza en la dirección” porque
el carácter constante de toda política conservadora "es apreciar más el
orden que la libertad” (Ensayos sobre el fascismo –en adelante, ESF-, Págs. 65
y 108). El que fuera declarado por Mussolini “filósofo del fascismo”, Giovanni
Gentile, decía sobre los ideales fascistas que su cumplimiento por el individuo
se daba “sometiéndose a una disciplina férrea y concurriendo de tal modo en la
realización de un mundo que lo trasciende” (ESF, Pág. 110-111). En Guayaquil,
de manera contraria a la libertad general de las personas, el municipio impone
esa disciplina férrea para hacer cumplir a los individuos los ideales de
moralidad que el propio municipio ha dispuesto para ellos en sus ordenanzas: el
respeto a la "moral" y las buenas costumbres” .
La vaguedad y la
ambigüedad de las supuestas infracciones a la "moral" y las “buenas
costumbres” es funcional al firme propósito del municipio de Guayaquil de
imponer “orden” y “disciplina” en los espacios públicos, porque le concede a
los funcionarios municipales encargados de su aplicación una amplia
discrecionalidad para decidir si un acto X de un ciudadano constituye o no
infracción. De ahí que las conductas que se repriman a los ciudadanos, con
particular énfasis en “zona regenerada”, abarquen desde aspectos básicos de la autonomía
individual, como besos,
gestos o formas y lugares para sentarse, pasando por el uso obligatorio de
cierta vestimenta en el cerro Santa Ana y por los taxistas –esta última,
fallida- así como las prohibiciones
de acceso a los espacios públicos, hasta llegar a las restricciones a los
derechos de
reunión, a
la libertad de expresión y a
la protesta.
La prohibiciones que se
entrometen en el ámbito de la autonomía individual se las justifica desde el
más alto nivel del municipio local: con ocasión de la persecución a la
agrupación Litro x Mate, que terminó por pintarle de gris su propiedad privada
a Daniel Adum, el alcalde Nebot
declaró: “Aquí todo el mundo tiene que pedir permiso” para pintar su casa,
y no solamente en materia de contenidos, sino incluso "si lo que quiero
pintar es armónico". (Están advertidos.)
Ahora, en general, los
funcionarios municipales para justificarse cuando aplican este tipo de
prohibiciones invocan, en los niveles inferiores, el consabido “yo sólo cumplo
órdenes”, y en los niveles directivos, el supuesto cumplimiento de la ley,
entendida de forma fascista. Por ejemplo, el director de justicia y vigilancia,
Xavier Narváez, en la audiencia pública en el juicio contra Daniel Adum,
declaró (min. 06:00 -
06:04) “lo que sí es objetivo es la ley, y su cumplimiento” y el director
de cultura y promoción cívica del municipio de Guayaquil, Melvin Hoyos, precisó
la idea por la señal de Ecuavisa: “vivir en una sociedad, que existen leyes,
que existen normas, regulaciones que en el momento en que nosotros violamos
estas normas del convivir social, en ese momento nosotros estamos yendo en
contra de lo que debe hacerse”. Esta postura expresada por los directores
municipales coincide plenamente con la doctrina fascista del “legalismo ético”,
según la cual “es justo aquello que es ordenado por el solo hecho de ser
ordenado” (ESF, Pág. 120) sin necesidad de justificación racional alguna.
El municipio de Guayaquil
rechaza la “educación en libertad” porque incurre en el mismo defecto que
Bobbio le atribuyó al filosofo fascista Giovanni Gentile: el de tener una
“interpretación desviada del liberalismo que lo llevó a ver la realización
plena de la idea liberal en un Estado policial” (ESF, Pág. 104).
Su legislación, sus discursos y sus prácticas son concluyentes en el
sometimiento de sus ciudadanos a una disciplina férrea, redactada en términos
vagos y ambiguos, justificada por el sólo dictado de la ordenanza y aplicada de
manera discrecional, lo que resulta contrario a la libertad general de sus
ciudadanos.
2) El municipio de
Guayaquil rechaza el “gobierno del control y del consenso”
El “gobierno del control y
del consenso” implica un municipio abierto a la participación de la sociedad
civil para deliberar y fiscalizar las decisiones de sus autoridades y la
administración de sus dineros.
El municipio de Guayaquil,
en contraste, es contrario a que la sociedad civil participe de la deliberación
y la fiscalización de sus actos. Ninguna
ordenanza del municipio de Guayaquil establece ningún mecanismo de
participación ciudadana para la deliberación y gestión de asuntos de interés
público. Cuando el 2008 se quiso incorporar el mecanismo de participación de la
“silla vacía” establecido en la Constitución (Art. 101) el
municipio de Guayaquil la rechazó.
El Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) obliga a la
democratizacion de los municipios "mediante el impulso de la participación
ciudadana", la que está definida como un derecho por el que se garantiza a
los ciudadanos "la elaboración y adopción de decisiones", así como
"la gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas
y proyectos" (Arts. 2.f y 3.g). Su artículo 29 establece como una de las
funciones de los municipios la "de participación ciudadana y control
social" y que la participación social debe orientarse "por los principios
de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control
popular, solidaridad e interculturalidad". Dichas disposiciones obligaron
a que el municipio de Guayaquil adopte una ordenanza de participación
ciudadana, sobre la cual, sin embargo, Nebot declaró terminante: “a
mí no me vengan teóricos de participación ciudadana a enseñar lo que eso
significa”. El diseño de la participación ciudadana en la ordenanza, como
lo explicó el concejal Vicente Taiano, debía hacerse para “evitar
intromisiones en las gestiones del Alcalde”. Y tal cual, así se hizo.
El municipio adoptó una
"ordenanza
que regula el sistema de participación ciudadana en el cantón Guayaquil"
(sobre la que escribió en mayor detalle Ángel Largo Méndez, por
acá) que crea una Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana integrada
por el alcalde y un concejal quienes, por sí solos, tienen "una representación
del 51% del total de los miembros de la asamblea", por un "régimen
dependiente" que incorpora las dependencias administrativas municipales y
entidades afines que tienen "una representación participativa del
19%" y por el restante 30% que lo componen organizaciones sociales, la
mayoría afines al municipio, a las que se designa en la propia ordenanza.
Claramente un sistema diseñado no para los ciudadanos participen, sino para
que no jodan.
La legislación, los
discursos y las prácticas contrarias a la participación de los ciudadanos en la
gestión municipal se complementan con el
uso de barras que entorpecen usualmente las intervenciones de los
concejales que no se encuentran alineados a lo dispuesto por el alcalde Nebot.
Estas personas de las barras, que es improbable que actúen por cuenta propia,
son en la práctica del municipio de Guayaquil su forma más cabal de
participación ciudadana.
3) El municipio de
Guayaquil rechaza la “sustitución de la fuerza por la persuasión”.
La “sustitución de la
fuerza por la persuasión” implica una creciente apelación a la razón como
mecanismo de persuasión a los ciudadanos. Sin embargo, la violencia verbal
ejercida contra aquel que pretenda disentir de las decisiones municipales es la
moneda común. Cuando los informales plantearon a las autoridades municipales un
sensato proyecto común que incluía "definir las zonas de trabajo, los
productos que se puedan vender, otorgar permisos de funcionamiento para los
vendedores, la entrega de un carné de funcionamiento y creación de un programa
de capacitación", Nebot les
respondió que "todo lo que venga de ellos va al archivo". Cuando
se pretendió discutir lo del seguro social, Nebot mostró un
loro para responder a personas que "sólo hablan y cuando hablan
tampoco dicen nada" (la tradición de la derecha populista guayaca es el
insulto y la agresión verbal, de las que Febres-Cordero es el obvio predecesor
de Nebot. En todo caso, es un rasgo que pertenece más al populismo –ante el pueblo
querer vender la imagen de tipo bien parado- que de la derecha
propiamente dicha, el caso de Correa es ejemplo de ello. La diferencia entre
uno y otro es que los políticos de derecha son generalmente impunes para el
insulto y la agresión verbal –la prensa en general, pero sobre todo la de
opinión, usualmente minimiza los hechos- mientras que los políticos que no son
de esa tendencia –Correa, Bucaram- son largamente estigmatizados). Cuando
alguien se atrevió a discutir la conveniencia de las tarjetas “La
Guayaquileña”, Nebot
contestó que “solo un tarado puede pensar eso” y que "si están
transtorados que vayan al psiquiatra y si son ignorantes que aprendan";
cuando en una entrevista complaciente con Carlos Vera, su entrevistador le
mencionó que existía un crítico de su gestión municipal, Ramón Sonnenholzner,
ni siquiera escuchó la crítica para mandarlo a "que opine en
Alemania" sobre Hitler (min.
07:06 - 07:26); cuando se intentó establecer a instancias de la gobernación
presidida por Roberto Cuero un diálogo entre alcaldía y gobernación, Nebot
lo mandó a hablar con una negra, porque Cuero es negro (?).
(Ésta, en materia política, es una de las respuestas más profundamente
imbéciles que he visto en mi vida).
Por supuesto que la
violencia verbal palidece frente a la agresión física que proviene del
municipio local, por parte de su policía metropolitana, cuyas peores
consecuencias las padecen los informales. Las imágenes hablarán mejor y más
preciso que las palabras, véanse el documental “Guayaquil
Informal” de autoría de Ernesto Yturralde, para unos casos documentados de
violencia física. Sobre estos casos de violencia que no puede considerarse (por
razones políticas) “crónica roja”, los diarios los reportan que se detuvieron
doce personas y hubo cuatro heridos (como El Universo en
esta ocasión) pero ninguna investigación adicional, ningún afán de
profundizar en las causas de esa violencia, o en sus consecuencias para quienes
fueron detenidos o resultaron heridos. Parece implícito, que esta violencia
puede admitirse.
El discurso verbal tan
violento como impune cuando se trata de descalificar a sus opositores (que no
se priva de reducirlo a la condición de animal o de discriminación racial), más
la violencia física (ejercida incluso por el alcalde contra una
autoridad judicial) cotidiana en las calles y ejercida por policías
metropolitanos, es prueba del rechazo del municipio local a “sustituir la
fuerza” por la persuasión.
Final
El cómo pudo implantarse
un gobierno fascista en Guayaquil tiene la misma explicación que la que lo
permitió en Italia: “la conquista del poder por parte del fascismo fue el
resultado de una fecunda alianza entre precisos intereses de clase y turbios
ideales, favorecidos por la crisis moral, social y económica que atravesaba un
[cantón] como el nuestro, por larga tradición más acostumbrado a la opresión
que a la libertad” (ESF, Pág. 80). En el original, entre los corchetes, se leía
"país", pero la frase calza precisa para Guayaquil, una sociedad
siempre conservadora y durante un tiempo corrompida por “la crisis moral,
social y económica” del roldosismo, cuyo superación ha dado como resultado esta
organización política cuyo funcionamiento de contenido fascista se describe en
este artículo.
No tengo mayores
expectativas que este texto produzca debate alguno con gente que defienda al
municipio de Guayaquil. Esto, porque desde el municipio, su política es nunca
debatir asuntos de interés público: a pesar de que se los invita, si no se
trata de un ambiente complaciente (discursos políticos en actos de entidades
afines o entrevistas en ciertos programas de TV, por ejemplo), nunca asisten.
Para comunicarse con sus ciudadanos tienen un departamento de prensa que, como
se comprobó en el caso contra la censura previa que implementó el municipio en
el concurso Salón de Julio, no
tiene empacho alguno en mentir.
En cambio, la gente que no
es funcionaria municipal, pero que defiende a la Alcaldía creo que tendría
grandes dificultades para desmentir las premisas en que fundamento mi opinión
(después de todo, la mayoría son tomadas desde la propia autoridad a la que
dicen defender) así como también creo que no podrían razonar cómo, una vez
tenidas por verdaderas esas premisas, éstas no se adecúan a lo descrito como
características propias del régimen fascista. Las más de las veces, la defensa
de ellos se resuelve en vagas generalizaciones, falacias ad-hominem o sospechas
paranoides, que no contribuyen a ningún debate serio. Pero puedo pecar de
pesimista: a lo mejor, tienen otras premisas (que no sea, por favor, “hace
obra pública”: justificar por eso prácticas de fascismo muestra ningún
respeto por la idea de democracia) o mejores razonamientos que los expuestos
hasta aquí. Ojalá. Veremos.
Pero de los funcionarios
del municipio, ninguna respuesta. Porque lo típicamente fascista, como bien lo
advirtió Bobbio, es el “primado de la acción por sobre el pensamiento, vale más
un escuadrista que un profesor, hay más cultura en los bastonazos que en los
garrapateos de los intelectuales” (ESF, Pág. 145), que es también, lo
típicamente municipal (traducido a guayaco, “escuadrista” equivale a
“garrotero” y “bastonazos” a “toletazos”). En manos de esta gente está la
administración de nuestra ciudad. Un anacronismo brutal, para una sociedad
democrática del siglo XXI.
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