Soy un convencido de la necesidad de respetar las
palabras que se utilizan para referirse a las ideas y a los hechos políticos.
Como se ha sostenido en El saqueo
de la imaginación, de Irene Lozano, el abuso de las palabras en el
lenguaje político y periodístico “ha supuesto un auténtico saqueo de la
imaginación” porque “ya sólo significan lo que sus usuarios quieren que
signifiquen” lo que produce un debate público “cada vez más ininteligible”.
Cuando una persona utiliza un término en el debate público debe ofrecer razones
para aceptar dicho término (como, por ejemplo, si llamo fascistas a las
prácticas del municipio de Guayaquil, es porque puedo presentar
evidencia suficiente para hacerlo acreedor de ese término). Este artículo
utiliza el término papelón para
definir el escenario del gobierno nacional frente al sistema interamericano de
protección de los derechos por el juicio de injurias del Presidente Correa
contra Palacio, los tres hermanos Pérez y la compañía El Universo. Lo utiliza,
porque define con precisión dicho escenario, en el cual el gobierno se expone
al ridículo ante la comunidad internacional.
Cuando sucedió la sentencia de la Segunda Sala de lo
Penal y de Tránsito de la Corte Provincial del Guayas contra diario El Universo
publiqué un tuit que dicho diario recogió en su edición
del 21 de septiembre del año pasado. Mi tuit fue el siguiente: “Lo de
#ElUniverso es absurdo, inconstitucional y contrario a instrumentos
internacionales. Un futuro papelón ante el sistema interamericano”. Al día
siguiente publiqué en esta página, este artículo en el que
expliqué el por qué dicha sentencia era absurda, inconstitucional y contraria a
los tratados internacionales y concluí que si no se adecuaba la actuación de
las instituciones del Estado a los estándares internacionales en materia de
libertad de expresión se vendría ese “futuro papelón en el sistema
interamericano”, pero que todavía se estaba a tiempo de evitarlo. Escribí que
sería un papelón, porque en su versión coloquial (la cuarta) que recoge
el diccionario de la RAE se la define como una “actuación deslucida o ridícula
de alguien”. Ese tiempo para evitar el papelón ha pasado, desde que el 15 de
febrero la Corte Nacional de Justicia resolvió el recurso de casación: así, la
actuación deslucida y ridícula de Rafael Correa ante el sistema interamericano
ya ha empezado.
El origen
El origen de este papelón es el artículo de Emilio
Palacio “No a las mentiras”, en el que se afirma que el
Presidente Correa es responsable de “haber ordenado fuego a discreción y sin
previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”. Esta no es
una opinión sobre un asunto de interés público, sino una afirmación de un hecho
contrastable que le imputa a otra persona la comisión de uno de los más graves
crímenes en el orden internacional y sobre la cual su autor, Emilio Palacio,
nunca presentó prueba alguna para sustentarla. Una afirmación en esos términos
no está protegida por el derecho a la libertad de expresión y merece reproche jurídico.
Si Correa habría presentado su acción de injurias contra Emilio Palacio
solamente, el escenario sería distinto y habría existido la posibilidad de
desarrollarse en un escenario razonable.
Pero el Presidente Correa presentó su demanda de
injurias por el artículo “No a las mentiras” no solamente contra Emilio
Palacio, sino también contra tres directivos de El Universo y contra la propia
compañía; exigió contra Palacio y los tres directivos la máxima sanción penal
(tres años) establecida en el artículo 493 del Código Penal y una indemnización
de 80 millones de dólares. Mi hipótesis es que los abogados de Correa lo
chamuyaron: lo persuadieron de que semejantes solicitudes eran razonables
cuando eran, en términos jurídicos, solicitudes absurdas. Solicitar una sanción
penal de tres años, si bien autorizado por la ley penal, no era congruente con
la Constitución garantista que impulsó el propio gobierno de Correa; solicitar
la autoría coadyuvante de los directivos era inapropiado porque la
responsabilidad por el acto injurioso debió considerarse personal de quien lo
escribió; solicitar un monto indemnizatorio de 80 millones era una cifra
totalmente desproporcionada y sin precedentes (nacionales e internacionales)
por una demanda de esta naturaleza. Mi hipótesis es que Correa solicitó toda
esto por chamuyo de sus abogados: total, el costo político de esta demencial
absurdo jurídico no lo pagarían ellos.
El escenario
El trámite en la jurisdicción interna (dos
instancias y casación) concluyó 332 días después de presentada la demanda por
injurias en una sentencia que condenó a Palacio y a los tres hermanos Pérez a
tres años de prisión y al pago de una indemnización de 40 millones de dólares.
Pero el escenario local, favorable a las absurdas pretensiones jurídicas de
Correa, es muy distinto al escenario internacional, donde esas absurdas
pretensiones no tienen ninguna posibilidad de ser aceptadas por los órganos
internacionales de derechos humanos, cuya legislación y jurisprudencia no
pueden sino considerarlas absurdas y ridículas. No existe ni la más mínima
posibilidad de que Correa tenga éxito ante los órganos del sistema
interamericano porque las sanciones por responsabilidad ulterior que en el
sistema interamericano se consideran legítimas en materia de libertad de
expresión (de acuerdo con el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos) son aquellas que resulten estrictamente necesarias en
una sociedad democrática. Y de acuerdo con la legislación aplicable (la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión)
y la jurisprudencia de la Corte Interamericana (Casos Kimel c. Argentina, Tristán Donoso c. Panamá, Fontevecchia y D’Amico c. Argentina) las
sanciones necesarias para una sociedad democrática son aquellas que minimizan
en extremo la sanción penal y reducen la sanción civil al pago de un monto que
no comprometa ni la vida personal ni familiar de los condenados por injurias. Y
es evidente que la condena a tres años de prisión y al pago de 40 millones de
dólares no satisface esos presupuestos. Es una condena absurda y ridícula,
totalmente inaceptable, de conformidad con los estándares del sistema
interamericano en materia de libertad de expresión.
Fuente: Pablo Cozzaglio. |
El trámite del caso ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos todavía no ha empezado porque en la jurisdicción interna
aún no se notificado la sentencia. Sin embargo, la Comisión
Interamericana ya ha dictado medidas cautelares, las que por
el principio de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones
internacionales, el Estado ecuatoriano debería cumplir de inmediato (aunque es
cierto que muchos Estados de la región –Colombia, Venezuela, Estados Unidos-
suelen ser renuentes a su cumplimiento). En todo caso, esto es solo el principio:
el trámite ante la Comisión Interamericana sólo expondrá al Estado al papelón
de tener que defender lo indefendible en foros internacionales, de pretender
sustentar la necesidad y la proporcionalidad de unas sanciones que resultan
clara y radicalmente contrarias a los estándares internacionales sobre libertad
de expresión. De continuarse el trámite, éste culminará con una sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado tiene la obligación (por
expresa disposición del artículo 68 de la Convención Americana) de cumplir. Pero es
razonable pensar que Correa piense que exponerse a semejante papelón de
defender lo indefendible y de recibir una sentencia condenatoria que obligue al
Estado a la reparación del desproporcionado monto que solicitó a manera de
indemnización, es un escenario que es preferible evitar.
La salida
Mi hipótesis (que era la hipótesis generalizada) era que Correa remitiría la condena a Palacio, a los hermanos Pérez y a la compañía El Universo y que lo haría por razones de costo/beneficio: las posibilidades de victoria jurídica en el sistema interamericano son nulas y el desgaste político de soportar un proceso que lo exponga al ridículo ante la comunidad internacional era creciente. Otorgar la remisión de la condena era la única salida razonable y fue la que se adoptó para cerrar este episodio en el que, a estas alturas del partido, el Presidente Correa, expuesto a un inminente papelón ante la comunidad internacional, tenía jurídicamente todas las de perder y ninguna que ganar.
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