Publicado
el 24 de junio de 2022 en diario Expreso.
En el siglo XVI la Corona
de Castilla especializó sus dominios americanos en actividades productivas,
según las posibilidades de su geografía. En América del Sur, por ejemplo, mientras
que en los territorios de los actuales Perú y Bolivia se desarrollaron
numerosos enclaves mineros, el territorio que ahora es el Ecuador se
especializó en la producción agraria para el consumo interno y en la producción
de tejidos para el mercado andino. La economía minera requirió mantener la producción
de la hoja de coca para sus explotados indígenas, mientras que la economía
agraria y obrajera no. Por esta diferencia, Perú y Bolivia (en conjunto con
Colombia) han sido los mayores productores de cocaína del mundo, mientras que
el pequeño Ecuador era un actor marginal del negocio del narcotráfico.
Hasta que lo metieron
al baile, en los años noventa. Aquí entra en juego la institucionalidad del
Estado. Y también el rol de los Estados Unidos de América, a cuyas instancias
el Ecuador en septiembre de 1990, durante el gobierno del Presidente Rodrigo
Borja, adoptó una ley de drogas (la Ley 108). El resultado de la aplicación de
esta ley violatoria de las garantías judiciales fue el hacinamiento en las
cárceles y la creación de un sistema corrupto, pues como lo explicó la experta Sandra
Edwards, para obtener los fondos que el gobierno de los Estados Unidos asignaba
al Ecuador por combatir el narcotráfico, ‘Ecuador debía comprometerse con el
juego de los números: más personas en la cárcel y más acusados por delitos
relacionados con drogas. […] A cambio de continuar recibiendo la asistencia
económica, su trabajo consistiría en detener a tantas personas como fuera
posible bajo la Ley 108’. Así, la institucionalidad se pervirtió: casos como Tibi,
Chaparro Álvarez y otro y Herrera Espinoza y otros, resueltos por la Corte
Interamericana en contra del Ecuador, son un testimonio de ello.
La institucionalidad
del Ecuador siempre ha sido débil y su población usualmente ha desconfiado de
ella (no es culpable, el Estado siempre decepciona). Pero en estos últimos
cinco años ha ocurrido, so pretexto de una vendetta
política, el persistente debilitamiento de la institucionalidad por la
eliminación de instituciones, el despido de empleados y la disminución de
presupuestos. Y, concomitante a este debilitamiento de la institucionalidad (que
quiere decir: de la capacidad de control del Estado), el golpe brutal, asesino,
de otro agente externo: los cárteles de México. Y de grupos criminales de Colombia,
Albania, Italia, Brasil, etc., al punto que según la publicación Insight Crime,
al Ecuador se lo conoce como las ‘Naciones Unidas’ del crimen organizado. Así,
de casi no pintar nada a ser un hub
internacional: en treinta y pocos años, descendimos a los infiernos.
A día de hoy, el Ecuador
tiene una geografía favorable al negocio del narcotráfico: una enorme línea
costera, muchos puertos. Y tiene una economía dolarizada, una prohibición de
extraditar y una institucionalidad muy permeable a los incentivos del crimen
organizado, además de una Fuerza Pública que no está en capacidad de resistir
el embate de los cárteles. Es un país en caída libre.
Los tiempos cambiaron, desde
los años noventa. Y no cambiaron para bien.
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