Ecuador, tierno y violento

Mucha ternura causan los defensores de la instalación de una Asamblea Constituyente (casi invariablemente, odiadores de la RC y amantes de la AC se funden en una misma persona) por su apuesta a que una nueva carta constitucional cambiará el rumbo del Ecuador. Es el equivalente político de una ilusión infantil.

Porque, primero y fundamental, el problema real de este país no es la existencia de un tipo X o Y de legislación o norma fundamental, es la incapacidad del Estado para aplicar la Ley y la facilidad con la que agentes externos al Estado tuercen la Ley en su propio beneficio. En el Ecuador pueden cambiar la norma fundamental un millón de veces y el resultado será invariablemente el mismo, porque en la tipología de políticas públicas el Estado del Ecuador es un régimen de “obediencia endeble”, que es una forma elegante de decir que al Estado del Ecuador sus habitantes lo prefieren ignorar (la mayoría) o torcer en su propio beneficio (una minoría con poder, como los narcos, por ejemplo*).

Segundo, si se toma en cuenta la historia política del Ecuador, hemos ensayado un total de 19 AC y ninguna ha cambiado el rumbo de este régimen de obediencia endeble. Eso sí, para lo que han servido las AC es para el reacomodo de las élites en el manejo de los recursos del exangüe Estado. Y este caso no es la excepción.

Porque de lo que se trata en esta AC es de eliminar el exabrupto de una élite política (la RC) no subordinada (enteramente y de rodillas) a una élite económica. En el territorio del Ecuador, su Estado, de manera casi invariable ha estado capturado por una élite económica. El período de gobierno de la RC se atrevió a desafiar esta lógica. Ahora el presidente Noboa, un representante gigante (manque enano) de la élite económica, quiere ser el sepulturero de ese episodio y quiere que las cosas vuelvan a la normalidad: el Estado capturado por una élite económica. En pocas y roldosistas palabras: el comeback de la oligarquía**.   

Aquí viene la violencia: la fuerza pública, débil (diríase inútil) para enfrentar a los GDO, resulta implacable contra el pueblo que protesta, al que se asociará vigorosamente con el enemigo que se debe derrotar***. Cuando triunfa la oligarquía, la fuerza pública se convierte en la guardiana de la propiedad de la oligarquía. (Su perro rabioso, digamos). Y lo único que se puede esperar es LA VIOLENCIA contra los pobres, pues no saben hacer otra cosa. Ojo al dato: AC o no AC, estamos más cerca de un baño de sangre que de cambiar el rumbo del Ecuador.

Ecuador, tierno y violento, es una historia que lleva ocurriendo 195 años. Y la nueva AC que se pretende instalar de ninguna manera desafía, todo lo contrario, plenamente confirma su trágica y casi bicentenaria historia de exclusión, desigualdad y autodestrucción.

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* En un hipotético brochure que promocione al Ecuador en una narcoferia en Sinaloa como un territorio promisorio para el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en conjunto con la dolarización (que agiliza el negocio) y una gran línea costera (que facilita el negocio), el Estado del Ecuador oferta una debilidad institucional que permite permear a instituciones clave (fuerza pública, justicia, nivel ejecutivo) para que el negocio sea posible. Ojo al dato: La proverbial debilidad institucional del Estado es la piedra basal del negocio de la droga.  

** Si algún oligofrénico o despistado pretende mafear el término oligarquía, lo mando a leer “Oligarquía” de Jeffrey Winters (se lo consigue en Librimundi). Un abrebocas.

*** La RC es el comodín retórico para TODO lo malo, el equivalente al cuco. Es la plena, nos tratan como chicos.

Elecciones con un twist perverso

            Publicado en diario Expreso el viernes 6 de enero de 2023.

En la América española, las primeras elecciones ocurrieron el lejano año 1809. Un historiador que las estudió, François-Xavier Guerra, definió a los partidos políticos que participaron en ellas como “redes de hombres unidos por vínculos muy diferentes (de parentesco, de compadrazgo, de clientela, de interés, de origen geográfico común), que se definen ante todo por su oposición a una red rival”.

En el Ecuador, más de 200 años después, esta definición sigue siendo útil para caracterizar a partidos y movimientos políticos. Casi sin excepción, ellos no se definen por una ideología, se definen ante todo por la oposición a un rival. Así, su preocupación mayor no es servir a la población con leyes y políticas públicas afines a su ideología, pues lo que realmente les preocupa es ocupar los espacios de poder en detrimento de su rival. Esto, en la práctica política ecuatoriana, desemboca en el “reparto de la troncha”.

Observadores internacionales de las elecciones ecuatorianas, como la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han señalado los graves problemas que tiene el Estado del Ecuador para la fiscalización y el control del financiamiento privado a las candidaturas. Desde la OEA se ha recomendado al Estado que fortalezca las capacidades del órgano de control electoral (el CNE) y sus facultades para detectar las infracciones a las normas sobre financiamiento privado a las candidaturas y aplicar las correspondientes sanciones. En cada elección, la OEA reitera esta recomendación, pero invariablemente el Estado del Ecuador la ignora.   

Que no se ha hecho ni se hará nada en materia de fiscalización y control del financiamiento privado a las candidaturas quedó claro en la entrevista a uno de los consejeros del CNE publicada en este diario el 1 de enero. Ante una pregunta sobre la posibilidad de un financiamiento privado con “dineros irregulares”, el consejero Enrique Pita respondió que ello “rebasa nuestra responsabilidad”, al tiempo que reconoció que “los recursos que se justifican ante el CNE son ínfimos respecto a la gran cantidad que se utilizan en una campaña”, para formular entonces la siguiente pregunta: “¿quién invierte tanto y por qué para un puesto que, muchas veces, no compensa el sueldo?”. Él mismo se la respondió: “comenzamos a mirar que posiblemente haya intereses que no guardan necesariamente relación con lo electoral y con el servicio”.  

Así, tenemos dos malos elementos: un CNE sin capacidad de fiscalización y control de los “dineros irregulares” que financistas privados aportan a las candidaturas y muchos candidatos sin ideología ni voluntad de servicio. Es muy probable que, si esos candidatos llegan a ocupar un cargo público, devuelvan los favores a los financistas privados que hicieron posible su triunfo. Esto es el “reparto de la troncha” en acción. 

Éste ha sido el funcionamiento del sistema político-electoral ecuatoriano durante muchos años, pero ahora se añade un twist perverso: el narcotráfico. En este nuevo escenario, la habitual ineficacia del Estado para fiscalizar y controlar los “dineros irregulares” puede causar la máxima perversión de la democracia: políticos funcionales al crimen organizado.

Caso Tibi

Publicado en diario Expreso el 15 de julio de 2022.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció el Caso Tibi vs. Ecuador el 7 de septiembre de 2004. Este caso es típico de los años noventa, parte de un esquema de corrupción institucionalizada por las nuevas reglas para el combate del tráfico de drogas. La aprobación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ley 108), en septiembre de 1990, cambió las reglas.

 

La experta Sandra G. Edwards describió la nueva situación en palabras sencillas: ‘Ecuador debía comprometerse con el juego de los números: más personas en la cárcel y más acusados por delitos relacionados con drogas. La policía ecuatoriana asumió el acuerdo como una misión encomendada. A cambio de continuar recibiendo la asistencia económica, su trabajo consistiría en detener a tantas personas como fuera posible bajo la Ley 108’. El francés Daniel Tibi fue una víctima célebre de este esquema corrupto.

 

En septiembre de 1995, Daniel Tibi fue detenido por la Policía en el barrio La Mariscal, en Quito. Enseguida, la Policía lo trasladó de Quito a Guayaquil, lo involucró en un delito bajo la Ley 108 y, con la colaboración de un sistema penal volcado al hacinamiento en las cárceles por los delitos de drogas, lo encerraron en La Penitenciaría del Litoral. Tibi tenía 36 años. Pasó los siguientes dos años y medio encerrado (hasta enero de 1998, siempre con prisión preventiva), sufriendo las penurias del malvivir de la Penitenciaría.

 

En julio de 1998, la situación de Daniel Tibi se denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, tras un trámite de seis años, Tibi obtuvo de la Corte IDH una sentencia que condenó al Estado del Ecuador. La Corte reconoció en sentencia que la detención de Tibi había sido ilegal y arbitraria, que a él se lo torturó en prisión, que sus garantías judiciales no le fueron respetadas y que sus propiedades le fueron incautadas y jamás devueltas. Y por estos hechos violatorios a sus derechos, la Corte IDH ordenó reparaciones económicas a favor de Tibi y sus familiares, y ordenó otras reparaciones a fin de que las violaciones que se cometieron en este caso no se vuelvan a repetir en el Ecuador.

 

El Estado del Ecuador se limitó a cumplir (con demora) las reparaciones de carácter económico, pero todas las reparaciones para la no repetición de los hechos, que comportaban programas de formación y capacitación para el personal judicial, del ministerio público, policial y penitenciario, incluyendo al personal médico, psiquiátrico y psicológico, y ‘un comité interinstitucional con el fin de decidir y ejecutar los programas de capacitación en derechos humanos y tratamiento de reclusos’, siguen sin cumplirse. El Estado, cuatro informes de cumplimiento de la Corte IDH y casi dos décadas después, no sigue estando como estaba en los años noventa por la sencilla razón de que está ya peor. Si enterado, no habría podido sorprenderlo a Tibi esta decadente práctica institucional: él no esperaría nada de un basural.

 

Apenas salió libre, Tibi abandonó el Ecuador. Era el 22 de enero de 1998. Un diario local hizo una noticia por su partida y recogió sus últimas palabras, dichas antes de subirse al avión que lo llevó de vuelta a Francia: ‘Al fin pude salir de la basura’.

La decadencia de Guayaquil

 

Publicado en diario Expreso el 1 de julio de 2022.

 

La Guayaquil de tres generaciones atrás era una ciudad distinta a la actual: era fresca, tranquila y acogedora, cívica (es la Guayaquil de la última revolución que ha tenido este país, la ‘Gloriosa’). Para esa época ocurrieron dos hechos que resultan claves para comprender el cambio radical que ella ha sufrido. El primero: empezaron en 1947 las elecciones populares para elegir el alcalde o la alcaldesa del cantón. El segundo: desde la década de los cincuenta empezó un crecimiento acelerado de su población. Estos hechos están relacionados, pero para mal.

 

El año 1950 se realizó el primer censo en el país y Guayaquil tenía alrededor de 250.000 habitantes. El sexto censo, el año 2001, informó de una Guayaquil de ya casi dos millones de habitantes (1.985.379). Por muchos años, la ciudad recibió un flujo alto y constante de personas (cuya inmensa mayoría vino a vivir en tugurios e invasiones) que lo aprovecharon los políticos de Guayaquil, creando redes clientelares en estos sectores populares de rápida expansión.

 

En Guayaquil, tres partidos políticos han aprovechado las redes clientelares en los sectores populares: Concentración de Fuerzas Populares (CFP), Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y Partido Social Cristiano (PSC). El desarrollo postergado en estos lugares, el suplido de servicios y obras a cuentagotas tan conveniente al mantenimiento de las redes clientelares, ha producido que buena parte de la población de Guayaquil viva en situación de hacinamiento y pobreza, sin una adecuada provisión de servicios básicos, sin acceso a áreas verdes ni a espacios de recreación, en unas condiciones que, según afirma un informe de la ONU-Hábitat, ‘contribuyen a la creación de la pobreza y a su realimentación, algunas de las cuales hacen parte del concepto que las define como trampas de pobreza’. ‘Trampa de pobreza’ quiere decir una ciudad en la que dejar de ser pobre es malditamente difícil.

 

Una ciudad que no te ofrece oportunidades, te obliga a crear esas oportunidades. Aunque ello implique encomendarse a San Pablo Escobar.

 

Porque este maltrato y abandono de años ha provocado en Guayaquil que una parte postergada de su sociedad se haya organizado. Lo que ocurre es que se ha organizado en revancha, para emprender en actividades criminales y para subvertir el (supuesto) orden de la ciudad. Y resulta que esa parte de la sociedad que se dedica al narcotráfico está mejor organizada que el Estado. Hoy en día, esta gente organizada con propósitos criminales controla un amplio territorio en el Sur y en otras partes de Guayaquil, donde imponen su ley y disputan la hegemonía del Estado. Como lo ha denunciado la Alcaldesa, ellos cobran ‘vacunas’ a los contratistas del Municipio para dejarlos hacer la obra pública. Y el Estado, ni el local ni ningún otro, no puede evitarlo.

 

El resultado es que hoy Guayaquil es una ciudad calurosa, violenta y estresante, sin civismo y (probablemente) sin otro futuro como no sea uno auto-destructivo. Decayó muy pronto, en apenas tres generaciones, conducida por las redes clientelares de los políticos, acompañada de una ciudadanía embobada, muerta por la desidia generalizada y rematada por el exitoso, boyante negocio del narcotráfico.

Geografía e institucionalidad

 

Publicado el 24 de junio de 2022 en diario Expreso.

 

En el siglo XVI la Corona de Castilla especializó sus dominios americanos en actividades productivas, según las posibilidades de su geografía. En América del Sur, por ejemplo, mientras que en los territorios de los actuales Perú y Bolivia se desarrollaron numerosos enclaves mineros, el territorio que ahora es el Ecuador se especializó en la producción agraria para el consumo interno y en la producción de tejidos para el mercado andino. La economía minera requirió mantener la producción de la hoja de coca para sus explotados indígenas, mientras que la economía agraria y obrajera no. Por esta diferencia, Perú y Bolivia (en conjunto con Colombia) han sido los mayores productores de cocaína del mundo, mientras que el pequeño Ecuador era un actor marginal del negocio del narcotráfico.

 

Hasta que lo metieron al baile, en los años noventa. Aquí entra en juego la institucionalidad del Estado. Y también el rol de los Estados Unidos de América, a cuyas instancias el Ecuador en septiembre de 1990, durante el gobierno del Presidente Rodrigo Borja, adoptó una ley de drogas (la Ley 108). El resultado de la aplicación de esta ley violatoria de las garantías judiciales fue el hacinamiento en las cárceles y la creación de un sistema corrupto, pues como lo explicó la experta Sandra Edwards, para obtener los fondos que el gobierno de los Estados Unidos asignaba al Ecuador por combatir el narcotráfico, ‘Ecuador debía comprometerse con el juego de los números: más personas en la cárcel y más acusados por delitos relacionados con drogas. […] A cambio de continuar recibiendo la asistencia económica, su trabajo consistiría en detener a tantas personas como fuera posible bajo la Ley 108’. Así, la institucionalidad se pervirtió: casos como Tibi, Chaparro Álvarez y otro y Herrera Espinoza y otros, resueltos por la Corte Interamericana en contra del Ecuador, son un testimonio de ello.

 

La institucionalidad del Ecuador siempre ha sido débil y su población usualmente ha desconfiado de ella (no es culpable, el Estado siempre decepciona). Pero en estos últimos cinco años ha ocurrido, so pretexto de una vendetta política, el persistente debilitamiento de la institucionalidad por la eliminación de instituciones, el despido de empleados y la disminución de presupuestos. Y, concomitante a este debilitamiento de la institucionalidad (que quiere decir: de la capacidad de control del Estado), el golpe brutal, asesino, de otro agente externo: los cárteles de México. Y de grupos criminales de Colombia, Albania, Italia, Brasil, etc., al punto que según la publicación Insight Crime, al Ecuador se lo conoce como las ‘Naciones Unidas’ del crimen organizado. Así, de casi no pintar nada a ser un hub internacional: en treinta y pocos años, descendimos a los infiernos.

 

A día de hoy, el Ecuador tiene una geografía favorable al negocio del narcotráfico: una enorme línea costera, muchos puertos. Y tiene una economía dolarizada, una prohibición de extraditar y una institucionalidad muy permeable a los incentivos del crimen organizado, además de una Fuerza Pública que no está en capacidad de resistir el embate de los cárteles. Es un país en caída libre.

 

Los tiempos cambiaron, desde los años noventa. Y no cambiaron para bien.

El Sur ganó

En el Ecuador, el Estado siempre ha estado capturado. Lo tradicional es que lo hayan capturado delincuentes de cuello blanco. Pasa ahora que hay nuevas personas que han capturado al Estado: es la gente del Sur, que vive y opera en las cercanías del Puerto Marítimo.

 

Los delincuentes de cuello blanco, esencialmente, roban a la población. Son altos funcionarios y grandes empresarios, que han capturado al Estado para administrarlo a su gusto, para repartirse el dinero público a través de contratos, prebendas y variopintas corruptelas (además de comprar u ordenar impunidad). Ello va de Dhruvs a medicinas, en un país que tiene junto a Paraguay (sede de la Conmebol, que ya es mucho decir) el triste título de ser los más corruptos de Sudamérica. 

 

La captura del Estado hecha por los del Sur es diferente. Son (como fueron los conquistadores) unos empresarios de altísimo riesgo. Pero tienen unas enormes ventajas frente a los delincuentes de cuello blanco. Tienen dinero a millares surgir (por obra de inversores mexicanos y de su negocio boyante), burocracia flexible y ningún escrúpulo (si tienen que trocear a alguien, lo hacen). Frente a ellos, tienen a un Estado que ha sido sometido bajo la conocida consigna Pabloescobariana: plata o plomo. Con esa sencilla/sangrienta consigna han sometido a autoridades administrativas, de la Fuerza Pública y judiciales, representantes de un Estado torpe y esclerótico-burocrático.

 

Un reconocimiento oblicuo del triunfo de los del Sur es la alerta que emitió, en septiembre del año pasado, la Embajada de los Estados Unidos de América a sus funcionarios de que se abstengan de circular al Sur de la avenida Portete, porque allí es un sector inseguro [hic sunt leones]. Es una manera de decirle a su gente que el Estado en el que se encuentra no está (ni en su versión local ni en la nacional) en la capacidad de garantizar su seguridad en ese sector de Guayaquil. Es una zona de otros.

 

El del Ecuador es un Estado siempre capturado, rumbo raudo a convertirse en un narcoestado.