Publicado en GkillCity el 6 de agosto de 2012.
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A) Lo que dicen la Constitución y el COOTAD: el derecho de participación
ciudadana y el principio de solidaridad en las decisiones municipales.
La Constitución
protege a los ciegos en su sección sobre “personas con discapacidad” (Arts.
47-49). El Estado ecuatoriano (que incluye, por supuesto, a sus municipios, los
que administrativamente se denominan “gobiernos descentralizados autónomos”)
debe procurar “la equiparación de oportunidades para las personas con
discapacidad y su integración social” (Art. 47).
Uno de los derechos de las
personas ciegas es el acceso al “trabajo en condiciones de igualdad de
oportunidades” (Art. 47 num. 5) y el Estado tiene frente a ellas la obligación
constitucional de adoptar “planes y programas” que fomenten su “participación
[…] económica” (Art. 48 num. 1) y de sancionar “cualquier forma de abuso, trato
inhumano o degradante y discriminación” que se les haga en razón de su
discapacidad (Art. 48 num. 7). La Constitución, de manera específica y en su
capítulo dedicado a las garantías de las políticas públicas (Art. 85) obliga a
que los “planes y programas” de los municipios se orienten a “hacer efectivos
el buen vivir y todos los derechos” y formularse “a partir del principio de
solidaridad” y con la participación de los ciudadanos (Art. 85 num. 1 y último
inciso).
La ley que regula “el régimen de los diferentes niveles de gobiernos
autónomos descentralizados” (por ende, que regula todos los “planes y
programas” que el Municipio de Guayaquil adopte) es el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). El COOTAD
señala como uno de sus objetivos específicos “la democratización de la gestión
[…] de los gobiernos autónomos descentralizados, mediante el impulso de la
participación ciudadana” (Art. 2 lit. f). La participación ciudadana se la
entiende como un principio que debe regir “el ejercicio de la autoridad y las
potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados” y como un
derecho que deberá ser “respetado, promovido y facilitado” por todos los
municipios “con el fin de garantizar la elaboración y adopción de decisiones”,
así como "la gestión compartida y el control social de planes, políticas,
programas y proyectos" (Art. 3 lit. g). El COOTAD obliga, asimismo y en un
capítulo específico titulado “La Participación Ciudadana en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados”, a que los municipios orienten sus prácticas en
materia de participación ciudadana “por los principios de igualdad, autonomía,
deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e
interculturalidad" (Art. 302) y les obliga a contar con “instancias
específicas de participación” para los grupos de atención prioritaria (los
ciegos, entre ellos) con el fin de incidir en “la toma de decisiones
relacionadas con sus derechos” (Art. 303).
La aplicación del principio de solidaridad es una obligación
constitucional en la formulación de planes y programas (Art. 85) y una
obligación legal en los procesos de participación ciudadana según el COOTAD
(Art. 303). El principio de solidaridad implica, cuando menos, conocer las
expectativas y las necesidades de las personas con quienes se practica la
solidaridad (porque no se puede ser solidario con aquello que no se conoce,
porque esa no sería una postura solidaria sino hipócrita, una pose). El
principio de solidaridad es similar en contenido a lo que en este
artículo de Stanley Fish publicado en el New York Times (mayo del 2009) se
denominó “empatía”. El profesor Fish cita el concepto de empatía del presidente
de Estados Unidos, Barack Obama, explicitado con ocasión de la selección del
reemplazo de un juez de la Corte Suprema (ocasión en la que Obama eligió a
Sonia Sotomayor): “Yo veo el valor de la empatía, del entendimiento y la
identificación con las luchas y esperanzas de las personas como un ingrediente
esencial para arribar a decisiones y resultados justos”. La participación
ciudadana en las decisiones de gestión municipal, para cumplir con el principio
de solidaridad establecido en la ley, debe orientarse a la genuina expresión de
interés por conocer la realidad de las personas cuyas vidas se afectarán por
las decisiones que se adopten, las luchas que han enfrentado para satisfacer
sus necesidades y las esperanzas que abrigan sobre la gestión municipal para la
garantía de sus derechos.
Desde el ordenamiento jurídico, en materia de fondo, el Municipio de
Guayaquil debe con sus políticas públicas hacer efectivo el derecho de las
personas ciegas “al trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades” y
fomentar su “participación económica” (Art. 47 num. 5 y 48 num. 1 de la
Constitución). En materia procedimental, en la “elaboración y adopción” de sus
políticas públicas dirigidas a las personas ciegas el Municipio de Guayaquil
debe contar con la participación de éstas a través de “instancias específicas”
y así conocer la realidad de sus expectativas y de sus necesidades para poder
regularlas legal y adecuadamente (Art. 85 de la Constitución y artículos 2, 3,
302 y 303 del COOTAD).
Pero en el Municipio de Guayaquil se hacen otras cosas, no las
estipuladas en la Constitución y en el COOTAD. Ya en su momento, el alcalde Nebot
declaró terminante: “a
mí no me vengan teóricos de participación ciudadana a enseñar lo que eso
significa”. Veamos, en este caso concreto, cómo la Alcaldía de Jaime Nebot
interpreta el derecho a la participación de los ciudadanos, en particular los
de aquellos de nosotros que tienen necesidades especiales.
B) Lo que dicen los
ciegos: “Yo le dije al señor Alcalde que nos dé por escrito lo prometido, pero
él dijo que su palabra valía más”.
El 19 de julio la Policía Metropolitana intentó
desalojar a un grupo de ciegos de sus habituales sitios de comercio en la
calle 9 de octubre y García Avilés. La Asociación
de Ciegos y de Amigos de los Ciegos del Guayas presentó, a través del
abogado Hernán Ulloa, un reclamo ante la Defensoría del Pueblo por esta
reubicación que la Policía Metropolitana intentó ejecutar. La defensoría
convocó a una audiencia para el lunes 30 de julio, la que empezó con
retraso por la demora de los representantes del Municipio de Guayaquil,
abogados José Arellano (en representación del Alcalde Nebot) y Daniel Rodríguez
(en representación del Director de Justicia y Vigilancia, Xavier Narváez).
Hernán Ulloa inició la audiencia con la presentación de un alegato oral por el
derecho al trabajo de los ciegos; por la defensa del Municipio, el abogado Rodríguez
presentó cinco fotografías de los quioscos que el Municipio de Guayaquil había
asignado a los ciegos, que él dijo no saber por qué ellos no querrían
ocuparlos, y el abogado Arellano se limitó a la lectura de un informe jurídico.
Pero lo realmente interesante de la audiencia convocada por la
Defensoría del Pueblo fue escuchar a quienes principalmente se debía escuchar,
a quienes el Municipio de Guayaquil tenía la obligación de escuchar para la
adopción de decisiones sobre su reubicación: a los ciegos. Andrés Crespo y yo
asistimos a la audiencia y tuvimos el privilegio de escuchar sus
intervenciones. La que a nuestro juicio resumió de mejor manera la forma cómo
se ha adoptado esta decisión de reubicación de los ciegos de la calle 9 de
octubre fue la intervención de William Muñoz, que Andrés registró en la cámara
de su teléfono celular.
William Muñoz, actual director de acción social de la Asociación de
Ciegos y de Amigos de los Ciegos del Guayas, empezó su intervención
nombrando a los responsables de su viacrucis: “Una vez que llegó el abogado
Nebot comenzó la persecución contra los ciegos. Digo persecución porque también
entró el señor Zúñiga, el señor Álvaro Solórzano en conjunto con el señor
Luque, el señor Roche actual diputado…”. Realizó una exhaustiva descripción de
abusos, mentiras y ninguneo de las autoridades municipales hacia los ciegos, de
reuniones cerradas contrarias al principio de deliberación pública y de
decisiones adoptadas sin tomar en consideración sus necesidades. Hecha esta
descripción, Muñoz concluyó, “entonces, ¿quién miente? ¿Quién no ha acatado las
órdenes? ¿Quién rompió el convenio? No fuimos nosotros. Fueron los mismos
señores del Municipio en conjunto con las tres fundaciones”. En este momento
del video (min. 8:48) se recortó un fragmento del discurso para quedarnos con
el condumio del mismo y se lo retomó en las palabras con las que William Muñoz
cerró su intervención, relativas al valor que Nebot le atribuye a sus palabras.
Juzguen por ustedes mismos lo poco que las respeta:
Como puede apreciarse, la palabra del alcalde Nebot no valió de mucho.
Según ha dicho sobre este caso el alcalde, “la
ley está por encima de los que pueden ver y de los que no pueden ver” y,
nuevamente, la palabra de Nebot es retórica vacía. De la intervención de
William Muñoz se desprende el incesante desprecio que el Municipio de Guayaquil
tiene en la práctica hacia sus obligaciones constitucionales y legales en la
elaboración y adopción de decisiones. La ley no se aplica a ellos. El Municipio
opera a sus anchas en el ámbito de la arbitrariedad.
Al término de la audiencia y para acreditar la veracidad de lo expuesto
a partir de las fotografías, la defensora del pueblo, María José Fernández, decidió
inspeccionar in situ los quioscos que el Municipio de Guayaquil había alegado con
fotografías que tenía a disposición de los ciegos y que decía desconocer por
qué no querrían ellos ocuparlos.
C) Lo que dice el
Municipio de Guayaquil (o mejor dicho, sus imágenes): del principio de
solidaridad a la práctica del quechuchismo.
Las fotos presentadas por los abogados del Municipio de Guayaquil en la
audiencia correspondían a quioscos que estaban ubicados en la estación “Río
Daule” de la Metrovía, en el mercado “de las Cuatro Manzanas”, en el Correo y
en dos sectores del Malecón 2000.
Junto a los fotógrafos Chema González
y Andrés Loor acompañé esta diligencia de la Defensoría del Pueblo. Viajamos en
el mismo vehículo con el secretario de la Defensoría y los funcionarios del
Municipio de Guayaquil, el abogado Arellano y otro cuyo nombre desconozco (el
abogado Rodríguez se había retirado). Nos tocó presenciar cómo, increíblemente,
los abogados del Municipio le alegaban al funcionario de la Defensoría del
Pueblo que no conocían la ubicación precisa de los quioscos que constaban en
las fotografías que presentaron y que no tenían cómo acceder a nadie que
conociera dicha información (?). Incluso llegaron a argumentar que eran los
ciegos quienes tenían la obligación de conocer la localización exacta de los
quioscos, lo que contraría toda lógica porque el que alega un hecho a su favor
tiene la obligación él mismo de probarlo. La autoridad de la Defensoría del
Pueblo decidió dirigir el vehículo a la estación de la Metrovía primero, porque
se suponía que sería más fácil encontrar el quiosco de la foto. Hasta esta
visita nos acompañaron los abogados del Municipio de Guayaquil, que
convenientemente se retiraron para no extender más la duración y la intensidad
de su evidente papelón.
Este es el resultado de nuestro registro fotográfico de la inspección:
1) Estación “Río Daule” de
la Metrovía.
El quiosco asignado a los ciegos era el singularizado como “kiosco
AV-79”. El quiosco estaba cerrado y sin posibilidades de abrirse para inspeccionarlo
por dentro (las llaves estaban en manos de una persona que no se encontraba
presente) pero era de manera evidente disfuncional para que lo opere una
persona ciega: sus ventanas se abrían hacia fuera y no le permiten a la persona
ciega controlar los objetos en venta, por lo que podrían ser víctimas fáciles
del delito de hurto. Incluso los funcionarios del Municipio presentes
reconocieron, ante la explicación que hicieron los ciegos de sus necesidades,
que el quiosco resultaba no funcional para ellos. Dicho lo cual, procedieron a
retirarse de la inspección.
Supongo que sabían que en la visita a los otros lugares no les podría ir
mejor que lo mal que ya les estaba yendo.
2) Mercado “de las Cuatro
Manzanas”.
El quiosco asignado a los ciegos era el singularizado como “kiosko
AV-101”. El quiosco era idéntico al de la estación de la Metrovía y de sus seis
espacios para el comercio, solo una se utilizaba. En la primera foto, Hernán
Ulloa permite contrastar las pequeñas dimensiones de cada uno de dichos
espacios del quiosco, que tornan difícil su uso. Las otras dos fotos revelan lo
que tiene que hacerse (con la aprobación del Municipio, por cierto) para
convertir en rentable la administración de dicho espacio: la incorporación de
una plataforma con la que se puede ofrecer mucha más mercadería y de un toldo
para protegerse del sol. Una medida emergente (e imposible de extender a todos
los quioscos, por obvias razones) que evidencia con suficiencia el reclamo
constante sobre la falta de rentabilidad de estos espacios.
3) Correos del Ecuador.
Los espacios signados bajo el rótulo “Artículos Varios 085” eran de
particular relevancia porque el abogado Daniel Rodríguez del Municipio de
Guayaquil había alegado en su intervención durante la audiencia que estos
espacios se encontraban irregularmente “subarrendados” por las personas ciegas.
La visita comprobó que las acusaciones del abogado Rodríguez eran falsas,
porque las personas a cargo de los puestos eran las alternas de las personas
titulares.
4) Malecón 2000.
En el Malecón 2000 los
“quioscos” asignados por el Municipio (2) no tenían cómo singularizarse porque
eran espacios destinados a otros propósitos (de carácter informativo) que se
los asignaba arbitrariamente a los ciegos. Sobra decir que, como los quioscos
de la Metrovía y del mercado, estos “quioscos” no tenía ninguna facilidad para
su operación por parte de los ciegos a quienes se les ofrecía su uso. Como
detalle adicional, al lado del segundo “quiosco” (v. desde la cuarta foto) se
encuentran unas instalaciones del sistema eléctrico del Malecón 2000 en pésimo
estado de conservación, con basura acumulada en su interior y cables en malas
condiciones.
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El estado de las cosas es
elocuente. Durante todo este proceso el Municipio de Guayaquil nunca se ha interesado
en los ciegos ni en sus derechos. El Municipio nunca se ha interesado, como era
su obligación constitucional y legal, ni de escuchar a los ciegos, ni de
conocer sus necesidades específicas como grupo de atención prioritaria y sus
expectativas sobre cómo creen ellos que el Municipio debe garantizar sus
derechos: ha tomado una decisión irregular en su procedimiento y arbitraria en
su contenido, a espaldas de las personas a quienes esa decisión va a afectar.
Lo que dice con sus actos el Municipio de Guayaquil de manera tan enfática como
implícita es: ¡qué chucha, asignémosle
unos quioscos desocupados a los ciegos y ya está! Se decide sin tomar en
cuenta si los quioscos son funcionales para personas ciegas, si son rentables
para su actividad económica, si satisfacen sus expectativas de lo que podría
hacerse por sus derechos como grupo de atención prioritaria.
Está visto en este caso
concreto que el diálogo el Municipio lo reemplaza por la imposición, el
conocimiento de las necesidades del otro lo reemplaza por el tolete dirigido
contra personas indefensas y por la indolencia sobre su suerte tras adoptar
decisiones que las afectan. El principio de solidaridad que es su deber legal
se reemplaza por la práctica del quechuchismo que es su triste realidad.
Esta diferencia entre sus obligaciones jurídicas y los hechos cotidianos
evidencia el manifiesto desprecio del Municipio por la Constitución y las
leyes, pero principalmente, su desprecio por las personas ciegas cuyos derechos
atropella y cuyas libertades irrespeta con el uso desproporcionado de la fuerza
de su Policía Metropolitana.
Esto hacen, cuando lo que
debe hacerse es escucharlos.
